Alberto Garzón
Publicado en La Opinión de Málaga
La izquierda clásica ha considerado siempre que las dos mejores herramientas de lucha las conforman los sindicatos de clase y los partidos políticos. Los primeros, porque pueden resistir los embistes de los empresarios que tratan de deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores en aras de la maximización de beneficios y, cuando se dan las condiciones, incluso pueden arrancar del empresario conquistas en materia de derechos laborales. Los segundos, porque aspiran a acceder a un poder desde el que cambiar el corpus jurídico que regula desde el acceso a los servicios públicos hasta el proceso de negociación laboral. Tanto los partidos socialdemócratas como los comunistas, pasando desde luego por los proyectos eurocomunistas, han suscrito esta estrategia.
El marco en el que estas estrategias han operado hasta ahora ha sido el llamado Estado de Derecho, que en España se ha cristalizado en el orden constitucional del 78 y que garantizaba poder de negociación a los sindicatos así como determinadas conquistas sociales en materia de servicios públicos y derechos civiles. Estas instituciones han determinado desde entonces el terreno de juego en el que se ha llevado a cabo la lucha de partidos y sindicatos de izquierda en este país.
Pero en las últimas décadas se han dado dos fenómenos importantes que han modificado las condiciones en las que lo anterior tenía sentido.
En primer lugar, la globalización económica ha reducido la capacidad de los parlamentos para gestionar las relaciones económicas, hasta el punto de que hoy el propio Congreso se ha convertido en un teatro de sombras. Los partidos de izquierdas participan, entonces, en un proceso democrático formal pero que carece de la sustancia necesaria como para posibilitar cambios importantes a nivel económico.
En segundo lugar, la aplicación de las políticas neoliberales desde los años ochenta ha modificado la propia naturaleza del modelo de acumulación capitalista. El resultado ha sido lo que se ha denominado postfordismo, o modelo de acumulación flexible, y que se ha caracterizado por la terciarización de la economía (un importante crecimiento del sector servicios) y unas relaciones laborales de alta precariedad. Este fenómeno ha conducido a una mayor debilidad de los sindicatos de clase, los cuales han tenido que desarrollar su lucha en un mercado de trabajo dual y con una generalizada desconfianza por parte de los trabajadores precarios.
En el actual contexto de globalización económica, y sumidos en una Gran Depresión que las grandes empresas y los grandes bancos están utilizando para desmontar todos los servicios públicos y derechos laborales, se están dinamitando todas las normativas que regulan las relaciones laborales. De hecho está comenzando de facto un nuevo proceso constituyente con el ADN del ultraliberalismo. Así las cosas, para la izquierda es una estrategia suicida continuar con los mismos mecanismos de lucha que hace 30 años.
Por eso es una magnífica noticia que, para comenzar, la huelga general del próximo 14 de noviembre se presente con una configuración distinta. Los movimientos sociales, habitualmente desconectados de la lucha sindical, han sumado sus fuerzas para lograr paralizar el país en un momento en el que la simple denuncia de la regresión absoluta que están llevando a cabo los poderes económicos es casi revolucionaria.
Sin duda debemos enterrar toda idea de que la instauración de una verdadera democracia, más allá del mero aspecto formal que hoy decora nuestro sistema político, puede lograrse sólo desde la coordinación de lucha entre partidos y sindicatos. No ya, y no en el actual contexto.
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