Carmen Barrera Chamorro
Secretaría de Acción Sindical Federación de Servicios Públicos de UGT
nuevatribuna.es
22 Noviembre 2012 - 13:31 h. .No es sólo la eliminación de los derechos laborales con la Reforma Laboral y la práctica desaparición de la negociación colectiva. Los golpes de Ley del Gobierno han ido mermando las fuerzas de la clase trabajadora, al dar todo el poder al empresario y romper ese frágil equilibrio eliminando toda protección al trabajador. A través del Código Penal han criminalizado la protesta, con multas y penas de cárcel desproporcionadas.
El Gobierno no quiere que tengamos derechos en nuestro trabajo, no quiere que protestemos, no quiere que nos movilicemos para defendernos y, por último, no quiere que hagamos valer la ley frente a quien la infringe conculcando nuestros derechos, ya sea la propia Administración Pública o una empresa, que gozan -a partir de ahora- de privilegios en la aplicación de justicia frente a nosotros. Esta cuadratura del círculo en la devaluación del sistema de derechos ciudadanos de los españoles la consigue el Gobierno con la nueva Ley de Tasas.
Las tasas judiciales tienen una larga historia. Se impusieron en España en 1959 y entonces iban a parar, como complemento del sueldo, a los secretarios judiciales. Aquellas tasas franquistas, que se aplicaban en todos los órdenes jurisdiccionales -salvo en el social y, en algunos casos, en el penal-, las suprimió el Gobierno de Felipe González en 1986 mediante una ley que apelaba, precisamente, al derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva. La norma recordaba que todos los ciudadanos deben obtener justicia "cualquiera que sea su situación económica o posición social". Una gran conquista y avance democrático que ahora, a golpe de ley de tasas, hemos perdido.
Es lógico pensar que si el Gobierno del PP reedita ahora una ley franquista, como tal esta pueda ir en contra de nuestra Constitución. Efectivamente, la ley vulnera el Artículo 24 de la Constitución que asegura que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”. La doctrina del Tribunal Constitucional, siguiendo a los tribunales europeos, sólo admite las tasas en el ámbito de la justicia cuando por su importe no impidan el acceso a la jurisdicción por motivos económicos. Y ese va a ser precisamente el efecto que va a producir la nueva ley de tasas: indefensión ciudadana, por no poder asumir el elevado coste de nuestra defensa jurídica. Además, la ley vulnera el concepto mismo de tasa que establece la propia Ley General Tributaria y que la define como el pago que una persona realiza para sufragar los gastos que ocasiona por el uso de un servicio público.
En el momento de nuestra historia en que el desempleo en España es más alto, el 25,02% (EPA, 3T2012), reclamar por un despido en lo social costará 500 euros y en segunda instancia puede llegar a 800€. En esta jurisdicción (la social), fundamental en la defensa de derechos básicos, el trabajador o el pensionista que tenga que recurrir una sentencia desfavorable, pagará 500€. En lo civil, cualquier pleito costará 2.000 euros y bastante más sólo la demanda. En análogas cantidades se sitúa el orden contencioso-administrativo.
Estas tasas operan en todas las jurisdicciones excepto la penal y se aplican a todas las personas físicas sin derecho a justicia gratuita (estas son sólo familias con ingresos de 1.200 euros/mes) y las jurídicas. Única excepción: el Estado en todas sus formas, y el Fiscal.
Es el fin del derecho del consumo (se beneficia a las compañías telefónicas, aéreas y demás empresas que sistemáticamente abusan de los consumidores) y de la protección contra la arbitrariedad del Estado que confiere la jurisdicción contencioso-administrativa (¿Quién recurrirá una expropiación injusta o reclamará por un error médico en la sanidad pública, teniendo que poner de su bolsillo esas cuantías tan elevadas?).
Es grave que la ley disponga que el Estado no pague tasas y a las empresas les resulte irrelevante tanto la tasa como cualquier otro gasto procesal (ya que se deducen tanto las tasas como el IVA de sus abogados y procuradores al 21% así como las minutas completas de éstos), mientras la ciudadanía es la única que asume las tasas, el IVA, los gastos y las minutas. Ante la impunidad para el Estado y para el más poderoso, decir que volvemos a una situación preconstitucional es decir muy poco. No es exagerado plantear que está en juego el propio Estado de Derecho, cuya misma esencia es disponer de la protección de los tribunales. Ni jueces, ni fiscales, ni abogados, ni procuradores, ni secretarios judiciales, ni peritos, ni oficiales, ni auxiliares de justicia entienden esta ley.
No podemos quedarnos impasibles ante una ley que tiene como efecto directo e inmediato la imposibilidad de control contra la arbitrariedad del Estado y de los poderosos. El fin del derecho del consumo y, en definitiva, que triunfe la ley del más fuerte. No podemos consentir que las leyes pongan fin y coto a nuestra democracia. Tenemos que alzar nuestra voz expresando nuestra máxima repulsa. Es tarea de todos y todas.
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