Los rescates del Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido muy numerosos en América Latina desde los años 80 del siglo XX. Su resultado no puede ser más contundente y desesperanzador: continuas quiebras de estados, aumento de la pobreza vía despojo de los recursos naturales y pérdidas de derechos laborales y hundimiento de la producción nacional. Las deudas nacionales debieron ir siendo condonadas sistemáticamente ante la imposibilidad de los pueblos de hacerles frente.
Desde finales del siglo XX, muchos países han entendido que habían perdido su soberanía nacional a favor de los mercados, es decir, de las empresas transnacionales (principalmente norteamericanas). La victoria paulatina en la mayoría de países latinoamericanos de opciones políticas progresistas y anti-imperialistas ha permitido un cambio profundo en los programas de gobierno. Se está imponiendo la filosofía de recuperar los valores positivos del pasado con la intención de que garanticen el futuro. Le llaman “buen vivir”. Consiste en retornar hacia las costumbres y experiencias ancestrales que habían demostrado su eficacia y necesidad: protección de la biodiversidad, explotación controlada de recursos minerales y naturales, soberanía alimentaria (producción nacional de alimentos en cantidad suficiente para el mantenimiento mínimo de su población), economía al servicio de la población y no de las grandes fortunas, retorno vía derechos sociales de parte de la riqueza nacional hacia la población (o, dicho de otro modo, hacia los trabajadores que la hacen posible) y control público de los sectores estratégicos (energía, comunicaciones, financiación, recursos hídricos y minerales).
El FMI prestó dinero a los estados con problemas. Pero les exigió una serie de condiciones porque quería asegurarse el cobro en 3 o 5 años (no olvidemos que es un banco mundial con intereses económicos de gobiernos como Estados Unidos que participa con el 17 % y que obtiene unos intereses “de mercado” por sus préstamos). El Estado afectado debió realizar una serie de recortes en su gasto: reducción de trabajadores públicos, reducción del gasto público (sanidad, educación, becas, ayudas sociales, etc) y privatizaciones para permitir, precisamente, que el Estado pudiera detraer recursos de su economía y pagar la deuda. Pero esa deuda creció sin parar debido a que los recortes económicos llevan aparejados la destrucción de tejido productivo y, por consiguiente, el hundimiento de los ingresos públicos. Como los estados nunca terminaban de pagar la deuda, su economía se encontraba en peor situación constantemente, con lo que debían solicitar nuevos préstamos al FMI…¿hasta dónde llegaron?
Al final del proceso, la reducción de derechos sociales había sido casi total y el Estado se encontraba sin posibilidad de recaudar fondos que pudieran financiar dichas políticas. El retorno de riqueza hacia la población con intenciones equilibradoras y de justicia social era imposible. La pobreza extendida. El Estado, asfixiado económicamente, era un espectador más del devenir social, político y económico. Muchos préstamos debieron ser condonados.
Aquellas políticas cuya aplicación exigió entonces el FMI a los países “rescatados”, son las mismas que quiere exigir a los países europeos en crisis: Grecia, Italia, Portugal, Irlanda y España (GIPIS). Obviamente, el resultado final de aplicar esas políticas no puede ser distinto.
El índice Gini es un indicador que mide la desigualdad social en porcentaje y permite la comparación internacional. Su valor fluctúa entre 0 (cuando la riqueza está igualmente repartida entre toda la población) y 1 (cuando toda la riqueza la posee una única persona). Mientras más cercano a 1 sea, mayor será la desigualdad social. No es un indicador lineal, es decir, un valor del 0,5 no indica que la riqueza se halla repartida al 50 %, sino que se ha alejado un 50% de la situación de máxima justicia social (si partimos de la idea de que es deseable un reparto equitativo de la riqueza). Así, el indice Gini de todos los países se halla entre 0,22 y 0,65. Intuimos rápidamente que 0,65 es un índice de extrema desigualdad.
Los índices más bajos son acaparados por los países euro-nórdicos y ex-comunistas y los más altos por países sudafricanos y latinoamericanos. Podemos observar perfectamente la correlación con los países intervenidos por el FMI. Ya sabemos lo que nos espera.
La tabla que presentamos compara la desigualdad social medida por el índice Gini en una serie de países latinoamericanos y europeos, antes y después de que los impuestos hayan sido aplicados en la economía para corregir su desigualdad inicial. Podemos observar que los niveles de desigualdad (vía índice Gini) antes de aplicar impuestos son bastante similares en todos los países. Sin embargo, son muy diferentes después de aplicarlos. Mientras que en los países europeos sirven para disminuir las desigualdades sociales en 0.2 puntos Gini, en Latinoamérica no tienen efecto real. Esto es debido a que los estados no tienen capacidad productiva ni poder recaudador y, por tanto, no disponen de riqueza para repartir. Son estados minusválidos.
En los países GIPIS el proceso que se quiere emprender es el mismo y los resultados serán la práctica desaparición de los estados y el aumento de la desigualdad social. Los continuos recortes sociales irán acercando el índice Gini después de impuestos (0,3 en España) al índice antes de impuestos (0,48). Pero además, el empobrecimiento generalizado de la sociedad hará incrementarse este valor por encima de 0,5, es decir, a los niveles de los países empobrecidos de Latinoamérica.
¿Es esto lo que queremos?
Javier Ávila
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