LA MANIPULACIÓN DE LOS DATOS SOBRE LA HUELGA GENERAL

La manipulación de los datos sobre la huelga general

Política Catalana, Política Española

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 30 de marzo de 2012

Este artículo muestra las manipulaciones hechas por los mayores rotativos del país en su información sobre la huelga general.
Como era de esperar, la mayoría de los medios de información de mayor difusión de España (que son de persuasión conservadora y neoliberal) intentaron minimizar el éxito del paro como parte de la huelga general convocada por los sindicatos, subrayando que la disminución de la actividad económica había sido menor, mostrando la limitada caída del consumo de la electricidad como indicador de ello. Según estos rotativos, la cantidad de esta reducción variaba dentro de un abanico que iba del 17% al 22% sobre el consumo normal. Se daba así una imagen encaminada a señalar que había habido una participación muy reducida en la huelga general, transmitiendo que la mayoría de la población desoyó la llamada a dejar de trabajar.


A ello se sumó una gran visibilidad de los actos violentos en los que participantes de la huelga general aparecían quemando propiedades privadas o públicas, y golpeando a personas, ya fueran civiles que querían trabajar, ya fueran los agentes del orden. eEn el programa del Sr. Cuní en 8TV, propiedad del Grupo Godó (también propietario de La Vanguardia), dedicó especial atención a tales actos violentos. En realidad, en muchos de tales medios aparecía la imagen de la huelga a través de actos de violencia, en los que el fuego y las llamas siempre aparecían en las fotos. Ni que decir tiene que todas estas informaciones correspondían a una campaña de desprestigio de las movilizaciones del movimiento trabajador, liderado por los sindicatos.


Los datos, sin embargo, muestran la manipulación (y no hay otra manera de definirlo) de estos reportajes.

En primer lugar, señalar el descenso de consumo eléctrico en su totalidad no tiene mucho significado, pues la población que no trabaja también consume electricidad, pues está en casa o en algún lugar donde se consume electricidad. La manera más rigurosa es calcular el consumo de electricidad del día de huelga respecto al de un día festivo, digamos domingo, cuando la mayoría de la gente no trabaja. Esto es lo que debe hacerse para comparar manzanas con manzanas y no con peras. Es decir, hay que comparar el consumo de electricidad entre dos días comparables, es decir, un día sin trabajo (el domingo) y un día de huelga general que intenta que, como ocurre con los domingos, la gente no trabaje. Pues bien, tomando este indicador, se puede ver que, como bien han documentado un grupo de economistas (Economistas Frente a La Crisis) la huelga general fue un gran éxito, pues el consumo de la electricidad fue casi el mismo de un día festivo cuando la gente no trabaja (El País fue el único rotativo que hizo esa distinción, ningún otro rotativo la hizo). En realidad, la caída del consumo fue un 87%. Si hubiese sido un 100%, ello indicaría que el consumo de electricidad había sido el mismo que el de un domingo. Un 87% es bastante cercano a un domingo. Ello es una muestra clara de que la gran mayoría de la gente no trabajó el día de la huelga general. En realidad, comparando tal indicador con los anteriores de otras huelgas generales, se ve que la huelga general en contra de las medidas altamente impopulares del gobierno Rajoy, fue una de las más exitosas de las que han existido durante la democracia, dato que el gobierno PP y sus avaladores, las élites gobernantes de la Unión Europea, incluyendo la Comisión Europea, intentan ocultar. Las declaraciones de portavoces de tal comisión se centraron en indicar que el ”fracaso” de la huelga general era una señal más del apoyo popular hacia las medidas que estaba tomando el gobierno Rajoy. Pero lo que alcanzó unos niveles de cinismo (y no hay otra manera de definirlo) inadmisibles es cuando el gobierno PP, a través de la Ministra de Trabajo, indicó que el gobierno estaba llevando a cabo las medidas que el pueblo español, a través de las últimas elecciones, había instruido al gobierno a realizar. En realidad, ninguna de las reformas impuestas por el gobierno Rajoy estaba en su programa electoral. La huelga general, por lo tanto, era también una protesta en defensa de la democracia española, protestando por el incumplimiento de las promesas electorales del PP.


En cuanto a los actos violentos –que, sin lugar a dudas, deben denunciarse con toda contundencia- éstos representaron una proporción minúscula de los participantes en la huelga. Centrarse en ellos es un insulto a la objetividad y equilibrio mediático que debería exigirse de tales medios. Las treinta personas violentas que hicieron gamberradas en la estación de Sants, en Barcelona, no se merecían la promoción gratuita que el Sr. Cuní les proporcionó, consumiendo una sección muy prominente en su programa. El 99,8% de todos los participantes fueron no violentos. ¿Por qué entonces se dio tanta cobertura a los violentos? La imagen deseada era relacionar una huelga general con un acto violento. Es así como la imagen de uno de los eventos políticos, económicos y sociales del año, la huelga general, se intenta desacreditar por los medios del establishment mediático del país al servicio de las fuerzas conservadoras responsables del subdesarrollo social de España.




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¿HA SIDO LA HUELGA GENERAL UN ÉXITO?

¿Ha sido la huelga general un éxito?
Posted on marzo 29, 2012 by Alberto Garzón Espinosa

La dificultad de valorar si una movilización como una huelga general ha sido o no un éxito es notable, pues entre otras cosas depende del criterio que se utilice. Todos sabemos que ahora comenzará un baile de cifras entre la organización, que llevará al alza los números, y la delegación del gobierno de las diferentes provincias, que rebajará los datos reales. No hay forma empírica de conocer cuál ha sido el seguimiento de la huelga, cuestión que además no está directamente asociada a si estamos ante un éxito o un fracaso. Los indicadores de consumo eléctrico y de paralización de la actividad productiva pueden variar según otros factores y no son comparables directamente a los de otras épocas o manifestaciones. Tampoco existe forma precisa de cuantificar el número de asistentes a las manifestaciones. En definitiva, estamos ante una tarea complicada que se presta a interpretaciones interesadas.

Mi opinión es la siguiente: la huelga y las manifestaciones han sido un éxito porque han permitido la convergencia en la acción de numerosos colectivos que antes luchaban -si lo hacían- por separado. Y eso tiene implicaciones políticas muy importantes que me gustaría señalar.



No todo el mundo ha ido a la huelga, y ni siquiera la gente de izquierda en su totalidad ha podido o querido participar en ella. Esto atiende a dos razones fundamentales: el número de parados es tan grande que el miedo a perder el empleo se ha disparado, especialmente con las nuevas normas laborales ya vigentes; y la batalla ideológica se ha perdido en las últimas décadas, con lo cual mucha gente ha interiorizado un discurso ultraconservador y reaccionario que identifica la movilización social con obstaculización al normal desarrollo de una economía.

Pero por otra parte la huelga ha puesto de acuerdo, de facto, a organizaciones sociales que antes han operado aisladamente. La inmensa mayoría de sindicatos (CCOO, UGT, CGT, CNT, Ustea, etc.) han estado presentes en las manifestaciones y han estado también en los piquetes, trabajando conjuntamente. Los partidos políticos de izquierdas también han estado al pie del cañón. Siendo Izquierda Unida el partido más grande y visible en la huelga, también han estado el PCPE, Equo, Izquierda Anticapitalista e incluso muchos afiliados y cargos públicos del PSOE (si bien la ejecutiva federal de este partido desaconsejó participar en la huelga y sugirió limitarse a los gestos). Todo esto refleja, más allá del seguimiento preciso de la huelga, que se ha creado un polo de resistencia que aglutina al sector mayoritario de la sociedad.

Y digo sector mayoritario porque el Partido Popular ganó las elecciones con el 44% de los votos, pero su reforma laboral no cuenta con la aprobación de sus votantes (porque no estaba en su programa electoral, el cual aseguraba en muchos puntos lo contrario -como en lo referido al coste del despido-). Y muchos de los que han ido a trabajar son simpatizantes o incluso militantes de sindicatos o partidos que están movilizando a sus bases sociales. Esto significa una presión creciente sobre el gobierno y sus políticas de recortes y anulación de derechos laborales.

La huelga no puede perseguir sólo la derogación de la reforma laboral, sino que tiene que ir mucho más allá. Se trata de generar un polo de concienciación social que obstaculice las políticas de derechas que aplican desde la Unión Europea y el Gobierno de España. Lo cual es el paso imprescindible para tomar el poder y poner en marcha políticas alternativas. Este es un proceso lento, pero que ha comenzado ya al poner a tantas organizaciones de acuerdo en un mismo objetivo concreto.

Por estas razones no creo que sea importante el número preciso de manifestantes -que según mi impresión ha sobrepasado todas nuestras expectativas- sino el fondo de la cuestión. Tenemos a la gente movilizada de nuevo y se trata de seguir poniendo piedras en las ruedas de una bicicleta que nos lleva a la sociedad al desastre absoluto.




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PARTIDOS COMUNISTAS EUROPEOS CONDENAN ASALTO BRUTAL CONTRA TRABAJADORES EN HUELGA

Varios partidos comunistas europeos condenan el brutal asalto por una banda armada, ordenado por la Empresa Poppe + Potthoff (Werther), a los trabajadores que estaban en huelga en su filial belga



Secretaría de Política Internacional del PCE / 16 mar 12




El Partido Comunista Alemán (DKP), el Partido Comunista de Luxemburgo (KPL), el Nuevo Partido Comunista de los Países Bajos (NCPN) y el Partido del Trabajo de Bélgica (PTB), condenan conjuntamente el brutal asalto por una banda armada, ordenado por la Empresa Poppe + Potthoff (Werther), a los trabajadores que estaban en huelga en su filial belga «Centro de Coordinación de Meister» en Spirmont, Bélgica.

Los trabajadores estaban en huelga en protesta contra el traslado previsto de importantes pedidos a otros lugares. Cuando las negociaciones con la Dirección no condujeron a nada, los trabajadores bloquearon algunos vehículos. En la tarde del domingo (26 de febrero de 2012) fueron atacados por una veintena de agentes de seguridad procedentes de Alemania. Vestidos de negro, sin insignias de la compañía, pero algunos de ellos con chapas de Lonsdale, popular entre los grupos neonazis, iban armados con porras, bates de béisbol y gases lacrimógenos, y llevaban pasamontañas y chalecos antibalas. Estaban allí para llevarse el material de la fábrica bajo órdenes de la Dirección. Mientras lo hacían, golpearon a los trabajadores y destruyeron salas de estar y salas de informática de la empresa. A algunos trabajadores les fueron confiscados sus teléfonos móviles y algunos de los ocupantes fueron puestos bajo custodia en una habitación.


Siguiendo un llamamiento del sindicato, estos sujetos fueron retenidos en la fábrica por unos doscientos trabajadores y sindicalistas de la región. En la noche del domingo al lunes la banda fue sacada de la fábrica bajo custodia policial.

En una carta IG Metall Bielefeld protestó "enérgicamente contra el brutal asalto por una banda de matones contra los miembros de la Unión sindical en huelga".

Condenamos este uso de una milicia privada y exigimos la aplicación de las leyes belgas contra las milicias privadas. Exigimos sanciones severas y juicio contra la policía de Sprimont. La policía estuvo presente desde el principio, justo después del asalto, pero no desarmó ni detuvo a la banda. No les identificaron y se los llevaron de vuelta a Alemania en un coche de la policía, sin hacer preguntas. Rehusaron escuchar la queja de uno de los trabajadores golpeados y le aconsejaron sacar sus propias conclusiones. Todo esto son deficiencias del sistema de la policía belga. El Ministro del Interior, Turtelboom, lo admitió ante el Parlamento belga.

Exigimos que la queja registrada por el sindicato reciba una atención rápida y seria. Este incidente con la milicia privada, más o menos bajo la protección de la policía, despierta recuerdos de un episodio oscuro en la historia europea. Esta acción debe interpretarse a la luz de las campañas a nivel europeo, patrocinadas por los círculos empresariales, en contra de los sindicatos. El objetivo es claro: destruir los derechos sociales y la oposición contra los draconianos recortes presupuestarios, también por medios antidemocráticos.

Con este asalto se abre un nuevo y peligroso capítulo.

Trabajaremos en todas partes para defender el derecho de Huelga y reforzar a las organizaciones sindicales en su justa lucha.




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PARO: TRESCIENTAS MIL PUÑALADAS MÁS

Paro: trescientas mil puñaladas más


nuevatribuna.es | Pedro L. Angosto |

Actualizado 10 Marzo 2012.

Entre enero y febrero trescientas mil personas han engrosado las filas del paro y de la exclusión social. Trescientas mil puñaladas en el cuerpo de este país que parece haber nacido para que todos los desaprensivos aniden en él; trescientas mil puñaladas en el corazón de cualquier persona decente, de cualquier persona que se tenga por tal. Porque aunque no se lo crean, todavía quedan aquí personas decentes y perspicaces, personas que no se explican que han hecho los ricos con los inmensos beneficios especulativos obtenidos durante años, que no entienden por qué no guardaron una parte de ellos en fondos de reserva para tiempos peores, que no saben por qué empresas con beneficios y ayudas públicas anuncian cierres y despidos, que no comprenden como se consiente que se aprovechen del huracán por ellos aventado para limpiar la casa de “indeseables”, es decir, trabajadores silentes que no han hecho otra cosa que dejarse los riñones para llevar unos euros a sus hogares y acrecer exponencialmente las ganancias de sus patrones.



Hablan de esta tragedia tertulianos, economistas, empresarios, sabelotodo y gente que pasaba por allí. Algunos hacen notar lo duro que tiene que ser la nueva situación para esos ejecutivos y empleados de alto rango que llevaban años ganando cantidades impronunciables, del contraste de su escenografía vital: A mí esos tipos me dan exactamente igual, que hubiesen ahorrado cuando pudieron, que no se hubiesen metido en gastos inasumibles, que no hubiesen sido tan estúpidos, tan soberbios, tan ridículos, que se hubiesen mantenido fieles a la clase a la que pertenecían, que no era otra que la de los asalariados. Pero hasta tal punto me es indiferente su situación, que me gustaría ver a muchos de ellos no sólo en el paro, sino en ese lugar donde se entra a la fuerza, por un mandato judicial, y se sale también a la fuerza, cuanto te echan una vez pagada, siquiera parcialmente, la deuda contraída con la sociedad, porque muchos de ellos llevan décadas ingresando nóminas que servirían para que cien familias llevasen una vida holgada, porque, incapaces de toda idea generosa, no han dejado de hablar de excelencia y eficacia, porque cuando las cosas han venido un poco torcidas, las únicas recetas que han sabido utilizar han sido las del despido, la regulación de empleo o las jubilaciones anticipadas con cargo al Estado: Para ese viaje no hacían falta alforjas ni de Harvard ni del barrio de al lado.

Hablan otros, como Fernando Fernández, rector que ha sido de varias universidades privadas, colaborador de Abc y Tele-Cinco, asesor del grupo Vocento, excomentarista de la SER en representación de los círculos más próximos al neoconservadurismo, con todo el cinismo del mundo, de la necesidad de avanzar en la desregularización del mercado laboral porque el paro se está cebando mucho más en quienes tienen, o tenían, un empleo fijo que en quienes viven en precario, que en los emigrantes: Por supuesto, Sr. Fernández, Sr. Wert, Sr. Botín, Sr. Rato, Sr. De Guindos, Sr. Gallardón, Sr. Montoro, quienes tienen una situación laboral en extremo precaria sólo pueden empeorar un poquito más, quienes tienen empleos basura y carecen de la mínima cobertura sindical, no tienen más remedio que trabajar en lo que sea a cambio del salario que decida ese personaje al que ustedes llaman, eufemísticamente, empleador. Su receta, extraída del libro sin letras de la explotación pura y dura, es tan clara como sencilla, tan diáfana como salvaje: Dejen a los “empleadores” hacer su trabajo, no pongan límite a la jornada laboral, hagan el despido más libre de lo que ya es –si eso es posible-, supriman las cuotas de la seguridad social, incentiven a los “empleados” para que contraten con un banco o una aseguradora su salud y su jubilación –si pasa algo, ya vendrá el Estado, o sea todos, a proveer fondos-, bajen los impuestos directos proporcionales y progresivos y, lo antes posible, suprímanlos. Dejen ustedes, sin remilgos de ningún tipo, que regresemos a la Inglaterra de Dickens, a la Rusia de las almas muertas, a la Europa de los siervos de la gleba, del derecho de pernada, del vasallaje, el diezmo, los portazgos, las tercias y las alcabalas, sólo así, pero nada más que así, será posible salir de la crisis que nosotros –que somos unos grandísimos cabrones, justo es reconocerlo-, con nuestras recomendaciones y acciones, hemos provocado.

Sin embargo, las recetas del Sr. Fernández y compinches, como la de tantos otros que no es preciso enumerar, debieran ser aplicadas, en primer y único lugar, a ellos mismos, a sus hijos, a sus padres, a sus primos, a su tía Antonia, esa que de niños les hacía unas deliciosas natillas, y a sus amigos selenitas, para que –sin la protección que da el privilegio- supieran en carne propia del escozor, la desazón, del amargor tan profundo que provocan, de sus efectos secundarios, colaterales y directos. Tal vez un baño en la realidad les haría, al menos, callarse para siempre.

Durante los últimos quince años, se produjo en España la mayor acumulación de capitales de la historia, los bancos batieron todas las marcas de beneficios conocidas, al igual que las eléctricas, las telefónicas, las petroleras, las constructoras, la atuomovilísticas, las gasistas: Insaciables, querían más, mucho más, lo querían todo. Empero, durante el mismo periodo de tiempo, pese a los fuegos fatuos, aumentaron las desigualdades sociales, las diferencias entre ricos y pobres, la huida del dinero hacia los paraísos fiscales. Fueron José María Aznar y Rodrigo Rato quienes por estos lares llevaron al paroxismo la economía especulativa, haciendo leyes que permitían construir en cualquier lugar del país, incitando a la gente a hacerse millonaria en la ruleta de la bolsa, permitiendo que se cerraran miles y miles de pequeñas y medianas empresas para que sus dueños se dedicasen al gran negocio del siglo: Comprar duros a cuatro pesetas y venderlos por cien. De modo que el tejido industrial español quedó desmantelado, la perspectiva del negocio rápido y cuantioso hizo despreciar el valor del trabajo y el beneficio justo, llevándonos a la situación en que en la actualidad nos encontramos.

Ahora, nos quedan las multinacionales, esas que vinieron cuando éramos pobres al calor de los salarios miserables, esas que chantajean constantemente al Estado amenazando con la deslocalización; nos quedan los especuladores con el dinero retirado del flujo financiero y a buen recaudo; nos quedan los canallas que despiden obreros aun teniendo beneficios sustanciosos y nos quedan, como no, los bancos, esos que declaran beneficios multimillonarios en plena crisis, esos que reciben montañas de euros del Estado para que agilicen los créditos a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, esos que no sueltan una peseta porque, pese a su aparente salud, también están infectados por el virus que vino de Norteamérica y por la vorágine especuladora nacional, esos qué, deslumbrados, concedieron créditos a quien no podría devolverlos, no por altruismo, sino porque sus magníficamente pagados ejecutivos les habían dicho que los inmuebles seguirían aumentando de valor eternamente y, por tanto, multiplicarían su inversión crediticia.

Pues bien, que nadie se olvide, esto es el capitalismo, así funciona la economía libre de mercado cuando el Estado es un convidado de piedra, cuando los trabajadores piensan del mismo modo que los “empleadores”. El capitalismo es un sistema cruel, enormemente cruel, para él no existen las personas, existen los productores, los generadores de plusvalías, los números, nada le importan los seres humanos, ni los blancos, ni los negros ni los que no tienen color, para ellos el hombre está al servicio de la economía, es decir a su servicio, nunca, en ningún caso, la economía al servicio del hombre. Por eso, cuando los bancos –y hablo de un sistema en el que no creo, que ansío cambiar por otro más justo- no cumplen con la función que les justifica dentro del propio sistema, cuando se han llenado los bolsillos de oro y los pies de mierda, salpicándonos a todos, se deben dar los pasos necesarios para que la cumplan, incluida su nacionalización; cuando una empresa con beneficios despide obreros o se traslada a otro lugar donde el “margen de explotación” es mayor, debe ser sancionada por el Gobierno y castigada por los ciudadanos con el boicot a sus productos.

Nadie puede afirmar con seriedad que haya existido en el mundo otro sistema económico distinto al capitalista. Ha existido el modo de producción esclavista, el feudal, el industrial, el financiero-especulativo, el capitalismo de Estado, ahora nos quieren llevar de nuevo al primero de ellos, al esclavista. Nadie puede permanecer ajeno al fondo de la cuestión, a lo que fluye por las aguas subálveas de la crisis, que no es otra cosa que otra vuelta de tuerca al garrote que atenaza nuestros cuellos individualistas: Las trescientas mil puñaladas de estos dos meses, no son más que una muestra de cómo las gasta un sistema que ha sabido sobrevivir a todos los cambios por su crueldad infinita y por la indolencia complaciente de quienes lo sufrimos, por nuestra pereza incomprensible y masoquista. Ha llegado la hora de mandar parar.



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HUELGA GENERAL PARA TODOS Y CON CONTINUIDAD

. Para que sea sólo un comienzo y no falte la "marea verde".
Huelga General para todos y con continuidad
VS 0 | | sección: web | 04/03/2012
Agustín Moreno

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Las calles se llenaron de manifestantes el 19 de febrero de 2012. Gran éxito de la movilización contra la reforma laboral del gobierno del PP. Los sindicatos cifraron la asistencia en 500.000 personas en Madrid, en 450.000 en Barcelona, y varios cientos de miles más en otras cincuenta ciudades españolas. A pesar de que no ayudaban declaraciones previas a las manifestaciones como que "no queremos confrontar, sino corregir" (Méndez). Parece que se cumplía con creces la petición que hicieron los sindicatos recién aprobada la reforma de ver qué opina la gente antes de convocar la huelga. Pero en vez de intervenir en la Puerta del Sol los secretarios generales de CC OO y UGT y comprometerse con los cientos de miles de personas con un mensaje de lucha y esperanza, se leyó por los responsables de juventud un manifiesto preelaborado como si fuera lo mismo que acudieran 5.000 o medio millón de personas. En él se decía: "si el Gobierno no rectifica, continuaremos en la movilización creciente", pero faltó más claridad, contundencia y concreción.

Lo cierto es que las direcciones de los sindicatos se mostraron sorprendidas por la respuesta, afirmación que ponía de manifiesto un alejamiento de la gente y la dificultad que tienen para valorar la inquietud que había provocado la reforma laboral aprobada. Ya había encuestas (El País, 12/02/2012) que decían que el 51% estaba a favor de la huelga general antes de conocerse la reforma laboral. Sólo había que ir a los centros de trabajo y a las plazas a explicarla para recabar la máxima adhesión social.

Las agresiones de la reforma

No es de extrañar la alarma social generada si se analiza la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP. Nunca ha habido una agresión tan profunda a los derechos laborales y sociales en el período democrático que estamos viviendo. Toca todos los palos. Se establece un nuevo contrato con despido totalmente libre y gratuito, es decir, sin causa y sin ninguna indemnización, durante un año y en empresas de hasta 50 trabajadores, que son el 95% del tejido empresarial español. Abarata el despido y lo descausaliza, pasando a ser la mayoría despidos objetivos con 20 días de indemnización por año de antigüedad; ello supone una reducción de hasta dos tercios de la indemnización. Se facilita hasta extremos brutales: con tres trimestres de caída de los ingresos en la empresa se pueden despedir las plantillas. Los despidos improcedentes (totalmente arbitrarios, porque le da la gana a la empresa), serán una minoría y se reduce su coste de 45 a 33 días y de 42 a 24 mensualidades. Puede haber despidos colectivos (EREs) sin autorización administrativa previa. Se hacen posibles los despidos en las empresas públicas y para el personal laboral de las administraciones públicas.

En cuanto al salario, se puede rebajar, e incumplir unilateralmente el convenio por el empresario, cuando se producen dos trimestres consecutivos de resultados negativos, además de generalizarse el descuelgue de las empresas. El objetivo es bajar en términos reales el salario de la población trabajadora de forma drástica, al no poder recurrirse a devaluaciones competitivas por nuestra pertenencia al euro.

Se lamina la negociación colectiva al liquidarse la fuerza vinculante de los convenios y cuando se desplaza el centro de gravedad a los convenios de empresa y se dejan sin poder a los convenios de sector, que son los que protegen a los trabajadores de las pymes. Y se ha recogido la vieja reivindicación patronal de acabar con la ultraactividad o aplicación de los convenios más allá de la vigencia temporal, si el empresario aguanta dos años sin sustituirlo por uno nuevo; es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado histórico y los derechos conseguidas por los trabajadores en décadas de negociación colectiva.


Otras medidas afectan a la flexibilidad a la carta para el empresario en el uso interno de la mano de obra; el endurecimiento de las sanciones por supuesto absentismo si se acumulan algunas bajas laborales por enfermedad, lo que puede hacer que un catarro mal curado lleve al despido; la discriminación de los parados de larga duración, ya que se dan incentivos a las empresas que contratan a parados que cobran prestaciones, que pasan a convertirse en ayudas fiscales a las empresas; el endurecimiento de la pérdida de la prestación de desempleo; el reforzamiento del papel de las empresas dedicadas al prestamismo laboral (ETTs); la recuperación del laudo de obligado cumplimiento de reminiscencias franquistas y claramente inconstitucional; etc.

Es una avalancha de recortes que prácticamente liquida el derecho del trabajo y su función tuitiva de equilibrar las relaciones laborales, empobrece de forma generalizada a la población española y nos retrotrae a situaciones de inseguridad de hace un siglo. No va a crear empleo y va a producir más despidos, más explotación laboral y más paro por la depresión del consumo y de la economía. El gobierno ha anunciado que no cambiará nada sustancial. Ante esta situación, la pregunta es ¿a qué esperan los sindicatos para convocar la huelga general? La respuesta no es fácil.

Por una parte, hay quien dice que tienen miedo al fracaso, por otra, que esperan a conocer los próximos presupuestos para intentar responder a dos agresiones con una sola huelga. Sea como fuere, lo cierto es que no pueden olvidar tres cosas: la reforma se está aplicando ya, se nota en la calle y no se pueden convocar movilizaciones a toro pasado; puede empeorar en el trámite parlamentario con el concurso interesado de otras fuerzas como CiU; si la agresión le sale gratis al PP habrá más ataques: ley de huelga, pensiones, desmantelamiento de lo público, etc. El peor fracaso es no estar a la altura de las circunstancias.

Una estrategia equivocada

Hace tiempo que las direcciones de los sindicatos vienen realizando un análisis erróneo de la situación de la crisis y de la revolución conservadora que se ha puesto en marcha. Y en consecuencia su estrategia contiene serias equivocaciones.
La crisis es muy profunda, y las perspectivas son peores, según todos los organismos. El drama es que los trabajadores ni hemos creado la crisis ni tenemos nada importante que aportar a su solución. Como nos recuerda Pedro Montes, España tiene unos pasivos brutos frente al exterior de 2,3 billones de euros y, por muchos que sean los sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, esa enorme deuda no puede pagarse. Por muchas reformas laborales, precariedad laboral, retrocesos de pensiones, recortes presupuestarios y privatizaciones que se apliquen, no se eliminan los compromisos de la deuda existente, ni la falta de solvencia, ni las dificultades para obtener liquidez en los mercados internacionales. La crisis, el golpe de Estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños. Estamos mucho más cerca de Grecia de lo que algunos piensan.

Ante esta situación apostar por el diálogo social en exclusiva como se ha venido haciendo es ineficaz, y se convierte en una trampa. Ante la revolución neoliberal que se nos viene encima no vale la estrategia de limitar los daños. Ahí están los resultados: retroceso de las rentas salariales, tasas de paro de más del 20%, elevadísima precariedad en el empleo, débil Estado de Bienestar y privatización de los servicios públicos. Los pactos firmados no han supuesto avances en los derechos sociales, ni han impedido los retrocesos ni han cambiado un modelo productivo fracasado.

El sindicato no se salva evitando la confrontación, más bien al contrario: si no se moviliza contra las políticas neoliberales se produce una deslegitimación por no cumplir el rol al que está obligado. Esto sumado al desprestigio que persigue la derecha en campañas sostenidas contra el sindicalismo de clase, hace que entre méritos propios y ajenos la situación no sea muy boyante y obliga a redescubrir a los trabajadores la utilidad del sindicato. Tan importante como la que tienen los paraguas en caso de lluvia.

Recuperar el respeto

No es una tarea sencilla, pero es posible y absolutamente necesario, recuperar la relación con los trabajadores. Y algo básico: el respeto y la confianza hacia los sindicatos. Éstos serán vistos como algo de fiar en la medida en que hablen claro, sean firmes, escuchen a la gente, fomenten la participación y el protagonismo de sus bases y de los trabajadores.
Para ello, un paso muy importante sería que fueran capaces de realizar una autocrítica pública de tres graves errores recientes: la mala gestión de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuyo impulso se congeló durante tres meses sin convocar ninguna movilización posterior; la firma del funesto acuerdo de pensiones de enero de 2011; y el reciente acuerdo con la patronal para reducir los salarios, que hace imposible la recuperación del poder adquisitivo con referencias como el precio de barril de Brent. Para recuperar credibilidad hay que reconocer las equivocaciones.

Otra práctica a recuperar es ir a los centros de trabajo, estar con la gente, dialogar con ella, fomentar su participación, oírles y contar con sus opiniones sin ninguna actitud propia del despotismo ilustrado. Consultarles tanto para los acuerdos como para las movilizaciones. Para que los trabajadores les consideren como lo que en teoría son: algo suyo y no ajeno a sus intereses y anhelos.

Por último, tienen que ponerse serios de una vez con el gobierno y con la patronal. Una cuestión gravísima de la reforma laboral, desde el punto de vista formal, es que los sindicatos no sabían nada de ella. Acababan de firmar un durísimo acuerdo para los salarios, sin lograr impedir con ello que el gobierno legislase sobre el mercado de trabajo. Y ni siquiera se les informó previamente de su contenido, únicamente por los medios de comunicación y desde Bruselas se enteraron de que iba a ser muy agresiva. Lo nunca visto. Algo que se merecía una respuesta institucional muy dura, como suspender relaciones mientras no se trate con respeto a las organizaciones sindicales.

La confrontación sostenida

Ante la ofensiva neoliberal es necesaria una potente movilización social. Con mucha calle, con la huelga general y más. No se puede volver a repetir la historia de la huelga del 29-S, muy respetable en su seguimiento pero sin ninguna continuidad con movilizaciones posteriores serias. Y que incluso algunos intentasen vender el negativo pacto que elevó la edad de jubilación a los 67 años como un fruto de aquella lucha.

También se precisa un poco de humildad: nadie tiene la fuerza suficiente para hacer frente en solitario a este ataque con posibilidades de detenerlo. Y en un país camino de los seis millones de parados y con millones de precarios la movilización debe de ser además de laboral, también social y ciudadana. Impulsando los acuerdos unitarios con otros sectores sociales, ciudadanos y políticos. Con todos los sindicatos, el movimiento del 15-M, asociaciones de vecinos, culturales, AMPAS, fuerzas políticas, etc. sin descartar a nadie, pero dejando claros los objetivos y las reglas del juego.

Por ejemplo, exigiendo al PSOE un compromiso solemne de derogación de la reforma laboral si volviera al poder, para acabar (o desenmascarar) ese turnismo a lo Cánovas y Sagasta que practica con el PP en materia de política económica.

Dudo que si se hacen las cosas bien el PP resista una legislatura, con su política anti social, la recesión económica y la nula creación de empleo y sus incumplimientos electorales antes de llevar cien días en el gobierno (subida de impuestos, recorte del despido…). No hay que olvidar que la mayoría absoluta del PP es engañosa: apenas representa el 30% del electorado, resultado adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico fraude. Por ello, en absoluto se puede afirmar que el PP tiene amortizada la huelga general y las movilizaciones. Y mucho menos si estas son masivas, pacíficas y decididas. Hay que llamar la atención sobre el riesgo de que el gobierno utilice la fuerza pública para reprimir salvajemente, como en Valencia, con el objetivo de radicalizar las movilizaciones para que se rompa la unidad y se debiliten.

Una huelga general en la que no falte la marea verde

Por último, la huelga debe de ser convocada cuando toca, por la derogación de la reforma laboral, en defensa de los servicios públicos y contra los recortes sociales y en un día que pueda ser secundada por la mayoría de la población trabajadora. Es una cuestión de principios convocarla y de dar continuidad a la movilización. Hay más razones que nunca y condiciones para ello: la calle está que arde, el 19-F, Valencia y el movimiento estudiantil, sectores públicos movilizados, una industria en desmantelamiento, y un gran malestar social.

Parece que se quiere convocar el 29 de marzo. De ser así no permitiría participar a la conocida como “marea verde”, al ser un día no realmente lectivo, en el que se no se dan clases y solo se entregan las notas y acuden los alumnos media hora a los centros de secundaria. Las huelgas hay que hacerlas cuando hay gente en los centros y sería un error y una torpeza dejar fuera, en la práctica, al profesorado. En comunidades como Madrid ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga y más cien de conflicto, con manifestaciones de 70.000 y de 100.000 personas y una gran creatividad de las movilizaciones. También ha habido importantes movilizaciones en la educación pública de otras comunidades autónomas. No ha habido un sector que se haya movilizado con tanta fuerza en los últimos años y no se le puede ignorar.

A ver si para que nadie nos marque la fecha de la huelga general, se va a ir a poner en uno de los peores días posibles para asegurar la participación de la mayoría de los trabajadores y, en concreto, de sectores como la enseñanza pública que está en pie de lucha. La agenda de la huelga la impone la necesidad, la urgencia de la respuesta, la opinión de los trabajadores y la unidad de las fuerzas convocantes. Desde que entró en vigor la reforma laboral, el 11 de febrero, hasta el 29 de marzo hay muchos días posibles para acabar convocando en uno de los peores desde el punto de vista de garantizar la participación de todos. Si la razón es coincidir con las huelgas anunciadas en Euskadi y Galicia, algo que me parece bien, CC OO y UGT deberían negociar con ELA-STV, LAB y CIGA la fijación de una fecha en la que coincida todo el estado español y todo el mundo pueda hacerla. Y en cualquier caso, por ejemplo, ¿por qué no se convoca el 28 de marzo?

Además, la enseñanza pública no puede faltar a la cita de la huelga general porque todas las agresiones tienen coherencia: el modelo educativo, el tipo de mercado de trabajo y el modelo de sociedad que están configurando. Y que no es otra cosa que excelencia para cuatro, el resto trabajadores precarios y mal pagados y grandes desigualdades sociales. Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.

Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. Pensábamos que la beligerancia hacia la escuela pública era por razones económicas o ideológicas: para introducir el ánimo de lucro y para que las tarimas fueran púlpitos. Pero, en su lógica, a los cabezas de huevo neoliberales, no les interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país, animándoles desde programas televisivos que presentan la emigración como si fuera una fiesta. Con una campaña descarada para expulsar del país a la generación de jóvenes más brillante y preparada de nuestra historia, que no tiene un lugar entre nosotros por la irresponsable política económica aplicada.

La educación pública quiere seguir con su movilización y coincidir también con otros sectores públicos y con el conjunto de trabajadores. La lucha por la educación pública es de todos y la lucha de los demás es también la nuestra. Porque si nos llevan a un modelo laboral y social tercermundista no hay espacio para un escuela de calidad de tod@s y para tod@s. Y si esa escuela pública desaparece no tendremos ni una sociedad justa, ni una democracia de calidad, ni unos ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con su con tiempo y con su pueblo. La marea verde no puede faltar en la Huelga General.

Agustín Moreno es profesor de secundaria de Vallecas

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=145731





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HAY QUE DAR UNA RESPUESTA CONTUNDENTE

HAY QUE DAR UNA RESPUESTA CONTUNDENTE .

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Salvador López Arnal entrevista a Pedro Montes, Presidente de Socialismo 21


"Se requiere de la izquierda y los trabajadores la respuesta más contundente que se pueda dar"


Me gustaría preguntarte sobre el Real Decreto ley de “medidas urgentes para la reforma del mercado laboral” del pasado 10 de febrero de 2012. Antes de ello, unas cuestiones para situarnos. ¿Cuál es la situación a grandes rasgos de eso que llaman “mercado laboral”?

El mercado laboral es el ámbito donde se negocia el precio y las condiciones de una mercancía llamada “fuerza de trabajo”. En nuestro país, con más de 5 millones de parados, una precariedad altísima sin comparación con la del resto de los países de la Unión Europea, un ritmo de destrucción de empleo pavoroso, una recesión económica ya cantada, sin perspectiva alguna de que la crisis vaya a remitir y menos a remontarse, determinan unas condiciones para los trabajadores en ese mercado laboral tan desfavorables que todos son retrocesos.

Además los sindicatos mayoritarios hace tiempo que se olvidaron de concienciar a la clase obrera de su gran poder, de unir a los trabajadores y de luchar consecuente y firmemente por sus derechos. Cabe añadir, que la burguesía y los gobiernos que para ella trabajan, insaciables como son, tienen la presión de los imperativos de la Europa de Maastricht, en la que son los derechos laborales y sociales el instrumento para tratar de mejorar la competitividad de una economía que, ciertamente, no está en condiciones de sobrevivir en la zona euro.

El paro en España no es algo nuevo. Comparado con otros países de nuestro entorno, las cifras españolas destacan siempre negativamente en general. ¿Por qué? ¿Qué problemas tiene la economía española para generar empleo y empleo de calidad?

El paro nuestro país siempre ha sido comparativamente mucho más elevado que en el resto de los países europeos. Hay razones históricas que lo explican cómo el abandono de la agricultura por los trabajadores del campo, sector que embolsaba la mano de obra excedentaria; la incorporación de la mujer a la población activa con retraso con respecto a Europa; la vuelta de emigrantes que tuvo lugar al tras desatarse la onda larga recesiva de la economía capitalista a partir de los años 70. Más recientemente, habiendo sido la construcción el sector más dinámico en los últimos años de expansión económica, el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria ha generado una destrucción de empleo enorme. Por lo demás, la paralización está sufriendo la economía por la falta de crédito está llevando a muchas empresas razonablemente rentables y productivas a desaparecer, con un impacto muy fuerte sobre el empleo. Añádase el de la crisis financiera de las administraciones públicas sobre el empleo y los servicios públicos y tenemos ya los datos básicos de la situación actual del empleo.


¿No hay muchos trabajadores que figuran en las listas del paro o en las encuestas a la población activa pero que, realmente, no están desempleadas sino que trabajan en lo que suele llamarse “economía sumergida”?

Es un tema este que se comenta con frecuencia como explicación a la relativa paz social que existe frente a las terribles cifras oficiales de paro. No alcanzo a calibrar el nivel de la economía sumergida, por eso se llama sumergida. En un intento de ser ecuánime podría decir que debe haber bastante gente tratando de sobrevivir como pueda en unas circunstancias tan dramáticas de paro. Pero al mismo tiempo, aparte de las cifras oficiales que no veo la razón para poner en duda, todo el mundo tiene ya la sensación de que el paro es abrumador y afecta a casi toda la población de un modo directo o indirecto. Por lo demás en concursos, oposiciones, anuncios de empleo, la masa que acude pone de manifiesto la terrible situación del paro. Es un subterfugio inadmisible de los poderes públicos recurrir a la economía sumergida para eludir la responsabilidad que tienen de que más del 25% de la población activa se encuentre en paro. No hablemos de la tasa del 50% de los jóvenes.

Voy al decreto. Socialismo XXI, una asociación que creo presides, ha señalado que el gobierno del Partido Popular ha asestado un terrible golpe a los derechos de los trabajadores, al menguante “Estado del bienestar” y, en consecuencia, a la Democracia. ¿Por qué a la democracia?

La democracia se entiende como el ejercicio del poder por el pueblo. Pero si en una sociedad de clases, una de ellas, amparándose en aspectos formales, como la mayoría actual que posee el PP en el parlamento por una antidemocrática ley electoral, o por aspectos más profundos como la debilidad que he señalado de los trabajadores en estos momentos, adopta medidas que rompen el marco de las relaciones laborales vigentes y atentan contra derechos establecidos, con ello se acentúan gravemente los rasgos no democráticos de la sociedad. Cuanto más igualitaria sea la sociedad más democrática se la puede considerar, y el decretazo profundiza agudamente las desigualdades. Una democracia en la que unos lo pueden todo, o se les concede todas las ventajas, y otros quedan al albur de los que manda sin otra opción que aguantar o abandonar, sencillamente, no es una democracia. El “lo llaman democracia no lo es” es más que un eslogan de protesta.

Dime los principales golpes que el decreto ha asestado a los trabajadores.

Evítame repasar las nefastas consecuencias que el decretazo tiene, porque excelentes estudios circulan por la red, más completos y afinados de lo que yo pudiera comentarte. Además, aparte de los cambios más groseros, el decretazo tiene una gran complejidad y muchos recovecos y trampas legales que es necesario expurgar por especialistas. De modo esquemático te diré: en primer lugar, se atenta contra derechos básicos de los trabajadores, muy en particular a todo lo referido a los despidos individuales y colectivos. En segundo lugar, en el seno de la empresa se otorga a los empresarios un poder descomunal –jornada, salarios, funciones, etc.- por el que quedan los trabajadores sometidos a unas condiciones tan leoninas y miserables que la semejanza con la esclavitud tiene sentidos. En tercer lugar, se ataca frontalmente a los sindicatos, que después de todo y a pesar de sus dirigentes, son organizaciones de la clase obrera. La negociación colectiva queda arruinada y la descomposición de la unidad de los trabajadores asegurada. El tema de la falta de autorización para los EREs da un gran poder a los empresarios y anula el poder negociador de los sindicatos. Como te digo, el decretazo encierra tales efectos destructivos y corrosivos sobre el marco actual de los derechos y las relaciones laborales, que con toda legitimidad se puede hablar de un antes y después, se trata de un cambio social cualitativo.

Habláis del PP pero ha habido otros partidos que no han puesto ninguna pega a esta infamia. CiU es un ejemplo destacado.

Burguesía catalana, pero burguesía. Aparte la recomposición de relaciones que están llevando entre el PP y CiU para gobernar cómodamente en Madrid y Cataluña. Da envidia la derecha: después del decretazo, los patrones dicen que va en la buena línea, para indicar que ellos tienen más reivindicaciones. CiU, lo acepta, pero tiene más reclamaciones. Y puestos a pedir algo significativo que mejor que modificar la legislación sobre la huelga, para de este modo maniatar a los trabajadores, impedir sus luchas y protestas, y atizarles duro inmovilizados. Sería bueno aprender de la derecha, que aun negando la lucha de clases la práctica con vehemencia y sin miedo a las críticas.

¿Crees que el decreto degrada aún más una Constitución agotada y deslegitimada?

Si, la constitución fue un producto de la relación de fuerzas en el momento de redactarse, y a lo largo del tiempo ha ido degradando sus componentes sociales, aunque fuesen formales, eso de la economía social de mercado, o de la importancia de lo público, o de cierta planificación. El neoliberalismo no está impregnado de humanismo. Con el alevoso cambio que sufrió el año pasado, por imperativo de los poderes económicos europeos, se amortizó totalmente la vertiente social y quedó deslegitimada porque no fue votada por los ciudadanos, sino por los parlamentarios del PSOE y del PP. El decretazo supone la ruptura de un determinado equilibrio de las relaciones sociales que sobre el papel recogía la constitución. Hace tiempo que murió y ahora está lista para su entierro. Así lo empiezan a sentir amplios sectores sociales que impulsan ya un nuevo proceso constituyente.

Refútame el siguiente argumento: si disminuimos los derechos –los privilegios dicen algunos- de los trabajadores, si ayudamos a las pequeñas empresas con una fiscalidad menor (o casi nula en ocasiones), si rompemos los convenios de sector que son bridas que encorsetan, entonces se animarán los empresarios, contratarán a más, a mucho más trabajadores, aunque sea con menor sueldo y con derechos demediados. Entre la nada y el cuatro, lo segundo es mejor opción. El empresariado español es así: o nos vamos a China o que trabajen como los chinos.

Todo eso encierra un conjunto de argumentos que es fácil demostrar que son falsos, y tan falsos son que el propio gobierno ha tenido que reconocer que la reforma decretada no creará empleo en los próximos tiempos. Cuando cambien las circunstancias dice, pero cuando cambien las circunstancias ello no demostrará que era preciso hacer la reforma. Hay un grave problema de competitividad de la economía española que no se resuelve con salarios más bajos y mayor explotación. Hay un problema igualmente de falta de liquidez que por bajos que sean los salarios no llevan a aumentar el empleo. La demanda está hundida, las nuevas condiciones laborales la hundirán aún más, y en esas condiciones no se creará más empleo. Como estoy seguro de que la crisis ha venido a quedarse, dejemos que sea el tiempo el que refute las esperanzas de los más simples de espíritu que creen los argumentos de los apóstoles del neoliberalismo.

¿Qué podemos hacer? ¿Hay que convocar una huelga general?¿Cuándo? ¿Quiénes?

Unos cambios tan profundos y desfavorables como introduce el decretazo, que se inserta además en una política de ajustes y recortes y en una agresiva y reaccionaria política social e ideológica, requieren de la respuesta más contundente que pueda hacer la izquierda y los trabajadores. La sociedad española no es especialista en huelgas generales, estamos desentrenados y faltos de gimnasia, pero no se me ocurre otra medida que esté a la altura de las circunstancias y que al mismo tiempo sea posible alcanzar. Se puede lograr una extraordinaria huelga general, que sirva para compensar y balancear la agresiva política de la derecha. Los sindicatos mayoritarios están muy desprestigiados. Cabe recordar aún el respaldo a la ley de pensiones y la reciente firma del acuerdo con la patronal, con cesiones salariales imperdonables y mucha de la flexibilidad otorgada a los empresarios ahora en el decretazo. Ellos solos no están en condiciones de conseguir una huelga general, que no se siquiera si están dispuestos a intentarla. En nombre de todos los trabajadores han firmado ese acuerdo, pero no se han atrevido en nombre de todos los trabajadores a convocar ya la huelga general. No obstante, hay que en el conjunto de la sociedad bastante indignación, deseos de lucha, y relativa capacidad de movilización, como se ha visto en algunas luchas sectoriales y algunas manifestaciones en Madrid o Barcelona por ejemplo, que permiten pensar que se bien organizada la preparación de la huelga, surgiría una gran lucha que marcaría un nuevo por periodo político para la izquierda. Los sindicatos deberán revestirse de modestia y saber que el seguimiento social a la huelga no es por ellos sino a pesar de ellos. Las fuerzas de la izquierda y los movimientos sociales no tienen nada que agradecer a las direcciones de los sindicatos, me refiero todo el tiempo a las direcciones de CCOO y UGT, pero el movimiento obrero es necesario para dar la respuesta contundente que las circunstancias nos reclaman. Así que si se logra unir a toda la izquierda, sindicatos por supuesto incluidos, cabe esperar la convocatoria de una muy exitosa huelga general, que no debe ser más que el inicio de un período esperado y necesario de luchas sociales. Por lo demás, Euskadi y en Galicia se están convocadas huelgas generales para el día 29 febrero. Ese es el camino.

Grecia ha hecho quince huelgas generales. ¿Qué han conseguido? Apenas nada dicen algunos. ¿Para qué repetir el mismo error?

Estoy seguro que no me quieres argumentar, como en su momento hicieron algunos descerebrados sindicalistas para justificar la desmovilización, que ni los griegos ni los españoles hemos conseguido nada pero al menos nosotros nos hemos evitado el esfuerzo de haberlo intentado.

No, no quiero argumentar una barbaridad así.

Está muy bien que traigas a colación el ejemplo de Grecia, porque Grecia nos queda mucho más cerca de lo que piensan las clases dirigentes este país y muchos españoles. NI el caso de la tragedia griega está cerrado, ni la crisis española tiene visos de superarse. Como se diría popularmente, queda mucha tela que cortar todavía en ambos países. Y te devuelvo entonces la pregunta: ¿qué es preferible un país luchador, unos trabajadores combativos y con conciencia o un país apagado, resignado y sin afán de lucha?

Se oyen voces que hablan de inconstitucionalidad del decreto. ¿Es así en tu opinión? ¿Por qué? ¿Crees que hay que abonar también esa vía jurídica de oposición?

No soy un experto para saber a ciencia cierta si esa vía es explotable. El decretazo tiene muchos matices y no es improbable que contenga algunos aspectos inconstitucionales. He leído que algunos Inspectores de Trabajo ven en el “contrato Rajoy”, el de los con un año de prueba, elementos inconstitucionales, pero debe haber más, que irán surgiendo del análisis detallado del decreto. Y no tengo duda de que haya que plantear cuantos recursos tengan una base jurídica sólida, siempre que ello no signifique trasladar la lucha de la calle a los tribunales. De tener éxito, sería un golpe político muy fuerte al gobierno y un respaldo moral a todos lo que se sumaran a las movilizaciones contra el “decretazo”.

Por lo demás, desde un punto de vista empresarial, ¿el derecho despeja el campo para la productividad, las ventas, la financiación y el crecimiento económico?

Esto lo dejo sin contestación. Creo que rompe la línea de las últimas preguntas, ya de carácter apolítico, y en parte está contestado con la respuesta a si la reforma generará empleo.

De acuerdo, tienes razón, no me he lucido mucho con ella. Recogí un comentario que he leído en algunas páginas. Gracias por tus respuestas.


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REFORMA LABORAL DEL PP: RETROCESO AL SIGLO XIX.

Retroceso al siglo XIX
– 15 febrero, 2012
Publicado en: EN ESPAÑA
7Salce Elvira || Ejecutiva Confederal de CCOO.
Con el Real Decreto Ley (RDL) 3/2012 en vigor desde el 12 de febrero ya está aquí la reforma “tremendamente agresiva” de la que hablaba el ministro Guindos. Se trata de una reforma “clasista” (según un buen amigo). El adjetivo no es baladí ya que abarca en una sola palabra todo un concepto ideológico de poder de una clase en detrimento de otra.

No entraré aquí a analizar exhaustivamente su contenido, que está siendo objeto de múltiples y rigurosos estudios, sólo reseñar que toca todos los aspectos del mercado de trabajo y de las relaciones laborales: la entrada, la permanencia, la salida y la negociación colectiva.

Esta reforma viene después de otras 52 anteriores que fueron flexibilizando el Estatuto de los Trabajadores y modifica de forma profunda normas básicas del ordenamiento laboral que ya lo fueron en mayo de 2010 -y que provocaron la última huelga general- y la posterior Iniciativa Legislativa Popular (ILP), todavía pendiente de tramitación en el Parlamento. Al partir de una legislación ya deteriorada como tutora de derechos supone el cambio más importante que se ha producido desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en marzo de 1980. Me atrevo a decir que rompe unilateralmente con el consenso mínimo acordado en el pacto constitucional del PP y PSOE.

La agresión es múltiple y no deja títere con cabeza al reformar las causas del despido:

•generalizando el despido de 20 días para prácticamente todas las personas asalariadas, incluido el personal laboral fijo de las administraciones públicas no funcionario
•creando un contrato temporal de por vida y sin indemnización para el 95 por ciento de las empresas españolas, aunque tengan la desfachatez de denominarlo fijo (con un periodo de prueba de un año) además de bonificado, al acabar con la presencia sindical en los despidos colectivos, dejándolos a merced de la voluntad empresarial
•permitiendo a las ETT que entren en todos los sectores
•priorizando que los salarios se negocien en la empresa conociendo la debilidad y la indefensión de millones de trabajadores en las de pequeño tamaño
•cargándose la llamada ultraactividad, al decaer la vigencia del convenio si en dos años no hay pacto para renovarlo.
Esta agresión la hace el Gobierno del Partido Popular 15 días después de que los sindicatos CCOO y UGT llegaran, en “un ejercicio de responsabilidad y compromiso por parte de los agentes sociales con la creación y mantenimiento del empleo”, a un acuerdo durísimo con los empresarios para moderar los salarios, aceptando pérdidas reales de poder adquisitivo en los próximo tres años, amén de cambiar la estructura salarial y aumentando la flexibilidad interna en la empresa.

Los sindicatos hemos sido marginados y ninguneados, sin que se haya tenido en cuenta el “ejercicio de responsabilidad” que se viene ejerciendo sistemáticamente, sin ni siquiera haber informado previamente del contenido del decreto aprobado en el Consejo de Ministros.


El RDL desregulariza las relaciones laborales y va acompañado de una importante reducción de la acción sindical por diferentes vías, algo anhelado por los sectores mas reaccionarios de este país, que llevaban detrás de ello muchos años, como se puede comprobar por las feroces campañas de ataques y desprestigio que hemos venido sufriendo desde distintos medios de comunicación.

Esta agresión, como ya reconocen desde casi todos los ámbitos, no va a crear empleo. A mi modo de ver, se trata de una forma clara y precisa de disciplinar a los trabajadores para que acepten cualquier trabajo sin rechistar; para que lo peor del sector empresarial tenga disponibilidad absoluta de la mano de obra barata y sin derechos, y relegar a los sindicatos de clase a un papel casi testimonial. En definitiva, rompe con el objetivo del derecho del trabajo, de equilibrar un poco a dos ámbitos en situación diferentes: los que compran la mano de obra y los que la venden a cambio de un salario, devolviendo el poder omnímodo al empresario para que disponga libremente de esta.

Aliados en la ‘contrarreforma’
“Se trata de una forma clara y precisa de disciplinar a los trabajadores para que acepten cualquier trabajo sin rechistar”Esta contrarreforma no se ha hecho solamente al dictado de Bruselas, como se dice; también se han tenido muy en cuenta las aspiraciones largamente acariciadas de la CEOE al favorecer tanto a las grandes empresas: servicios financieros, grupos de comunicación, etc., que pueden despedir más fácil y barato a sus plantillas, como a las que sólo pretenden sobrevivir con una mano de obra barata, sumisa y disponible a su capricho.

La situación actual y lo que se deriva de ella van a exigir una gran labor de explicación, concienciación, así como de imaginación, firmeza y puesta en práctica de nuevas formas de acción sindical que la hagan frente. Esta agresión nos aboca irremediablemente a una situación de conflicto social continuo y permanente, más allá de lo que el Gobierno considera un coste asumible, como ya daba por hecho Rajoy con la huelga general.

Asimismo, se trataría de plantearnos algunos retos e interrogantes para el futuro:

1.Si son necesario cambios en el enfoque del diálogo social tal cual lo venimos concibiendo; máxime después de la experiencia de los últimos años, y con un Gobierno de la derecha, que no se lo cree.
2.Reforzar la acción sindical y la militancia en las empresas. Sólo desde el trabajo continuo con y entre los trabajadoras y trabajadoras podremos recobrar el prestigio y la confianza que hemos perdido en ciertos ámbitos y con los nuevos colectivos.
3.Implicar en las decisiones a la clase obrera a todos los niveles, empezando por la afiliación, informando y pidiendo su opinión y participación, en todos los casos: tanto cuando hay que movilizar, como a la hora de firmar acuerdos.
4.Organizar la acción sindical contra el RDL en los sectores y empresas con todos los medios posibles, a partir de explicaciones claras y sencillas de cómo va a repercutir estas medidas en su situación actual.
En definitiva, debemos de trabajar con el convencimiento de que esta norma debe ser retirada, o bien en su trámite parlamentario o, posteriormente, por la fuerza de los hechos. Para ello debemos devolver la confianza y combatir la derrota y el pesimismo de la sociedad en general y de los trabajadores y trabajadoras en particular.

Nada está perdido. Hemos de invertir la correlación de fuerzas actual. Reaccionar ya, con el convencimiento de que únicamente los trabajadores y trabajadoras, en su sentido más amplio, con masivas y continuas respuestas en la calle y en los centros de trabajo, implicando a la mayoría de la sociedad que está sufriendo la crisis. Empezando por la manifestación del próximo domingo día 19, con nuestra movilización podemos cambiar estas políticas y demostrar que hay otras salidas a la crisis. Y en este contexto, nuestro sindicato, CCOO, tiene una gran responsabilidad.


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UNA REFORMA LABORAL "CLASISTA"

Una reforma laboral "clasista"
nuevatribuna.es | Antonio Baylos | Actualizado 11 Febrero 2012 - 21:04 h. Ya está aquí la “agresiva” reforma laboral tantas veces anunciada. Se define como “equilibrada” aunque la noción de equilibrio que tienen sus autores dista mucho de la que poseemos los comunes mortales. Es un texto legal que impone elementos centrales de desregulación de las relaciones laborales, acompañada de un profundo rechazo de la acción sindical, lo que efectúa mediante diversas vías. Son las más destacadas el encumbramiento de la decisión unilateral del empresario como fuente principal de determinación de reglas sobre el trabajo en sustitución de la negociación colectiva, el disciplinamiento de los trabajadores en torno a un despido barato y siempre definitivo y a unos contratos con salarios cada vez más reducidos y períodos de prueba larguísimos, la funcionalización de los acuerdos colectivos a la decisión empresarial, y una fortísima reducción del contenido laboral del derecho al trabajo tal como se desprende de su reconocimiento constitucional. Todo ello se justifica mediante el recurso, cada vez menos creíble, a la estimulación del empleo.

Es realmente una norma clasista que impone la confiscación violenta de espacios decisivos de poder contractual colectivo y de derechos laborales básicos
Pese a lo que afirman las autoridades de gobierno, los creadores de opinión afectos y un preámbulo afectado de esquizofrenia legislativa entre lo que afirma y lo que realmente hace, el RDL 3/2012 es realmente una norma clasista que impone la confiscación violenta de espacios decisivos de poder contractual colectivo y de derechos laborales básicos ligados a las garantías de empleo, alterando de forma sustancial la arquitectura de equilibrios que caracteriza la relación entre capital y trabajo, entre libre empresa y derecho al trabajo, y que se corporeiza en la estructura institucional del derecho del trabajo desarrollado en nuestro ordenamiento.


La norma nace acompañada del desprecio a los procedimientos democráticos. No ha respetado el derecho de información y consulta previa con los sindicatos representativos que garantizan tanto nuestro ordenamiento como el europeo en materia de política social, no reúne en absoluto los requisitos de urgente necesidad que la constitución exige para que el gobierno pueda legislar por vía de urgencia, y se ofrece un texto cerrado en el que la hostilidad hacia la acción sindical y las condiciones de empleo y trabajo es su principal característica.

La norma se inserta en un proceso paulatino de deterioro de la estabilidad normativa como base de cualquier política laboral y de la seguridad jurídica derivada. Modifica de forma profunda normas básicas del ordenamiento laboral que ya se habían ido cambiando en un proceso de idas y venidas a partir de mayo de 2010, y en especial supone una modificación sustancial de la Ley 35/2010 y del RDL 7/2011, que constituían el núcleo de la anterior etapa reformadora, con afectación de las mucho más recientes leyes de Seguridad Social y de Jurisdicción Social. Pulveriza por tanto el marco legal que se había ido generando en los últimos dos años con vocación de permanencia. Permanencia que una vez más se pretende definitiva, como señala el preámbulo de la norma, sin que se conciba de forma temporal. Ni un paso atrás en el proceso de desregulación.

La norma desprecia la buena fe de los sindicatos que han desarrollado en el espacio de la autonomía colectiva un diseño de cesiones de derechos mediado por la contratación de sus aspectos concretos –la flexibilidad interna negociada– que está acotado temporalmente hasta el 2014 en razón de unas expectativas razonables de duración de la emergencia económica y social. Por el contrario, la ley hace permanente el contenido del Acuerdo, lo arranca del espacio de la autonomía colectiva y lo desnaturaliza de forma definitiva al eliminar paralelamente los más importantes mecanismos de contratación de la restructuración de empleo y fortalecer doblemente tanto la “decisión empresarial de carácter colectivo” como la decisión unilateral del empresario en la extinción de los contratos de trabajo. El RDL 3/2012 además, expulsa al convenio colectivo y su función normativa de las condiciones de trabajo de todas las empresas en dificultades económicas, lo que tendrá especial incidencia en las PYMEs. Introduce en el sector público mecanismos de extinción generalizada de contratos sin las garantías colectivas ni de estatuto que antes tenían los trabajadores de aquél. Es hostil al sindicato y a su capacidad de regular colectivamente la situación del empleo. Quiere al empresario como autoridad incontestable en los lugares de producción, en donde se sustituye la procedimentalización y contratación de las decisiones sobre las condiciones de trabajo y las previsiones de empleo por la unilateralidad de la decisión del poder empresarial a la que se dota siempre de carácter definitivo para modificar sustancialmente el contrato de trabajo y para extinguir la relación laboral. El poder contractual del sindicato sólo es aceptado en la medida en que coincida con la decisión del empleador, con su proyecto organizativo y directivo. La decisión empresarial de carácter colectivo es la nueva fuente de creación del derecho en los lugares de trabajo.

Ese autoritarismo normativo doble – en cuanto que ignora los mecanismos de publicidad y debate en la creación de la norma y en cuanto que impone la autoridad incontestable del poder privado empresarial sobre las personas – actúa tanto en la vertiente colectiva como en la individual de garantía de los derechos de los trabajadores. El asociacionismo empresarial ha saludado esta reforma como necesaria y conveniente. De esta manera, reniega expresamente de la vía del diálogo social que parecía haber elegido hace tan sólo unas semanas con la firma del Acuerdo con los sindicatos más representativos.

El RDL 3/2012 genera fuertes dudas sobre la inserción constitucional de algunas de sus prescripciones. Se renuncia implícitamente al papel que el art. 40.2 CE asigna a los poderes públicos de llevar adelante una política orientada al pleno empleo, al anular el sistema de control administrativo y colectivo de los despidos colectivos, y es muy cuestionable que la vulneración del derecho al trabajo mediante el despido sin causa o arbitrario, se regule permitiendo en todo caso al empleador prescindir del trabajador injustamente despedido abonándole una indemnización reducida y limitada que pierde su carácter disuasorio y sancionatorio del acto lesivo del derecho constitucional al trabajo. Por otra parte, la fijación de un período de prueba de un año no sólo descausaliza esta institución – que busca verificar si el trabajador es competente para el trabajo para el que fue contratado - sino que implica una situación en la que se permite el libre desistimiento prohibido en nuestro sistema constitucional. La aplicación que realiza de la irretroactividad de la aplicación de las indemnizaciones reducidas por despido improcedente, de manera que la “rebaja” indemnizatoria comienza a contar a partir del día de publicación de la norma para los despidos de aquellos contratados con anterioridad a la misma, no respeta el principio establecido en el art. 9.3 CE. Es también llamativo la configuración de la "decisión empresarial de carácter colectivo" como una nueva fuente de producción de normas laborales que se opone de forma excluyente a la negociación colectiva, que es el instrumento que privilegia el art. 37 CE para la regulación de las condiciones de trabajo y de empleo, y que se relaciona directamente con la libertad de acción sindical protegida en el art. 28 CE. Y así sucesivamente.

Este Real decreto de urgente necesidad– cuyos contenidos concretos ya irán siendo analizados en su momento – nos aboca a una situación irremediable de conflicto social, lo que sin duda ha sido valorado como un coste asumible por parte del gobierno legislador. Quizá un daño colateral que se tiene ya amortizado, como se dice en la jerga al uso. Una situación de conflicto difuso, no sólo en el enfrentamiento frontal entre el sindicalismo y el poder público, sino en una buena parte del panorama económico y social tanto en el sector público– donde la extinción de los contratos por razones presupuestarias y de liquidez de las administraciones va a abrir la espita de los despidos en masa –como en el sector privado. Que el gobierno haya sacado la norma adelante tal como se comprometió ante los reguladores del mercado financiero europeos y la defienda con convicción fanática es una cosa, y otra es comprobar que esta (des)regulación ha hecho las delicias de los representantes de la (cada vez más) libre empresa y de la economía del mercado.

Una parte del empresariado exulta ante esta pieza legislativa expresiva de un clasismo que hace mucho tiempo no veíamos en el BOE
En efecto, una parte del empresariado exulta ante esta pieza legislativa expresiva de un clasismo que hace mucho tiempo no veíamos en el BOE. Llevados por la satisfacción que produce ser reconocidos públicamente como clase dirigente que normativiza sus deseos e intereses de forma directa, sin mediaciones ni contrapesos, demuestran su seguridad aplastante en la violencia del poder privado como única forma de encarar la regulación de las relaciones de trabajo. Confían plenamente en que el sindicalismo confederal, el único realmente organizado en los lugares de producción y en enclaves sociales muy relevantes, sea incapaz de mantener una conflictividad permanente que ponga en riesgo sus expectativas de negocio y su tasa de beneficio. Piensan posiblemente que será el espacio de la política de gobierno y el del sector público el que las fuerzas sindicales recorrerán prioritariamente, de forma que el sector privado, sobre el que pesan como losas los más de cinco millones de parados, será poco o apenas alcanzado por esa onda conflictiva. El desgaste de la reforma lo endosan por tanto al gobierno legislador y a sus recortes en el sector público, sin que se genere demasiado coste en el sector privado. Ya veremos si estas razonables previsiones se cumplen en la realidad ante una fractura social tan intensa como la que se está generando con la cooperación necesaria del empresariado español.

La situación es crítica, y la acción de los poderes públicos como salida de la crisis demuestra su alineamiento claro con el privilegio económico y el autoritarismo no sólo económico y empresarial. Ahora comienza una larga marcha de conflictividad y de crítica política que tiene que culminar en el medio plazo con la abolición de esta normativa clasista. Y que sin duda conducirá a la renovación de la acción sindical, de las formas de conflicto y de incidencia social de los sujetos sociales, en torno a un proyecto de regulación garantista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Hay que confiar en que en esa dirección los partidos políticos progresistas cooperen eficazmente. El camino es largo y es difícil, no sólo porque son muy fuertes las posiciones de los adversarios y la desigualdad entre las partes de la confrontación se incrementa cada día, sino porque el contexto cívico es muy estrecho y las carencias en la difusión generalizada de un pensamiento democrático se revelan decisivas en orden a dar la vuelta a esta situación de opresión y de domesticación del trabajo como punto de partida de una sociedad más igualitaria.


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LOS SINDICATOS CC.OO. Y UGT CONVOCAN MANIFESTACIONES EL 19 DE FEBRERO CONTRA LA REFORMA LABORAL

CCOO y UGT: "Hay razones para la huelga general pero antes se debe oír a la calle"
Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "tiene en su mano" evitar una huelga general en el proceso de tramitación de la reforma laboral.
nuevatribuna.es | | Actualizado 13 Febrero 2012 - 17:19 h. En una entrevista en la Cadena Ser, junto al líder de UGT, Cándido Méndez, Toxo ha apuntado que espera que la reunión a la que les ha convocado mañana la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sea para decir que se abre un proceso de negociación.

"Cabe la posibilidad de mejoras pero si se buscan otras alianzas para endurecerlas (...) será la ciudadanía la que marque el camino", ha advertido.

El líder de UGT, Cándido Méndez, ha criticado la actitud del Gobierno con una reforma con la que se ha "desentendido" del principal problema del país, que es el paro, y que obliga a la sociedad a dar un "triple salto mortal" en sus condiciones laborales.

Para Méndez, la reforma impone como única vía para afrontar la crisis el despido "en un país donde muchos empresarios tienen una atracción irresistible al despido, como las polillas a la luz".


"En España se han salvado muchos empleos y se ha ayudado a crear muchos con movilizaciones de la ciudadanía"
Ambos líderes sindicales señalaron que la reforma llevará a los 6 millones de parados y avanzaron que no descartan recurrir a los tribunales eventuales aspectos de inconstitucionalidad o discriminación de la reforma laboral.

No obstante, coincidieron, lo primero es una tarea de divulgación sobre el contenido y el impacto de una normativa que acaba con los derechos de los trabajadores, así como "palpar" el estado de ánimo de la ciudadanía antes de plantear nuevas acciones.

Para Fernández Toxo, hay razones para la huelga pero antes "se debe oír a la calle". "En España se han salvado muchos empleos y se ha ayudado a crear muchos con movilizaciones de la ciudadanía", subrayó el líder de CCOO.

Par el de UGT, dejar el contenido de la reforma y ponerse ahora hablar de la respuesta sería "un error" y "un flaco servicio" a la ciudadanía a la que deben demostrar que hay alternativas.

Los sindicatos han anunciado que el próximo 19 de febrero van a hacer movilizaciones para que las calles de España sean un clamor contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular.

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EL REFORMAZO DEL PP: ¿GOLPE DE ESTADO LABORAL?

El 'reformazo' del PP: ¿golpe de Estado laboral?
La mayoría absoluta del PP dio carta blanca a Rajoy para propinar un hachazo a la legislación española en materia laboral. El Gobierno se escuda en el drama del paro para imponer una reforma que sacrifica los derechos de los trabajadores y da manga ancha a los empresarios. Se abarata el despido y se facilita el descuelgue de los convenios cuya prórroga no excederá de los dos años. Y todo al margen de los sindicatos, atados de manos y pies ante el rodillo de la derecha tras su victoria en las urnas.

nuevatribuna.es | | Actualizado 11 Febrero 2012 - 13:19 h.

El "zarpazo" del PP: La reforma abarata y facilita el despido para todo el mundo. Se amplían y generalizan las causas de despido “justificado” con 20 días por año trabajado. Desaparece el contrato con indemnización por despido de 45 días por año trabajado y se sustituye por otro que lo rebaja a 33 días. Se establece el límite de indemnización en 24 meses en lugar de los 42 actuales. Se suprime la autorización previa de la autoridad laboral para los despidos colectivos, los conocidos como ERE. Prima el convenio de empresa por encima de los sectoriales y limita la prórroga de los convenios a dos años, pasado ese tiempo sin acuerdo queda sin vigor.


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Una reforma “extremadamente agresiva”, aseguraba la víspera el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la reunión del Eurogrupo. Una reforma que le puede valer al Gobierno una huelga, tal y como manifestó temer el presidente del Gobierno en Bruselas. Y no es para menos. El Ejecutivo del PP aprobó este viernes una profunda revisión de la legislación laboral en España que supondrá, en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, “un antes y un después”.

Tras un intenso Consejo de Ministros, la número dos del Ejecutivo y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, comparecieron ante los medios en el Palacio de La Moncloa para dar cuenta del contenido de la reforma aprobada de manera unilateral sin contar con los agentes sociales. Tanto Santamaría como Báñez se esforzaron en poner el énfasis en la necesidad de unos cambios que la patronal viene reivindicando desde hace tiempo escudándose en la dramática cifra del paro.


El Gobierno legisla así por encima de lo acordado por sindicatos y empresarios y rompiendo con el pacto constitucional del Estatuto de los Trabajadores de 1980. Una reforma de marcado carácter ideológico que, según ha reconocido el propio presidente del Gobierno no servirá para generar empleo este año, donde las previsiones apuntan a un aumento de las cifras de desempleo.

DA PRIORIDAD A LOS CONVENIOS DE EMPRESA

La reforma da un vuelco a la negociación colectiva dejando a los trabajadores al albur de lo que quiera el empresario. La reforma da prioridad a los convenios de empresa, de forma que, independientemente de lo que se pacte a nivel superior, se podrá consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y particularidades.

Además, se facilita a las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito superior (descuelgue). En caso de que no exista acuerdo, las partes irán a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje. De no ser así, se recurrirá a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos nacional o a sus equivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro que resolverá en un máximo de 25 días.

Por otro lado, se establece, en relación a la 'ultraactividad' de los convenios (prórroga automática de los mismos en ausencia de los nuevos) las partes deberán negociar un nuevo convenio en un plazo máximo de dos años. A partir de esa fecha, el convenio ya no estará vigente.



DESPIDO CON VEINTE DÍAS DE INDEMNIZACIÓN

La reforma, aprobada por Real Decreto-Ley, establece una indemnización por despido improcedente en el caso de los contratos indefinidos de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario.

Esto supone condenar a la extinción al contrato indefinido ordinario de 45 días por año trabajado de indemnización por despido improcedente, pues desde la entrada en vigor de la reforma ya no se podrá contratar fijo con esta modalidad, sólo con la de 33 días. Para los trabajadores que ya tengan un contrato indefinido ordinario y sean despedidos de manera improcedente, la indemnización se calculará a 45 días por año hasta la entrada en vigor de la ley y desde esa fecha, a 33 días por año.

El Gobierno ha clarificado en esta reforma las características para que las empresas puedan acogerse a despidos objetivos por causas económicas (20 días por año trabajado), aunque Báñez ha dejado claro que "habrá control judicial" de las mismas.

Así, se entenderán por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, ha precisado Báñez, se entenderá que la disminución es persistente "si se produce durante tres trimestres consecutivos".

Además, la reforma recuperará a partir del 1 de enero de 2013 el límite al encadenamiento de contratos temporales eliminado por el anterior Gobierno, y suprime la autorización laboral administrativa que se requería en los despidos colectivos. Báñez ha destacado que, dentro de la UE, esta autorización sólo estaba en vigor en España y Grecia, por lo que España es hoy "un poco más europea".

CONTRATO INDEFINIDO PARA EMPRESAS DE MENOS DE 50 TRABAJADORES

Por primera vez se permite compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con un sueldo
La reforma también contempla la creación de un nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores para potenciar la contratación, especialmente de los jóvenes, con un periodo de prueba de un año. Las empresas que se acojan a estos contratos tendrán derecho a una deducción fiscal de 3.000 euros cuando contraten a su primer trabajador, siempre que sea menor de 30 años.

Además, los emprendedores que contraten a un trabajador en paro bajo esta modalidad podrán deducirse fiscalmente el 50% de la prestación por desempleo que viniera cobrando el trabajador durante un año.

Por su parte, el trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su sueldo, el 25% de la prestación por desempleo durante el mismo periodo. Báñez ha dado mucho valor a esta medida pues, según ha destacado, "por primera vez", se permite compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con un sueldo.

Asimismo, la reforma fomentará la contratación indefinida de jóvenes de entre 16 y 30 años durante tres años con bonificaciones empresariales de hasta 3.600 euros y de hasta 4.500 en el caso de que los contratados sean parados de larga duración mayores de 45 años.

La norma crea una cuenta de formación para cada trabajador, potencia la intermediación laboral de las empresas de trabajo temporal, regula por primera vez el teletrabajo, modifica el contrato estable a tiempo parcial y también el de formación y aprendizaje.

En este punto, Báñez ha explicado que el contrato de formación podrá realizarse con trabajadores de hasta 30 años hasta que la tasa de paro no baje del 15%. Cuando ésta caiga por debajo de esa barrera, la edad máxima del contratado será de 25 años. Además, ha dicho la ministra, los trabajadores podrán formarse en las propias empresas, al estilo del modelo dual de formación.

La reforma impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación puedan realizar servicios de interés general a la comunidad y desvinculará el absentismo individual del trabajador de la media de la plantilla.

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PRIMERA VALORACIÓN DEL II ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2012, 2013 y 2014 POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL PCE

Primera valoración del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014



Secretaría del Mundo del Trabajo / 02 feb 12




En este siglo XXI y en nuestro país se han hecho 4 reformas laborales, en realidad 5 con la que se viene, casi una cada dos años y todas ellas, salvo una, sin acuerdo entre empresarios y sindicatos, por lo tanto por decreto-ley gubernamental. Todas estas reformas laborales no han conseguido sus grandilocuentes objetivos (impulsar el empleo, disminuir la temporalidad) pero si han cumplido con bastante efectividad su verdadero propósito, socavar los derechos de los trabajadores con la excusa de flexibilizar el mercado laboral. La actual reforma cubre también aspectos de la negociación colectiva, en donde la última (junio de 2011) también se resolvió por decreto-ley.

A lo largo del proceso negociador la postura de los sindicatos mayoritarios, los únicos que intervienen en el proceso, ha sido totalmente defensiva, cosa no muy comprensible, dado que se parte de dos reformas impuestas -la primera de las cuales provocó una huelga general-, sus planteamientos parecen haberse limitado al rechazo de las peores propuestas de la patronal.

La patronal ha adoptado una postura mucho más agresiva, que a grandes rasgos ha sido: la congelación salarial; la desvinculación de los salarios de la inflación y su vinculación a la situación de las empresas; la flexibilización de la mano de obra, tanto interna como externamente; la práctica eliminación de la negociación colectiva a nivel superior a la empresa; una mayor intervención de las ETT's; en la intermediación, en la contratación, en la formación, el apoyo al contrato único y el impulso del trabajo a tiempo parcial; el abaratamiento de la contratación y el despido, la disminución o eliminación de las diferentes tasas empresariales. El gobierno, que comenzó su legislatura diciendo que esta reforma era la prioridad absoluta, incluso más que el exceso del déficit, se ha limitado a decir que si no había acuerdo impondría su reforma y ahora que hay uno sobre negociación dice que el resto, el mercado laboral, lo va a hacer de forma mucho más dura pero no ha explicado ni siquiera los rasgos generales.

La situación ahora es que existe un acuerdo para la negociación colectiva y un aviso (o amenaza) del gobierno del PP de aprobar su reforma laboral en tres semanas.


De todos modos hay tres cuestiones previas que conviene recordar porque muestran la verdadera realidad del acuerdo. Las dos primeras proceden del informa de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que en sus propuestas puede enmarcar la reforma gubernamental, pero que parte de una realidad no discutible, tal reforma "debe responder a las necesidades de la sociedad en su conjunto, y no a las empresas grandes y los trabajadores protegidos" y "debe ser una reforma de calado, evitando más atajos y chapuzas que perpetúen los privilegios de algunos en detrimento de otros" (1). La tercera procede de los datos estadísticos oficiales, los asalariados cubiertos por convenios de empresa firmados a lo largo de cada año está alrededor del 7% de total, las empresas con más de 50 trabajadores son solamente el 2'5% del total (2).

El acuerdo del 24 de enero recoge en términos generales la ofensiva de las propuestas empresariales con ligeras matizaciones, prácticamente irrelevantes, de los dos sindicatos mayoritarios y está dividido en cinco capítulos -el quinto dedicado a formalidades- que repasamos muy brevemente:

1) Estructura de negociación colectiva y flexibilidad interna. Según el acuerdo, los convenios de ámbito superior a la empresa deben apostar de forma decidida por la descentralización de la misma, propiciando la negociación en la empresa y respetando los acuerdos a nivel de empresa, deberían incorporar la flexibilidad interna para hacer frente a la coyuntura, tanto en el tiempo de trabajo como en materia salarial, aceptando que los salarios tengan complementos variables en función de la situación y resultados de la empresa; la flexibilidad interna y externa se deja prácticamente en manos del empresario; y el convenio sectorial no es un acuerdo de mínimos. De hecho se pretende potenciar la negociación a nivel de empresa cuando una parte mayoritaria de dichas empresas no están en condiciones de llevarla a cabo debido a su escaso tamaño y número de trabajadores, y muchas legalmente no poseen delegados sindicales.

2) Empleo. Formación. Teletrabajo. Reestructuraciones y observatorios. Derechos de información y consulta. En el empleo el acuerdo se limita a una relación de buenas intenciones sobre mantenimiento y recuperación del empleo, fomentar el empleo indefinido y reducir la temporalidad, pero con algunos matices peligrosos, como la falta de una decidida actuación contra el encadenamiento de contratos temporales, el fomento de contratos de fijos discontinuos, la aceptación sindical de impulsar contratos fijos a tiempo parcial, el reconocimiento del teletrabajo, o el débil enfoque de las prácticas de subcontratación y reestructuración, todo lo cual indica una tendencia a aceptar la precarización dentro de los trabajadores fijos y a no frenar los incrementos de la temporalidad.

3) Criterios en materia salarial. El acuerdo contempla una práctica aceptación de la congelación salarial a lo largo de los próximos 3 años, dado los máximos de referencia en los incrementos.

4) Descuelgues negociados en la empresa. Las posibilidades de descuelgue se amplían del régimen salarial a éste más horario y distribución de la jornada, turnos, sistema de remuneración, trabajo y rendimiento y funciones, se negociarán a nivel de empresa y cuando no exista representación de los trabajadores por los sindicatos mayoritarios.

En realidad y como comentario final, para este viaje no hacían falta alforjas.

NOTAS:
1.- L. Garicano, S. Bentolila y J.J. Dolado, "Una reforma laboral de verdad" en "El País. Negocios" (15-01-2012) pg. 17. Sentado el acuerdo con esos dos principios el autor de este artículo debe señalar su absoluto rechazo al enfoque general y a la gran mayoría de las propuestas.

2.- D. Lacalle, "Hacia la enésima reforma laboral", en "Noticias Obreras" (HOAC, enero 2012).

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PRIMERAS IMPRESIONES DE LA REFORMA LABORAL POR EL DIPUTADO DE IU ALBERTO GARZÓN

Primeras impresiones de la reforma laboral
Posted on January 25, 2012 by Alberto Garzón Espinosa

Como bien se sabe, empresarios y sindicatos han llegado a un principio de acuerdo sobre la futura reforma laboral que servirá de base para que el gobierno legisle. Será una reforma laboral que, según ha comentado el propio ministro de Economía, se convertirá en el centro de la política económica del gobierno del PP. Mi compañero Coscubiela, diputado de ICV-EUiA y sindicalista de larga trayectoria, ha escrito unas notas de urgencia muy interesantes sobre la reforma. Yo quisiera copiar la idea y plasmar mis primeras impresiones.


Hay varias formas de analizar esta reforma laboral, y sin duda en la izquierda política y sindical vamos a ver ambas. En primer lugar puede analizarse desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista político. En segundo lugar, puede analizarse desde un punto de vista de capacidad de gestión o desde una perspectiva estratégica. Al fin y alcabo, la reforma laboral se enmarca en un determinado momento histórico y en una coyuntura económica muy concreta. Y por lo tanto hay diferentes interpretaciones posibles y todas ellas legítimas.

Como bien se sabe, la primera cuestión a resolver es si es pertinente o no una reforma laboral. Cuestión que engloba unas preguntas aún más importantes: ¿qué objetivo debe tener una reforma laboral? y ¿qué papel juega el mercado de trabajo en el sistema económico?


En la teoría económica el mercado de trabajo puede ser analizado desde diferentes enfoques. Los economistas neoclásicos lo ven como un espacio donde hay demasiadas “interferencias” que obstaculizan la adecuada asignación de trabajadores en los puestos de trabajo. Los sindicatos son uno de esos obstáculos, y en consecuencia también determinadas medidas que han conseguido aplicar y que instauran “rigideces” en la libre asignación de recursos. Esta perspectiva entiende que desregulando el mercado de trabajo (es decir, hacer más fácil en todos los sentidos la contratación y despido de trabajadores) se puede combatir exitosamente el desempleo. Y la variable de ajuste en esta visión es el salario. Cuanto más flexible sea el salario, más fácil será ajustar oferta y demanda de trabajo. Los economistas que se inspiran en esta teoría entienden, en definitiva, que hay que reformar el mercado de trabajo para liberar a los empresarios de sus obstáculos.

Por el contrario, parte de los economistas críticos ven el desempleo no como resultado de desajustes en el mercado de trabajo, sino como desajustes en el mercado de bienes y, concretamente, por falta de demanda. Esto quiere decir que el mercado de trabajo no tiene un papel primordial en la creación de empleo, pero sí lo tiene la actividad económica y el nivel de consumo e inversión (privada y pública). En este sentido y en un contexto de falta de demanda las reformas laborales serían por lo general inocuas. No conseguirían reactivar la economía y amenazarían, si están mal diseñadas, con un empobrecimiento de la población que agudizaría el problema.

Hasta aquí son trazos generales, obviamente. Mi opinión es que en un contexto como el actual el problema de la economía no está en el mercado de trabajo, aunque por otra parte puede aceptarse que tiene sus propios problemas, sino en otras causas que tienen que ver con la desigualdad que conduce a la falta de demanda.

Pero a continuación tenemos que valorar el papel de los sindicatos, y no sólo desde un punto de vista técnico sino también político. Esto quiere decir que no podemos detenernos a saber lo que es conveniente o no bajo la teoría, sino que también tenemos que estudiar las bases políticas que permiten tomar una u otra decisión.

Los sindicatos están hoy desprestigiados y bajo permanente ataque. Como he mencionado anteriormente, la derecha odia a los sindicatos porque en su modelo teórico el papel de los mismos debería ser reducido a la mínima expresión. Resultado de ese ataque y de la nueva configuración económica mundial dominante desde los años ochenta, los sindicatos han sufrido una derrota tras otra. Hasta el punto que muchos sectores han terminado aceptando incluso las tesis de sus adversarios. En esta coyuntura los sindicatos han pasado a una estrategia defensiva, centrando su política en resistir los brutales ataques de la derecha. El objetivo ha sido, desde hace mucho, mitigar los efectos de las políticas impulsadas por los gobiernos y las cuales siempre han atentado contra las condiciones de trabajo de los trabajadores.

Así las cosas, muchos sindicalistas han optado por mantener esa estrategia de lucha ante la reforma actual. Desde un punto de vista técnico esa lucha ha logrado históricamente importantes beneficios, puesto que esa resistencia ha permitido mantener o incluso aumentar derechos en determinadas áreas. Si bien perdiéndolos en otras. La reforma de las pensiones, por ejemplo, tuvo también sus ventajas porque permitió incrementar derechos parciales como la cotización de determinados sectores hasta entonces excluidos. Es decir, la resistencia en la negociación ha permitido mitigar los posibles efectos -aún más perversos- de una reforma laboral impuesta por una de las partes.

En este sentido cabe recordar que el sindicato negocia teniendo presente que ha de hacer presión, para lo cual es importante la movilización y la base social que le apoya. Desgraciadamente tanto el apoyo social como las movilizaciones han ido en retroceso, dejando así al sindicato peor armado.

Si bien lo arriba descrito es perfectamente cierto, hay otros elementos que no podemos olvidar. El primero de ello, que la base social que fortalece un sindicato se nutre de la acción y la coherencia. Con estrategias defensivas los sindicatos pierden poco a poco a sus propias bases, y de vez en cuando aceptando -bajo la lógica del mal menor- burradas como la jubiliación a los 67 el apoyo decae en masa. Los sindicalistas se desaniman y la población no sindicada deja de apoyar. De forma que al término de cada negociación de esta naturaleza los sindicatos se encuentran aún peor armados que antes.

Por eso yo veo dos opciones interesantes para los sindicalistas. La primera, aceptar que no hay una relación de fuerzas suficiente como para enfrentar el poder abrumador de la derecha. Eso conllevaría negociar todo lo posible y comenzar una estrategia de reorganización que permita recuperar fuerzas y plantear una ofensiva en los próximos años. La segunda opción, renunciar a negociar y aceptar que es mejor que se gobierne por decreto a participar en un proceso que te hiere. La negociación te hace partícipe, y es una guerra que nunca se ganará en las actuales condiciones. Así, un plan estratégico debería pasar por reconstruir la base social reconcilíandote con ella.

Yo no soy partidario de esta reforma laboral, que entre otras cosas centra el papel en la moderación salarial. Soy más bien partidario de fortalecer a los sindicatos lo máximo posible, porque son indispensables para la salida a la crisis y para la superación del sistema político y económico. Pero para fortalecer hay que tomar las decisiones adecuadas, no sólo las técnicas sino también las políticas.

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