domingo, 26 de febrero de 2012

HAY QUE DAR UNA RESPUESTA CONTUNDENTE









HAY QUE DAR UNA RESPUESTA CONTUNDENTE .

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Salvador López Arnal entrevista a Pedro Montes, Presidente de Socialismo 21


"Se requiere de la izquierda y los trabajadores la respuesta más contundente que se pueda dar"


Me gustaría preguntarte sobre el Real Decreto ley de “medidas urgentes para la reforma del mercado laboral” del pasado 10 de febrero de 2012. Antes de ello, unas cuestiones para situarnos. ¿Cuál es la situación a grandes rasgos de eso que llaman “mercado laboral”?

El mercado laboral es el ámbito donde se negocia el precio y las condiciones de una mercancía llamada “fuerza de trabajo”. En nuestro país, con más de 5 millones de parados, una precariedad altísima sin comparación con la del resto de los países de la Unión Europea, un ritmo de destrucción de empleo pavoroso, una recesión económica ya cantada, sin perspectiva alguna de que la crisis vaya a remitir y menos a remontarse, determinan unas condiciones para los trabajadores en ese mercado laboral tan desfavorables que todos son retrocesos.

Además los sindicatos mayoritarios hace tiempo que se olvidaron de concienciar a la clase obrera de su gran poder, de unir a los trabajadores y de luchar consecuente y firmemente por sus derechos. Cabe añadir, que la burguesía y los gobiernos que para ella trabajan, insaciables como son, tienen la presión de los imperativos de la Europa de Maastricht, en la que son los derechos laborales y sociales el instrumento para tratar de mejorar la competitividad de una economía que, ciertamente, no está en condiciones de sobrevivir en la zona euro.

El paro en España no es algo nuevo. Comparado con otros países de nuestro entorno, las cifras españolas destacan siempre negativamente en general. ¿Por qué? ¿Qué problemas tiene la economía española para generar empleo y empleo de calidad?

El paro nuestro país siempre ha sido comparativamente mucho más elevado que en el resto de los países europeos. Hay razones históricas que lo explican cómo el abandono de la agricultura por los trabajadores del campo, sector que embolsaba la mano de obra excedentaria; la incorporación de la mujer a la población activa con retraso con respecto a Europa; la vuelta de emigrantes que tuvo lugar al tras desatarse la onda larga recesiva de la economía capitalista a partir de los años 70. Más recientemente, habiendo sido la construcción el sector más dinámico en los últimos años de expansión económica, el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria ha generado una destrucción de empleo enorme. Por lo demás, la paralización está sufriendo la economía por la falta de crédito está llevando a muchas empresas razonablemente rentables y productivas a desaparecer, con un impacto muy fuerte sobre el empleo. Añádase el de la crisis financiera de las administraciones públicas sobre el empleo y los servicios públicos y tenemos ya los datos básicos de la situación actual del empleo.


¿No hay muchos trabajadores que figuran en las listas del paro o en las encuestas a la población activa pero que, realmente, no están desempleadas sino que trabajan en lo que suele llamarse “economía sumergida”?

Es un tema este que se comenta con frecuencia como explicación a la relativa paz social que existe frente a las terribles cifras oficiales de paro. No alcanzo a calibrar el nivel de la economía sumergida, por eso se llama sumergida. En un intento de ser ecuánime podría decir que debe haber bastante gente tratando de sobrevivir como pueda en unas circunstancias tan dramáticas de paro. Pero al mismo tiempo, aparte de las cifras oficiales que no veo la razón para poner en duda, todo el mundo tiene ya la sensación de que el paro es abrumador y afecta a casi toda la población de un modo directo o indirecto. Por lo demás en concursos, oposiciones, anuncios de empleo, la masa que acude pone de manifiesto la terrible situación del paro. Es un subterfugio inadmisible de los poderes públicos recurrir a la economía sumergida para eludir la responsabilidad que tienen de que más del 25% de la población activa se encuentre en paro. No hablemos de la tasa del 50% de los jóvenes.

Voy al decreto. Socialismo XXI, una asociación que creo presides, ha señalado que el gobierno del Partido Popular ha asestado un terrible golpe a los derechos de los trabajadores, al menguante “Estado del bienestar” y, en consecuencia, a la Democracia. ¿Por qué a la democracia?

La democracia se entiende como el ejercicio del poder por el pueblo. Pero si en una sociedad de clases, una de ellas, amparándose en aspectos formales, como la mayoría actual que posee el PP en el parlamento por una antidemocrática ley electoral, o por aspectos más profundos como la debilidad que he señalado de los trabajadores en estos momentos, adopta medidas que rompen el marco de las relaciones laborales vigentes y atentan contra derechos establecidos, con ello se acentúan gravemente los rasgos no democráticos de la sociedad. Cuanto más igualitaria sea la sociedad más democrática se la puede considerar, y el decretazo profundiza agudamente las desigualdades. Una democracia en la que unos lo pueden todo, o se les concede todas las ventajas, y otros quedan al albur de los que manda sin otra opción que aguantar o abandonar, sencillamente, no es una democracia. El “lo llaman democracia no lo es” es más que un eslogan de protesta.

Dime los principales golpes que el decreto ha asestado a los trabajadores.

Evítame repasar las nefastas consecuencias que el decretazo tiene, porque excelentes estudios circulan por la red, más completos y afinados de lo que yo pudiera comentarte. Además, aparte de los cambios más groseros, el decretazo tiene una gran complejidad y muchos recovecos y trampas legales que es necesario expurgar por especialistas. De modo esquemático te diré: en primer lugar, se atenta contra derechos básicos de los trabajadores, muy en particular a todo lo referido a los despidos individuales y colectivos. En segundo lugar, en el seno de la empresa se otorga a los empresarios un poder descomunal –jornada, salarios, funciones, etc.- por el que quedan los trabajadores sometidos a unas condiciones tan leoninas y miserables que la semejanza con la esclavitud tiene sentidos. En tercer lugar, se ataca frontalmente a los sindicatos, que después de todo y a pesar de sus dirigentes, son organizaciones de la clase obrera. La negociación colectiva queda arruinada y la descomposición de la unidad de los trabajadores asegurada. El tema de la falta de autorización para los EREs da un gran poder a los empresarios y anula el poder negociador de los sindicatos. Como te digo, el decretazo encierra tales efectos destructivos y corrosivos sobre el marco actual de los derechos y las relaciones laborales, que con toda legitimidad se puede hablar de un antes y después, se trata de un cambio social cualitativo.

Habláis del PP pero ha habido otros partidos que no han puesto ninguna pega a esta infamia. CiU es un ejemplo destacado.

Burguesía catalana, pero burguesía. Aparte la recomposición de relaciones que están llevando entre el PP y CiU para gobernar cómodamente en Madrid y Cataluña. Da envidia la derecha: después del decretazo, los patrones dicen que va en la buena línea, para indicar que ellos tienen más reivindicaciones. CiU, lo acepta, pero tiene más reclamaciones. Y puestos a pedir algo significativo que mejor que modificar la legislación sobre la huelga, para de este modo maniatar a los trabajadores, impedir sus luchas y protestas, y atizarles duro inmovilizados. Sería bueno aprender de la derecha, que aun negando la lucha de clases la práctica con vehemencia y sin miedo a las críticas.

¿Crees que el decreto degrada aún más una Constitución agotada y deslegitimada?

Si, la constitución fue un producto de la relación de fuerzas en el momento de redactarse, y a lo largo del tiempo ha ido degradando sus componentes sociales, aunque fuesen formales, eso de la economía social de mercado, o de la importancia de lo público, o de cierta planificación. El neoliberalismo no está impregnado de humanismo. Con el alevoso cambio que sufrió el año pasado, por imperativo de los poderes económicos europeos, se amortizó totalmente la vertiente social y quedó deslegitimada porque no fue votada por los ciudadanos, sino por los parlamentarios del PSOE y del PP. El decretazo supone la ruptura de un determinado equilibrio de las relaciones sociales que sobre el papel recogía la constitución. Hace tiempo que murió y ahora está lista para su entierro. Así lo empiezan a sentir amplios sectores sociales que impulsan ya un nuevo proceso constituyente.

Refútame el siguiente argumento: si disminuimos los derechos –los privilegios dicen algunos- de los trabajadores, si ayudamos a las pequeñas empresas con una fiscalidad menor (o casi nula en ocasiones), si rompemos los convenios de sector que son bridas que encorsetan, entonces se animarán los empresarios, contratarán a más, a mucho más trabajadores, aunque sea con menor sueldo y con derechos demediados. Entre la nada y el cuatro, lo segundo es mejor opción. El empresariado español es así: o nos vamos a China o que trabajen como los chinos.

Todo eso encierra un conjunto de argumentos que es fácil demostrar que son falsos, y tan falsos son que el propio gobierno ha tenido que reconocer que la reforma decretada no creará empleo en los próximos tiempos. Cuando cambien las circunstancias dice, pero cuando cambien las circunstancias ello no demostrará que era preciso hacer la reforma. Hay un grave problema de competitividad de la economía española que no se resuelve con salarios más bajos y mayor explotación. Hay un problema igualmente de falta de liquidez que por bajos que sean los salarios no llevan a aumentar el empleo. La demanda está hundida, las nuevas condiciones laborales la hundirán aún más, y en esas condiciones no se creará más empleo. Como estoy seguro de que la crisis ha venido a quedarse, dejemos que sea el tiempo el que refute las esperanzas de los más simples de espíritu que creen los argumentos de los apóstoles del neoliberalismo.

¿Qué podemos hacer? ¿Hay que convocar una huelga general?¿Cuándo? ¿Quiénes?

Unos cambios tan profundos y desfavorables como introduce el decretazo, que se inserta además en una política de ajustes y recortes y en una agresiva y reaccionaria política social e ideológica, requieren de la respuesta más contundente que pueda hacer la izquierda y los trabajadores. La sociedad española no es especialista en huelgas generales, estamos desentrenados y faltos de gimnasia, pero no se me ocurre otra medida que esté a la altura de las circunstancias y que al mismo tiempo sea posible alcanzar. Se puede lograr una extraordinaria huelga general, que sirva para compensar y balancear la agresiva política de la derecha. Los sindicatos mayoritarios están muy desprestigiados. Cabe recordar aún el respaldo a la ley de pensiones y la reciente firma del acuerdo con la patronal, con cesiones salariales imperdonables y mucha de la flexibilidad otorgada a los empresarios ahora en el decretazo. Ellos solos no están en condiciones de conseguir una huelga general, que no se siquiera si están dispuestos a intentarla. En nombre de todos los trabajadores han firmado ese acuerdo, pero no se han atrevido en nombre de todos los trabajadores a convocar ya la huelga general. No obstante, hay que en el conjunto de la sociedad bastante indignación, deseos de lucha, y relativa capacidad de movilización, como se ha visto en algunas luchas sectoriales y algunas manifestaciones en Madrid o Barcelona por ejemplo, que permiten pensar que se bien organizada la preparación de la huelga, surgiría una gran lucha que marcaría un nuevo por periodo político para la izquierda. Los sindicatos deberán revestirse de modestia y saber que el seguimiento social a la huelga no es por ellos sino a pesar de ellos. Las fuerzas de la izquierda y los movimientos sociales no tienen nada que agradecer a las direcciones de los sindicatos, me refiero todo el tiempo a las direcciones de CCOO y UGT, pero el movimiento obrero es necesario para dar la respuesta contundente que las circunstancias nos reclaman. Así que si se logra unir a toda la izquierda, sindicatos por supuesto incluidos, cabe esperar la convocatoria de una muy exitosa huelga general, que no debe ser más que el inicio de un período esperado y necesario de luchas sociales. Por lo demás, Euskadi y en Galicia se están convocadas huelgas generales para el día 29 febrero. Ese es el camino.

Grecia ha hecho quince huelgas generales. ¿Qué han conseguido? Apenas nada dicen algunos. ¿Para qué repetir el mismo error?

Estoy seguro que no me quieres argumentar, como en su momento hicieron algunos descerebrados sindicalistas para justificar la desmovilización, que ni los griegos ni los españoles hemos conseguido nada pero al menos nosotros nos hemos evitado el esfuerzo de haberlo intentado.

No, no quiero argumentar una barbaridad así.

Está muy bien que traigas a colación el ejemplo de Grecia, porque Grecia nos queda mucho más cerca de lo que piensan las clases dirigentes este país y muchos españoles. NI el caso de la tragedia griega está cerrado, ni la crisis española tiene visos de superarse. Como se diría popularmente, queda mucha tela que cortar todavía en ambos países. Y te devuelvo entonces la pregunta: ¿qué es preferible un país luchador, unos trabajadores combativos y con conciencia o un país apagado, resignado y sin afán de lucha?

Se oyen voces que hablan de inconstitucionalidad del decreto. ¿Es así en tu opinión? ¿Por qué? ¿Crees que hay que abonar también esa vía jurídica de oposición?

No soy un experto para saber a ciencia cierta si esa vía es explotable. El decretazo tiene muchos matices y no es improbable que contenga algunos aspectos inconstitucionales. He leído que algunos Inspectores de Trabajo ven en el “contrato Rajoy”, el de los con un año de prueba, elementos inconstitucionales, pero debe haber más, que irán surgiendo del análisis detallado del decreto. Y no tengo duda de que haya que plantear cuantos recursos tengan una base jurídica sólida, siempre que ello no signifique trasladar la lucha de la calle a los tribunales. De tener éxito, sería un golpe político muy fuerte al gobierno y un respaldo moral a todos lo que se sumaran a las movilizaciones contra el “decretazo”.

Por lo demás, desde un punto de vista empresarial, ¿el derecho despeja el campo para la productividad, las ventas, la financiación y el crecimiento económico?

Esto lo dejo sin contestación. Creo que rompe la línea de las últimas preguntas, ya de carácter apolítico, y en parte está contestado con la respuesta a si la reforma generará empleo.

De acuerdo, tienes razón, no me he lucido mucho con ella. Recogí un comentario que he leído en algunas páginas. Gracias por tus respuestas.


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