Hechiceros de la economía, PYMES y empleo

Alberto Garzón

Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para los países de la eurozona son el mejor reflejo de una política económica inspirada más en la ideología –en el modelo de sociedad que se pretende alcanzar- que en los datos económicos. Y sorprende porque precisamente lo que se vende es lo contrario, es decir, que estamos ante políticas neutrales desde el punto de vista ideológico y puestas en marcha por tecnócratas ajenos al juego político. Obviamente, nada más lejos de la verdad.
Por un lado, estas políticas estén resultando contraproducentes de acuerdo con los objetivos oficiales de creación de empleo y recuperación del crecimiento económico. Las recomendaciones oficiales del FMI –que es parte de la llamada troika- se recargan de retórica económica para anunciar que, en caso de seguir sus instrucciones, devendrá la esperada y deseada salida de la crisis. Pero en realidad nunca llega tal meta. Baste un ejemplo entre tantos. En el año 2010 el FMI anunció que Grecia decrecería un 2’6% en 2011 y que saldría de la crisis en 2012 creciendo al 1’1%. Hoy sabemos que Grecia decreció un 6’9% en 2011 y otro 6% en 2012. No parecen atinar muy bien estos expertos.
Por otro lado, estas políticas están enmarcadas en lo que se ha convenido en llamar planes de ajuste. Estos planes de ajuste se caracterizan por exigir la consolidación fiscal (reducción de la deuda pública, reducción del gasto público e incremento de los impuestos indirectos), el control de la inflación, reformas en el mercado de trabajo (reducción salarios públicos, reducción poder sindicatos, reducción prestaciones por desempleo) y reformas sociales (fragmentación educación, elevación edad jubilación, etc.). Hablamos del mismo tipo de políticas aplicadas en los años 80 en América Latina, entonces bajo el abrigo del llamado “Consenso de Washington” y que empujaron al continente entero a lo que luego se llamó la “década perdida”.


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LA PRIMERA DERROTA POLÍTICA DEL PP EN EL CAMINO DE LA HUELGA GENERAL

Reino de España: la primera derrota política del PP en el camino de la huelga general
Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós · · ·

26/03/12








Los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias son la primera derrota política del Gobierno Rajoy a cien días escasos de obtener la mayoría absoluta en las elecciones generales del 20-N. La ofensiva de contrarreformas neoliberales impuesta en estos tres meses por el PP ha chocado con una removilización inicial de la izquierda, en el marco de la preparación de la huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de marzo, que le permitirá mantener el gobierno regional andaluz.



La creciente abstención –diez puntos más en Andalucía y once en Asturias— parece haber afectado esta vez más al bloque electoral de la derecha que a las izquierdas. De ser así, se confirmaría la tesis de que las drásticas medidas de ajuste neoliberal anunciadas e incipientemente aplicadas por el Gobierno Rajoy –señaladamente, la brutal contrarreforma laboral, que deja al trabajo asalariado literalmente a merced del capricho empresarial—, no sólo ha despertado todas las alarmas en las bases sociales tradicionales de la izquierda política, sino que ha comenzado ya a erosionar la propia base electoral interclasista de la derecha.



Rajoy se encuentra ahora atrapado entre una Unión Europea que exige acelerar el ritmo del ajuste neoliberal para "dar garantías a los mercados" (Monti dixit) y evitar una nueva erupción de inestabilidad en el conjunto de la zona euro, y las consecuencias económicas suicidas que eso trae consigo, que no pueden pasar desapercibidas ni siquiera por su propia base social. La búsqueda de una fórmula de equilibrio que amortiguara el ajuste del déficit fiscal en 2012, dejándolo en un 5,8% para alcanzar el 3% en 2013, no sólo ha sido tajantemente rechazada por la UE, sino que ha decidido intervenir directamente las finanzas españolas con el envío de "misiones técnicas" a Madrid y la imposición del objetivo del 5,3%. El intento amortiguador ha sido, además, desautorizado por los propios mercados financieros, que han disparado la tasa de interés de la deuda al 5,5% e impuesto un diferencial de la prima de riesgo superior al italiano. Del otro lado, están la izquierda social, con su convocatoria de huelga general del 29-M, y la izquierda política, que acaba de obtener un triunfo inesperado en Andalucía, y en menor medida, en Asturias. Si las elecciones en Andalucía fueron en buena medida planteadas por el PP en Madrid como un plebiscito a favor de unas políticas contrarreformistas tan necias económicamente, como injustas socialmente, lo menos que cabe decir es que lo ha perdido rotundamente.




El análisis de los resultados electorales debe hacerse, sin embargo, a partir de la realidad social y política de cada autonomía. En Andalucía, el PSOE ha gobernado ininterrumpidamente durante 30 largos años. A pesar de ello, de los terribles y pintorescos escándalos de corrupción de los EREs falsos y del evidente estado de descomposición de una arraigadísima red clientelar a causa de la aplicación de políticas socioliberales, lo cierto es que los socialistas, aun perdiendo nueve de sus 56 escaños, han logrado mantener una parte sustancial de su electorado. El dato más significativo es que el PP de Arenas ha perdido en cambio, más de 420.000 votos desde las elecciones generales del 20-N, votos desafectos o desmovilizados que le habrían dado la mayoría absoluta augurada por casi todas las encuestas (1). El PP andaluz consigue así una victoria pírrica: aumenta el número de sus diputados en tres, hasta los 50, y supera en votos al PSOE, pero no podrá formar gobierno. En el campo de la izquierda política se produce un crecimiento muy importante de IU, que dobla sus diputados autonómicos de 6 a 12, con un trasvase, esta vez sí, significativo de votos del PSOE.



El contexto político ha cambiado en Andalucía. Griñán -que se alineó con Carme Chacón frente a Rubalcaba en el reciente congreso del PSOE- propugnaba ya un distanciamiento explícito respecto de la herencia de Manuel Chaves en Andalucía y de Zapatero en el Reino de España. Ahora podrá seguir gobernando, pero sólo con el apoyo de IU, lo que por fuerza le obligará a un ulterior distanciamiento de las políticas socio-liberales del PSOE. Lo que eso augura es una polarización social y política cada vez más aguda: la tasa de paro en Andalucía es del 31,23%, lo que explica la importancia del debate sobre las ”subvenciones”. IU tiene ahora por delante el difícil debate, que la divide desde hace años, de como materializar su determinante peso electoral: o entrando en el gobierno autonómico o sosteniendo a Griñán desde el parlamento andaluz. Afortunadamente, hay que descartar en este sentido una repetición de los errores de IU en Extremadura o Álava, que sólo han favorecido al PP (y al pretendido voto útil al PSOE). IU puede y debe condicionar las políticas del PSOE andaluz, combinando una política de movilización unitaria de toda la izquierda contra las ineficaces e injustas políticas de ajuste del gobierno central con una profunda transformación de las estructuras del gobierno regional andaluz, en ruptura clara, terminante y sin contemplaciones con la corrupción y el clientelismo del PSOE de Chaves y Pizarro.



La formación de un gobierno de Griñán sostenido parlamentariamente por IU, o de un gobierno en coalición del centroizquierda y la izquierda andaluces, permitirá a las izquierdas intervenir directamente en el debate institucional sobre la crisis fiscal del estado de las autonomías, un debate hasta ahora monopolizado por el govern de CiU en Cataluña (2). Eso, hay que decirlo, tendrá una importancia estratégica esencial en los próximos años. Reformular la defensa de un gasto social transferido a las autonomías sin financiación suficiente atendiendo al hecho diferencial nacional -que también existe en Andalucía, aunque de manera distinta a Cataluña- es un reto para toda la izquierda.



En cuanto al conjunto del PSOE, Griñán se convierte en el único “barón” regional –el léxico autodescriptivo que asumen sin mayor problema lo dice casi todo— con poder institucional, y en alternativa a Rubalcaba. Aun si se diera un pacto inicial de no agresión, las orientaciones políticas de uno y otro tenderán a chocar por las presiones distintas que las condicionan.



Las elecciones asturianas han sido consecuencia de la división de la derecha regional en 2011 en dos bloques, en el momento mismo de su ascenso electoral tras la crisis del gobierno de centroizquierda. El Foro Asturias (FAC) del "general secretario" del PP, Álvarez Cascos, y el PP, reconstituido desde Madrid, de Mercedes Fernández se han arrastrado a una lucha de aparatos que, incapaces de reconstruir la unidad de su bloque social, les ha forzado a convocar otras elecciones autonómicas apenas diez meses después. A pesar de que el PSOE sigue perdiendo número de votos, las dos fuerzas de la derecha pierden más. Como consecuencia, el FAC contará con tres diputados menos –pasa de 16 a 13 escaños—, y cede el puesto de primer partido al PSOE (32%), que suma un escaño más a sus 15 iniciales. Pero el PP, que había provocado las elecciones para imponerse en la derecha asturiana, se queda como estaba: con 10 diputados y tercer partido del Principado, habiendo conseguido tan sólo prolongar la inestabilidad política regional y dar un respiro al PSOE para recomponerse en el nuevo marco de enfrentamiento a la derecha: el socialismo sigue siendo mayoritario en todos los núcleos urbanos, a excepción de Oviedo (PP). De nuevo, quien más rentabiliza políticamente esta situación es IU, que sube cuatro puntos y consigue un escaño más, que pesará en el proceso de reconstrucción de la izquierda astur. UPyD logra por primera vez un escaño, con un voto que parece venir del espacio electoral del PSOE.



La disyuntiva para el PP asturiano es reconocer que ha perdido su pulso con Álvarez Cascos y aceptar sus condiciones para formar un gobierno conservador, o mantener un enfrentamiento de aparatos que permitiría la constitución de un gobierno minoritario e inestable del PSOE para desgastarle y volver a repetir el pulso en unas previsibles elecciones anticipadas a medio plazo. No parece que vaya a ser el caso. El aparato central del PP está por estabilizar cuanto antes una situación que se le ha ido de las manos, y que su base social no entiende, aunque traslade el conflicto de aparatos al interior del PP en menoscabo de la "mayoría marianista". Si no se produce en las próximas horas un último desplazamiento electoral como consecuencia del voto emigrante (3), habrá un gobierno bipartito de la derecha en Asturias, frente a una oposición de izquierdas removilizada, con más peso de IU, y a solo tres escaños de poder tener su propia mayoría absoluta. De nuevo, el escenario es de una mayor polarización y conflictividad social.



La pretendida "inutilidad" de la huelga general machaconamente propagada por los altavoces mediáticos de la derecha se ve de nuevo desmentida.



Lo cierto es que la convocatoria sindical de una huelga general para el próximo 29 de marzo sirvió ya, primero, para obligar al PP a revisar a la baja sus objetivos de ajuste presupuestario en un punto y medio, provocando un desencuentro del gobierno español con la UE y limitando sus apoyos internacionales.



Después, ha auspiciado una removilización de la izquierda social, que es el elemento determinante para entender el doloroso fracaso electoral del PP, sobre todo en Andalucía.



Estas consecuencias ex ante, si así puede decirse, de la convocatoria de huelga general alimentan retroactivamente la propia preparación de la huelga general del 29-M. Y a todo eso, claro, habrá que sumar los efectos post factum de la huelga: por lo pronto, limitará el margen de maniobra del gobierno Rajoy, tensando más sus relaciones con la UE.



Las "reformas estructurales" que la derecha –española y europea— considera imprescindibles para alterar a su favor la correlación de fuerzas y el modelo social de bienestar ahora en crisis, no son compatibles con el mantenimiento de un bloque social y político mayoritario como el que, junto con la abstención del electorado de izquierda, asqueado del PSOE social-liberal de Zapatero y Rubalcaba, posibilitó la victoria de Rajoy el 20-N. La lección a medio plazo nos parece obvia: un bloque interclasista mayoritario no puede mantenerse aplicando las políticas neoliberales. Por eso la resistencia, la huelga general del 29-M, exigen una ruptura radical con esas políticas: sin esa ruptura, no es concebible la reconstrucción de la izquierda política que hoy nos anuncia el ascenso electoral de IU, un ascenso imprescindible, pero insuficiente todavía, para las tareas que tenemos por delante.



NOTAS:



(1) No así la del CIS de febrero del 2012 (www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2920_2939/2931/Ft2931.pdf ), que mostraba una clarísima orientación hacia la izquierda y el centroizquierda del electorado andaluz, además de revelar una clara desconfianza de ese electorado hacia el candidato del PP, Arenas, todo lo cual ponía ya en cuestión la posibilidad de una mayoría absoluta del PP.

(2) El Gobierno vasco de Patxi Lopez, apoyado y sostenido por el PP de Basagoiti, ha sido incapaz, por razones obvias, de cumplir este papel, que sigue jugando el PNV a través de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados con su apoyo o abstención al presupuesto central a cambio de mantener el margen de autonomía que supone el Concierto económico vasco. Las próximas elecciones autonómicas vascas, que darán una clara mayoría a las fuerzas nacionalistas, la derecha del PNV y la izquierda de Amaiur, supondrán con toda seguridad un cambio en esta situación, aunque el marco del concierto económico permite una mayor autonomía fiscal que el mecanismo de financiación autonómico.

(3) Cuando redactamos esta nota aún está en liza un escaño en el occidente asturiano por los votos de la emigración. El PSOE podría obtener un escaño adicional (17) a costa del PP, lo que abriría el escenario de una hipotética mayoría de una coalición PSOE-IU-UPyD.



Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.






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29F: LOS SINDICATOS LLAMAN A LA MOVILIZACIÓN EN EUROPA Y ESPAÑA CONTRA LOS RECORTES SOCIALES Y LA REFORMA LABORAL

29F: CCOO y UGT llaman a la movilización contra los recortes sociales
Con motivo de la Jornada de Acción Europea en defensa del Empleo, los Servicios Públicos y la Justicia Social



España | Tercera Información | 28-02-2012 |

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado el 29 de febrero una Jornada de Acción, para que los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea puedan expresar su rechazo a las políticas que las autoridades europeas están imponiendo y su apoyo a las alternativas del movimiento sindical para salir de la crisis.

CCOO y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que participen en las movilizaciones y actos que se celebren en todo el Estado, el próximo 29 de febrero, con motivo de la Jornada de Acción Europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en defensa del empleo, los servicios públicos y la justicia social, y también en nuestro país contra la reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP. Con estas movilizaciones, los sindicatos quieren mostrar su firme oposición a las políticas de austeridad, ajustes presupuestarios y recortes sociales que llevan impulsando, desde hace dos años, las instituciones y Gobiernos europeos como única respuesta a la crisis, y que se están materializando, tanto en España como en la UE, en más paro y en importantes recortes de derechos laborales y sociales, así como en un aumento de la pobreza y la desigualdad.

Rechazo al nuevo Tratado y a las políticas de juste y recortes sociales

Desde mayo de 2010, las instituciones de la UE están imponiendo políticas de austeridad, ajustes presupuestarios, recortes sociales y las llamadas reformas estructurales, especialmente en los mercados laborales. Estas políticas, cuyos objetivos declarados eran ganar la confianza de los mercados para que los Estados pudieran financiarse con tipos de interés bajos y reducir los niveles de déficit y deuda públicos en un corto espacio de tiempo, han resultado un completo fracaso. La crisis de las deudas soberanas se ha extendido y hecho más aguda. Hoy, la prima de riesgo de la deuda pública española es más del doble de la que había en abril de 2010 y ha llegado a ser tres veces mayor en los peores momentos de inestabilidad financiera. Los objetivos de reducción de los déficits públicos tampoco pueden cumplirse, a pesar de los brutales recortes presupuestarios, o precisamente por ellos.

Los daños colaterales de estas políticas son dramáticos: se ha pasado de la recuperación de la economía a una nueva recesión en toda la UE, el paro ha aumentado, lo mismo que la pobreza y la desigualdad. La crisis ha pasado a ser, también, social y política.

Existen alternativas


El sindicalismo europeo ha presentado alternativas a políticas “tan injustas como fracasadas”. Frente a la crisis de las deudas soberanas proponen: emisión de eurobonos, reforma del Banco Central Europeo, impuesto a las transacciones financieras; supresión de los paraísos fiscales; regulación del sistema financiero para que los poderes públicos gobiernen a los mercados y no al revés como hoy sucede, etc. Frente a la recesión económica y el paro detallan: plan europeo de inversiones en economía sostenible, programa europeo de empleo juvenil, ampliación de los plazos para la reducción de los déficits públicos, etc. Frente a las contrarreformas estructurales piden: un Nuevo Contrato Social Europeo para renovar y reforzar los pilares del Modelo Social Europeo y preservar el Derecho Laboral y la negociación colectiva. Y, frente al modelo antidemocrático del nuevo Tratado: gobierno económico de Europa que tenga también competencias sobre impuestos y persecución del fraude fiscal, que priorice el empleo y el crecimiento sostenible, que se ocupe de las políticas industrial, energética y medioambiental, y que responda ante el Parlamento Europeo.

No a la reforma laboral

El Gobierno del PP acaba de aprobar por Decreto-Ley, sin consulta alguna con los interlocutores sociales, una reforma laboral que supone, a razón de los sindicatos, “el mayor ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en democracia.” Esta reforma laboral facilita y abarata el despido: la mayoría podrán ser considerados procedentes, con 20 días de indemnización por año trabajado, y la indemnización de los improcedentes se rebaja de 45 a 33 días y su tope de 42 a 24 meses. Se suprime la autorización administrativa para los ERE y se abre la puerta para despedir a los contratados laborales fijos de las Administraciones Públicas. Se permite el despido procedente de trabajadores en baja justificada por enfermedad. El nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, especialmente bonificado, tendrá despido libre y gratuito durante el primer año. Este contrato junto con el nuevo, y también precario, de formación para jóvenes desmienten todo lo dicho sobre la necesidad de reducir los tipos de contrato. También se degrada el contrato a tiempo parcial permitiendo que el empresario modifique unilateralmente su jornada.

Uno de los peores capítulos de la reforma es el que se refiere a la negociación colectiva. Vulnerando en cuestiones clave el acuerdo recién suscrito entre CCOO, UGT y CEOE-CEPYME, concede al empresario la capacidad para modificar unilateralmente todo lo pactado en el convenio, incluidos los salarios, equiparando las causas de descuelgue a las del despido objetivo. Toda la nueva norma está orientada a individualizar las relaciones laborales, potenciar el convenio de empresa –debilitando los convenios sectoriales– y reforzar al máximo la capacidad de decisión unilateral de los empresarios para fijar las condiciones de trabajo, limitando la capacidad de acción de los sindicatos para defender a los trabajadores y trabajadoras.

La imagen del ministro Guindos diciendo servilmente al comisario Rehn que la reforma “va a ser extremadamente agresiva… te va a gustar” lo dice todo sobre las relaciones entre el Gobierno de España y las autoridades europeas.


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HAY QUE DAR UNA RESPUESTA CONTUNDENTE

HAY QUE DAR UNA RESPUESTA CONTUNDENTE .

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Salvador López Arnal entrevista a Pedro Montes, Presidente de Socialismo 21


"Se requiere de la izquierda y los trabajadores la respuesta más contundente que se pueda dar"


Me gustaría preguntarte sobre el Real Decreto ley de “medidas urgentes para la reforma del mercado laboral” del pasado 10 de febrero de 2012. Antes de ello, unas cuestiones para situarnos. ¿Cuál es la situación a grandes rasgos de eso que llaman “mercado laboral”?

El mercado laboral es el ámbito donde se negocia el precio y las condiciones de una mercancía llamada “fuerza de trabajo”. En nuestro país, con más de 5 millones de parados, una precariedad altísima sin comparación con la del resto de los países de la Unión Europea, un ritmo de destrucción de empleo pavoroso, una recesión económica ya cantada, sin perspectiva alguna de que la crisis vaya a remitir y menos a remontarse, determinan unas condiciones para los trabajadores en ese mercado laboral tan desfavorables que todos son retrocesos.

Además los sindicatos mayoritarios hace tiempo que se olvidaron de concienciar a la clase obrera de su gran poder, de unir a los trabajadores y de luchar consecuente y firmemente por sus derechos. Cabe añadir, que la burguesía y los gobiernos que para ella trabajan, insaciables como son, tienen la presión de los imperativos de la Europa de Maastricht, en la que son los derechos laborales y sociales el instrumento para tratar de mejorar la competitividad de una economía que, ciertamente, no está en condiciones de sobrevivir en la zona euro.

El paro en España no es algo nuevo. Comparado con otros países de nuestro entorno, las cifras españolas destacan siempre negativamente en general. ¿Por qué? ¿Qué problemas tiene la economía española para generar empleo y empleo de calidad?

El paro nuestro país siempre ha sido comparativamente mucho más elevado que en el resto de los países europeos. Hay razones históricas que lo explican cómo el abandono de la agricultura por los trabajadores del campo, sector que embolsaba la mano de obra excedentaria; la incorporación de la mujer a la población activa con retraso con respecto a Europa; la vuelta de emigrantes que tuvo lugar al tras desatarse la onda larga recesiva de la economía capitalista a partir de los años 70. Más recientemente, habiendo sido la construcción el sector más dinámico en los últimos años de expansión económica, el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria ha generado una destrucción de empleo enorme. Por lo demás, la paralización está sufriendo la economía por la falta de crédito está llevando a muchas empresas razonablemente rentables y productivas a desaparecer, con un impacto muy fuerte sobre el empleo. Añádase el de la crisis financiera de las administraciones públicas sobre el empleo y los servicios públicos y tenemos ya los datos básicos de la situación actual del empleo.


¿No hay muchos trabajadores que figuran en las listas del paro o en las encuestas a la población activa pero que, realmente, no están desempleadas sino que trabajan en lo que suele llamarse “economía sumergida”?

Es un tema este que se comenta con frecuencia como explicación a la relativa paz social que existe frente a las terribles cifras oficiales de paro. No alcanzo a calibrar el nivel de la economía sumergida, por eso se llama sumergida. En un intento de ser ecuánime podría decir que debe haber bastante gente tratando de sobrevivir como pueda en unas circunstancias tan dramáticas de paro. Pero al mismo tiempo, aparte de las cifras oficiales que no veo la razón para poner en duda, todo el mundo tiene ya la sensación de que el paro es abrumador y afecta a casi toda la población de un modo directo o indirecto. Por lo demás en concursos, oposiciones, anuncios de empleo, la masa que acude pone de manifiesto la terrible situación del paro. Es un subterfugio inadmisible de los poderes públicos recurrir a la economía sumergida para eludir la responsabilidad que tienen de que más del 25% de la población activa se encuentre en paro. No hablemos de la tasa del 50% de los jóvenes.

Voy al decreto. Socialismo XXI, una asociación que creo presides, ha señalado que el gobierno del Partido Popular ha asestado un terrible golpe a los derechos de los trabajadores, al menguante “Estado del bienestar” y, en consecuencia, a la Democracia. ¿Por qué a la democracia?

La democracia se entiende como el ejercicio del poder por el pueblo. Pero si en una sociedad de clases, una de ellas, amparándose en aspectos formales, como la mayoría actual que posee el PP en el parlamento por una antidemocrática ley electoral, o por aspectos más profundos como la debilidad que he señalado de los trabajadores en estos momentos, adopta medidas que rompen el marco de las relaciones laborales vigentes y atentan contra derechos establecidos, con ello se acentúan gravemente los rasgos no democráticos de la sociedad. Cuanto más igualitaria sea la sociedad más democrática se la puede considerar, y el decretazo profundiza agudamente las desigualdades. Una democracia en la que unos lo pueden todo, o se les concede todas las ventajas, y otros quedan al albur de los que manda sin otra opción que aguantar o abandonar, sencillamente, no es una democracia. El “lo llaman democracia no lo es” es más que un eslogan de protesta.

Dime los principales golpes que el decreto ha asestado a los trabajadores.

Evítame repasar las nefastas consecuencias que el decretazo tiene, porque excelentes estudios circulan por la red, más completos y afinados de lo que yo pudiera comentarte. Además, aparte de los cambios más groseros, el decretazo tiene una gran complejidad y muchos recovecos y trampas legales que es necesario expurgar por especialistas. De modo esquemático te diré: en primer lugar, se atenta contra derechos básicos de los trabajadores, muy en particular a todo lo referido a los despidos individuales y colectivos. En segundo lugar, en el seno de la empresa se otorga a los empresarios un poder descomunal –jornada, salarios, funciones, etc.- por el que quedan los trabajadores sometidos a unas condiciones tan leoninas y miserables que la semejanza con la esclavitud tiene sentidos. En tercer lugar, se ataca frontalmente a los sindicatos, que después de todo y a pesar de sus dirigentes, son organizaciones de la clase obrera. La negociación colectiva queda arruinada y la descomposición de la unidad de los trabajadores asegurada. El tema de la falta de autorización para los EREs da un gran poder a los empresarios y anula el poder negociador de los sindicatos. Como te digo, el decretazo encierra tales efectos destructivos y corrosivos sobre el marco actual de los derechos y las relaciones laborales, que con toda legitimidad se puede hablar de un antes y después, se trata de un cambio social cualitativo.

Habláis del PP pero ha habido otros partidos que no han puesto ninguna pega a esta infamia. CiU es un ejemplo destacado.

Burguesía catalana, pero burguesía. Aparte la recomposición de relaciones que están llevando entre el PP y CiU para gobernar cómodamente en Madrid y Cataluña. Da envidia la derecha: después del decretazo, los patrones dicen que va en la buena línea, para indicar que ellos tienen más reivindicaciones. CiU, lo acepta, pero tiene más reclamaciones. Y puestos a pedir algo significativo que mejor que modificar la legislación sobre la huelga, para de este modo maniatar a los trabajadores, impedir sus luchas y protestas, y atizarles duro inmovilizados. Sería bueno aprender de la derecha, que aun negando la lucha de clases la práctica con vehemencia y sin miedo a las críticas.

¿Crees que el decreto degrada aún más una Constitución agotada y deslegitimada?

Si, la constitución fue un producto de la relación de fuerzas en el momento de redactarse, y a lo largo del tiempo ha ido degradando sus componentes sociales, aunque fuesen formales, eso de la economía social de mercado, o de la importancia de lo público, o de cierta planificación. El neoliberalismo no está impregnado de humanismo. Con el alevoso cambio que sufrió el año pasado, por imperativo de los poderes económicos europeos, se amortizó totalmente la vertiente social y quedó deslegitimada porque no fue votada por los ciudadanos, sino por los parlamentarios del PSOE y del PP. El decretazo supone la ruptura de un determinado equilibrio de las relaciones sociales que sobre el papel recogía la constitución. Hace tiempo que murió y ahora está lista para su entierro. Así lo empiezan a sentir amplios sectores sociales que impulsan ya un nuevo proceso constituyente.

Refútame el siguiente argumento: si disminuimos los derechos –los privilegios dicen algunos- de los trabajadores, si ayudamos a las pequeñas empresas con una fiscalidad menor (o casi nula en ocasiones), si rompemos los convenios de sector que son bridas que encorsetan, entonces se animarán los empresarios, contratarán a más, a mucho más trabajadores, aunque sea con menor sueldo y con derechos demediados. Entre la nada y el cuatro, lo segundo es mejor opción. El empresariado español es así: o nos vamos a China o que trabajen como los chinos.

Todo eso encierra un conjunto de argumentos que es fácil demostrar que son falsos, y tan falsos son que el propio gobierno ha tenido que reconocer que la reforma decretada no creará empleo en los próximos tiempos. Cuando cambien las circunstancias dice, pero cuando cambien las circunstancias ello no demostrará que era preciso hacer la reforma. Hay un grave problema de competitividad de la economía española que no se resuelve con salarios más bajos y mayor explotación. Hay un problema igualmente de falta de liquidez que por bajos que sean los salarios no llevan a aumentar el empleo. La demanda está hundida, las nuevas condiciones laborales la hundirán aún más, y en esas condiciones no se creará más empleo. Como estoy seguro de que la crisis ha venido a quedarse, dejemos que sea el tiempo el que refute las esperanzas de los más simples de espíritu que creen los argumentos de los apóstoles del neoliberalismo.

¿Qué podemos hacer? ¿Hay que convocar una huelga general?¿Cuándo? ¿Quiénes?

Unos cambios tan profundos y desfavorables como introduce el decretazo, que se inserta además en una política de ajustes y recortes y en una agresiva y reaccionaria política social e ideológica, requieren de la respuesta más contundente que pueda hacer la izquierda y los trabajadores. La sociedad española no es especialista en huelgas generales, estamos desentrenados y faltos de gimnasia, pero no se me ocurre otra medida que esté a la altura de las circunstancias y que al mismo tiempo sea posible alcanzar. Se puede lograr una extraordinaria huelga general, que sirva para compensar y balancear la agresiva política de la derecha. Los sindicatos mayoritarios están muy desprestigiados. Cabe recordar aún el respaldo a la ley de pensiones y la reciente firma del acuerdo con la patronal, con cesiones salariales imperdonables y mucha de la flexibilidad otorgada a los empresarios ahora en el decretazo. Ellos solos no están en condiciones de conseguir una huelga general, que no se siquiera si están dispuestos a intentarla. En nombre de todos los trabajadores han firmado ese acuerdo, pero no se han atrevido en nombre de todos los trabajadores a convocar ya la huelga general. No obstante, hay que en el conjunto de la sociedad bastante indignación, deseos de lucha, y relativa capacidad de movilización, como se ha visto en algunas luchas sectoriales y algunas manifestaciones en Madrid o Barcelona por ejemplo, que permiten pensar que se bien organizada la preparación de la huelga, surgiría una gran lucha que marcaría un nuevo por periodo político para la izquierda. Los sindicatos deberán revestirse de modestia y saber que el seguimiento social a la huelga no es por ellos sino a pesar de ellos. Las fuerzas de la izquierda y los movimientos sociales no tienen nada que agradecer a las direcciones de los sindicatos, me refiero todo el tiempo a las direcciones de CCOO y UGT, pero el movimiento obrero es necesario para dar la respuesta contundente que las circunstancias nos reclaman. Así que si se logra unir a toda la izquierda, sindicatos por supuesto incluidos, cabe esperar la convocatoria de una muy exitosa huelga general, que no debe ser más que el inicio de un período esperado y necesario de luchas sociales. Por lo demás, Euskadi y en Galicia se están convocadas huelgas generales para el día 29 febrero. Ese es el camino.

Grecia ha hecho quince huelgas generales. ¿Qué han conseguido? Apenas nada dicen algunos. ¿Para qué repetir el mismo error?

Estoy seguro que no me quieres argumentar, como en su momento hicieron algunos descerebrados sindicalistas para justificar la desmovilización, que ni los griegos ni los españoles hemos conseguido nada pero al menos nosotros nos hemos evitado el esfuerzo de haberlo intentado.

No, no quiero argumentar una barbaridad así.

Está muy bien que traigas a colación el ejemplo de Grecia, porque Grecia nos queda mucho más cerca de lo que piensan las clases dirigentes este país y muchos españoles. NI el caso de la tragedia griega está cerrado, ni la crisis española tiene visos de superarse. Como se diría popularmente, queda mucha tela que cortar todavía en ambos países. Y te devuelvo entonces la pregunta: ¿qué es preferible un país luchador, unos trabajadores combativos y con conciencia o un país apagado, resignado y sin afán de lucha?

Se oyen voces que hablan de inconstitucionalidad del decreto. ¿Es así en tu opinión? ¿Por qué? ¿Crees que hay que abonar también esa vía jurídica de oposición?

No soy un experto para saber a ciencia cierta si esa vía es explotable. El decretazo tiene muchos matices y no es improbable que contenga algunos aspectos inconstitucionales. He leído que algunos Inspectores de Trabajo ven en el “contrato Rajoy”, el de los con un año de prueba, elementos inconstitucionales, pero debe haber más, que irán surgiendo del análisis detallado del decreto. Y no tengo duda de que haya que plantear cuantos recursos tengan una base jurídica sólida, siempre que ello no signifique trasladar la lucha de la calle a los tribunales. De tener éxito, sería un golpe político muy fuerte al gobierno y un respaldo moral a todos lo que se sumaran a las movilizaciones contra el “decretazo”.

Por lo demás, desde un punto de vista empresarial, ¿el derecho despeja el campo para la productividad, las ventas, la financiación y el crecimiento económico?

Esto lo dejo sin contestación. Creo que rompe la línea de las últimas preguntas, ya de carácter apolítico, y en parte está contestado con la respuesta a si la reforma generará empleo.

De acuerdo, tienes razón, no me he lucido mucho con ella. Recogí un comentario que he leído en algunas páginas. Gracias por tus respuestas.


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REFORMA LABORAL DEL PP: RETROCESO AL SIGLO XIX.

Retroceso al siglo XIX
– 15 febrero, 2012
Publicado en: EN ESPAÑA
7Salce Elvira || Ejecutiva Confederal de CCOO.
Con el Real Decreto Ley (RDL) 3/2012 en vigor desde el 12 de febrero ya está aquí la reforma “tremendamente agresiva” de la que hablaba el ministro Guindos. Se trata de una reforma “clasista” (según un buen amigo). El adjetivo no es baladí ya que abarca en una sola palabra todo un concepto ideológico de poder de una clase en detrimento de otra.

No entraré aquí a analizar exhaustivamente su contenido, que está siendo objeto de múltiples y rigurosos estudios, sólo reseñar que toca todos los aspectos del mercado de trabajo y de las relaciones laborales: la entrada, la permanencia, la salida y la negociación colectiva.

Esta reforma viene después de otras 52 anteriores que fueron flexibilizando el Estatuto de los Trabajadores y modifica de forma profunda normas básicas del ordenamiento laboral que ya lo fueron en mayo de 2010 -y que provocaron la última huelga general- y la posterior Iniciativa Legislativa Popular (ILP), todavía pendiente de tramitación en el Parlamento. Al partir de una legislación ya deteriorada como tutora de derechos supone el cambio más importante que se ha producido desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en marzo de 1980. Me atrevo a decir que rompe unilateralmente con el consenso mínimo acordado en el pacto constitucional del PP y PSOE.

La agresión es múltiple y no deja títere con cabeza al reformar las causas del despido:

•generalizando el despido de 20 días para prácticamente todas las personas asalariadas, incluido el personal laboral fijo de las administraciones públicas no funcionario
•creando un contrato temporal de por vida y sin indemnización para el 95 por ciento de las empresas españolas, aunque tengan la desfachatez de denominarlo fijo (con un periodo de prueba de un año) además de bonificado, al acabar con la presencia sindical en los despidos colectivos, dejándolos a merced de la voluntad empresarial
•permitiendo a las ETT que entren en todos los sectores
•priorizando que los salarios se negocien en la empresa conociendo la debilidad y la indefensión de millones de trabajadores en las de pequeño tamaño
•cargándose la llamada ultraactividad, al decaer la vigencia del convenio si en dos años no hay pacto para renovarlo.
Esta agresión la hace el Gobierno del Partido Popular 15 días después de que los sindicatos CCOO y UGT llegaran, en “un ejercicio de responsabilidad y compromiso por parte de los agentes sociales con la creación y mantenimiento del empleo”, a un acuerdo durísimo con los empresarios para moderar los salarios, aceptando pérdidas reales de poder adquisitivo en los próximo tres años, amén de cambiar la estructura salarial y aumentando la flexibilidad interna en la empresa.

Los sindicatos hemos sido marginados y ninguneados, sin que se haya tenido en cuenta el “ejercicio de responsabilidad” que se viene ejerciendo sistemáticamente, sin ni siquiera haber informado previamente del contenido del decreto aprobado en el Consejo de Ministros.


El RDL desregulariza las relaciones laborales y va acompañado de una importante reducción de la acción sindical por diferentes vías, algo anhelado por los sectores mas reaccionarios de este país, que llevaban detrás de ello muchos años, como se puede comprobar por las feroces campañas de ataques y desprestigio que hemos venido sufriendo desde distintos medios de comunicación.

Esta agresión, como ya reconocen desde casi todos los ámbitos, no va a crear empleo. A mi modo de ver, se trata de una forma clara y precisa de disciplinar a los trabajadores para que acepten cualquier trabajo sin rechistar; para que lo peor del sector empresarial tenga disponibilidad absoluta de la mano de obra barata y sin derechos, y relegar a los sindicatos de clase a un papel casi testimonial. En definitiva, rompe con el objetivo del derecho del trabajo, de equilibrar un poco a dos ámbitos en situación diferentes: los que compran la mano de obra y los que la venden a cambio de un salario, devolviendo el poder omnímodo al empresario para que disponga libremente de esta.

Aliados en la ‘contrarreforma’
“Se trata de una forma clara y precisa de disciplinar a los trabajadores para que acepten cualquier trabajo sin rechistar”Esta contrarreforma no se ha hecho solamente al dictado de Bruselas, como se dice; también se han tenido muy en cuenta las aspiraciones largamente acariciadas de la CEOE al favorecer tanto a las grandes empresas: servicios financieros, grupos de comunicación, etc., que pueden despedir más fácil y barato a sus plantillas, como a las que sólo pretenden sobrevivir con una mano de obra barata, sumisa y disponible a su capricho.

La situación actual y lo que se deriva de ella van a exigir una gran labor de explicación, concienciación, así como de imaginación, firmeza y puesta en práctica de nuevas formas de acción sindical que la hagan frente. Esta agresión nos aboca irremediablemente a una situación de conflicto social continuo y permanente, más allá de lo que el Gobierno considera un coste asumible, como ya daba por hecho Rajoy con la huelga general.

Asimismo, se trataría de plantearnos algunos retos e interrogantes para el futuro:

1.Si son necesario cambios en el enfoque del diálogo social tal cual lo venimos concibiendo; máxime después de la experiencia de los últimos años, y con un Gobierno de la derecha, que no se lo cree.
2.Reforzar la acción sindical y la militancia en las empresas. Sólo desde el trabajo continuo con y entre los trabajadoras y trabajadoras podremos recobrar el prestigio y la confianza que hemos perdido en ciertos ámbitos y con los nuevos colectivos.
3.Implicar en las decisiones a la clase obrera a todos los niveles, empezando por la afiliación, informando y pidiendo su opinión y participación, en todos los casos: tanto cuando hay que movilizar, como a la hora de firmar acuerdos.
4.Organizar la acción sindical contra el RDL en los sectores y empresas con todos los medios posibles, a partir de explicaciones claras y sencillas de cómo va a repercutir estas medidas en su situación actual.
En definitiva, debemos de trabajar con el convencimiento de que esta norma debe ser retirada, o bien en su trámite parlamentario o, posteriormente, por la fuerza de los hechos. Para ello debemos devolver la confianza y combatir la derrota y el pesimismo de la sociedad en general y de los trabajadores y trabajadoras en particular.

Nada está perdido. Hemos de invertir la correlación de fuerzas actual. Reaccionar ya, con el convencimiento de que únicamente los trabajadores y trabajadoras, en su sentido más amplio, con masivas y continuas respuestas en la calle y en los centros de trabajo, implicando a la mayoría de la sociedad que está sufriendo la crisis. Empezando por la manifestación del próximo domingo día 19, con nuestra movilización podemos cambiar estas políticas y demostrar que hay otras salidas a la crisis. Y en este contexto, nuestro sindicato, CCOO, tiene una gran responsabilidad.


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CUANDO EL PP PROMETÍA UNA REFORMA LABORAL SIN ABARATAR DESPIDOS

Cuando el PP prometía una reforma laboral sin abaratar el despido
Publicado por oscar en 22:45 actualidad, Bulos consPPiranoias y agorerías, Hay que liarla parda .feb 11
2012.
Vídeo: Cuando el PP prometía una reforma laboral sin abaratar el despido y 8 minutos más de mentiras laborales en campaña.




González Pons y Mariano Rajoy prometieron una reforma laboral sin abaratar el despido. La actual vicepresidenta del gobierno que obligará a quienes cobran prestación por desempleo a hacer trabajos sociales se refirió a esa prestación como un derecho previamente pagado, no como un “regalo” del gobierno, y criticó la reforma anterior por centrarse en el despido, Javier Arenas dijo que una reforma sin consenso entre sindicatos y patronal no tendría éxito. Dolores de Cospedal afirmó que aprobarla mediante decreto ley era despótico y si no se creaba empleo inmediantamente no servía para nada.
Mariano Rajoy prometía en Twitter el 14 de septiembre de 2011 como se puede ver en la imagen inferior “comenzar un cambio” en el mercado laboral sin abaratamiento del despido.

Una colección de mentiras varias con un mismo fin: una mayoría absoluta para tener manos libres a la hora de firmar los mayores recortes de derechos laborales y sociales de toda la democracia. Ocultaron sus planes durante la anterior legisltura cuando eran oposición, y hasta hace escasas semanas mintieron en la campaña electoral para evitar que la alarma social aumentase la participación en las elecciones y se quedasen sin mayoría absoluta.
Hay que demostrar a la derechona en la calle oponiendonos a sus recortes de derechos sociales, económicos, y laborales, que mayoría absoluta en las urnas sin la mitad más uno de los votos, no significa tener la mayoría social. El 19 de febrero ya hay convocadas manifestaciones en todas las capitales de provincia contra la Reforma Laboral del PP.
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UNA REFORMA LABORAL "CLASISTA"

Una reforma laboral "clasista"
nuevatribuna.es | Antonio Baylos | Actualizado 11 Febrero 2012 - 21:04 h. Ya está aquí la “agresiva” reforma laboral tantas veces anunciada. Se define como “equilibrada” aunque la noción de equilibrio que tienen sus autores dista mucho de la que poseemos los comunes mortales. Es un texto legal que impone elementos centrales de desregulación de las relaciones laborales, acompañada de un profundo rechazo de la acción sindical, lo que efectúa mediante diversas vías. Son las más destacadas el encumbramiento de la decisión unilateral del empresario como fuente principal de determinación de reglas sobre el trabajo en sustitución de la negociación colectiva, el disciplinamiento de los trabajadores en torno a un despido barato y siempre definitivo y a unos contratos con salarios cada vez más reducidos y períodos de prueba larguísimos, la funcionalización de los acuerdos colectivos a la decisión empresarial, y una fortísima reducción del contenido laboral del derecho al trabajo tal como se desprende de su reconocimiento constitucional. Todo ello se justifica mediante el recurso, cada vez menos creíble, a la estimulación del empleo.

Es realmente una norma clasista que impone la confiscación violenta de espacios decisivos de poder contractual colectivo y de derechos laborales básicos
Pese a lo que afirman las autoridades de gobierno, los creadores de opinión afectos y un preámbulo afectado de esquizofrenia legislativa entre lo que afirma y lo que realmente hace, el RDL 3/2012 es realmente una norma clasista que impone la confiscación violenta de espacios decisivos de poder contractual colectivo y de derechos laborales básicos ligados a las garantías de empleo, alterando de forma sustancial la arquitectura de equilibrios que caracteriza la relación entre capital y trabajo, entre libre empresa y derecho al trabajo, y que se corporeiza en la estructura institucional del derecho del trabajo desarrollado en nuestro ordenamiento.


La norma nace acompañada del desprecio a los procedimientos democráticos. No ha respetado el derecho de información y consulta previa con los sindicatos representativos que garantizan tanto nuestro ordenamiento como el europeo en materia de política social, no reúne en absoluto los requisitos de urgente necesidad que la constitución exige para que el gobierno pueda legislar por vía de urgencia, y se ofrece un texto cerrado en el que la hostilidad hacia la acción sindical y las condiciones de empleo y trabajo es su principal característica.

La norma se inserta en un proceso paulatino de deterioro de la estabilidad normativa como base de cualquier política laboral y de la seguridad jurídica derivada. Modifica de forma profunda normas básicas del ordenamiento laboral que ya se habían ido cambiando en un proceso de idas y venidas a partir de mayo de 2010, y en especial supone una modificación sustancial de la Ley 35/2010 y del RDL 7/2011, que constituían el núcleo de la anterior etapa reformadora, con afectación de las mucho más recientes leyes de Seguridad Social y de Jurisdicción Social. Pulveriza por tanto el marco legal que se había ido generando en los últimos dos años con vocación de permanencia. Permanencia que una vez más se pretende definitiva, como señala el preámbulo de la norma, sin que se conciba de forma temporal. Ni un paso atrás en el proceso de desregulación.

La norma desprecia la buena fe de los sindicatos que han desarrollado en el espacio de la autonomía colectiva un diseño de cesiones de derechos mediado por la contratación de sus aspectos concretos –la flexibilidad interna negociada– que está acotado temporalmente hasta el 2014 en razón de unas expectativas razonables de duración de la emergencia económica y social. Por el contrario, la ley hace permanente el contenido del Acuerdo, lo arranca del espacio de la autonomía colectiva y lo desnaturaliza de forma definitiva al eliminar paralelamente los más importantes mecanismos de contratación de la restructuración de empleo y fortalecer doblemente tanto la “decisión empresarial de carácter colectivo” como la decisión unilateral del empresario en la extinción de los contratos de trabajo. El RDL 3/2012 además, expulsa al convenio colectivo y su función normativa de las condiciones de trabajo de todas las empresas en dificultades económicas, lo que tendrá especial incidencia en las PYMEs. Introduce en el sector público mecanismos de extinción generalizada de contratos sin las garantías colectivas ni de estatuto que antes tenían los trabajadores de aquél. Es hostil al sindicato y a su capacidad de regular colectivamente la situación del empleo. Quiere al empresario como autoridad incontestable en los lugares de producción, en donde se sustituye la procedimentalización y contratación de las decisiones sobre las condiciones de trabajo y las previsiones de empleo por la unilateralidad de la decisión del poder empresarial a la que se dota siempre de carácter definitivo para modificar sustancialmente el contrato de trabajo y para extinguir la relación laboral. El poder contractual del sindicato sólo es aceptado en la medida en que coincida con la decisión del empleador, con su proyecto organizativo y directivo. La decisión empresarial de carácter colectivo es la nueva fuente de creación del derecho en los lugares de trabajo.

Ese autoritarismo normativo doble – en cuanto que ignora los mecanismos de publicidad y debate en la creación de la norma y en cuanto que impone la autoridad incontestable del poder privado empresarial sobre las personas – actúa tanto en la vertiente colectiva como en la individual de garantía de los derechos de los trabajadores. El asociacionismo empresarial ha saludado esta reforma como necesaria y conveniente. De esta manera, reniega expresamente de la vía del diálogo social que parecía haber elegido hace tan sólo unas semanas con la firma del Acuerdo con los sindicatos más representativos.

El RDL 3/2012 genera fuertes dudas sobre la inserción constitucional de algunas de sus prescripciones. Se renuncia implícitamente al papel que el art. 40.2 CE asigna a los poderes públicos de llevar adelante una política orientada al pleno empleo, al anular el sistema de control administrativo y colectivo de los despidos colectivos, y es muy cuestionable que la vulneración del derecho al trabajo mediante el despido sin causa o arbitrario, se regule permitiendo en todo caso al empleador prescindir del trabajador injustamente despedido abonándole una indemnización reducida y limitada que pierde su carácter disuasorio y sancionatorio del acto lesivo del derecho constitucional al trabajo. Por otra parte, la fijación de un período de prueba de un año no sólo descausaliza esta institución – que busca verificar si el trabajador es competente para el trabajo para el que fue contratado - sino que implica una situación en la que se permite el libre desistimiento prohibido en nuestro sistema constitucional. La aplicación que realiza de la irretroactividad de la aplicación de las indemnizaciones reducidas por despido improcedente, de manera que la “rebaja” indemnizatoria comienza a contar a partir del día de publicación de la norma para los despidos de aquellos contratados con anterioridad a la misma, no respeta el principio establecido en el art. 9.3 CE. Es también llamativo la configuración de la "decisión empresarial de carácter colectivo" como una nueva fuente de producción de normas laborales que se opone de forma excluyente a la negociación colectiva, que es el instrumento que privilegia el art. 37 CE para la regulación de las condiciones de trabajo y de empleo, y que se relaciona directamente con la libertad de acción sindical protegida en el art. 28 CE. Y así sucesivamente.

Este Real decreto de urgente necesidad– cuyos contenidos concretos ya irán siendo analizados en su momento – nos aboca a una situación irremediable de conflicto social, lo que sin duda ha sido valorado como un coste asumible por parte del gobierno legislador. Quizá un daño colateral que se tiene ya amortizado, como se dice en la jerga al uso. Una situación de conflicto difuso, no sólo en el enfrentamiento frontal entre el sindicalismo y el poder público, sino en una buena parte del panorama económico y social tanto en el sector público– donde la extinción de los contratos por razones presupuestarias y de liquidez de las administraciones va a abrir la espita de los despidos en masa –como en el sector privado. Que el gobierno haya sacado la norma adelante tal como se comprometió ante los reguladores del mercado financiero europeos y la defienda con convicción fanática es una cosa, y otra es comprobar que esta (des)regulación ha hecho las delicias de los representantes de la (cada vez más) libre empresa y de la economía del mercado.

Una parte del empresariado exulta ante esta pieza legislativa expresiva de un clasismo que hace mucho tiempo no veíamos en el BOE
En efecto, una parte del empresariado exulta ante esta pieza legislativa expresiva de un clasismo que hace mucho tiempo no veíamos en el BOE. Llevados por la satisfacción que produce ser reconocidos públicamente como clase dirigente que normativiza sus deseos e intereses de forma directa, sin mediaciones ni contrapesos, demuestran su seguridad aplastante en la violencia del poder privado como única forma de encarar la regulación de las relaciones de trabajo. Confían plenamente en que el sindicalismo confederal, el único realmente organizado en los lugares de producción y en enclaves sociales muy relevantes, sea incapaz de mantener una conflictividad permanente que ponga en riesgo sus expectativas de negocio y su tasa de beneficio. Piensan posiblemente que será el espacio de la política de gobierno y el del sector público el que las fuerzas sindicales recorrerán prioritariamente, de forma que el sector privado, sobre el que pesan como losas los más de cinco millones de parados, será poco o apenas alcanzado por esa onda conflictiva. El desgaste de la reforma lo endosan por tanto al gobierno legislador y a sus recortes en el sector público, sin que se genere demasiado coste en el sector privado. Ya veremos si estas razonables previsiones se cumplen en la realidad ante una fractura social tan intensa como la que se está generando con la cooperación necesaria del empresariado español.

La situación es crítica, y la acción de los poderes públicos como salida de la crisis demuestra su alineamiento claro con el privilegio económico y el autoritarismo no sólo económico y empresarial. Ahora comienza una larga marcha de conflictividad y de crítica política que tiene que culminar en el medio plazo con la abolición de esta normativa clasista. Y que sin duda conducirá a la renovación de la acción sindical, de las formas de conflicto y de incidencia social de los sujetos sociales, en torno a un proyecto de regulación garantista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Hay que confiar en que en esa dirección los partidos políticos progresistas cooperen eficazmente. El camino es largo y es difícil, no sólo porque son muy fuertes las posiciones de los adversarios y la desigualdad entre las partes de la confrontación se incrementa cada día, sino porque el contexto cívico es muy estrecho y las carencias en la difusión generalizada de un pensamiento democrático se revelan decisivas en orden a dar la vuelta a esta situación de opresión y de domesticación del trabajo como punto de partida de una sociedad más igualitaria.


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LOS SINDICATOS CC.OO. Y UGT CONVOCAN MANIFESTACIONES EL 19 DE FEBRERO CONTRA LA REFORMA LABORAL

CCOO y UGT: "Hay razones para la huelga general pero antes se debe oír a la calle"
Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "tiene en su mano" evitar una huelga general en el proceso de tramitación de la reforma laboral.
nuevatribuna.es | | Actualizado 13 Febrero 2012 - 17:19 h. En una entrevista en la Cadena Ser, junto al líder de UGT, Cándido Méndez, Toxo ha apuntado que espera que la reunión a la que les ha convocado mañana la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sea para decir que se abre un proceso de negociación.

"Cabe la posibilidad de mejoras pero si se buscan otras alianzas para endurecerlas (...) será la ciudadanía la que marque el camino", ha advertido.

El líder de UGT, Cándido Méndez, ha criticado la actitud del Gobierno con una reforma con la que se ha "desentendido" del principal problema del país, que es el paro, y que obliga a la sociedad a dar un "triple salto mortal" en sus condiciones laborales.

Para Méndez, la reforma impone como única vía para afrontar la crisis el despido "en un país donde muchos empresarios tienen una atracción irresistible al despido, como las polillas a la luz".


"En España se han salvado muchos empleos y se ha ayudado a crear muchos con movilizaciones de la ciudadanía"
Ambos líderes sindicales señalaron que la reforma llevará a los 6 millones de parados y avanzaron que no descartan recurrir a los tribunales eventuales aspectos de inconstitucionalidad o discriminación de la reforma laboral.

No obstante, coincidieron, lo primero es una tarea de divulgación sobre el contenido y el impacto de una normativa que acaba con los derechos de los trabajadores, así como "palpar" el estado de ánimo de la ciudadanía antes de plantear nuevas acciones.

Para Fernández Toxo, hay razones para la huelga pero antes "se debe oír a la calle". "En España se han salvado muchos empleos y se ha ayudado a crear muchos con movilizaciones de la ciudadanía", subrayó el líder de CCOO.

Par el de UGT, dejar el contenido de la reforma y ponerse ahora hablar de la respuesta sería "un error" y "un flaco servicio" a la ciudadanía a la que deben demostrar que hay alternativas.

Los sindicatos han anunciado que el próximo 19 de febrero van a hacer movilizaciones para que las calles de España sean un clamor contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular.

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EL REFORMAZO DEL PP: ¿GOLPE DE ESTADO LABORAL?

El 'reformazo' del PP: ¿golpe de Estado laboral?
La mayoría absoluta del PP dio carta blanca a Rajoy para propinar un hachazo a la legislación española en materia laboral. El Gobierno se escuda en el drama del paro para imponer una reforma que sacrifica los derechos de los trabajadores y da manga ancha a los empresarios. Se abarata el despido y se facilita el descuelgue de los convenios cuya prórroga no excederá de los dos años. Y todo al margen de los sindicatos, atados de manos y pies ante el rodillo de la derecha tras su victoria en las urnas.

nuevatribuna.es | | Actualizado 11 Febrero 2012 - 13:19 h.

El "zarpazo" del PP: La reforma abarata y facilita el despido para todo el mundo. Se amplían y generalizan las causas de despido “justificado” con 20 días por año trabajado. Desaparece el contrato con indemnización por despido de 45 días por año trabajado y se sustituye por otro que lo rebaja a 33 días. Se establece el límite de indemnización en 24 meses en lugar de los 42 actuales. Se suprime la autorización previa de la autoridad laboral para los despidos colectivos, los conocidos como ERE. Prima el convenio de empresa por encima de los sectoriales y limita la prórroga de los convenios a dos años, pasado ese tiempo sin acuerdo queda sin vigor.


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Una reforma “extremadamente agresiva”, aseguraba la víspera el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la reunión del Eurogrupo. Una reforma que le puede valer al Gobierno una huelga, tal y como manifestó temer el presidente del Gobierno en Bruselas. Y no es para menos. El Ejecutivo del PP aprobó este viernes una profunda revisión de la legislación laboral en España que supondrá, en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, “un antes y un después”.

Tras un intenso Consejo de Ministros, la número dos del Ejecutivo y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, comparecieron ante los medios en el Palacio de La Moncloa para dar cuenta del contenido de la reforma aprobada de manera unilateral sin contar con los agentes sociales. Tanto Santamaría como Báñez se esforzaron en poner el énfasis en la necesidad de unos cambios que la patronal viene reivindicando desde hace tiempo escudándose en la dramática cifra del paro.


El Gobierno legisla así por encima de lo acordado por sindicatos y empresarios y rompiendo con el pacto constitucional del Estatuto de los Trabajadores de 1980. Una reforma de marcado carácter ideológico que, según ha reconocido el propio presidente del Gobierno no servirá para generar empleo este año, donde las previsiones apuntan a un aumento de las cifras de desempleo.

DA PRIORIDAD A LOS CONVENIOS DE EMPRESA

La reforma da un vuelco a la negociación colectiva dejando a los trabajadores al albur de lo que quiera el empresario. La reforma da prioridad a los convenios de empresa, de forma que, independientemente de lo que se pacte a nivel superior, se podrá consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y particularidades.

Además, se facilita a las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito superior (descuelgue). En caso de que no exista acuerdo, las partes irán a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje. De no ser así, se recurrirá a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos nacional o a sus equivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro que resolverá en un máximo de 25 días.

Por otro lado, se establece, en relación a la 'ultraactividad' de los convenios (prórroga automática de los mismos en ausencia de los nuevos) las partes deberán negociar un nuevo convenio en un plazo máximo de dos años. A partir de esa fecha, el convenio ya no estará vigente.



DESPIDO CON VEINTE DÍAS DE INDEMNIZACIÓN

La reforma, aprobada por Real Decreto-Ley, establece una indemnización por despido improcedente en el caso de los contratos indefinidos de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario.

Esto supone condenar a la extinción al contrato indefinido ordinario de 45 días por año trabajado de indemnización por despido improcedente, pues desde la entrada en vigor de la reforma ya no se podrá contratar fijo con esta modalidad, sólo con la de 33 días. Para los trabajadores que ya tengan un contrato indefinido ordinario y sean despedidos de manera improcedente, la indemnización se calculará a 45 días por año hasta la entrada en vigor de la ley y desde esa fecha, a 33 días por año.

El Gobierno ha clarificado en esta reforma las características para que las empresas puedan acogerse a despidos objetivos por causas económicas (20 días por año trabajado), aunque Báñez ha dejado claro que "habrá control judicial" de las mismas.

Así, se entenderán por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, ha precisado Báñez, se entenderá que la disminución es persistente "si se produce durante tres trimestres consecutivos".

Además, la reforma recuperará a partir del 1 de enero de 2013 el límite al encadenamiento de contratos temporales eliminado por el anterior Gobierno, y suprime la autorización laboral administrativa que se requería en los despidos colectivos. Báñez ha destacado que, dentro de la UE, esta autorización sólo estaba en vigor en España y Grecia, por lo que España es hoy "un poco más europea".

CONTRATO INDEFINIDO PARA EMPRESAS DE MENOS DE 50 TRABAJADORES

Por primera vez se permite compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con un sueldo
La reforma también contempla la creación de un nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores para potenciar la contratación, especialmente de los jóvenes, con un periodo de prueba de un año. Las empresas que se acojan a estos contratos tendrán derecho a una deducción fiscal de 3.000 euros cuando contraten a su primer trabajador, siempre que sea menor de 30 años.

Además, los emprendedores que contraten a un trabajador en paro bajo esta modalidad podrán deducirse fiscalmente el 50% de la prestación por desempleo que viniera cobrando el trabajador durante un año.

Por su parte, el trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su sueldo, el 25% de la prestación por desempleo durante el mismo periodo. Báñez ha dado mucho valor a esta medida pues, según ha destacado, "por primera vez", se permite compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con un sueldo.

Asimismo, la reforma fomentará la contratación indefinida de jóvenes de entre 16 y 30 años durante tres años con bonificaciones empresariales de hasta 3.600 euros y de hasta 4.500 en el caso de que los contratados sean parados de larga duración mayores de 45 años.

La norma crea una cuenta de formación para cada trabajador, potencia la intermediación laboral de las empresas de trabajo temporal, regula por primera vez el teletrabajo, modifica el contrato estable a tiempo parcial y también el de formación y aprendizaje.

En este punto, Báñez ha explicado que el contrato de formación podrá realizarse con trabajadores de hasta 30 años hasta que la tasa de paro no baje del 15%. Cuando ésta caiga por debajo de esa barrera, la edad máxima del contratado será de 25 años. Además, ha dicho la ministra, los trabajadores podrán formarse en las propias empresas, al estilo del modelo dual de formación.

La reforma impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación puedan realizar servicios de interés general a la comunidad y desvinculará el absentismo individual del trabajador de la media de la plantilla.

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PRIMERA VALORACIÓN DEL II ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2012, 2013 y 2014 POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL PCE

Primera valoración del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014



Secretaría del Mundo del Trabajo / 02 feb 12




En este siglo XXI y en nuestro país se han hecho 4 reformas laborales, en realidad 5 con la que se viene, casi una cada dos años y todas ellas, salvo una, sin acuerdo entre empresarios y sindicatos, por lo tanto por decreto-ley gubernamental. Todas estas reformas laborales no han conseguido sus grandilocuentes objetivos (impulsar el empleo, disminuir la temporalidad) pero si han cumplido con bastante efectividad su verdadero propósito, socavar los derechos de los trabajadores con la excusa de flexibilizar el mercado laboral. La actual reforma cubre también aspectos de la negociación colectiva, en donde la última (junio de 2011) también se resolvió por decreto-ley.

A lo largo del proceso negociador la postura de los sindicatos mayoritarios, los únicos que intervienen en el proceso, ha sido totalmente defensiva, cosa no muy comprensible, dado que se parte de dos reformas impuestas -la primera de las cuales provocó una huelga general-, sus planteamientos parecen haberse limitado al rechazo de las peores propuestas de la patronal.

La patronal ha adoptado una postura mucho más agresiva, que a grandes rasgos ha sido: la congelación salarial; la desvinculación de los salarios de la inflación y su vinculación a la situación de las empresas; la flexibilización de la mano de obra, tanto interna como externamente; la práctica eliminación de la negociación colectiva a nivel superior a la empresa; una mayor intervención de las ETT's; en la intermediación, en la contratación, en la formación, el apoyo al contrato único y el impulso del trabajo a tiempo parcial; el abaratamiento de la contratación y el despido, la disminución o eliminación de las diferentes tasas empresariales. El gobierno, que comenzó su legislatura diciendo que esta reforma era la prioridad absoluta, incluso más que el exceso del déficit, se ha limitado a decir que si no había acuerdo impondría su reforma y ahora que hay uno sobre negociación dice que el resto, el mercado laboral, lo va a hacer de forma mucho más dura pero no ha explicado ni siquiera los rasgos generales.

La situación ahora es que existe un acuerdo para la negociación colectiva y un aviso (o amenaza) del gobierno del PP de aprobar su reforma laboral en tres semanas.


De todos modos hay tres cuestiones previas que conviene recordar porque muestran la verdadera realidad del acuerdo. Las dos primeras proceden del informa de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que en sus propuestas puede enmarcar la reforma gubernamental, pero que parte de una realidad no discutible, tal reforma "debe responder a las necesidades de la sociedad en su conjunto, y no a las empresas grandes y los trabajadores protegidos" y "debe ser una reforma de calado, evitando más atajos y chapuzas que perpetúen los privilegios de algunos en detrimento de otros" (1). La tercera procede de los datos estadísticos oficiales, los asalariados cubiertos por convenios de empresa firmados a lo largo de cada año está alrededor del 7% de total, las empresas con más de 50 trabajadores son solamente el 2'5% del total (2).

El acuerdo del 24 de enero recoge en términos generales la ofensiva de las propuestas empresariales con ligeras matizaciones, prácticamente irrelevantes, de los dos sindicatos mayoritarios y está dividido en cinco capítulos -el quinto dedicado a formalidades- que repasamos muy brevemente:

1) Estructura de negociación colectiva y flexibilidad interna. Según el acuerdo, los convenios de ámbito superior a la empresa deben apostar de forma decidida por la descentralización de la misma, propiciando la negociación en la empresa y respetando los acuerdos a nivel de empresa, deberían incorporar la flexibilidad interna para hacer frente a la coyuntura, tanto en el tiempo de trabajo como en materia salarial, aceptando que los salarios tengan complementos variables en función de la situación y resultados de la empresa; la flexibilidad interna y externa se deja prácticamente en manos del empresario; y el convenio sectorial no es un acuerdo de mínimos. De hecho se pretende potenciar la negociación a nivel de empresa cuando una parte mayoritaria de dichas empresas no están en condiciones de llevarla a cabo debido a su escaso tamaño y número de trabajadores, y muchas legalmente no poseen delegados sindicales.

2) Empleo. Formación. Teletrabajo. Reestructuraciones y observatorios. Derechos de información y consulta. En el empleo el acuerdo se limita a una relación de buenas intenciones sobre mantenimiento y recuperación del empleo, fomentar el empleo indefinido y reducir la temporalidad, pero con algunos matices peligrosos, como la falta de una decidida actuación contra el encadenamiento de contratos temporales, el fomento de contratos de fijos discontinuos, la aceptación sindical de impulsar contratos fijos a tiempo parcial, el reconocimiento del teletrabajo, o el débil enfoque de las prácticas de subcontratación y reestructuración, todo lo cual indica una tendencia a aceptar la precarización dentro de los trabajadores fijos y a no frenar los incrementos de la temporalidad.

3) Criterios en materia salarial. El acuerdo contempla una práctica aceptación de la congelación salarial a lo largo de los próximos 3 años, dado los máximos de referencia en los incrementos.

4) Descuelgues negociados en la empresa. Las posibilidades de descuelgue se amplían del régimen salarial a éste más horario y distribución de la jornada, turnos, sistema de remuneración, trabajo y rendimiento y funciones, se negociarán a nivel de empresa y cuando no exista representación de los trabajadores por los sindicatos mayoritarios.

En realidad y como comentario final, para este viaje no hacían falta alforjas.

NOTAS:
1.- L. Garicano, S. Bentolila y J.J. Dolado, "Una reforma laboral de verdad" en "El País. Negocios" (15-01-2012) pg. 17. Sentado el acuerdo con esos dos principios el autor de este artículo debe señalar su absoluto rechazo al enfoque general y a la gran mayoría de las propuestas.

2.- D. Lacalle, "Hacia la enésima reforma laboral", en "Noticias Obreras" (HOAC, enero 2012).

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PRIMERAS IMPRESIONES DE LA REFORMA LABORAL POR EL DIPUTADO DE IU ALBERTO GARZÓN

Primeras impresiones de la reforma laboral
Posted on January 25, 2012 by Alberto Garzón Espinosa

Como bien se sabe, empresarios y sindicatos han llegado a un principio de acuerdo sobre la futura reforma laboral que servirá de base para que el gobierno legisle. Será una reforma laboral que, según ha comentado el propio ministro de Economía, se convertirá en el centro de la política económica del gobierno del PP. Mi compañero Coscubiela, diputado de ICV-EUiA y sindicalista de larga trayectoria, ha escrito unas notas de urgencia muy interesantes sobre la reforma. Yo quisiera copiar la idea y plasmar mis primeras impresiones.


Hay varias formas de analizar esta reforma laboral, y sin duda en la izquierda política y sindical vamos a ver ambas. En primer lugar puede analizarse desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista político. En segundo lugar, puede analizarse desde un punto de vista de capacidad de gestión o desde una perspectiva estratégica. Al fin y alcabo, la reforma laboral se enmarca en un determinado momento histórico y en una coyuntura económica muy concreta. Y por lo tanto hay diferentes interpretaciones posibles y todas ellas legítimas.

Como bien se sabe, la primera cuestión a resolver es si es pertinente o no una reforma laboral. Cuestión que engloba unas preguntas aún más importantes: ¿qué objetivo debe tener una reforma laboral? y ¿qué papel juega el mercado de trabajo en el sistema económico?


En la teoría económica el mercado de trabajo puede ser analizado desde diferentes enfoques. Los economistas neoclásicos lo ven como un espacio donde hay demasiadas “interferencias” que obstaculizan la adecuada asignación de trabajadores en los puestos de trabajo. Los sindicatos son uno de esos obstáculos, y en consecuencia también determinadas medidas que han conseguido aplicar y que instauran “rigideces” en la libre asignación de recursos. Esta perspectiva entiende que desregulando el mercado de trabajo (es decir, hacer más fácil en todos los sentidos la contratación y despido de trabajadores) se puede combatir exitosamente el desempleo. Y la variable de ajuste en esta visión es el salario. Cuanto más flexible sea el salario, más fácil será ajustar oferta y demanda de trabajo. Los economistas que se inspiran en esta teoría entienden, en definitiva, que hay que reformar el mercado de trabajo para liberar a los empresarios de sus obstáculos.

Por el contrario, parte de los economistas críticos ven el desempleo no como resultado de desajustes en el mercado de trabajo, sino como desajustes en el mercado de bienes y, concretamente, por falta de demanda. Esto quiere decir que el mercado de trabajo no tiene un papel primordial en la creación de empleo, pero sí lo tiene la actividad económica y el nivel de consumo e inversión (privada y pública). En este sentido y en un contexto de falta de demanda las reformas laborales serían por lo general inocuas. No conseguirían reactivar la economía y amenazarían, si están mal diseñadas, con un empobrecimiento de la población que agudizaría el problema.

Hasta aquí son trazos generales, obviamente. Mi opinión es que en un contexto como el actual el problema de la economía no está en el mercado de trabajo, aunque por otra parte puede aceptarse que tiene sus propios problemas, sino en otras causas que tienen que ver con la desigualdad que conduce a la falta de demanda.

Pero a continuación tenemos que valorar el papel de los sindicatos, y no sólo desde un punto de vista técnico sino también político. Esto quiere decir que no podemos detenernos a saber lo que es conveniente o no bajo la teoría, sino que también tenemos que estudiar las bases políticas que permiten tomar una u otra decisión.

Los sindicatos están hoy desprestigiados y bajo permanente ataque. Como he mencionado anteriormente, la derecha odia a los sindicatos porque en su modelo teórico el papel de los mismos debería ser reducido a la mínima expresión. Resultado de ese ataque y de la nueva configuración económica mundial dominante desde los años ochenta, los sindicatos han sufrido una derrota tras otra. Hasta el punto que muchos sectores han terminado aceptando incluso las tesis de sus adversarios. En esta coyuntura los sindicatos han pasado a una estrategia defensiva, centrando su política en resistir los brutales ataques de la derecha. El objetivo ha sido, desde hace mucho, mitigar los efectos de las políticas impulsadas por los gobiernos y las cuales siempre han atentado contra las condiciones de trabajo de los trabajadores.

Así las cosas, muchos sindicalistas han optado por mantener esa estrategia de lucha ante la reforma actual. Desde un punto de vista técnico esa lucha ha logrado históricamente importantes beneficios, puesto que esa resistencia ha permitido mantener o incluso aumentar derechos en determinadas áreas. Si bien perdiéndolos en otras. La reforma de las pensiones, por ejemplo, tuvo también sus ventajas porque permitió incrementar derechos parciales como la cotización de determinados sectores hasta entonces excluidos. Es decir, la resistencia en la negociación ha permitido mitigar los posibles efectos -aún más perversos- de una reforma laboral impuesta por una de las partes.

En este sentido cabe recordar que el sindicato negocia teniendo presente que ha de hacer presión, para lo cual es importante la movilización y la base social que le apoya. Desgraciadamente tanto el apoyo social como las movilizaciones han ido en retroceso, dejando así al sindicato peor armado.

Si bien lo arriba descrito es perfectamente cierto, hay otros elementos que no podemos olvidar. El primero de ello, que la base social que fortalece un sindicato se nutre de la acción y la coherencia. Con estrategias defensivas los sindicatos pierden poco a poco a sus propias bases, y de vez en cuando aceptando -bajo la lógica del mal menor- burradas como la jubiliación a los 67 el apoyo decae en masa. Los sindicalistas se desaniman y la población no sindicada deja de apoyar. De forma que al término de cada negociación de esta naturaleza los sindicatos se encuentran aún peor armados que antes.

Por eso yo veo dos opciones interesantes para los sindicalistas. La primera, aceptar que no hay una relación de fuerzas suficiente como para enfrentar el poder abrumador de la derecha. Eso conllevaría negociar todo lo posible y comenzar una estrategia de reorganización que permita recuperar fuerzas y plantear una ofensiva en los próximos años. La segunda opción, renunciar a negociar y aceptar que es mejor que se gobierne por decreto a participar en un proceso que te hiere. La negociación te hace partícipe, y es una guerra que nunca se ganará en las actuales condiciones. Así, un plan estratégico debería pasar por reconstruir la base social reconcilíandote con ella.

Yo no soy partidario de esta reforma laboral, que entre otras cosas centra el papel en la moderación salarial. Soy más bien partidario de fortalecer a los sindicatos lo máximo posible, porque son indispensables para la salida a la crisis y para la superación del sistema político y económico. Pero para fortalecer hay que tomar las decisiones adecuadas, no sólo las técnicas sino también las políticas.

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UNA PRIMERA LECTURA DE LOS ACUERDOS ENTRE CC.OO., UGT, CEOE Y CEPYME POR EL DIPUTADO DE ICV-EUiA JOAN COSCUBIELA

Una primera lectura de los acuerdos CCOO, UGT y CEOE
nuevatribuna.es | Joan Coscubiela | Actualizado 25 Enero 2012 - 10:22 h. Acaba de hacerse público un preacuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y empresariales CEOE y CEPYME y, aunque los medios de comunicación destacan los aspectos salariales –las cifras siempre son más fáciles de explicar- , a mi juicio el acuerdo contiene elementos mucho más importantes que pueden tener consecuencias, más allá de la negociación colectiva, en la acción de Gobierno y legislativa del Parlamento en relación a la reforma laboral.

Este preacuerdo debería condicionar el proyecto de Reforma Laboral del Gobierno español
Asumiendo los riesgos de verter una opinión rápida sobre un tema complejo, estos son los aspectos que me parecen más relevantes. Esta opinión, que es personal –como todas por cierto– la emito desde mi actual condición de diputado por ICV-EUiA en el Congreso de Diputados, pero sin duda marcada por mi experiencia como abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo, además de por mis años de responsabilidad sindical en CCOO.

Este preacuerdo debería condicionar el proyecto de Reforma laboral del Gobierno español, dados los innumerables requerimientos que tanto su Presidente, la Vicepresidenta o la Ministra de Trabajo han hecho a sindicatos y patronales para que llegarán a acuerdos. El Gobierno y el Parlamento tienen sin duda la legitimidad democrática para hacer lo que consideren oportuno, pero no seria muy lógico que después de tantos emplazamientos y los requerimientos al diálogo social el Gobierno, ahora se prescindiera de sus resultados.

El preacuerdo dibuja unos equilibrios entre “necesidades de las empresas” y “derechos de los trabajadores”
A mi entender la importancia de los acuerdos estriba en que se hacen propuestas que van en una línea distinta –en ocasiones contraria– a la que había apuntado el gobierno y defendido por algunos lobbys para la Reforma Laboral. Especialmente en el terreno de la estructura y articulación de la negociación colectiva, en el gobierno de las formas de flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo y en la regulación de los descuelgues empresariales en relación al contenido de los convenios sectoriales. Sin duda los márgenes que tienen el Gobierno del PP en relación a lo pactado por sindicatos y patronales son amplios, pero el preacuerdo dibuja unos equilibrios entre “necesidades de las empresas” y “derechos de los trabajadores” que se desmarcan de lo que durante estos meses ha sido la “hegemónica opinión publicada” por parte de los grupos de presión que están intentando “dictar” la reforma.


ESTRUCTURA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La formula acordada esta muy lejos de la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial que exigían algunos grupos de presión
En relación a la estructura de la negociación colectiva el preacuerdo no asume la pretensión de que los convenios de empresa tengan prioridad –incluso “in peius”– en relación a los convenios sectoriales. Lo acordado propicia la negociación de jornada laboral, funciones y salarios a nivel de empresa, por la vía de que los convenios o pactos de empresa desarrollen lo establecido en convenios sectoriales. Pero la formula acordada esta muy lejos de la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial que exigían algunos grupos de presión. Primero porque se ratifica que sean los Convenios sectoriales estatales o de CCAA los que establezcan las reglas de articulación y vertebración en cada sector. Y segundo, porque se apuesta por preservar los convenios provinciales – que la anterior reforma del 2011 había situado en vía muerta-. Y además se hace con el argumento de que los convenios provinciales son por su proximidad a las empresas – especialmente las PIMES- los que mejor pueden aplicar la flexibilidad negociada y los que hoy por hoy ofrecen más cobertura contractual a empresas y trabajadores.

En resumen, una orientación muy distinta a la que defiende el lobby de FEDEA y su portavoz en el Gobierno, el Sr. de Guindos.

FLEXIBILIDAD INTERNA

El preacuerdo apunta la importancia de la flexibilidad interna como alternativa a los despidos
El preacuerdo apunta la importancia de la flexibilidad interna como alternativa a los despidos, pero hace algo más. Dibuja el marco de referencia delo que debe considerarse flexibilidad, distingue entre la flexibilidad ordinaria y la extraordinaria temporal y establece criterios y normas para su gobierno.

La flexibilidad interna queda acotada por las organizaciones empresariales y sindicales a los aspectos de tiempo de trabajo, funciones de los trabajadores y movilidad funcional y salario. Y sobre estos aspectos versa el preacuerdo firmado, que distingue entre “flexibilidad ordinaria” y “extraordinaria temporal “. Lo acordado por las partes es de cierta complejidad y deja interrogantes –como siempre– sobre como se plasmará en los convenios colectivos o en las reformas legislativas. Pero apunta algunos criterios importantes.

De entrada no se recoge la vieja pretensión de algunos sectores empresariales de autorizar, vía artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que lo establecido en convenio colectivo pueda ser modificado unilateralmente por las empresas. Ello sin duda no excluye que el Gobierno del PP pueda hacerlo, pero si lo hace será al margen y contradiciendo lo acordado por los agentes sociales.

En relación a la flexibilidad interna ordinaria se reiteran algunos criterios de otros acuerdos anteriores y se reproduce el actual marco legislativo, con algunas novedades. Se orienta a que los convenios colectivos faciliten que la empresa pueda distribuir irregularmente un 10% de la Jornada anual de trabajo y que las empresas dispongan de una bolsa horaria de 5 días o 40 horas. Del texto parece desprenderse que esta flexibilidad interna ordinaria que los convenios colectivos deberán regular, esta condicionada en su aplicación a que exista acuerdo de la empresa con los representantes legales de los trabajadores (secciones sindicales o Comités de Empresa). Y en caso de no existir representación legal el acuerdo con las organizaciones sindicales firmantes del convenio sectorial, salvo que los trabajadores quieran elegir una comisión “ad hoc” para que les represente en las negociaciones. Lo acordado elude el riesgo de dejar en la unilateralidad empresarial la decisión de aplicar la flexibilidad interna ordinaria acordada en el convenio de referencia.

Lo acordado elude el riesgo de dejar en la unilateralidad empresarial la decisión de aplicar la flexibilidad interna ordinaria acordada en el convenio de referencia.
Una regulación distinta han previsto los firmantes para las necesidades de” flexibilidad extraordinaria temporal” que como la ordinaria se limita a tiempo de trabajo, movilidad funcional y estructura del salario. Aunque los firmantes también derivan su regulación a la negociación colectiva, concretan estas necesidades como las motivadas circunstancialmente por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción, tal como las define el artículo 41 del ET – el actual o el que se reforme-. Y lo más significativo del acuerdo en este apartado puede ser los mecanismos de gestión de esta “flexibilidad extraordinaria temporal”. En estos supuestos, una vez comunicada la decisión empresarial a los trabajadores, si existiera desacuerdo deberá intervenir la Comisión Paritaria del Convenio y en su caso los mecanismos de mediación y arbitraje. No parece concretarse si la decisión será ejecutiva o deberá esperar al pronunciamiento de la Comisión Paritaria o de los servicios de mediación y arbitraje.

DESCUELGUES DEL CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL.

El preacuerdo “somete a la consideración de los legitimados para suscribir convenios colectivos sectoriales, la conveniencia de incluir cláusulas de inaplicación temporal negociada de determinadas condiciones de trabajo”.

La inaplicación sólo se podrá efectuar por acuerdo entre empresa y los representantes de los trabajadores
De una parte supone una ampliación de las posibilidades de descuelgue más allá del régimen salarial previsto en el artículo 82,3 del ET a otras materias como horario y distribución de tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento y movilidad funcional que exceda lo regulado en el artículo 30 del ET. De otra se condiciona a la regulación de las causas y procedimiento a lo que se fije en cada convenio sectorial. Y lo que es más importante, la inaplicación sólo se podrá efectuar por acuerdo entre empresa y los representantes de los trabajadores. Y en caso de desacuerdo se podrán someter las discrepancias a la Comisión paritaria del convenio estatal o en su caso recurrir a los Sistemas de Solución de Conflictos vía mediación o arbitraje.

INCIDENCIA DEL ACUERDO EN LA REFORMA LABORAL

Desde una perspectiva política me atrevo a decir que el preacuerdo acota, limita y condiciona la acción del gobierno en su proyecto de Reforma laboral
Desde una perspectiva política me atrevo a decir que el preacuerdo acota, limita y condiciona la acción del gobierno en su proyecto de Reforma laboral, salvo claro que el PP decida hacer caso omiso a los resultados del dialogo social, en contra de lo que ha venido pregonando hasta ahora.

En cuanto a sus contenidos el preacuerdo comporta de una parte una ampliación de los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas, más allá de los que hoy están establecidos en nuestro marco de relaciones laborables. Se trata de una ampliación que las partes han acordado debe canalizarse a través de la negociación colectiva y que tiene como hilo conductor la necesidad de que los mecanismos de flexibilidad sean pactados.

En este sentido el preacuerdo ha rechazado las llamadas a dar carta de naturaleza a la unilateralidad empresarial con control judicial a posteriori.

Resulta también significativa la voluntad de mantener la actual estructura de negociación colectiva, desoyendo las recomendaciones o exigencias de desvertebración de la negociación, a partir de la primacía del convenio de empresa que algunos sectores empresariales y grupos de presión están exigiendo reiteradamente.

En este sentido el preacuerdo ha rechazado las llamadas a dar carta de naturaleza a la unilateralidad empresarial con control judicial a posteriori.
Fuera del acuerdo -posiblemente porque nunca haya sido objeto de negociaciones- quedan otros aspectos de las relaciones laborales que el Gobierno del PP ha anunciado que forman parte de la reforma laboral. Entre ellos, la regulación de las modalidades de contratación, la regulación de las causas de despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y los procedimientos, así como los procesos de despido y sus costes. Es en este terreno donde el Gobierno del PP va a tener más margen político, al margen de lo acordado por sindicatos y patronal.

Aunque es probable que estos días la información que nos llegue hable de una acuerdo sobre los salarios de los próximos tres años –2012/2014- mi opinión es que lo más importante del preacuerdo y lo que puede tener una incidencia más profunda en nuestro modelo de relaciones laborales y en la próxima y anunciada reforma laboral no son los acuerdos sobre salarios, sino los acuerdos sobre estructura de negociación colectiva, flexibilidad interna y descuelgue empresarial de los convenios sectoriales, que he intentado descifrar en estas notas de urgencia.

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ALEMANIA: DEL MODELO SOCIAL AL INFIERNO SALARIAL

. Alemania.
Del modelo social al infierno salarial
VS 0 | | sección: web | 18/01/2012
Jakob Schäfer

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No es un secreto para nadie: el número de huelgas en la República Federal de Alemania (RFA) es verdaderamente pequeño. En Europa, solo Suiza tiene menos. Esto muestra tanto la estabilidad del sistema político y económico como el importante papel de freno que ejerce una burocracia sindical poderosa, completamente integrada en el sistema dominante y en su gestión de la crisis.

Una ofensiva patronal sin precedentes

Para comprender el papel dominante de los gobiernos alemanes en Europa, es necesario recordar algunos elementos estructurales. Entre 1950 y 1975, excelentes condiciones de acumulación permitieron a la industria ser muy competitiva y obtener importantes excedentes comerciales. Esto iba parejo con una evolución negativa de los salarios reales, y por tanto costes salariales extremadamente débiles. Esto tiene relación con la ruina de la competitividad de la industria en Grecia y en Portugal, y la maduración de la crisis del euro que conocemos actualmente. Este gigantesco excedente de la balanza comercial de la industria (entre 117 y 135 millardos de euros por año en el automóvil, la máquina herramienta y la construcción mecánica) es el fundamento de la integración social de una parte de la clase obrera, sobre todo entre los contratados fijos.

Paralelamente la división de la clase obrera ha sido fuertemente acentuada, ante todo como consecuencia de la Agenda 2010 instaurada por el gobierno federal rojo-verde de Schroeder. El objetivo principal era precarizar una parte creciente de la clase obrera mandándola al sector de los bajos salarios. Durante los últimos quince años se han apretado tanto las tuercas que cada vez menos asalariados cogen bajas: la tasa de absentismo es muy baja, alrededor del 3,8%. La RFA tiene el sector de bajos salarios más importante de Europa: son 8 millones de personas las que trabajan por salarios inferiores al umbral de pobreza. Y no hay ningún salario mínimo. Así, una peluquera en Turingia percibe un salario horario convencional de 3,83 euros. 7 millones de personas ganan menos de 8 euros por hora. Entre 1993 y 2010, esta política ha permitido hacer bajar la parte de los salarios del 73% al 64% de la renta nacional.

Sindicatos incapaces

Las condiciones de trabajo de los 6 millones de precarios (de ellos 900.000 interinos) son particularmente duras. De los 36 millones de asalariados que tienen un trabajo (por tanto sin contar los 5 millones de sin empleo), no hay más que 23 millones que tienen aún un contrato de trabajo “normal” (trabajo a tiempo completo, cotización a la Seguridad Social). Si se añade los 1,7 millones de funcionarios, es menos del 70%. Fue aún bajo Schroder cuando se tomó la decisión de no pagar ya de la misma forma a los asalariados contratados a duración indeterminada y los interinos en el caso en que exista un convenio específico para estos últimos. El DGB /2 firmó justificándose así: “Si no lo hacemos, lo harán los sindicatos cristianos”.

Sin embargo, debido a su falta de combatividad, los juicios que hacen perder su representatividad a los sindicatos se acumulan. La dirección del DGB mantiene sin embargo su posición, pues en realidad, es su política de “defensa de la producción local” lo que está en cuestión, dicho de otra forma, la garantía de condiciones favorables a las empresa capitalistas exportadoras alemanas. Debido a esto, esos precarios ganan como media un 48% menos que los asalariados y asalariadas fijos, es decir, 7,91 euros en lugar de 15 euros por el mismo trabajo. Paralelamente, cada vez más empresas abandonan las organizaciones patronales para no estar ya sometidas a los acuerdos de sector. El carácter obligatorio de los convenios colectivos no deja de disminuir. Nacionalmente, solo un poco más del 60% de los asalariados y asalariadas se encuentra ya en su campo de aplicación /3.


Para remediar esta pérdida de influencia, la burocracia ha redactado recientemente con la confederación patronal BDI /4 un proyecto de ley tendente a no reconocer más que los acuerdos firmados por el sindicato mayoritario. Los demás tendrían la prohibición de convocar huelgas sobre sus propias bases. Este proyecto estaba claramente dirigido contra los pequeños sindicatos corporativos: sindicato de los conductores de locomotoras (GDL), Liga de Marburgo (médicos de hospitales), etc. /5. Este proyecto ha debido ser aparcado debido a la reacción de esos pequeños sindicatos, así como de las protestas en el interior de la DGB, y esto antes de los congresos de la IG Metall y de Ver.di. A pesar de la burocratización muy avanzada, se puede pues hacer aún presión de forma eficaz desde abajo. Hay que subrayar que la huelga “política” /6 está prohibida. La huelga no es posible más que durante la renovación de un acuerdo, cuando “la obligación de paz social” acaba. Hacer huelga contra una ley o cualquier otro proyecto del ejecutivo es correr el riesgo de muy importantes sanciones. Hay que señalar que las huelgas de 1996 contra las restricciones al mantenimiento de los salarios en caso de baja por enfermedad salieron desde abajo: 35.000 huelguistas (sobre todo en Daimler Benz, donde fue el turno de noche de la fábrica de Bremen el que salió primero) durante tres días, el movimiento amenazaba con extenderse, incluso sin convocatoria sindical, y el gobierno retiró íntegramente su proyecto.

Núcleos sindicales combativos

Las resistencias se organizan a diferentes niveles. El primer marco de organización siguen siendo los sindicatos. Esto no toma aún la forma de una corriente de oposición estructurada y claramente identificada. Así sobre el salario mínimo: hace aún seis años, todos los sindicatos estaban contra. Hace cuatro años, Ver.di asumió esta reivindicación y fijaba su montante en 7,50 euros. En su último congreso, ha sido objeto de un duro debate. El sindicato reclama 8,50 euros pero un buen número de delegados, hombres y mujeres, ha peleado por 10 euros, es decir lo que la izquierda sindical demandaba desde hace más de diez años (hoy fija el mínimo en 10 euros netos). El secretario general, Bsirske, debió responder que él estaba también por los 10 euros, pero que “desgraciadamente a nivel confederal del DGB se habían puesto de acuerdo en los 8,50 euros”. Se ha comprometido a pasar cuanto antes a los 10 euros. Un ejemplo más de que las discusiones en la base han permitido convencer.

Por otra parte, algunos pequeños sindicatos de rama tienen suficiente confianza en sus propias fuerzas como para atreverse a implicarse en la lucha y se convierten así en una referencia. Así el GDL, que sindica a alrededor del 80% de los conductores de tren y lucha por un convenio colectivo único independientemente de quién sea el patrón. Han logrado integrar en él al 98% de los conductores.

En fin, hay empresas en que el personal lucha contra el descuelgue de su patrón de su convenio colectivo de sector. El caso más impresionante es la Charité Facility Management GmbH (CFM , 2500 asalariados) . CFM engloba el mantenimiento y los servicios de la Caridad, el mayor centro hospitalario universitario de Berlín. Han sido externalizados a fin de suprimir su convenio colectivo. Están en huelga desde hace ocho semanas (desde el 12 de septiembre). El 7 de noviembre se ha celebrado una reunión convocada por los huelguistas en la que han participado 350 personas, entre ellas delegaciones de empresas de la metalurgia y del GDL.

Movilizaciones de masas

El combate contra “Stuttgart 21” no ha acabado aún (nueva estación subterránea, al menos 6 millardos de euros para un acceso, transportes de proximidad deteriorados y un medio ambiente degradado). El nuevo gobierno del Land (mayoría Verdes, con el SPD) ha intentado frenar al movimiento organizando un referéndum (para hacer aprobar el proyecto con los votos de los habitantes del Land que no están directamente afectados), pero sigue habiendo manifestaciones. El referéndum debía tener lugar el 27 de noviembre, pero se sabe ya que la resistencia continuará.

La oposición a lo nuclear sigue siendo particularmente fuerte. A fines de noviembre están previstas nuevas manifestaciones contra los transportes de residuos nucleares tratados (“Castor”). Va a seguir movilizando a miles de personas, incluso si una victoria parcial ha sido obtenida con el desmantelamiento de ocho centrales y la promesa de salir de lo nuclear.

El movimiento “Occupy” ha encontrado un importante eco. En numerosas ocasiones, ha habido miles de manifestantes. El pasado 12 de noviembre, eran aún 10.000 en Francfurt y 8.000 en Berlín. En la población, la simpatía por las 100 personas que han montado tiendas ante el Banco Central Europeo en Francfurt y acampan desde hace semanas es muy grande.

La desconfianza hacia las fuerzas políticas institucionales dominantes ha aumentado considerablemente desde el comienzo de la gran crisis y a lo largo de estos tres últimos años. Es de ese substrato del que se nutre la resistencia social. Podemos estar seguros de que también en Alemania, el tiempo de la gran calma social llega a su fin.
Notas

1/ Jakob Schafer es miembro de la dirección del Revolutionär Sozialistischer Bund (RSB, Liga Socialista Revolucionaria, una de las dos fracciones públicas de la IV Internacional en la RFA). Es conocido como uno de los animadores de la izquierda sindical en el IG Metall.

2/ Deutscher Gewerkschaftsbund, la confederación alemana de sindicatos que cuenta con 6.300.000 miembros. Sus dos principales federaciones son IG Metall (metalurgia), con 2.400.000 afiliados y Ver.di (comercio y servicios), 2.300.000 afiliados. Los sindicatos cristianos cuentan con 300.000 miembro, la federación autónoma de los funcionarios DBB 1.250.000, un sindicato corporativo independiente como la Liga de Marburgo 100.000….La tasa de sindicación es del 23%.

3/ En 1998, eran aún el 75% en el oeste y el 63% en el este, en 2009, el 65% en el oeste y el 51% en el este.

4/ Bundesverband der deutschen Industrie, (BDI, Federación Alemana de la Industria), equivalente a la CEOE.

5/ La DGB tenía un poco menos de 12 millones de miembros en 1992, tiene 6,3 actualmente.

6/ Solo hay tres países en Europa en los que las “huelgas políticas” están prohibidas: Dinamarca, Austria y Alemania.

Tout est à nous 27/12/2011

http://www.npa2009.org/content/le-%C2%AB%E2%80%89mod%C3%A8le-allemand%E2%80%89%C2%BB-pilier-du-capitalisme-d%E2%80%99outre-rhin

II. El marco social de lo minijobs

Hasta hace poco, Alemania era más bien conocida en Europa como un país de “altos salarios”. Incluso si todo es relativo, es cierto que los Facharbeiter –trabajadores muy cualificados- han sido y siguen siendo comparativamente bien remunerados, en relación a lo que es corriente en otros países europeos.

Sin embargo este cuadro es muy engañoso. Lo que el público ignora, en buena parte, es que Alemania es al mismo tiempo un país de bajos salarios. Hoy, 1,2 millones de asalariados y asalariadas ganan menos de cinco euros brutos por hora de trabajo; y 2,4 millones perciben un salario horario bruto comprendido entre 5 y 7,5 euros. Así, hay categorías de empleados, en sectores como la seguridad, algunos servicios de atención a las personas o la limpieza, que cobran salarios muy inferiores al salario mínimo interprofesional francés (que está fijado en 9,22 euros/h brutos para 2012. En el estado español, los empleados de hogar, por ejemplo, que trabajen por horas tienen un salario mínimo de 5,02 euros/hora ndt).

Una tradición de negociación

Esta situación es debida, primero, a la ausencia total de garantía mínima en materia salarial, comparable al SMIC francés o al “minimum wage” británico por ejemplo. No existe en Alemania ningún salario mínimo legal interprofesional. Hasta muy recientemente, las organizaciones sindicales –en su inmensa mayoría afiliadas a la confederación, el DGB- no lo querían. Tenían miedo, en efecto, de que la fijación de un salario mínimo por el legislador pudiera “minar” su poder de negociación, una prerrogativa celosamente guardada.

Históricamente, los poderes públicos alemanas optaron, tras la Segunda Guerra mundial, por delegar una gran parte de “la ordenación de las condiciones económicas y sociales” a las organizaciones sindicales y patronales. Así, está previsto por la “Ley fundamental” /1 que organizaciones profesionales, que representen a los asalariados y los patronos, pueden formarse libremente. La política y la jurisprudencia han considerado con posterioridad que esto proporcionaba la base para una amplia “autonomía para convenir” (“Tarifautonomie”), al ponerse las organizaciones sindicales y patronales de acuerdo sobre la evolución salarial y otros temas sin que el legislador interviniera. Para la clase política, este sistema presenta una enorme ventaja: amplios sectores de la política social escapan así al debate parlamentario, y los políticos no aparecen como responsables. Las reglas aplicables a una amplia parte de las relaciones de trabajo aparecen como el resultado “natural”, “apolítico”, de una negociación entre “expertos”, sindicales y patronales. Y correspondía a los negociadores (a menudo profesionales especializados) justificar estos resultados “en su propio campo”. Todo esto parecía por tanto fuera de la política.

Este sistema funciona mientras su estabilidad esté garantizada, entre otras cosas, por la “responsabilidad” de los principales actores. Con un sindicalismo “genéticamente” orientado hacia la negociación, más que hacia la lucha, esto parecía asegurado. (Por ejemplo, en Francia los dirigentes de la CFDT han soñado durante mucho tiempo con un sistema similar, lo que les ha llevado a aceptar casi cualquier resultado de una negociación con la patronal, siendo la negociación percibida como un valor en sí. Bajo el segundo mandato de Chirac, una parte de la derecha moderada francesa soñó también con un aumento de la autonomía de los interlocutores sociales).

Los agujeros negros de la cogestión

Estos últimos años, este sistema ha mostrado sus efectos perversos, conduciendo a la ausencia de toda red de protección para buen número de asalariados y asalariadas. No es solo el caso en las empresas que se escapan a la aplicación de toda regla colectiva. Precisemos que en 2006, en total, el 57% de los asalariados en Alemania del oeste y el 41% en la ex Alemania del este trabajaban en empresas a las que se aplicaba un abanico convencional; en las demás, los salarios eran fijados individualmente por el contrato de trabajo. Pero incluso donde existen “contratos tarifarios” (el equivalente a los convenios colectivos franceses), la situación a penas es mejor.

Así algunos de esos “contratos tarifarios” prevén salarios extremadamente bajos, incluso indecentes. En Turingia, empleados de seguridad que trabajan por ejemplo en la seguridad de las reuniones públicas, están oficialmente remunerados a 4,38 euros por hora. Los poderes públicos no se quedan atrás: en 2004/2005 el Land de Saxe protegía la sede del gobierno regional con empleados de seguridad remunerados a 2,50 euros la hora…. Los ejemplos más extremos se encuentran a menudo en la antigua RDA, como en las regiones de Turingia y Saxe, donde ciertas remuneraciones son tan bajas que hay alemanes de esas regiones que van a buscar trabajo a zonas fronterizas de la vecina República Checa.

El callejón sin salida de las organizaciones sindicales, que dan a veces su aprobación a convenios de contenido escandaloso, se explica por varios factores. En primer lugar, una parte de las organizaciones sindicales habían hecho hacía mucho la opción estratégica de concentrarse en un “núcleo de clientela” formado por asalariados altamente cualificados, que pueden negociar sus remuneraciones (individual o colectivamente) y por tanto pagar cotizaciones sindicales sustanciosas. Las poderosas federaciones de la metalurgia y de la química, IG Metalll e IG BCE, han desoído durante mucho tiempo las reivindicaciones sobre la creación de un salario mínimo. Este objetivo fué primero defendido por federaciones sindicales implantadas en sectores como los servicios (federación Verdi) o los hoteles-cafés-restaurantes (NGG), donde los bajos salarios eran ya numerosos.

Hoy este debate está en gran medida superado, puesto que incluso una parte de la derecha política a tomado acta del principio de la necesidad de salarios mínimos legales. Sin embargo, la discusión en el seno de la coalición de derechas en el poder trata más bien sobre la cuestión de saber si hay que introducir salarios mínimos por sector o al contrario, a escala federal. La canciller Angela Merkel acaba de pronunciarse, a comienzos de noviembre de 2011, por la primera solución. Su ministra de trabajo, Ursula van der Leyen (CDU) ha optado, al contrario, por la segunda. Mientras tanto, existen ya una decena de salarios mínimos de sector –gracias a un sistema que se parece a la “extensión” de un convenio colectivo en derecho francés-, sobre alrededor de 500 sectores en total.

La aportación del SPD y de los Verdes al deterioro social

Por otra parte, la existencia de salarios extremadamente bajos ha estado favorecida estos últimos años por el paro de masas y por las políticas de “reforma” neoliberal del mercado de trabajo. Una de las especificidades del caso alemán consiste por otra parte en el hecho de que fué un gobierno del SPD y los Verdes, bajo el canciller Gerhard Schöder, quien introdujo este deterioro social generalizado a partir de 2001, mediante la promulgación de cuatro leyes que llevaban el título de “Hartz I, II, III y IV”/2 que entraron en vigor en 2003, 2004 y 2005.

Al margen de la creación de un estatuto bautizado “mini-job”, sobre la base de una remuneración de 400 euros por un trabajo a tiempo parcial (y cuyas cotizaciones sociales estaban reducidas a un 10% entonces, luego convertido en un 11%), estas leyes sobre todo han “reformado” de arriba abajo el subsidio de desempleo. El antiguo sistema de indemnización del paro fue fusionado así, por la ley “Hartz IV”, desde el 1 de enero de 2005 con la antigua Ayuda Social (Sozialhilfe). Lo que ha hecho que toda persona privada de empleo cambie, en adelante, de situación al cabo de un año. Tras doce meses de paro indemnizado sobre la base de las cotizaciones pagadas, la persona se convierte en sujeto de una forma de ayuda social con un techo de un poco más de 400 euros por persona (sin carga familiar) a la que se añade una asignación por vivienda. Esta asignación está condicionada: la persona debe probar que no tiene recursos, que no tiene ahorros, que no puede ser tomada a su cargo por su familia ni por la persona que vive con ella (dos personas que tienen un piso en alquiler a medias tienen que probar ante la Agencia de Empleo que no forman en realidad una pareja), y que está disponible para la búsqueda de un empleo. Las exigencias son las mismas haya cotizado el asegurado ¡durante dos años o durante cuarenta!.

Este sistema ha roto la situación de asalariados y asalariadas y reforzado enormemente el miedo al paro. El nuevo estatuto del parado está completado por la posibilidad de combinar la asignación con horas de trabajo remuneradas a la tasa de un euro, los ya famosos “jobs a un euro”. En ciertos sectores, estos últimos son desde hace varios años utilizados para procurar empleos que, de otra forma, deberían estar ocupados por asalariados “ordinarios”. Incluyendo ahora, en ciertas escuelas que reclutan en estas reservas enseñantes “tapa huecos” para reemplazar a profesores ausentes.

Notas

1/ Cf. artículo 9, apartado 9 de la Ley Fundamental que es el texto constitucional adoptado en 1949 en Alemania Federal, entonces considerado como provisional.

2/ Por el nombre del antiguo DRH de las fábricas de automóviles Volkswagen, Peter Hartz, que presidió la comisión encargada de elaborar la “reforma”.

http://www.npa2009.org/content/du-mod%C3%A8le-social-%C3%A0-l%E2%80%99enfer-salarial



Traducción : Faustino Eguberri para VIENTO SUR



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