EL MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PARTIDO POPULAR

EL MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PARTIDO POPULAR


Publicado en Eldiario.es



El 13 de febrero de 2013 el ministro de economía fue interpelado en el Congreso para que explicara el modelo de crecimiento de la economía española tras la crisis. Sus palabras fueron claras: “el modelo de crecimiento de la economía española es el que ya apunta la economía española hoy, es un modelo basado en las exportaciones de bienes y servicios”. Y después añadió que concretamente el crecimiento vendría por el lado de los “servicios no turísticos, que son normalmente servicios de alto valor añadido, en los cuales se compite en el mundo, como consecuencia básicamente del conocimiento. España tiene un superávit y capacidad de competir, y eso es una indicación clara de lo que decía anteriormente. Ese es el modelo que nosotros queremos”.



El ministro hacía así referencia a un cambio cualitativo muy importante que está viviendo la economía española: el desplazamiento desde un modelo dirigido por el endeudamiento y la demanda interna (debt-led) hacia un modelo basado en la exportaciones de bienes y servicios (export-led). Pero, además, concretaba el ministro que se tratará de servicios de alto valor añadido, lo que requerirá un nivel alto de cualificación de los trabajadores. Las preguntas que nos hacemos son: ¿es viable este modelo de crecimiento? ¿sobre qué sectores reales se asienta?



Los modelos export-led y sus críticas



Todas las economías capitalistas tienen que crecer para poder reproducirse, lo que significa que tienen que encontrar espacios de rentabilidad empresarial que hagan atractiva la inversión. Esa rentabilidad puede encontrarse en el mercado interno (los propias familias, empresas y Estado son los compradores) o en el mercado externo (las compras vienen desde el exterior). Obviamente cualquier economía abierta opera en ambos mercados, pero siempre alguno de ellos es el motor fundamental.



Para entender esto podemos aproximarnos al tema por la vía del Producto Interior Bruto (PIB), que medido en términos de demanda es la suma del Consumo (C), la Inversión (I), el Gasto Público (G) y las Exportaciones Netas (E). En España este último componente, que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, había sido negativo en las últimas décadas de modo que para crecer la economía había tenido que propulsarse con el resto de componentes. Concretamente lo hizo a partir del crecimiento del consumo y la inversión vinculados al sector de la construcción. Pero cuando la burbuja pinchó, la demanda interna cayó y cayeron el consumo, la inversión y las importaciones de bienes y servicios. Eso condujo a la recesión y al inicio del proceso de ajuste.


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Carta abierta sobre la reforma local:”los pueblos pequeños pagamos los platos rotos de la crisis”

Carta abierta sobre la reforma local:”los pueblos pequeños pagamos los platos rotos de la crisis”


Posted by Guest on Viernes, marzo 8, 2013 · 3 Comentarios


Fuente: www.larepublica.es




“S.O.S” LOS PUEBLOS PEQUEÑOS PAGAMOS LOS PLATOS ROTOS DE ESTA CRISIS, “NO EN NUESTRO NOMBRE”.



REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL O MEJOR DICHO GOLPE DE ESTADO A LA AUTONOMIA LOCAL Y SECUESTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE RECIBEN LOS VECINOS









Soy alcalde de Almáchar, 1900 habitantes, tengo excedencia en mi trabajo en una empresa privada, donde cobraba sólo 350 € menos; como alcalde trabajo, SÍÍÍ TRABAJO, más de 10 horas diarias, todos, prácticamente todos los días del año, por buscar lo mejor para mis vecinos, NO PARA MÍ, somos un Ayuntamiento solvente, tenemos pagados todo a fecha de 31 de Diciembre, cumpliendo la ley, no tenemos deudas (ni con hacienda, seguridad social ni otras administraciones), prestamos servicio de guardería, que nos quitaran por la cara por ser competencia impropia y que no será rentable si lo hace otra administración, ídem el conserje, las dos cocineras del comedor escolar y la limpiadora, al gestionar nosotros todo esto tenemos la suerte de que 140 niños coman todos los días comida tradicional hecha “in situ” limpieza de calidad y conserje que con su labor hace que la calidad educativa del centro mejore, al ser competencia impropia lo gestionará la Junta, que probablemente instale la línea fría, no pondrá conserje y subcontratará la limpieza con una empresa privada que busca beneficio antes que calidad del servicio, además los cuatro puestos de trabajo locales y toda la compra de suministros al comedor a los comercios locales los perderemos, en la guardería tres cuartos de lo mismo, si es que la Junta la mantiene, porque si el municipio tiene menos de 5.000 habitantes no está obligada a mantenerla y nosotros aunque queramos no podremos hacerlo por imperativo legal, otros dos puestos de trabajo locales en el aire al igual que este servicio, el bibliotecario que está a media jornada tendrá que irse a la calle si la Junta decide que no es viable su continuidad, pues no somos suficientes habitantes para este servicio, etc, etc,..



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EL MANIFIESTO MADRID-DONOSTIA PAZ Y DEMOCRACIA EN EL PAÍS VASCO CONSIGUE APOYOS DE PERSONALIDADES DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES

Intelectuales madrileños exigen a Rajoy que asuma el plan de Donostia

Piden al Gobierno que actúe "sin demoras" para aprovechar el "momento histórico" que vive el País Vasco. Recuerdan que ETA "ha cumplido" con la hoja de ruta de Aiete

IÑIGO ADURIZ Madrid 19/04/2012

Montserrat Galcerán, José Manuel Naredo, Carmen Lamarca, Cristina Marestany y Carlos Taibo, en la rueda de prensa de esta mañana.



El pasado octubre se abrió en el País Vasco un proceso con "suficiente importancia" como para que no se afronte con la "pasividad" con la que lo está afrontando el Gobierno. Por esta razón, 500 intelectuales madrileños han suscrito un manifiesto en el que exigen al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy que actúe "sin demoras", para que "la ilusión y la esperanza generadas" por el "nuevo tiempo político" abierto en Euskadi no sean "defraudadas".

La hoja de ruta que proponen aplicar estas personalidades que, según han insistido en rueda de prensa, están "vinculadas a la ciudad de Madrid", es la que salió de la Conferencia Internacional de Paz de Donostia, que tuvo lugar en octubre del año pasado en el Palacio de Aiete de la capital guipuzcoana.

Exigen a Rajoy que dé "los pasos que le corresponden" en el camino abierto por el cese definitivo de las armas por parte de ETA. Reclaman el traslado de los presos de la banda "a las prisiones más cercanas a su lugar de residencia", cesando así la "injusta pena" que, según los intelectuales que firman el manifiesto "sufren sus familiares". Y piden a Instituciones Penitenciarias que aplique, asimismo, la legislación penal "ordinaria para todos ellos".

En el aspecto jurídico reclaman la legalización de Sortu y el "fin de la ilegalización de partidos políticos y organizaciones independentistas". Y, en el político, que se ponga en marcha una "política compartida tendente a la reconciliación", que permita el reconocimiento "a todas las víctimas, sin exclusión alguna". También exigen que se inicie el diálogo entre ETA y el Gobierno "para un cierre ordenado" de la banda "como organización armada, incluido un acuerdo de desarme verificable".

La abogada y profesora de la Universidad Carlos III, Carmen Lamarca, ha explicado que con el manifiesto, titulado "Paz y democracia para el País Vasco" lo único que reclaman es que "se vuelva a la normalidad en el ámbito jurídico, sobre todo después de que hayan cesado las actuaciones que "justifiquen esa excepcionalidad" que se ha aplicado en los últimos años a ETA y a su entorno por parte de los tribunales.

Que Rajoy "haga sus deberes"

"Por un lado se ha cumplido", ha insistido, por su parte, la escritora Cristina Maristany, en alusión al cese definitivo de las armas de ETA anunciado pocos días después de que se suscribiera la Conferencia de Donostia. Por eso aseguró que "es el momento de que Mariano Rajoy haga sus deberes".

Montserrat Galcerán, catedrática de la Universidad Complutense, ha puesto en valor que en el País Vasco se ha abierto una "oportunidad única para acabar con unos problemas que nos llevan atormentando desde hace años", y por ello emplazó al Ejecutivo a que actúe de inmediato.

En la rueda de prensa también han estado presentes el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Carlos Taibo o el economista José Manuel Naredo, entre otros. Todos ellos han anunciado que el próximo mes de mayo tendrá lugar un acto en Madrid en el que también se reclamará al Gobierno que dé pasos en el proceso de paz abierto en Euskadi. No han concretado en qué consistirá ese acontecimiento aunque han querido dejar claro que "es posible y necesaria" una manifestación que exija sus mismos objetivos en la capital española.

El manifiesto lo han suscrito, entre otros, por el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, escritores de la talla de José Luis Sampedro, Santiago Alba Rico o Jorge Riechmann; periodistas como Isaac Rosa, Antonio Álvarez Solís, Roberto Montoya o Carlos Tena; miembros de partidos políticos como Hugo Martínez Abarca (IU), Raúl Camargo (Izquierda Anticapitalista) o Ángeles Maestro (Red Roja); actores como Pilar Bardem Alberto Sanjuán, Amparo Climent, Willie Toledo o Unax Ugalde, así como economistas, sociológos, sindicalistas y personalidades de todos los sectores de la sociedad.





Manifiesto Madrid-Donostia Paz y Democracia en el País Vasco



Las personas que suscribimos este documento coincidimos en señalar como histórico el momento político que vive el País Vasco. La Declaración de Bruselas suscrita por varios premios Nobel de la Paz, el Acuerdo de Gernika, la apuesta de la izquierda abertzale por las vías única y exclusivamente políticas y democráticas y la decisión de ETA de poner fin a su actividad armada, dibujan un panorama que ha abierto sin lugar a dudas un nuevo tiempo político en el País Vasco, así como también en el conjunto del Estado.

En esta misma dirección consideramos que la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián-Donostia, el pasado 17 de octubre, auspiciada por diversas personalidades de talla internacional, ha sido de un valor enorme en el contexto de la búsqueda de las soluciones que tanto necesita el País Vasco. La resolución alcanzada en la misma, cuyo texto se adjunta, representa a nuestro entender una clara hoja de ruta, cuyo contenido marca cuáles debieran ser los pasos a dar.

Algunos de los agentes emplazados por esta Conferencia ya han respondido al requerimiento realizado. Así, el pasado mes de octubre, ETA hizo una declaración pública en la que anunció el cese definitivo de su actividad armada, hecho que valoramos positivamente y que nos parece crucial para entender el futuro de esta cuestión. En esa declaración ETA solicitó diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente de “las consecuencias del conflicto” (presos, víctimas y desarme), y afirmó que la agenda política corresponde exclusivamente a los representantes políticos de la sociedad vasca.

En este contexto, tras el acceso al Gobierno por el PP, consideramos necesario subrayar la vigencia de los contenidos de la Conferencia de San Sebastián-Donostia e instar a aquel a dar los pasos que le corresponden y que, a nuestro entender, son los siguientes:

■Traslado de todos los presos y presas vascas a las prisiones más cercanas a su lugar de residencia, cesando así esta injusta pena sufrida, sobre todo, por sus familiares; aplicación a los mismos de la legislación penitenciaria ordinaria: libertad presos preventivos, libertad condicional de quienes cuentan con ¾ partes de la condena cumplida, libertad inmediata en los casos de enfermedad grave.
■Legalización de SORTU. Fin de la política de ilegalización de partidos políticos y organizaciones independentistas.
■Diseño de una política compartida tendente a la reconciliación; reconocimiento de todas las víctimas, sin exclusión alguna.
■Diálogo ETA-Gobierno español para un cierre ordenado de ETA como organización armada, incluido un acuerdo de desarme verificable.
■Y finalmente, puesta en marcha del diálogo político sin exclusiones.
El nuevo tiempo político que ha surgido exige actuar sin demoras. La ilusión y esperanza generadas por el mismo no puede ser defraudadas. Ya no hay excusas ni obstáculos que puedan aducirse como insalvables. La consolidación de un nuevo escenario para el País Vasco es también tarea nuestra, porque nos afecta en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas amantes de la paz, la libertad y la democracia. Por ello, volvemos a emplazar al Gobierno español a que se implique en dicha labor y a dar pasos en la dirección señalada por la Declaración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián-Donostia de 17 de octubre del 2011.

Madrid, Marzo de 2012


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ASOCIACIONES EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA RECHAZAN EL COPAGO FARMACEÚTICO

La FADSP acusa al Gobierno de ser “valiente” con los débiles y “cobarde” con las multinacionales
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública advierte de que el copago farmacéutico introducido por el Gobierno favorecerá el no cumplimiento de los tratamientos y una mayor utilización de urgencias, así como un aumento de las tasas de hospitalización.

nuevatribuna.es | | Actualizado 19 Abril 2012 - 18:03 h. La FADSP teme que se avance en la línea del recorte de prestaciones por parte del Sistema Nacional de Salud
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncia la introducción del copago farmacéutico impuesto por el Gobierno y critica el hecho de que las nuevas medidas adoptadas “se han vendido ante la opinión pública como un ajuste necesario para sostener la sanidad pública”, sin contar con los inconvenientes.

En este sentido, la FADSP recuerda que en España los jubilados tienen unas pensiones muy bajas (el 8,51% cobra menos de 300 euros y el 54,02% menos de 650 euros) “lo que les colocara en la tesitura de optar entre pagar los medicamentos y comprar alimentos, con lo que, cualquier decisión que tomen será muy negativa para su salud”.

La asociación considera que establecer copagos distintos según tramos de renta tiene algunas dificultades y costes que no se han tenido en cuenta. Entre las dificultades, el hecho de que la renta es variable y que en España el fraude fiscal es muy elevado y de difícil control “con lo que los defraudadores seguirán muy probablemente sin pagar y se penalizará a las personas que viven de un salario, una pensión o la prestación por desempleo”.


Por otro lado, las medidas introducidas por el Gobierno obligarán a cambiar las tarjetas sanitarias de toda la población (47 millones de personas), dependiendo de la complejidad que se quiera incorporar a las mismas la estimación de coste, según la FADSP, es de entre 470 y 900 millones euros, un gasto que supera a los ingresos previstos, al menos durante el primer año,

También subrayan que la experiencia de introducir el copago en otros países ha demostrado que los copagos en medicamentos “favorecen el no cumplimiento de los tratamientos, una mayor utilización de urgencias y mayores tasas de hospitalización, por lo que además de producir problemas de salud habrá que contar con este aumento de los costes”.

Sobre la cartera de servicios, lo anunciado hasta el momento, hace temer a la asociación “que se avance en la línea del recorte de prestaciones por parte del Sistema Nacional de Salud, porque las prestaciones que se han mencionado no producen un gasto significativo y entran en el terreno del marketing demagógico”.

En cuanto al control del “turismo sanitario”, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública asegura que se trata de “un serio problema no de normativa como de recogida de datos y control por parte de los centros sanitarios y las administraciones autonómicas” y que el ahorro que se calcula “es sumamente improbable”.

En suma, la FADSP muestra su rechazo a tales medidas porque “son muy regresivas y van a penalizar a los más enfermos y los más pobres, generando desigualdades intolerables a la hora del acceso a las prestaciones sanitarias. El Gobierno ha optado por usar la valentía de la que presume con las personas más débiles y desprotegidas y su cobardía a la hora de tocar los intereses económicos de las multinacionales”.

“Estas medidas –añaden- van a tener una efectividad muy limitada y muy inferior a la prevista por el Ministerio” y recuerdan que desde la FADSP se ha propuesto una serie de medidas que sin suponer copagos ni exclusión de prestaciones lograrían un ahorro de casi 10.000 millones euros, tal y como publicó recientemente nuevatribuna.es.



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EL ERROR DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y RECORTES EN LA SANIDAD PÚBLICA

El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública
Estado del Bienestar, Política Catalana, Política Española, Salud y Calidad de vida Añada comentariosArtículo publicado por Vicenç Navarro en GACETA SANITARIA, abril de 2012

Este artículo analiza críticamente la política de recortes de gasto sanitario público que se está realizando en España, recortes que acentuarán todavía más la polarización de la atención sanitaria en España por clase social.
Una de las características de la sanidad pública española es su bajo gasto público sanitario, uno de los más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante nivel de desarrollo económico al de España). Según Eurostat, en el 2008, el primer año de la crisis, España se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. Se llega a la misma conclusión cuando se escoge el gasto público sanitario por habitante. España se sitúa, de nuevo, a la cola de la UE-15.


Soy consciente de que algunos economistas de la salud en España han señalado que España se gasta ya en sanidad pública lo que le corresponde por su nivel de desarrollo económico, postura insostenible a la luz de los datos (para ver una crítica de tal postura, ver mi artículo publicado en la revista Salud 2000 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (“Los determinantes del gasto público sanitario”. Agosto 2010). En realidad, España se gasta en sanidad pública mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% se gastara el 94%, España se gastaría en su sector sanitario público 13.500 millones de euros más de los que se gasta. Ni que decir tiene que el PIB por habitante no es el determinante del gasto público sanitario por habitante, pues muchas otras variables intervienen en configurar tal gasto, desde la estructura demográfica al tipo de organización del sistema sanitario, entre otros. Pero todas las indicaciones permiten llegar a la conclusión de que el gasto público sanitario es más bajo de lo que debiera ser por el desarrollo económico que tiene el país. Esta observación es aplicable a todos los servicios públicos del Estado del Bienestar. El número de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar es de los más bajos de la UE-15. Sólo un 9%, comparado con un 15% en la UE-15 y un 25% en Suecia, el país que tiene mayor desarrollo de su Estado del Bienestar.


Las causas de este escaso gasto público sanitario son predominantemente políticas: el gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español a lo largo de su historia, característica que comparte con Grecia y Portugal, los países que tienen también un gran retraso en su gasto público social (ver Navarro, V., El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, y Volúmenes I, II y III de La Situación Social en España, 2004, 2007 y 2009).


La polarización por clase social del sistema sanitario español

Esta situación explica que España sea también el país que tiene el mayor porcentaje de gasto sanitario privado de la UE-15. Casi el 30% del gasto sanitario es gasto privado procedente predominantemente del 20-25% de la población que tiene mayor nivel de renta. Ello determina que exista una polarización por clase social del sistema sanitario español, con una sanidad privada que atiende básicamente a los sectores con mayores recursos y una sanidad pública que atiende a las clases populares. Esta polarización es típica de los países donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor influencia sobre el Estado, tales como el sur de Europa y la mayoría de países de América Latina.




Tal sistema, además de injusto, es altamente ineficiente, pues mientras que la privada es, en general, mejor que la pública por su confort (una cama por habitación), por su mayor tiempo de visita y por una menor lista de espera, en la pública la calidad del personal y riqueza de la infraestructura es superior . En países donde se ha comparado la mortalidad estandarizando las variables que pueden afectar la mortalidad, ésta es mayor en los centros privados (con afán de lucro) que en los centros públicos (P. J. Devereaux, et ál. “Payment for care at private for-profit and private not-for-profit hospitals: a systemathic review and meta-analysis”, 08-06-04, y P. J. Devereaux, et ál. “A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals”, en la revista de la Canadian Medical Association 28-05-02).


Las políticas públicas que se están proponiendo con recortes sustanciales de la sanidad pública acentuarán todavía más la polarización por clase social del sistema sanitario español. Los recortes en el gasto público acelerarán el crecimiento de la sanidad privada, proceso de aceleración que será facilitado por la desgravación del aseguramiento privado que alcanza su máxima expresión en las propuestas del Conseller de Salut del gobierno CiU de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, quien ha propuesto el aseguramiento sanitario obligatorio para las rentas superiores, reduciendo el sector público a un sector asistencial de mínimos para las clases populares. Esta dicotomía afectará todavía más negativamente la inequidad e ineficiencia del sistema, como ha demostrado la experiencia en EEUU. Ningún otro país se gasta tanto en sanidad y tiene un mayor grado de descontento popular con su sistema sanitario que EEUU, donde el aseguramiento privado está generalizado. Es un tremendo error ir en esta dirección.


Los recortes acentuarán más la polarización social

Las insuficiencias del gasto público sanitario han dado pie a las políticas de recortes que se justifican bajo varios argumentos, ninguno de los cuales es sostenible, ni conceptualmente ni empíricamente. Es paradójico que algunos economistas aconsejen tales recortes que conllevarán una expansión de tal aseguramiento, argumentando que estimularán la eficiencia “eliminando la grasa”. Tal argumento ignora, sin embargo, el carácter político de los recortes, los cuales reproducen y acentúan más la desigualdad en la distribución del poder institucional dentro del sector sanitario, pues los grupos más poderosos se defienden mejor de los recortes que los grupos con menos poder. No hay ninguna evidencia de que tales recortes estén mejorando la eficiencia del sistema. Antes al contrario, están acentuando todavía más las grandes ineficiencias, consecuencia de la polarización por clase social del sistema sanitario.


Estos recortes van acompañados de una llamada al incremento de los ingresos privados, aumentando todavía más el elevado porcentaje que el gasto público privado representa sobre el gasto total. Uno de ellos es el copago, medida que se presenta frecuentemente como medida moderadora de un supuesto abuso del sistema público por parte del usuario, del cual no hay ninguna evidencia. El hecho de que el usuario español tenga más visitas o más recetas no es un indicador de abuso del sistema por parte del usuario, pues esta mayor utilización se debe a causas administrativas (tener la firma del médico) o a una subutilización del personal de enfermería, entre otros factores. Es más, la utilización y el gasto sanitario viene determinado en gran manera por el médico, no por el usuario.


El sistema de copago no es equitativo y sería mucho más eficiente, eficaz y equitativo que el pago se hiciera por vía impositiva con una orientación finalista, tal como se ha desarrollado en otros países. La carga fiscal en España es, además de baja, altamente regresiva. Y debería corregirse, añadiendo un componente finalista en la corrección de inequidades fiscales. Las encuestas señalan que, a la vez que existe una gran desaprobación por parte de la población de los recortes y del copago, hay una amplia aprobación del aumento de los recursos para la sanidad (87% de la población). En realidad, los fondos que el Estado intenta ahorrarse recortando los servicios sanitarios podrían haberse adquirido a base de medidas tales como eliminar la baja de impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que habrían obtenido 5.300 millones de más) o recuperando el impuesto del patrimonio (2.100 millones de euros), y eliminando la reducción de los impuestos de sucesiones (2.552 millones), o eliminando el fraude fiscal de la grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, consiguiendo 44.000 millones de euros, por citar sólo unos ejemplos (ver “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España” Navarro, V., Torres, J., Garzón, A.). Tales recortes responden a unas coordenadas políticas de poder que se presentan erróneamente como las únicas alternativas posibles. Pero los datos muestran que otras intervenciones son posibles si existe voluntad política para ello.



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EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO RAJOY NO ES BUENO PARA ESPAÑA

El presupuesto del Gobierno Rajoy no es bueno para España

Economia política, Europa, Neoliberalismo y Globalización, Política Catalana, Política Española

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 16 de abril de 2012

Este artículo analiza los supuestos erróneos que guían el diseño del presupuesto propuesto por el gobierno Rajoy, y que dañarán extensamente tanto la eficiencia de la economía española como la calidad de vida de las clases populares de España.
Juan Torres, entre muchos otros economistas, ha señalado las enormes contradicciones existentes entre las promesas hechas por el Partido Popular, claramente descritas en su programa electoral y en los discursos del candidato Rajoy durante la campaña electoral, y las políticas llevadas a cabo por tal partido una vez en el gobierno. Tales contradicciones no pueden atribuirse a un error de cálculo, sino a una estrategia bien definida de realizar lo que estaban ya preparados para imponer a la ciudadanía española, ocultándolo con promesas que se han convertido en enormes falsedades. Nunca antes durante el periodo democrático, un gobierno había roto con mayor cinismo (y no hay otra manera de definirlo) las promesas realizadas durante la campaña electoral.

Este comportamiento ha alcanzado cotas hasta ahora desconocidas en la vida política de España durante el periodo democrático. La supeditación de la vida pública del país para satisfacer las necesidades partidistas del partido gobernante, ha llegado a niveles desproporcionados, que ha tenido un impacto opuesto al deseado. Retrasar, por ejemplo, la presentación del presupuesto para el día después de las elecciones andaluzas y asturianas, con el fin de ocultar las políticas sumamente impopulares, subestimó dramáticamente la inteligencia de la población española, y muy en especial de las clases populares, hecho que, aún siendo generalizado entre las élites políticas y mediáticas del país, alcanzó niveles democráticamente intolerables para un gobierno. Este retraso en facilitar la información tuvo predeciblemente el impacto opuesto al deseado por el manipulador gobierno Rajoy. La población andaluza y la asturiana se alarmaron al querer ocultárseles el presupuesto, pues muchos concluyeron que sería un presupuesto malo para sus intereses y eso afectó al comportamiento electoral de manera opuesta al deseado.



Tal retraso afectó también muy negativamente a la imagen del gobierno, perdiendo credibilidad internacional, causa, en gran parte, de que la prima de riesgo se disparara ocasionando un problema grave en el pago de la deuda pública española. Este periodo de silencio intentaba compensarlo Rajoy con declaraciones (que suponía, erróneamente, que podrían mantenerse confidenciales) a las élites de la Comisión Europea y del BCE, en las que afirmaba que el programa de reformas sería muy “agresivo” (término utilizado por el Ministro de Economía, el Sr. Luis de Guindos) en contra de los trabajadores, y que le “costaría una huelga general” (como indicó el presidente Rajoy). Estas declaraciones querían tranquilizar a sus superiores, diciéndoles que tuvieran confianza en él, que sería duro con las clases populares. Era el caso extremo de lo que Noam Chomsky llama la guerra de clases unilateral que se convirtió en bilateral a partir de la huelga general (ver su prólogo en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, de Navarro V., Torres, J. y Garzón A.). El gobierno Rajoy es, sin duda, el más agresivo contra la España Social que haya existido en el periodo democrático y sus propuestas presupuestarias tendrán un impacto enormemente negativo para la gran mayoría de la población española.


Veamos los datos. El mensaje que el presupuesto del gobierno transmite es que el gobierno Rajoy quiere dar la imagen de que el mayor problema que tiene España es el elevado déficit público, y que para resolverlo hay que recortar dramáticamente el gasto público, incluyendo el gasto público social (que ya es el más bajo de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de la UE con un nivel de desarrollo económico semejante al de España). Estos recortes, además de desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso componentes del gasto esenciales tanto para estimular la economía como para resolver el enorme problema del desempleo, que es el mayor problema económico y social que tiene España. Recortar el gasto en infraestructura, I+D y educación, junto con el gasto en formación profesional, es suicida. Y empleo este término con todo rigor, pues tales medidas empeorarán dramáticamente las posibilidades de que la economía se recupere y con ello baje el déficit. La experiencia griega es el caso más claro del error de tales políticas. También muestra una enorme insensibilidad social, recortando gastos en sectores esenciales de ayuda a las familias españolas, como la sanidad y los servicios de dependencia, sobrecargando con ello a las familias (y en España, decir familia quiere decir mujer). Son unos presupuestos antisociales, anti-familias y anti-mujer. Sus medidas antisociales contribuirán al desempleo, pues destruyen empleo en los escasamente desarrollados servicios públicos del Estado del Bienestar (España tiene el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar más bajo de la UE-15). Es un presupuesto hostil al subdesarrollado Estado del Bienestar español, forzando a las Comunidades Autónomas (que gestionan la mayoría de los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar) a unos recortes que no podrán absorber.


Pero la mayor incoherencia del presupuesto aparece en el capítulo de ingresos. Es bien conocido que hay tres maneras de reducir el déficit público. Una es estimulando la economía, creciendo económicamente, lo cual este presupuesto no conseguirá. Antes al contrario, este presupuesto aumentará más la recesión. La otra manera es reduciendo el gasto público, que es la vía escogida por este gobierno, medida que será contraproducente, pues al eliminar elementos estimuladores de la economía (consecuencia de la manera indiscriminada en que se han hecho tales recortes), la reducción del déficit será muy limitada (sin excluir su empeoramiento), como muestra claramente el caso griego. Y la tercera manera es aumentando los ingresos al Estado mediante aumento de los impuestos. Pues bien, en contra de lo que se ha publicado, este presupuesto recorta los impuestos en lugar de aumentarlos. Veamos. Las medidas impositivas del gobierno Rajoy se dividen en medidas estructurales, es decir, medidas que durarán muchos años, y medidas coyunturales, es decir, sólo por un par de años o poco más. Ni que decir tiene que las intervenciones más importantes para definir el déficit estructural son las intervenciones estructurales, no las coyunturales. Pues bien, el gobierno Rajoy ha disminuido los impuestos para las rentas superiores y medias, desgravando la compra de la vivienda, y ha bajado las deducciones fiscales por gastos financieros que favorece a las rentas superiores. Querer reducir el déficit estructural y a la vez bajar los impuestos estructurales es una contradicción y un enorme error.


La subida de impuestos del IRPF (que grava sobre todo a las rentas del trabajo) acentúa todavía más la dependencia de los ingresos del Estado de las rentas derivadas del trabajo, con el agravante de que el nivel formal de gravación para las rentas superiores es ficticio, resultado del impacto regresivo de las múltiples deducciones y artimañas legales que quedan permanentes. Y lo que alcanza niveles escandalosos es la política de corrección del fraude fiscal, pues favorece su permanencia y extensión, penalizando a los que no defraudaron a Hacienda y exigiendo tributaciones a los que defraudan muy por debajo de las exigidas al tributante promedio.


Es más, la mayoría del fraude fiscal (72%) en España, según los técnicos de Hacienda, procede de las grandes familias, así como de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y de la banca. A partir de estas medidas de “supuesta corrección del fraude fiscal”, tales grupos serán favorecidos para pagar menos impuestos de lo que pagan la mayoría de contribuyentes al fisco.


La evidencia acumulada es que el presupuesto del gobierno Rajoy es un medio para conseguir los objetivos políticos deseados, que consisten en debilitar al Estado del Bienestar y diluir la protección social. Los objetivos fiscales –la reducción del déficit- son imposibles de alcanzar con este presupuesto, pues la única manera de reducirlo es creciendo económicamente y creando empleo, incluso a base de hacer inversiones destinadas explícitamente a crear empleo, lo cual ni siquiera se considera en este presupuesto.


Una última observación. Soy consciente de que algunos lectores pueden considerar exagerada mi definición del presupuesto Rajoy como el más antisocial que haya existido en España durante la democracia. Invito a tales lectores a que miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en su análisis “El disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy intenta reducir el déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos recortes, el gobierno central sólo contribuye en la mitad. La otra mitad la tienen que realizar las CCAA (que como he indicado, son las que gestionan los servicios y gran parte de las transferencias del Estado del Bienestar), cuyo gasto es mayoritariamente social (un 60%). Sus exigencias a las CCAA sólo pueden atenderse con recortes sustanciales de tal gasto que, sin ninguna duda, originarán el debilitamiento del sector público, con el enriquecimiento del sector privado, y muy en particular de los bancos y de las compañías de seguros que han deseado el desmantelamiento del Estado del Bienestar desde años. Lo dijo con toda claridad el Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Mario Draghi, en una entrevista al Wall Street Journal (24.02.12) cuando indicó que el Estado del Bienestar europeo no era viable. Y puso como condición para comprar deuda pública española que se privatizara el Estado del Bienestar, lo cual el gobierno Rajoy está haciendo a pies juntillas. Así de claro.



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CONTRA LOS PRESUPUESTOS DE LA INJUSTICIA

Contra los presupuestos de la injusticia....

CONTRA LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO, MÁS JUSTICIA Y NUEVAS FORMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar el Gobierno del Partido Popular han sido calificados por el Ministro de Asuntos Exteriores como “de guerra”, aunque se le olvidó señalar que son, efectivamente, de guerra pero contra las clases trabajadoras, contra los pensionistas y jóvenes, contra la inmensa mayoría de las familias, contra las pequeñas y medianas empresas que crean empleo, contra los trabajadores autónomos y contra la propia economía española en su conjunto, que una vez más queda sometida a los intereses de los grandes poderes empresariales y financieros.

Se trata de unos Presupuestos que recortan los gastos destinados a financiar el bienestar social y también los que necesitan las empresas y los trabajadores para generar actividad económica y empleo, de manera que con toda seguridad van a llevar a la economía española a una recesión aún más fuerte y a una pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

El Gobierno los justifica como necesarios afirmando que con ellos se podrá saldar en mejores condiciones el déficit público y de esa manera recobrar la senda de crecimiento económico pero lo cierto es que esto último será imposible con los recortes de gasto que contemplan y que las previsiones de ingresos que plantea van a ser insuficientes para generar recursos suficientes que alivien la carga de la deuda.

Los Presupuestos conllevan recortes de gasto brutales en partidas esenciales no solo para el bienestar sino para que la economía funcione. Sin necesidad de reproducir aquí el análisis exhaustivo que han hecho diversos analistas y organizaciones sociales y políticas, podemos simplemente señalar que se reducen casi al completo partidas como las de las políticas activas de empleo, los servicios de dependencia o los planes de creación de escuelas infantiles y que otras tan decisivas para nuestra economía y sociedad como las de impulso de la investigación, la educación, la salud, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, o la lucha contra la violencia de género sufren recortes de incluso más del 30% en algunos casos, que van a hacer prácticamente imposible que se puedan mantener los niveles esenciales de provisión de esos servicios.


El Gobierno ha renunciando de nuevo, como ya sucedió con el anterior del Partido Socialista, a llevar a cabo una reforma fiscal que mejor el sistema impositivo en la línea de la equidad y la eficiencia recaudatoria, a pesar de que nuestro nivel de ingresos fiscales en relación con el PIB está muy por debajo de la media de las naciones de nuestro entorno a las que dicen que hemos de parecernos. En cuanto a política impositiva, además del aumento en el IRPF que aprobó en diciembre pasado y que en un 75% recaerá sobre las rentas del trabajo, el Gobierno prácticamente se ha limitado a realizar algunas modificaciones de segundo orden en el Impuesto de Sociedades que de ninguna manera evitan su problema principal: ser un gravamen que recae principalmente sobre las pequeñas y medianas empresas que crean empleo mientras que las grandes se benefician de deducciones que les permiten tener una carga mucho menor. Y, sobre todo, ha aprobado una vergonzosa regularización que es en realidad una amnistía fiscal para los defraudadores que no solo viola los principios más elementales de la igualdad de trato y de la justicia sino que, para colmo, ni siquiera va a suponer un incremento efectivo de la recaudación.

Además, las previsiones del Gobierno están claramente sobrevaloradas, de modo que se puede afirmar que con toda seguridad no se van a cumplir las estimaciones de ingresos previstas, precisamente porque las medidas de recorte del gasto van a producir una caída del PIB y, por tanto, una disminución de la recaudación mucho mayor de la estimada.
El hecho evidente de que ni siquiera sean unos Presupuestos que vayan a poder conseguir mejores condiciones para reducir el déficit, porque a la postre y a medio y largo plazo van a a hundir a la economía española en la depresión, nos lleva a denunciar lo que verdaderamente representan: la cesión vergonzosa de un gobierno ante la gran patronal y los poderes financieros que simplemente desean disponer de nuevos negocios privados donde antes había provisión de servicios públicos y, además, dejar aún más de contribuir a las finanzas públicas.

La prueba evidente de que estos Presupuestos no responden a un análisis serio de lo que necesita la economía española sino a la cobarde sumisión del gobierno ante los grandes poderes económicos es que una semana después de haberlos presentado y de manera improvisada se anunció un hachazo adicional de 10.000 millones de euros al gasto en sanidad y educación.

La promotora Estatal de las Mesas de Convergencia y Acción denuncian una vez más y ahora con motivo de la presentación de los Presupuestos las mentiras reiteradas que se lanzan a la población para ocultar los motivos reales de las políticas que se vienen llevando a cabo. No es verdad que se orienten a salir de la crisis sino a utilizarla como excusa para satisfacer aún más los intereses de los grupos oligárquicos que han adquirido un poder político decisivo y que están utilizando al Gobierno no solo para aplicar estas medidas de política económica tan lesivas para la inmensa mayoría de la sociedad sino para acabar lo más rápidamente posible con los ya de por sí escasos resortes democráticos existentes para canalizar la protesta y la rebeldía social.

Precisamente por ello llamamos a rechazar con urgencia estas medidas y concretamente los Presupuestos Generales del Estado. Reclamamos la voz de todas las personas “de abajo” de nuestra sociedad para generar una oleada de convergencia y acción en las calles, en los puestos de trabajo, en los centros de enseñanza, en los barrios y en todas las instituciones en donde puedan oírse para manifestar el rechazo a la injusticia y la inutilidad que suponen estos Presupuestos. Y también para difundir entre la ciudadanía las alternativas existentes: la reforma fiscal que haga pagar a las grandes empresas y patrimonios, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, el repudio de la deuda ilegítima, la nacionalización de la banca que garantice la financiación de la actividad empresarial y la creación de empleo, la actuación del Banco Central Europeo como un auténtico banco central que nos evite ser esclavos de los mercados, la inmediata puesta en marcha de programas de estímulo de la actividad económica basados en la promoción del desarrollo sostenible y en el equilibrio con la naturaleza, o la promoción de nuevos tipos de actividades y fórmulas empresariales que signifiquen un auténtico cambio en nuestro modelo productivo, entre otras.

Comunicado de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción Abril de 2012



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LA PRIMERA DERROTA POLÍTICA DEL PP EN EL CAMINO DE LA HUELGA GENERAL

Reino de España: la primera derrota política del PP en el camino de la huelga general
Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós · · ·

26/03/12








Los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias son la primera derrota política del Gobierno Rajoy a cien días escasos de obtener la mayoría absoluta en las elecciones generales del 20-N. La ofensiva de contrarreformas neoliberales impuesta en estos tres meses por el PP ha chocado con una removilización inicial de la izquierda, en el marco de la preparación de la huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de marzo, que le permitirá mantener el gobierno regional andaluz.



La creciente abstención –diez puntos más en Andalucía y once en Asturias— parece haber afectado esta vez más al bloque electoral de la derecha que a las izquierdas. De ser así, se confirmaría la tesis de que las drásticas medidas de ajuste neoliberal anunciadas e incipientemente aplicadas por el Gobierno Rajoy –señaladamente, la brutal contrarreforma laboral, que deja al trabajo asalariado literalmente a merced del capricho empresarial—, no sólo ha despertado todas las alarmas en las bases sociales tradicionales de la izquierda política, sino que ha comenzado ya a erosionar la propia base electoral interclasista de la derecha.



Rajoy se encuentra ahora atrapado entre una Unión Europea que exige acelerar el ritmo del ajuste neoliberal para "dar garantías a los mercados" (Monti dixit) y evitar una nueva erupción de inestabilidad en el conjunto de la zona euro, y las consecuencias económicas suicidas que eso trae consigo, que no pueden pasar desapercibidas ni siquiera por su propia base social. La búsqueda de una fórmula de equilibrio que amortiguara el ajuste del déficit fiscal en 2012, dejándolo en un 5,8% para alcanzar el 3% en 2013, no sólo ha sido tajantemente rechazada por la UE, sino que ha decidido intervenir directamente las finanzas españolas con el envío de "misiones técnicas" a Madrid y la imposición del objetivo del 5,3%. El intento amortiguador ha sido, además, desautorizado por los propios mercados financieros, que han disparado la tasa de interés de la deuda al 5,5% e impuesto un diferencial de la prima de riesgo superior al italiano. Del otro lado, están la izquierda social, con su convocatoria de huelga general del 29-M, y la izquierda política, que acaba de obtener un triunfo inesperado en Andalucía, y en menor medida, en Asturias. Si las elecciones en Andalucía fueron en buena medida planteadas por el PP en Madrid como un plebiscito a favor de unas políticas contrarreformistas tan necias económicamente, como injustas socialmente, lo menos que cabe decir es que lo ha perdido rotundamente.




El análisis de los resultados electorales debe hacerse, sin embargo, a partir de la realidad social y política de cada autonomía. En Andalucía, el PSOE ha gobernado ininterrumpidamente durante 30 largos años. A pesar de ello, de los terribles y pintorescos escándalos de corrupción de los EREs falsos y del evidente estado de descomposición de una arraigadísima red clientelar a causa de la aplicación de políticas socioliberales, lo cierto es que los socialistas, aun perdiendo nueve de sus 56 escaños, han logrado mantener una parte sustancial de su electorado. El dato más significativo es que el PP de Arenas ha perdido en cambio, más de 420.000 votos desde las elecciones generales del 20-N, votos desafectos o desmovilizados que le habrían dado la mayoría absoluta augurada por casi todas las encuestas (1). El PP andaluz consigue así una victoria pírrica: aumenta el número de sus diputados en tres, hasta los 50, y supera en votos al PSOE, pero no podrá formar gobierno. En el campo de la izquierda política se produce un crecimiento muy importante de IU, que dobla sus diputados autonómicos de 6 a 12, con un trasvase, esta vez sí, significativo de votos del PSOE.



El contexto político ha cambiado en Andalucía. Griñán -que se alineó con Carme Chacón frente a Rubalcaba en el reciente congreso del PSOE- propugnaba ya un distanciamiento explícito respecto de la herencia de Manuel Chaves en Andalucía y de Zapatero en el Reino de España. Ahora podrá seguir gobernando, pero sólo con el apoyo de IU, lo que por fuerza le obligará a un ulterior distanciamiento de las políticas socio-liberales del PSOE. Lo que eso augura es una polarización social y política cada vez más aguda: la tasa de paro en Andalucía es del 31,23%, lo que explica la importancia del debate sobre las ”subvenciones”. IU tiene ahora por delante el difícil debate, que la divide desde hace años, de como materializar su determinante peso electoral: o entrando en el gobierno autonómico o sosteniendo a Griñán desde el parlamento andaluz. Afortunadamente, hay que descartar en este sentido una repetición de los errores de IU en Extremadura o Álava, que sólo han favorecido al PP (y al pretendido voto útil al PSOE). IU puede y debe condicionar las políticas del PSOE andaluz, combinando una política de movilización unitaria de toda la izquierda contra las ineficaces e injustas políticas de ajuste del gobierno central con una profunda transformación de las estructuras del gobierno regional andaluz, en ruptura clara, terminante y sin contemplaciones con la corrupción y el clientelismo del PSOE de Chaves y Pizarro.



La formación de un gobierno de Griñán sostenido parlamentariamente por IU, o de un gobierno en coalición del centroizquierda y la izquierda andaluces, permitirá a las izquierdas intervenir directamente en el debate institucional sobre la crisis fiscal del estado de las autonomías, un debate hasta ahora monopolizado por el govern de CiU en Cataluña (2). Eso, hay que decirlo, tendrá una importancia estratégica esencial en los próximos años. Reformular la defensa de un gasto social transferido a las autonomías sin financiación suficiente atendiendo al hecho diferencial nacional -que también existe en Andalucía, aunque de manera distinta a Cataluña- es un reto para toda la izquierda.



En cuanto al conjunto del PSOE, Griñán se convierte en el único “barón” regional –el léxico autodescriptivo que asumen sin mayor problema lo dice casi todo— con poder institucional, y en alternativa a Rubalcaba. Aun si se diera un pacto inicial de no agresión, las orientaciones políticas de uno y otro tenderán a chocar por las presiones distintas que las condicionan.



Las elecciones asturianas han sido consecuencia de la división de la derecha regional en 2011 en dos bloques, en el momento mismo de su ascenso electoral tras la crisis del gobierno de centroizquierda. El Foro Asturias (FAC) del "general secretario" del PP, Álvarez Cascos, y el PP, reconstituido desde Madrid, de Mercedes Fernández se han arrastrado a una lucha de aparatos que, incapaces de reconstruir la unidad de su bloque social, les ha forzado a convocar otras elecciones autonómicas apenas diez meses después. A pesar de que el PSOE sigue perdiendo número de votos, las dos fuerzas de la derecha pierden más. Como consecuencia, el FAC contará con tres diputados menos –pasa de 16 a 13 escaños—, y cede el puesto de primer partido al PSOE (32%), que suma un escaño más a sus 15 iniciales. Pero el PP, que había provocado las elecciones para imponerse en la derecha asturiana, se queda como estaba: con 10 diputados y tercer partido del Principado, habiendo conseguido tan sólo prolongar la inestabilidad política regional y dar un respiro al PSOE para recomponerse en el nuevo marco de enfrentamiento a la derecha: el socialismo sigue siendo mayoritario en todos los núcleos urbanos, a excepción de Oviedo (PP). De nuevo, quien más rentabiliza políticamente esta situación es IU, que sube cuatro puntos y consigue un escaño más, que pesará en el proceso de reconstrucción de la izquierda astur. UPyD logra por primera vez un escaño, con un voto que parece venir del espacio electoral del PSOE.



La disyuntiva para el PP asturiano es reconocer que ha perdido su pulso con Álvarez Cascos y aceptar sus condiciones para formar un gobierno conservador, o mantener un enfrentamiento de aparatos que permitiría la constitución de un gobierno minoritario e inestable del PSOE para desgastarle y volver a repetir el pulso en unas previsibles elecciones anticipadas a medio plazo. No parece que vaya a ser el caso. El aparato central del PP está por estabilizar cuanto antes una situación que se le ha ido de las manos, y que su base social no entiende, aunque traslade el conflicto de aparatos al interior del PP en menoscabo de la "mayoría marianista". Si no se produce en las próximas horas un último desplazamiento electoral como consecuencia del voto emigrante (3), habrá un gobierno bipartito de la derecha en Asturias, frente a una oposición de izquierdas removilizada, con más peso de IU, y a solo tres escaños de poder tener su propia mayoría absoluta. De nuevo, el escenario es de una mayor polarización y conflictividad social.



La pretendida "inutilidad" de la huelga general machaconamente propagada por los altavoces mediáticos de la derecha se ve de nuevo desmentida.



Lo cierto es que la convocatoria sindical de una huelga general para el próximo 29 de marzo sirvió ya, primero, para obligar al PP a revisar a la baja sus objetivos de ajuste presupuestario en un punto y medio, provocando un desencuentro del gobierno español con la UE y limitando sus apoyos internacionales.



Después, ha auspiciado una removilización de la izquierda social, que es el elemento determinante para entender el doloroso fracaso electoral del PP, sobre todo en Andalucía.



Estas consecuencias ex ante, si así puede decirse, de la convocatoria de huelga general alimentan retroactivamente la propia preparación de la huelga general del 29-M. Y a todo eso, claro, habrá que sumar los efectos post factum de la huelga: por lo pronto, limitará el margen de maniobra del gobierno Rajoy, tensando más sus relaciones con la UE.



Las "reformas estructurales" que la derecha –española y europea— considera imprescindibles para alterar a su favor la correlación de fuerzas y el modelo social de bienestar ahora en crisis, no son compatibles con el mantenimiento de un bloque social y político mayoritario como el que, junto con la abstención del electorado de izquierda, asqueado del PSOE social-liberal de Zapatero y Rubalcaba, posibilitó la victoria de Rajoy el 20-N. La lección a medio plazo nos parece obvia: un bloque interclasista mayoritario no puede mantenerse aplicando las políticas neoliberales. Por eso la resistencia, la huelga general del 29-M, exigen una ruptura radical con esas políticas: sin esa ruptura, no es concebible la reconstrucción de la izquierda política que hoy nos anuncia el ascenso electoral de IU, un ascenso imprescindible, pero insuficiente todavía, para las tareas que tenemos por delante.



NOTAS:



(1) No así la del CIS de febrero del 2012 (www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2920_2939/2931/Ft2931.pdf ), que mostraba una clarísima orientación hacia la izquierda y el centroizquierda del electorado andaluz, además de revelar una clara desconfianza de ese electorado hacia el candidato del PP, Arenas, todo lo cual ponía ya en cuestión la posibilidad de una mayoría absoluta del PP.

(2) El Gobierno vasco de Patxi Lopez, apoyado y sostenido por el PP de Basagoiti, ha sido incapaz, por razones obvias, de cumplir este papel, que sigue jugando el PNV a través de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados con su apoyo o abstención al presupuesto central a cambio de mantener el margen de autonomía que supone el Concierto económico vasco. Las próximas elecciones autonómicas vascas, que darán una clara mayoría a las fuerzas nacionalistas, la derecha del PNV y la izquierda de Amaiur, supondrán con toda seguridad un cambio en esta situación, aunque el marco del concierto económico permite una mayor autonomía fiscal que el mecanismo de financiación autonómico.

(3) Cuando redactamos esta nota aún está en liza un escaño en el occidente asturiano por los votos de la emigración. El PSOE podría obtener un escaño adicional (17) a costa del PP, lo que abriría el escenario de una hipotética mayoría de una coalición PSOE-IU-UPyD.



Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.






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CONTRA LA TEOLOGÍA DE LA AUSTERIDAD

Contra la "teología de la austeridad"

artículo de Cayo Lara publicado en Rebelión
Jueves, 15 de marzo de 2012

El Gobierno de la derecha promete muchas sorpresas en el tiempo que viene, aunque sospecho que pocas serán bien recibidas por quienes están sufriendo la crisis que ellos y sus amiguitos “del alma” han generado. Resulta que, después de mucho jugar al ratón y al gato, el cálculo del Ejecutivo es de una caída del 1,7% del PIB y más de 600.000 personas perderán su puesto de trabajo este año, lo que supone una previsión absolutamente desastrosa. Pero el último sobresalto nos ha sobrevenido a finales del mes de febrero con el anuncio hecho público por Montoro, acerca de los datos adelantados de ejecución presupuestaria que sitúa el déficit español en el 8,5% del PIB en 2011.

La previsión sobre la economía española demuestra que persiste la política errónea de ajuste duro de los gobiernos, del anterior y del actual, que sólo están sirviendo para profundizar en la recesión. Del “me cueste lo que me cueste” de Zapatero, al nuevo sistema “justo y necesario” y “lo que Dios quiera” de Rajoy, la realidad es son las políticas de recortes, basadas en el culto a la ‘teología de la austeridad’, las culpables del hundimiento de la economía y no la falta de confianza. Todos los “gestos” de cara a los mercados hasta ahora puestos en marcha han sido nocivos y sus efectos se han traducido en más destrucción de empleo, recortes de servicios, paralización de inversiones públicas. Esta es la triste herencia de los anteriores ‘tijeretazos’, de 15.000 millones en mayo de 2010 y de casi 9.000 millones (no disponibilidad) de gasto a finales del pasado año, a los que habría que sumar otros 25.000 millones ya anunciados y lo que nos deparará la ‘era mariana’...





Desde la fuerza política a la que represento, hemos propuesto reiteradamente que se plantee de manera seria y sólida en Bruselas la creación de un Fondo de Inversión Pública a través del Banco de Inversiones de la UE con el que dinamizar la salida de la crisis, así como la emisión de Eurobonos para acabar con la especulación sobre la deuda soberana de los países miembro. Asimismo, en el ámbito interno, hemos subrayado la necesidad de que se impulsen planes de empleo desde lo público, que el Gobierno haga una reforma laboral que no penalice las condiciones de trabajo y que aborde la reducción del déficit, no sólo por la vía de los recortes sino también de los ingresos, luchando contra el fraude y diseñando un modelo fiscal más progresivo. Por supuesto, a todo ello, debería ir asociada la presencia de una banca pública que gestione el crédito.

No obstante, todo vale para señalar la dirección del abismo. El Ejecutivo de Mariano Rajoy está utilizando también la desviación del déficit en un 2,51% el año pasado, como justificación para hacer más recortes en los Presupuestos Generales del Estado que tiene aplazados hasta después de las elecciones asturianas y andaluzas. Sin embargo, esto sólo servirá para ensombrecer más el panorama. Es una burda y muy peligrosa manipulación el empeño de trasladar la responsabilidad del déficit a las comunidades autónomas. En su momento clamé incluso, ahora ya sé que en el desierto, por la rebeldía necesaria de las comunidades autónomas frente a los recortes que quiere intensificar Rajoy en materia de servicios públicos con la justificación del excesivo déficit de estas administraciones.

Porque, siendo cierto que algunas autonomías han derrochado recursos públicos –unas gobernadas por el PSOE y otras por el PP-, no es menos cierto también que las comunidades han sufrido la ausencia de transferencias por parte del Estado. De ello son responsables los gobiernos del PP y del PSOE de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero por las sucesivas bajadas de impuestos sobre todo a los más ricos, por las injustificadas rebajas fiscales a las grandes empresas y por la desidia y la falta de voluntad política para luchar contra el fraude fiscal. Hay dinero, el problema es que las prioridades son otras.

¿O no es una irresponsabilidad que el Gobierno de Rajoy esté reduciendo el personal de la Agencia Tributaria al sólo reponer una plaza de cada diez de los trabajadores que se jubilan, tal y como se estableció en el decreto de Estabilidad Presupuestaria? ¿O no es sospechoso que el Ejecutivo haya destituido a los máximos cargos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), donde se ven los asuntos de mayor relevancia, entre ellos la ‘trama Gürtel’, que implica a varios altos cargos del PP a nivel nacional, o el ‘caso Urdangarín’, en el que, entre otras cuestiones, se investiga el presunto desvio de fondos públicos a una red empresarial? “Aquí huele a muerto y no miro a nadie”, podríamos concluir utilizando las palabras del maestro Gila.

Hay otra salida, distinta a la que nos quieren hacer tragar como única y, además, esta que se nos impone no es una solución para la crisis sino para la recomposición del dominio del capital financiero en la economía; por eso es una estafa. Hay una salida de progreso, a favor de las personas y no del balance de los Bancos, una salida frente al sufrimiento y la barbarie del “hombre lobo para el hombre”, que nosotros hemos denominado salida social de la crisis. Es posible, la historia nos lo demuestra y, por tanto, debemos conquistar el futuro para abrirle camino; otros y otras en condiciones mucho más duras lo hicieron. También está en juego la democracia, porque los mercaderes también quieren nuestras libertades. La movilización es inaplazable, no hay más que mirar a nuestro alrededor, hasta Rajoy está convencido de su inevitabilidad, ¿y nosotros?



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PARO: TRESCIENTAS MIL PUÑALADAS MÁS

Paro: trescientas mil puñaladas más


nuevatribuna.es | Pedro L. Angosto |

Actualizado 10 Marzo 2012.

Entre enero y febrero trescientas mil personas han engrosado las filas del paro y de la exclusión social. Trescientas mil puñaladas en el cuerpo de este país que parece haber nacido para que todos los desaprensivos aniden en él; trescientas mil puñaladas en el corazón de cualquier persona decente, de cualquier persona que se tenga por tal. Porque aunque no se lo crean, todavía quedan aquí personas decentes y perspicaces, personas que no se explican que han hecho los ricos con los inmensos beneficios especulativos obtenidos durante años, que no entienden por qué no guardaron una parte de ellos en fondos de reserva para tiempos peores, que no saben por qué empresas con beneficios y ayudas públicas anuncian cierres y despidos, que no comprenden como se consiente que se aprovechen del huracán por ellos aventado para limpiar la casa de “indeseables”, es decir, trabajadores silentes que no han hecho otra cosa que dejarse los riñones para llevar unos euros a sus hogares y acrecer exponencialmente las ganancias de sus patrones.



Hablan de esta tragedia tertulianos, economistas, empresarios, sabelotodo y gente que pasaba por allí. Algunos hacen notar lo duro que tiene que ser la nueva situación para esos ejecutivos y empleados de alto rango que llevaban años ganando cantidades impronunciables, del contraste de su escenografía vital: A mí esos tipos me dan exactamente igual, que hubiesen ahorrado cuando pudieron, que no se hubiesen metido en gastos inasumibles, que no hubiesen sido tan estúpidos, tan soberbios, tan ridículos, que se hubiesen mantenido fieles a la clase a la que pertenecían, que no era otra que la de los asalariados. Pero hasta tal punto me es indiferente su situación, que me gustaría ver a muchos de ellos no sólo en el paro, sino en ese lugar donde se entra a la fuerza, por un mandato judicial, y se sale también a la fuerza, cuanto te echan una vez pagada, siquiera parcialmente, la deuda contraída con la sociedad, porque muchos de ellos llevan décadas ingresando nóminas que servirían para que cien familias llevasen una vida holgada, porque, incapaces de toda idea generosa, no han dejado de hablar de excelencia y eficacia, porque cuando las cosas han venido un poco torcidas, las únicas recetas que han sabido utilizar han sido las del despido, la regulación de empleo o las jubilaciones anticipadas con cargo al Estado: Para ese viaje no hacían falta alforjas ni de Harvard ni del barrio de al lado.

Hablan otros, como Fernando Fernández, rector que ha sido de varias universidades privadas, colaborador de Abc y Tele-Cinco, asesor del grupo Vocento, excomentarista de la SER en representación de los círculos más próximos al neoconservadurismo, con todo el cinismo del mundo, de la necesidad de avanzar en la desregularización del mercado laboral porque el paro se está cebando mucho más en quienes tienen, o tenían, un empleo fijo que en quienes viven en precario, que en los emigrantes: Por supuesto, Sr. Fernández, Sr. Wert, Sr. Botín, Sr. Rato, Sr. De Guindos, Sr. Gallardón, Sr. Montoro, quienes tienen una situación laboral en extremo precaria sólo pueden empeorar un poquito más, quienes tienen empleos basura y carecen de la mínima cobertura sindical, no tienen más remedio que trabajar en lo que sea a cambio del salario que decida ese personaje al que ustedes llaman, eufemísticamente, empleador. Su receta, extraída del libro sin letras de la explotación pura y dura, es tan clara como sencilla, tan diáfana como salvaje: Dejen a los “empleadores” hacer su trabajo, no pongan límite a la jornada laboral, hagan el despido más libre de lo que ya es –si eso es posible-, supriman las cuotas de la seguridad social, incentiven a los “empleados” para que contraten con un banco o una aseguradora su salud y su jubilación –si pasa algo, ya vendrá el Estado, o sea todos, a proveer fondos-, bajen los impuestos directos proporcionales y progresivos y, lo antes posible, suprímanlos. Dejen ustedes, sin remilgos de ningún tipo, que regresemos a la Inglaterra de Dickens, a la Rusia de las almas muertas, a la Europa de los siervos de la gleba, del derecho de pernada, del vasallaje, el diezmo, los portazgos, las tercias y las alcabalas, sólo así, pero nada más que así, será posible salir de la crisis que nosotros –que somos unos grandísimos cabrones, justo es reconocerlo-, con nuestras recomendaciones y acciones, hemos provocado.

Sin embargo, las recetas del Sr. Fernández y compinches, como la de tantos otros que no es preciso enumerar, debieran ser aplicadas, en primer y único lugar, a ellos mismos, a sus hijos, a sus padres, a sus primos, a su tía Antonia, esa que de niños les hacía unas deliciosas natillas, y a sus amigos selenitas, para que –sin la protección que da el privilegio- supieran en carne propia del escozor, la desazón, del amargor tan profundo que provocan, de sus efectos secundarios, colaterales y directos. Tal vez un baño en la realidad les haría, al menos, callarse para siempre.

Durante los últimos quince años, se produjo en España la mayor acumulación de capitales de la historia, los bancos batieron todas las marcas de beneficios conocidas, al igual que las eléctricas, las telefónicas, las petroleras, las constructoras, la atuomovilísticas, las gasistas: Insaciables, querían más, mucho más, lo querían todo. Empero, durante el mismo periodo de tiempo, pese a los fuegos fatuos, aumentaron las desigualdades sociales, las diferencias entre ricos y pobres, la huida del dinero hacia los paraísos fiscales. Fueron José María Aznar y Rodrigo Rato quienes por estos lares llevaron al paroxismo la economía especulativa, haciendo leyes que permitían construir en cualquier lugar del país, incitando a la gente a hacerse millonaria en la ruleta de la bolsa, permitiendo que se cerraran miles y miles de pequeñas y medianas empresas para que sus dueños se dedicasen al gran negocio del siglo: Comprar duros a cuatro pesetas y venderlos por cien. De modo que el tejido industrial español quedó desmantelado, la perspectiva del negocio rápido y cuantioso hizo despreciar el valor del trabajo y el beneficio justo, llevándonos a la situación en que en la actualidad nos encontramos.

Ahora, nos quedan las multinacionales, esas que vinieron cuando éramos pobres al calor de los salarios miserables, esas que chantajean constantemente al Estado amenazando con la deslocalización; nos quedan los especuladores con el dinero retirado del flujo financiero y a buen recaudo; nos quedan los canallas que despiden obreros aun teniendo beneficios sustanciosos y nos quedan, como no, los bancos, esos que declaran beneficios multimillonarios en plena crisis, esos que reciben montañas de euros del Estado para que agilicen los créditos a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, esos que no sueltan una peseta porque, pese a su aparente salud, también están infectados por el virus que vino de Norteamérica y por la vorágine especuladora nacional, esos qué, deslumbrados, concedieron créditos a quien no podría devolverlos, no por altruismo, sino porque sus magníficamente pagados ejecutivos les habían dicho que los inmuebles seguirían aumentando de valor eternamente y, por tanto, multiplicarían su inversión crediticia.

Pues bien, que nadie se olvide, esto es el capitalismo, así funciona la economía libre de mercado cuando el Estado es un convidado de piedra, cuando los trabajadores piensan del mismo modo que los “empleadores”. El capitalismo es un sistema cruel, enormemente cruel, para él no existen las personas, existen los productores, los generadores de plusvalías, los números, nada le importan los seres humanos, ni los blancos, ni los negros ni los que no tienen color, para ellos el hombre está al servicio de la economía, es decir a su servicio, nunca, en ningún caso, la economía al servicio del hombre. Por eso, cuando los bancos –y hablo de un sistema en el que no creo, que ansío cambiar por otro más justo- no cumplen con la función que les justifica dentro del propio sistema, cuando se han llenado los bolsillos de oro y los pies de mierda, salpicándonos a todos, se deben dar los pasos necesarios para que la cumplan, incluida su nacionalización; cuando una empresa con beneficios despide obreros o se traslada a otro lugar donde el “margen de explotación” es mayor, debe ser sancionada por el Gobierno y castigada por los ciudadanos con el boicot a sus productos.

Nadie puede afirmar con seriedad que haya existido en el mundo otro sistema económico distinto al capitalista. Ha existido el modo de producción esclavista, el feudal, el industrial, el financiero-especulativo, el capitalismo de Estado, ahora nos quieren llevar de nuevo al primero de ellos, al esclavista. Nadie puede permanecer ajeno al fondo de la cuestión, a lo que fluye por las aguas subálveas de la crisis, que no es otra cosa que otra vuelta de tuerca al garrote que atenaza nuestros cuellos individualistas: Las trescientas mil puñaladas de estos dos meses, no son más que una muestra de cómo las gasta un sistema que ha sabido sobrevivir a todos los cambios por su crueldad infinita y por la indolencia complaciente de quienes lo sufrimos, por nuestra pereza incomprensible y masoquista. Ha llegado la hora de mandar parar.



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HUELGA GENERAL PARA TODOS Y CON CONTINUIDAD

. Para que sea sólo un comienzo y no falte la "marea verde".
Huelga General para todos y con continuidad
VS 0 | | sección: web | 04/03/2012
Agustín Moreno

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Las calles se llenaron de manifestantes el 19 de febrero de 2012. Gran éxito de la movilización contra la reforma laboral del gobierno del PP. Los sindicatos cifraron la asistencia en 500.000 personas en Madrid, en 450.000 en Barcelona, y varios cientos de miles más en otras cincuenta ciudades españolas. A pesar de que no ayudaban declaraciones previas a las manifestaciones como que "no queremos confrontar, sino corregir" (Méndez). Parece que se cumplía con creces la petición que hicieron los sindicatos recién aprobada la reforma de ver qué opina la gente antes de convocar la huelga. Pero en vez de intervenir en la Puerta del Sol los secretarios generales de CC OO y UGT y comprometerse con los cientos de miles de personas con un mensaje de lucha y esperanza, se leyó por los responsables de juventud un manifiesto preelaborado como si fuera lo mismo que acudieran 5.000 o medio millón de personas. En él se decía: "si el Gobierno no rectifica, continuaremos en la movilización creciente", pero faltó más claridad, contundencia y concreción.

Lo cierto es que las direcciones de los sindicatos se mostraron sorprendidas por la respuesta, afirmación que ponía de manifiesto un alejamiento de la gente y la dificultad que tienen para valorar la inquietud que había provocado la reforma laboral aprobada. Ya había encuestas (El País, 12/02/2012) que decían que el 51% estaba a favor de la huelga general antes de conocerse la reforma laboral. Sólo había que ir a los centros de trabajo y a las plazas a explicarla para recabar la máxima adhesión social.

Las agresiones de la reforma

No es de extrañar la alarma social generada si se analiza la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP. Nunca ha habido una agresión tan profunda a los derechos laborales y sociales en el período democrático que estamos viviendo. Toca todos los palos. Se establece un nuevo contrato con despido totalmente libre y gratuito, es decir, sin causa y sin ninguna indemnización, durante un año y en empresas de hasta 50 trabajadores, que son el 95% del tejido empresarial español. Abarata el despido y lo descausaliza, pasando a ser la mayoría despidos objetivos con 20 días de indemnización por año de antigüedad; ello supone una reducción de hasta dos tercios de la indemnización. Se facilita hasta extremos brutales: con tres trimestres de caída de los ingresos en la empresa se pueden despedir las plantillas. Los despidos improcedentes (totalmente arbitrarios, porque le da la gana a la empresa), serán una minoría y se reduce su coste de 45 a 33 días y de 42 a 24 mensualidades. Puede haber despidos colectivos (EREs) sin autorización administrativa previa. Se hacen posibles los despidos en las empresas públicas y para el personal laboral de las administraciones públicas.

En cuanto al salario, se puede rebajar, e incumplir unilateralmente el convenio por el empresario, cuando se producen dos trimestres consecutivos de resultados negativos, además de generalizarse el descuelgue de las empresas. El objetivo es bajar en términos reales el salario de la población trabajadora de forma drástica, al no poder recurrirse a devaluaciones competitivas por nuestra pertenencia al euro.

Se lamina la negociación colectiva al liquidarse la fuerza vinculante de los convenios y cuando se desplaza el centro de gravedad a los convenios de empresa y se dejan sin poder a los convenios de sector, que son los que protegen a los trabajadores de las pymes. Y se ha recogido la vieja reivindicación patronal de acabar con la ultraactividad o aplicación de los convenios más allá de la vigencia temporal, si el empresario aguanta dos años sin sustituirlo por uno nuevo; es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado histórico y los derechos conseguidas por los trabajadores en décadas de negociación colectiva.


Otras medidas afectan a la flexibilidad a la carta para el empresario en el uso interno de la mano de obra; el endurecimiento de las sanciones por supuesto absentismo si se acumulan algunas bajas laborales por enfermedad, lo que puede hacer que un catarro mal curado lleve al despido; la discriminación de los parados de larga duración, ya que se dan incentivos a las empresas que contratan a parados que cobran prestaciones, que pasan a convertirse en ayudas fiscales a las empresas; el endurecimiento de la pérdida de la prestación de desempleo; el reforzamiento del papel de las empresas dedicadas al prestamismo laboral (ETTs); la recuperación del laudo de obligado cumplimiento de reminiscencias franquistas y claramente inconstitucional; etc.

Es una avalancha de recortes que prácticamente liquida el derecho del trabajo y su función tuitiva de equilibrar las relaciones laborales, empobrece de forma generalizada a la población española y nos retrotrae a situaciones de inseguridad de hace un siglo. No va a crear empleo y va a producir más despidos, más explotación laboral y más paro por la depresión del consumo y de la economía. El gobierno ha anunciado que no cambiará nada sustancial. Ante esta situación, la pregunta es ¿a qué esperan los sindicatos para convocar la huelga general? La respuesta no es fácil.

Por una parte, hay quien dice que tienen miedo al fracaso, por otra, que esperan a conocer los próximos presupuestos para intentar responder a dos agresiones con una sola huelga. Sea como fuere, lo cierto es que no pueden olvidar tres cosas: la reforma se está aplicando ya, se nota en la calle y no se pueden convocar movilizaciones a toro pasado; puede empeorar en el trámite parlamentario con el concurso interesado de otras fuerzas como CiU; si la agresión le sale gratis al PP habrá más ataques: ley de huelga, pensiones, desmantelamiento de lo público, etc. El peor fracaso es no estar a la altura de las circunstancias.

Una estrategia equivocada

Hace tiempo que las direcciones de los sindicatos vienen realizando un análisis erróneo de la situación de la crisis y de la revolución conservadora que se ha puesto en marcha. Y en consecuencia su estrategia contiene serias equivocaciones.
La crisis es muy profunda, y las perspectivas son peores, según todos los organismos. El drama es que los trabajadores ni hemos creado la crisis ni tenemos nada importante que aportar a su solución. Como nos recuerda Pedro Montes, España tiene unos pasivos brutos frente al exterior de 2,3 billones de euros y, por muchos que sean los sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, esa enorme deuda no puede pagarse. Por muchas reformas laborales, precariedad laboral, retrocesos de pensiones, recortes presupuestarios y privatizaciones que se apliquen, no se eliminan los compromisos de la deuda existente, ni la falta de solvencia, ni las dificultades para obtener liquidez en los mercados internacionales. La crisis, el golpe de Estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños. Estamos mucho más cerca de Grecia de lo que algunos piensan.

Ante esta situación apostar por el diálogo social en exclusiva como se ha venido haciendo es ineficaz, y se convierte en una trampa. Ante la revolución neoliberal que se nos viene encima no vale la estrategia de limitar los daños. Ahí están los resultados: retroceso de las rentas salariales, tasas de paro de más del 20%, elevadísima precariedad en el empleo, débil Estado de Bienestar y privatización de los servicios públicos. Los pactos firmados no han supuesto avances en los derechos sociales, ni han impedido los retrocesos ni han cambiado un modelo productivo fracasado.

El sindicato no se salva evitando la confrontación, más bien al contrario: si no se moviliza contra las políticas neoliberales se produce una deslegitimación por no cumplir el rol al que está obligado. Esto sumado al desprestigio que persigue la derecha en campañas sostenidas contra el sindicalismo de clase, hace que entre méritos propios y ajenos la situación no sea muy boyante y obliga a redescubrir a los trabajadores la utilidad del sindicato. Tan importante como la que tienen los paraguas en caso de lluvia.

Recuperar el respeto

No es una tarea sencilla, pero es posible y absolutamente necesario, recuperar la relación con los trabajadores. Y algo básico: el respeto y la confianza hacia los sindicatos. Éstos serán vistos como algo de fiar en la medida en que hablen claro, sean firmes, escuchen a la gente, fomenten la participación y el protagonismo de sus bases y de los trabajadores.
Para ello, un paso muy importante sería que fueran capaces de realizar una autocrítica pública de tres graves errores recientes: la mala gestión de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuyo impulso se congeló durante tres meses sin convocar ninguna movilización posterior; la firma del funesto acuerdo de pensiones de enero de 2011; y el reciente acuerdo con la patronal para reducir los salarios, que hace imposible la recuperación del poder adquisitivo con referencias como el precio de barril de Brent. Para recuperar credibilidad hay que reconocer las equivocaciones.

Otra práctica a recuperar es ir a los centros de trabajo, estar con la gente, dialogar con ella, fomentar su participación, oírles y contar con sus opiniones sin ninguna actitud propia del despotismo ilustrado. Consultarles tanto para los acuerdos como para las movilizaciones. Para que los trabajadores les consideren como lo que en teoría son: algo suyo y no ajeno a sus intereses y anhelos.

Por último, tienen que ponerse serios de una vez con el gobierno y con la patronal. Una cuestión gravísima de la reforma laboral, desde el punto de vista formal, es que los sindicatos no sabían nada de ella. Acababan de firmar un durísimo acuerdo para los salarios, sin lograr impedir con ello que el gobierno legislase sobre el mercado de trabajo. Y ni siquiera se les informó previamente de su contenido, únicamente por los medios de comunicación y desde Bruselas se enteraron de que iba a ser muy agresiva. Lo nunca visto. Algo que se merecía una respuesta institucional muy dura, como suspender relaciones mientras no se trate con respeto a las organizaciones sindicales.

La confrontación sostenida

Ante la ofensiva neoliberal es necesaria una potente movilización social. Con mucha calle, con la huelga general y más. No se puede volver a repetir la historia de la huelga del 29-S, muy respetable en su seguimiento pero sin ninguna continuidad con movilizaciones posteriores serias. Y que incluso algunos intentasen vender el negativo pacto que elevó la edad de jubilación a los 67 años como un fruto de aquella lucha.

También se precisa un poco de humildad: nadie tiene la fuerza suficiente para hacer frente en solitario a este ataque con posibilidades de detenerlo. Y en un país camino de los seis millones de parados y con millones de precarios la movilización debe de ser además de laboral, también social y ciudadana. Impulsando los acuerdos unitarios con otros sectores sociales, ciudadanos y políticos. Con todos los sindicatos, el movimiento del 15-M, asociaciones de vecinos, culturales, AMPAS, fuerzas políticas, etc. sin descartar a nadie, pero dejando claros los objetivos y las reglas del juego.

Por ejemplo, exigiendo al PSOE un compromiso solemne de derogación de la reforma laboral si volviera al poder, para acabar (o desenmascarar) ese turnismo a lo Cánovas y Sagasta que practica con el PP en materia de política económica.

Dudo que si se hacen las cosas bien el PP resista una legislatura, con su política anti social, la recesión económica y la nula creación de empleo y sus incumplimientos electorales antes de llevar cien días en el gobierno (subida de impuestos, recorte del despido…). No hay que olvidar que la mayoría absoluta del PP es engañosa: apenas representa el 30% del electorado, resultado adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico fraude. Por ello, en absoluto se puede afirmar que el PP tiene amortizada la huelga general y las movilizaciones. Y mucho menos si estas son masivas, pacíficas y decididas. Hay que llamar la atención sobre el riesgo de que el gobierno utilice la fuerza pública para reprimir salvajemente, como en Valencia, con el objetivo de radicalizar las movilizaciones para que se rompa la unidad y se debiliten.

Una huelga general en la que no falte la marea verde

Por último, la huelga debe de ser convocada cuando toca, por la derogación de la reforma laboral, en defensa de los servicios públicos y contra los recortes sociales y en un día que pueda ser secundada por la mayoría de la población trabajadora. Es una cuestión de principios convocarla y de dar continuidad a la movilización. Hay más razones que nunca y condiciones para ello: la calle está que arde, el 19-F, Valencia y el movimiento estudiantil, sectores públicos movilizados, una industria en desmantelamiento, y un gran malestar social.

Parece que se quiere convocar el 29 de marzo. De ser así no permitiría participar a la conocida como “marea verde”, al ser un día no realmente lectivo, en el que se no se dan clases y solo se entregan las notas y acuden los alumnos media hora a los centros de secundaria. Las huelgas hay que hacerlas cuando hay gente en los centros y sería un error y una torpeza dejar fuera, en la práctica, al profesorado. En comunidades como Madrid ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga y más cien de conflicto, con manifestaciones de 70.000 y de 100.000 personas y una gran creatividad de las movilizaciones. También ha habido importantes movilizaciones en la educación pública de otras comunidades autónomas. No ha habido un sector que se haya movilizado con tanta fuerza en los últimos años y no se le puede ignorar.

A ver si para que nadie nos marque la fecha de la huelga general, se va a ir a poner en uno de los peores días posibles para asegurar la participación de la mayoría de los trabajadores y, en concreto, de sectores como la enseñanza pública que está en pie de lucha. La agenda de la huelga la impone la necesidad, la urgencia de la respuesta, la opinión de los trabajadores y la unidad de las fuerzas convocantes. Desde que entró en vigor la reforma laboral, el 11 de febrero, hasta el 29 de marzo hay muchos días posibles para acabar convocando en uno de los peores desde el punto de vista de garantizar la participación de todos. Si la razón es coincidir con las huelgas anunciadas en Euskadi y Galicia, algo que me parece bien, CC OO y UGT deberían negociar con ELA-STV, LAB y CIGA la fijación de una fecha en la que coincida todo el estado español y todo el mundo pueda hacerla. Y en cualquier caso, por ejemplo, ¿por qué no se convoca el 28 de marzo?

Además, la enseñanza pública no puede faltar a la cita de la huelga general porque todas las agresiones tienen coherencia: el modelo educativo, el tipo de mercado de trabajo y el modelo de sociedad que están configurando. Y que no es otra cosa que excelencia para cuatro, el resto trabajadores precarios y mal pagados y grandes desigualdades sociales. Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.

Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. Pensábamos que la beligerancia hacia la escuela pública era por razones económicas o ideológicas: para introducir el ánimo de lucro y para que las tarimas fueran púlpitos. Pero, en su lógica, a los cabezas de huevo neoliberales, no les interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país, animándoles desde programas televisivos que presentan la emigración como si fuera una fiesta. Con una campaña descarada para expulsar del país a la generación de jóvenes más brillante y preparada de nuestra historia, que no tiene un lugar entre nosotros por la irresponsable política económica aplicada.

La educación pública quiere seguir con su movilización y coincidir también con otros sectores públicos y con el conjunto de trabajadores. La lucha por la educación pública es de todos y la lucha de los demás es también la nuestra. Porque si nos llevan a un modelo laboral y social tercermundista no hay espacio para un escuela de calidad de tod@s y para tod@s. Y si esa escuela pública desaparece no tendremos ni una sociedad justa, ni una democracia de calidad, ni unos ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con su con tiempo y con su pueblo. La marea verde no puede faltar en la Huelga General.

Agustín Moreno es profesor de secundaria de Vallecas

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=145731





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APRENDIZAJES SOBRE LA #PrimaveraValenciana

Aprendizajes sobre la #PrimaveraValenciana

Publicado por Socialismo21

"...Yo no te estoy enseñando nada, sólo te ayudo a que te conozcas a ti mismo. Conociendo la naturaleza del contrario no será difícil sincronizarlo y convertirlo en una ventaja a nuestro favor..."

Bruce Lee




1. “La calle es mía” o Fraga Reload: El PP quiere recuperar el control, manejar lo que pasa en la calle. No es que vaya a prohibir las manifestaciones, hablamos de algo quizás más importante, nos referimos a la calle como lugar público, donde la gente pueda expresar su malestar directamente, sin tener que ser convocado por una gran organización. Saben muy bien que una expresión puntual de cualquiera que hable para el conjunto de la sociedad, por pequeña que sea, puede llegar a conectar con muchos otros.





Desde mayo algo ha cambiado, la calle se ha convertido en una espacio de encuentro entre diferentes, donde estar juntos cobra sentido más allá de protestar contra una medida concreta. La recuperación del espacio público por la gente es lo que realmente preocupa al Gobierno y por eso se proclama defensor de los derechos de los que no acuden a las protestas, ¿será que a ellos no les roban?

2. Dar cera, pulir cera: El PP sabe que la violencia puede ser un efectivo método para convertir las calles en un lugar hostil, que ya no sean percibidas como lugar de encuentro, sino de enfrentamiento. Para las “autoridades”, el control de la situación pasa por poner a prueba el aguante de la gente y así medir qué tipo de actuación es más eficaz: multas, cargas, detenciones o una mezcla en diferentes dosis acompañada de un buen despliegue mediático. Si echamos un vistazo a las portadas y artículos de opinión de ABC y La Razón de los últimos días, se evidencia la importancia que se da desde el Gobierno y sus sectores afines a ganar la batalla comunicativa. La táctica consiste en utilizar dispositivos represivos y comunicativos a distintos niveles con la intención de cortar las posibles conexiones entre cualquier protesta y el resto de la gente. Como estamos viendo estos días, trantan de restar legitimidad a los que protestan, ya sea descalificando, acusando, confundiendo o, desde posiciones más amables, reconociendo que sus razones son entendibles a la vez que apelan a la responsabilidad debido a la crisis que vive el país. Rajoy pide calma, como si no supiéramos que toma decisiones a costa del 99%.



3. Meter miedo a propósito de Grecia: El Gobierno de Mariano Rajoy utiliza Grecia para asustar, una imagen que evoca un lugar apocalíptico, un escenario al que podrían conducirnos las protestas, donde la vida es insoportable y la supervivencia casi imposible. La Empresa-España debe dar buena imagen, ser un país donde la gente asuma que no hay alternativa. La economía financiera aparece claramente como dispositivo de control social. Si sales a protestar, no tendremos créditos europeos. Ese mantra oculta que la situación griega ha sido provocada por medidas que el Gobierno de Rajoy respalda; con bonos europeos la deuda de Grecia no se habría multiplicado. Pero lo que nunca dirán es que son las personas que salen a la calle en Grecia las que garantizan la vida de la gente, que esos cientos de miles de personas son los que están luchando por la dignidad y la supervivencia colectiva. Gente que no sólo sale a protestar, sino que colabora para mantener el acceso a los servicios, reparte comida, intercambia recursos y, pese a todo, sigue tejiendo futuro.

4. La comunicación es nuestro escudo: Ante la violencia policial, se pone en marcha una estrategia comunicativa con miles de puntos desde los que transmitimos y difundimos lo que pasa para proteger a quienes están en peligro. En esos flujos de comunicación también surgen las formas de organizarnos para salir a poner el cuerpo en la calle. Los vídeos que la gente cuelga de manera instantánea y los tweets que se propagan antes de que lleguen los periodistas, están demostrando un enorme poder: no pueden negar la represión enloquecida. Sabemos que somos muchos, en muchas partes, y eso hace que salgamos a la calle sintiédonos protegidos.

Hay que recordar que han sido muchas las protestas apagadas bajo la presión represiva y que las lógicas de acción-represión-acción nos pueden acabar situando en un tablero de juego con movimientos limitados y posiciones cada vez más minoritarias. Cuando salir a la calle da miedo, dejan de estar los niños, los abuelos, las mujeres y hombres adultos y en los enfrentamientos quedan sólo jóvenes, sobre todo chicos, fáciles de aislar y criminalizar. Esto es lo que, con mucha inteligencia, evitaron los estudiantes valencianos que desde la primera sentada frente al instituto Lluís Vives han defendido su derecho a estar en la calle poniendo en evidencia la brutalidad policial. No debemos olvidar que no basta con tener razón para enfrentarse a la policía, es más importante hablar para la gente que enfrentarse al Estado.

Como los jóvenes de Valencia decimos: “Cuidado, salgo con un arma, llevo un móvil”. En este contexto, las formas tradicionales del conflicto resultan ser las que mejor se amoldarían al escenario que el Gobierno quiere construir. Así, no ser violentos resulta ser mucho más potente que serlo. El Gobierno busca insistentemente una respuesta violenta y por ese motivo agudiza su dinámica represiva, pero es como disparar cañonazos contra un enjambre o intentar cazar un fantasma.

5. Devolver el golpe de otra manera: #YoTambiénSoyElEnemigo, el magnífico hashtag, utilizado masivamente en Twitter para contestar a ese llamamiento a la fractura de quién habla de enemigos, hizo posible recuperar un lenguaje de mayorías que quieren estar juntas. No es algo que se le diga al “poder”, sino algo que nos decimos entre nosotros y nosotras. Una ironía que evita caer en el aislamiento. Un gesto de complicidad que nos implica a todos. Es comunicación para cuidarnos, no para atacar a otros. Yo también soy el enemigo es pura comunicación desde y para el 99%. El enemigo, para ese triste jefe de policía se convierte entonces en cualquiera. Así se desdibuja el propio escenario del enfrentamiento, de la batalla entre bandos e incluso se disuelve la importancia que el Gobierno le otorga a la policía. Digamos que en la Primavera Valenciana, la policía ha sido un obstáculo, porque lo que dota de sentido a las protestas es poder estar en la calle demostrando que hay ganas, que los jóvenes no se resignan.

6. Actuar siempre cambia las cosas: El contagio valenciano ha vuelto a demostrar muchas cosas como la importancia del cuidado colectivo o la capacidad vírica de la comunicación. Pero no podemos olvidar el punto de partida: el deterioro de la educación pública y las expectativas de futuro para los jóvenes. Estudiantes, que ven cómo sus derechos básicos se deterioran, se movilizan cada vez más para que los políticos cumplan con su obligación. Pero el movimiento desplegado estos días no es sólo una reclamación. Los jóvenes están expresando su disposición a hacer algo, porque los que mandan, dan vergüenza y en ellos no pueden confiar. Cuando el PP y los medios de comunicación culpan a políticos de izquierdas de estar detrás de las protestas o acusan a los profesores de manipular a los estudiantes, están negando la capacidad de iniciativa de los chicos y chicas. Nosotros valoramos mucho ese gesto, estudiantes de secundaria que toman la iniciativa y son apoyados por madres, padres y profes. Un instituto no es igual después de esta experiencia y todos los estudiantes que han participado en las manifestaciones seguramente vivan de otra manera su relación con la educación.

De nuevo estos días hemos visto que cuantos más somos, cuantas más cabezas piensan juntas, más inteligencia, más potencia se pone en circulación. La cooperación a este nivel de intensidad dura pocos instantes, pero es sin duda un modelo replicable a menor escala para desarrollar alternativas frente a la impotencia y los recortes que nos imponen.



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