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jueves, 19 de abril de 2012
ASOCIACIONES EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA RECHAZAN EL COPAGO FARMACEÚTICO
La FADSP acusa al Gobierno de ser “valiente” con los débiles y “cobarde” con las multinacionales
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública advierte de que el copago farmacéutico introducido por el Gobierno favorecerá el no cumplimiento de los tratamientos y una mayor utilización de urgencias, así como un aumento de las tasas de hospitalización.
nuevatribuna.es | | Actualizado 19 Abril 2012 - 18:03 h. La FADSP teme que se avance en la línea del recorte de prestaciones por parte del Sistema Nacional de Salud
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncia la introducción del copago farmacéutico impuesto por el Gobierno y critica el hecho de que las nuevas medidas adoptadas “se han vendido ante la opinión pública como un ajuste necesario para sostener la sanidad pública”, sin contar con los inconvenientes.
En este sentido, la FADSP recuerda que en España los jubilados tienen unas pensiones muy bajas (el 8,51% cobra menos de 300 euros y el 54,02% menos de 650 euros) “lo que les colocara en la tesitura de optar entre pagar los medicamentos y comprar alimentos, con lo que, cualquier decisión que tomen será muy negativa para su salud”.
La asociación considera que establecer copagos distintos según tramos de renta tiene algunas dificultades y costes que no se han tenido en cuenta. Entre las dificultades, el hecho de que la renta es variable y que en España el fraude fiscal es muy elevado y de difícil control “con lo que los defraudadores seguirán muy probablemente sin pagar y se penalizará a las personas que viven de un salario, una pensión o la prestación por desempleo”.
Por otro lado, las medidas introducidas por el Gobierno obligarán a cambiar las tarjetas sanitarias de toda la población (47 millones de personas), dependiendo de la complejidad que se quiera incorporar a las mismas la estimación de coste, según la FADSP, es de entre 470 y 900 millones euros, un gasto que supera a los ingresos previstos, al menos durante el primer año,
También subrayan que la experiencia de introducir el copago en otros países ha demostrado que los copagos en medicamentos “favorecen el no cumplimiento de los tratamientos, una mayor utilización de urgencias y mayores tasas de hospitalización, por lo que además de producir problemas de salud habrá que contar con este aumento de los costes”.
Sobre la cartera de servicios, lo anunciado hasta el momento, hace temer a la asociación “que se avance en la línea del recorte de prestaciones por parte del Sistema Nacional de Salud, porque las prestaciones que se han mencionado no producen un gasto significativo y entran en el terreno del marketing demagógico”.
En cuanto al control del “turismo sanitario”, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública asegura que se trata de “un serio problema no de normativa como de recogida de datos y control por parte de los centros sanitarios y las administraciones autonómicas” y que el ahorro que se calcula “es sumamente improbable”.
En suma, la FADSP muestra su rechazo a tales medidas porque “son muy regresivas y van a penalizar a los más enfermos y los más pobres, generando desigualdades intolerables a la hora del acceso a las prestaciones sanitarias. El Gobierno ha optado por usar la valentía de la que presume con las personas más débiles y desprotegidas y su cobardía a la hora de tocar los intereses económicos de las multinacionales”.
“Estas medidas –añaden- van a tener una efectividad muy limitada y muy inferior a la prevista por el Ministerio” y recuerdan que desde la FADSP se ha propuesto una serie de medidas que sin suponer copagos ni exclusión de prestaciones lograrían un ahorro de casi 10.000 millones euros, tal y como publicó recientemente nuevatribuna.es.
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EL ERROR DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y RECORTES EN LA SANIDAD PÚBLICA
El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública
Estado del Bienestar, Política Catalana, Política Española, Salud y Calidad de vida Añada comentariosArtículo publicado por Vicenç Navarro en GACETA SANITARIA, abril de 2012
Este artículo analiza críticamente la política de recortes de gasto sanitario público que se está realizando en España, recortes que acentuarán todavía más la polarización de la atención sanitaria en España por clase social.
Una de las características de la sanidad pública española es su bajo gasto público sanitario, uno de los más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante nivel de desarrollo económico al de España). Según Eurostat, en el 2008, el primer año de la crisis, España se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. Se llega a la misma conclusión cuando se escoge el gasto público sanitario por habitante. España se sitúa, de nuevo, a la cola de la UE-15.
Soy consciente de que algunos economistas de la salud en España han señalado que España se gasta ya en sanidad pública lo que le corresponde por su nivel de desarrollo económico, postura insostenible a la luz de los datos (para ver una crítica de tal postura, ver mi artículo publicado en la revista Salud 2000 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (“Los determinantes del gasto público sanitario”. Agosto 2010). En realidad, España se gasta en sanidad pública mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% se gastara el 94%, España se gastaría en su sector sanitario público 13.500 millones de euros más de los que se gasta. Ni que decir tiene que el PIB por habitante no es el determinante del gasto público sanitario por habitante, pues muchas otras variables intervienen en configurar tal gasto, desde la estructura demográfica al tipo de organización del sistema sanitario, entre otros. Pero todas las indicaciones permiten llegar a la conclusión de que el gasto público sanitario es más bajo de lo que debiera ser por el desarrollo económico que tiene el país. Esta observación es aplicable a todos los servicios públicos del Estado del Bienestar. El número de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar es de los más bajos de la UE-15. Sólo un 9%, comparado con un 15% en la UE-15 y un 25% en Suecia, el país que tiene mayor desarrollo de su Estado del Bienestar.
Las causas de este escaso gasto público sanitario son predominantemente políticas: el gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español a lo largo de su historia, característica que comparte con Grecia y Portugal, los países que tienen también un gran retraso en su gasto público social (ver Navarro, V., El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, y Volúmenes I, II y III de La Situación Social en España, 2004, 2007 y 2009).
La polarización por clase social del sistema sanitario español
Esta situación explica que España sea también el país que tiene el mayor porcentaje de gasto sanitario privado de la UE-15. Casi el 30% del gasto sanitario es gasto privado procedente predominantemente del 20-25% de la población que tiene mayor nivel de renta. Ello determina que exista una polarización por clase social del sistema sanitario español, con una sanidad privada que atiende básicamente a los sectores con mayores recursos y una sanidad pública que atiende a las clases populares. Esta polarización es típica de los países donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor influencia sobre el Estado, tales como el sur de Europa y la mayoría de países de América Latina.
Tal sistema, además de injusto, es altamente ineficiente, pues mientras que la privada es, en general, mejor que la pública por su confort (una cama por habitación), por su mayor tiempo de visita y por una menor lista de espera, en la pública la calidad del personal y riqueza de la infraestructura es superior . En países donde se ha comparado la mortalidad estandarizando las variables que pueden afectar la mortalidad, ésta es mayor en los centros privados (con afán de lucro) que en los centros públicos (P. J. Devereaux, et ál. “Payment for care at private for-profit and private not-for-profit hospitals: a systemathic review and meta-analysis”, 08-06-04, y P. J. Devereaux, et ál. “A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals”, en la revista de la Canadian Medical Association 28-05-02).
Las políticas públicas que se están proponiendo con recortes sustanciales de la sanidad pública acentuarán todavía más la polarización por clase social del sistema sanitario español. Los recortes en el gasto público acelerarán el crecimiento de la sanidad privada, proceso de aceleración que será facilitado por la desgravación del aseguramiento privado que alcanza su máxima expresión en las propuestas del Conseller de Salut del gobierno CiU de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, quien ha propuesto el aseguramiento sanitario obligatorio para las rentas superiores, reduciendo el sector público a un sector asistencial de mínimos para las clases populares. Esta dicotomía afectará todavía más negativamente la inequidad e ineficiencia del sistema, como ha demostrado la experiencia en EEUU. Ningún otro país se gasta tanto en sanidad y tiene un mayor grado de descontento popular con su sistema sanitario que EEUU, donde el aseguramiento privado está generalizado. Es un tremendo error ir en esta dirección.
Los recortes acentuarán más la polarización social
Las insuficiencias del gasto público sanitario han dado pie a las políticas de recortes que se justifican bajo varios argumentos, ninguno de los cuales es sostenible, ni conceptualmente ni empíricamente. Es paradójico que algunos economistas aconsejen tales recortes que conllevarán una expansión de tal aseguramiento, argumentando que estimularán la eficiencia “eliminando la grasa”. Tal argumento ignora, sin embargo, el carácter político de los recortes, los cuales reproducen y acentúan más la desigualdad en la distribución del poder institucional dentro del sector sanitario, pues los grupos más poderosos se defienden mejor de los recortes que los grupos con menos poder. No hay ninguna evidencia de que tales recortes estén mejorando la eficiencia del sistema. Antes al contrario, están acentuando todavía más las grandes ineficiencias, consecuencia de la polarización por clase social del sistema sanitario.
Estos recortes van acompañados de una llamada al incremento de los ingresos privados, aumentando todavía más el elevado porcentaje que el gasto público privado representa sobre el gasto total. Uno de ellos es el copago, medida que se presenta frecuentemente como medida moderadora de un supuesto abuso del sistema público por parte del usuario, del cual no hay ninguna evidencia. El hecho de que el usuario español tenga más visitas o más recetas no es un indicador de abuso del sistema por parte del usuario, pues esta mayor utilización se debe a causas administrativas (tener la firma del médico) o a una subutilización del personal de enfermería, entre otros factores. Es más, la utilización y el gasto sanitario viene determinado en gran manera por el médico, no por el usuario.
El sistema de copago no es equitativo y sería mucho más eficiente, eficaz y equitativo que el pago se hiciera por vía impositiva con una orientación finalista, tal como se ha desarrollado en otros países. La carga fiscal en España es, además de baja, altamente regresiva. Y debería corregirse, añadiendo un componente finalista en la corrección de inequidades fiscales. Las encuestas señalan que, a la vez que existe una gran desaprobación por parte de la población de los recortes y del copago, hay una amplia aprobación del aumento de los recursos para la sanidad (87% de la población). En realidad, los fondos que el Estado intenta ahorrarse recortando los servicios sanitarios podrían haberse adquirido a base de medidas tales como eliminar la baja de impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que habrían obtenido 5.300 millones de más) o recuperando el impuesto del patrimonio (2.100 millones de euros), y eliminando la reducción de los impuestos de sucesiones (2.552 millones), o eliminando el fraude fiscal de la grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, consiguiendo 44.000 millones de euros, por citar sólo unos ejemplos (ver “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España” Navarro, V., Torres, J., Garzón, A.). Tales recortes responden a unas coordenadas políticas de poder que se presentan erróneamente como las únicas alternativas posibles. Pero los datos muestran que otras intervenciones son posibles si existe voluntad política para ello.
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Estado del Bienestar, Política Catalana, Política Española, Salud y Calidad de vida Añada comentariosArtículo publicado por Vicenç Navarro en GACETA SANITARIA, abril de 2012
Este artículo analiza críticamente la política de recortes de gasto sanitario público que se está realizando en España, recortes que acentuarán todavía más la polarización de la atención sanitaria en España por clase social.
Una de las características de la sanidad pública española es su bajo gasto público sanitario, uno de los más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante nivel de desarrollo económico al de España). Según Eurostat, en el 2008, el primer año de la crisis, España se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. Se llega a la misma conclusión cuando se escoge el gasto público sanitario por habitante. España se sitúa, de nuevo, a la cola de la UE-15.
Soy consciente de que algunos economistas de la salud en España han señalado que España se gasta ya en sanidad pública lo que le corresponde por su nivel de desarrollo económico, postura insostenible a la luz de los datos (para ver una crítica de tal postura, ver mi artículo publicado en la revista Salud 2000 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (“Los determinantes del gasto público sanitario”. Agosto 2010). En realidad, España se gasta en sanidad pública mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% se gastara el 94%, España se gastaría en su sector sanitario público 13.500 millones de euros más de los que se gasta. Ni que decir tiene que el PIB por habitante no es el determinante del gasto público sanitario por habitante, pues muchas otras variables intervienen en configurar tal gasto, desde la estructura demográfica al tipo de organización del sistema sanitario, entre otros. Pero todas las indicaciones permiten llegar a la conclusión de que el gasto público sanitario es más bajo de lo que debiera ser por el desarrollo económico que tiene el país. Esta observación es aplicable a todos los servicios públicos del Estado del Bienestar. El número de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar es de los más bajos de la UE-15. Sólo un 9%, comparado con un 15% en la UE-15 y un 25% en Suecia, el país que tiene mayor desarrollo de su Estado del Bienestar.
Las causas de este escaso gasto público sanitario son predominantemente políticas: el gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español a lo largo de su historia, característica que comparte con Grecia y Portugal, los países que tienen también un gran retraso en su gasto público social (ver Navarro, V., El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, y Volúmenes I, II y III de La Situación Social en España, 2004, 2007 y 2009).
La polarización por clase social del sistema sanitario español
Esta situación explica que España sea también el país que tiene el mayor porcentaje de gasto sanitario privado de la UE-15. Casi el 30% del gasto sanitario es gasto privado procedente predominantemente del 20-25% de la población que tiene mayor nivel de renta. Ello determina que exista una polarización por clase social del sistema sanitario español, con una sanidad privada que atiende básicamente a los sectores con mayores recursos y una sanidad pública que atiende a las clases populares. Esta polarización es típica de los países donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor influencia sobre el Estado, tales como el sur de Europa y la mayoría de países de América Latina.
Tal sistema, además de injusto, es altamente ineficiente, pues mientras que la privada es, en general, mejor que la pública por su confort (una cama por habitación), por su mayor tiempo de visita y por una menor lista de espera, en la pública la calidad del personal y riqueza de la infraestructura es superior . En países donde se ha comparado la mortalidad estandarizando las variables que pueden afectar la mortalidad, ésta es mayor en los centros privados (con afán de lucro) que en los centros públicos (P. J. Devereaux, et ál. “Payment for care at private for-profit and private not-for-profit hospitals: a systemathic review and meta-analysis”, 08-06-04, y P. J. Devereaux, et ál. “A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals”, en la revista de la Canadian Medical Association 28-05-02).
Las políticas públicas que se están proponiendo con recortes sustanciales de la sanidad pública acentuarán todavía más la polarización por clase social del sistema sanitario español. Los recortes en el gasto público acelerarán el crecimiento de la sanidad privada, proceso de aceleración que será facilitado por la desgravación del aseguramiento privado que alcanza su máxima expresión en las propuestas del Conseller de Salut del gobierno CiU de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, quien ha propuesto el aseguramiento sanitario obligatorio para las rentas superiores, reduciendo el sector público a un sector asistencial de mínimos para las clases populares. Esta dicotomía afectará todavía más negativamente la inequidad e ineficiencia del sistema, como ha demostrado la experiencia en EEUU. Ningún otro país se gasta tanto en sanidad y tiene un mayor grado de descontento popular con su sistema sanitario que EEUU, donde el aseguramiento privado está generalizado. Es un tremendo error ir en esta dirección.
Los recortes acentuarán más la polarización social
Las insuficiencias del gasto público sanitario han dado pie a las políticas de recortes que se justifican bajo varios argumentos, ninguno de los cuales es sostenible, ni conceptualmente ni empíricamente. Es paradójico que algunos economistas aconsejen tales recortes que conllevarán una expansión de tal aseguramiento, argumentando que estimularán la eficiencia “eliminando la grasa”. Tal argumento ignora, sin embargo, el carácter político de los recortes, los cuales reproducen y acentúan más la desigualdad en la distribución del poder institucional dentro del sector sanitario, pues los grupos más poderosos se defienden mejor de los recortes que los grupos con menos poder. No hay ninguna evidencia de que tales recortes estén mejorando la eficiencia del sistema. Antes al contrario, están acentuando todavía más las grandes ineficiencias, consecuencia de la polarización por clase social del sistema sanitario.
Estos recortes van acompañados de una llamada al incremento de los ingresos privados, aumentando todavía más el elevado porcentaje que el gasto público privado representa sobre el gasto total. Uno de ellos es el copago, medida que se presenta frecuentemente como medida moderadora de un supuesto abuso del sistema público por parte del usuario, del cual no hay ninguna evidencia. El hecho de que el usuario español tenga más visitas o más recetas no es un indicador de abuso del sistema por parte del usuario, pues esta mayor utilización se debe a causas administrativas (tener la firma del médico) o a una subutilización del personal de enfermería, entre otros factores. Es más, la utilización y el gasto sanitario viene determinado en gran manera por el médico, no por el usuario.
El sistema de copago no es equitativo y sería mucho más eficiente, eficaz y equitativo que el pago se hiciera por vía impositiva con una orientación finalista, tal como se ha desarrollado en otros países. La carga fiscal en España es, además de baja, altamente regresiva. Y debería corregirse, añadiendo un componente finalista en la corrección de inequidades fiscales. Las encuestas señalan que, a la vez que existe una gran desaprobación por parte de la población de los recortes y del copago, hay una amplia aprobación del aumento de los recursos para la sanidad (87% de la población). En realidad, los fondos que el Estado intenta ahorrarse recortando los servicios sanitarios podrían haberse adquirido a base de medidas tales como eliminar la baja de impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que habrían obtenido 5.300 millones de más) o recuperando el impuesto del patrimonio (2.100 millones de euros), y eliminando la reducción de los impuestos de sucesiones (2.552 millones), o eliminando el fraude fiscal de la grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, consiguiendo 44.000 millones de euros, por citar sólo unos ejemplos (ver “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España” Navarro, V., Torres, J., Garzón, A.). Tales recortes responden a unas coordenadas políticas de poder que se presentan erróneamente como las únicas alternativas posibles. Pero los datos muestran que otras intervenciones son posibles si existe voluntad política para ello.
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martes, 13 de diciembre de 2011
EE.UU. ¿LA "MEJOR" SANIDAD DEL MUNDO?
Estados Unidos tiene la mejor sanidad del mundo (¡jua!)
Publicado el diciembre 13, 2011 por amalia
Andrés González - ATTAC Acordem
Los argumentos más habituales para justificar los recortes en la sanidad pública son su poca eficiencia y su alto coste comparado con la sanidad privada. Esto es lo que ha calado en ciertos sectores de la sociedad y que no es difícil oír en boca de ciudadanos de a pie. Vamos a ver cómo estos argumentos son rotundamente falsos con unos pocos argumentos objetivos.
Acabo de encontrar esta página donde se pueden ver unos datos muy interesantes*. Por ejemplo, se puede ver el gasto en salud (en porcentaje de PIB) de todos los países del mundo
El caso de Estados Unidos es especialmente significativo. Es el paradigma de país desarrollado con un sistema de financiación privada único en el mundo. Más desarrollados que ellos en ese aspecto no hay nadie. Veamos cómo les va.
Estados Unidos es el segundo país del mundo que más porcentaje del PIB dedica a sanidad (el primero es Malta). Es lo que dice el mapa de arriba, por eso está tan oscuro. Mientras que Estados Unidos gasta el 16% de su PIB, España gasta el 9,7%. Eso quiere decir simplemente que del dinero total del país, los ciudadanos gastan un 60% más en el cuidado de su salud. Este modelo de sanidad privada es claramente ineficiente porque no usa los mínimos recursos para conseguir sus objetivos.
Uno puede pensar que sí, que se gastan más, pero que tienen la mejor sanidad del mundo. Veamos ahora la calidad de la sanidad de Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil es un buen indicador del nivel de salud de un país. Según los datos de la web, Estados Unidos se codea en este ámbito con países como Hungría, Bielorrusia y Nueva Caledonia. Su tasa es de 6 muertes por cada 1000 nacimientos normales. En España la tasa está en 3,4, casi la mitad e inferior incluso a las de Finlandia, Alemania, Francia y Noruega.
La imagen que tenemos de la sanidad de Estados Unidos está extremadamente mediatizada por las informaciones puntuales que nos llegan, las películas y las series. Sólo sabemos que el famoso de turno se ha ido a operar de una enfermedad incurable a las américas (de lo que no hablan es de la factura) y vemos en la tele grandes y modernísimos hospitales y ambulancias que parecen naves espaciales. La realidad es otra para el que no es millonario (el 99%).
Hay más datos interesantes. Estados Unidos está por debajo de España en número de camas de hospital por habitante y en densidad de médicos por habitante, pero está muy por encima en la tasa de mortalidad matera (la de Estados Unidos es 4 veces más alta, un escándalo) y en obesidad en adultos (el doble). En esperanza de vida, que es una medida general de la calidad de vida de un país, España está en el puesto 12 del mundo, mientras que Estados Unidos está en el 37, siguiéndole de cerca Taiwán y Panamá.
Todo un negocio. Se gastan más para obtener menos. El negocio real no está pensado para los ciudadanos sino para las grandes empresas sanitarias privadas. Ellos saben que todos los ciudadanos necesitamos servicios de salud. Todos sin excepción. Hay gente a la que no le gustan las bebidas con gas y no las compra. Coca-Cola nunca hará negocio con ellos por muchas campañas publicitarias estupendísimas que hagan. Pero todos los ciudadanos, absolutamente todos, necesitamos ir al médico. Si pudieran privatizar un bien tan fundamental como el agua que bebemos también lo harían. ¡Ay qué tonto, que ya lo han hecho!
Ni desde el punto de vista económico ni desde el de calidad, la sanidad privada supera a la pública. Desde el punto de vista de la justicia social tampoco. Si en España vamos por la senda de la privatización, la consecuencia directa es que tendremos una sanidad de peor calidad, aumentará su gasto y podremos invertir menos en otros sectores como la educación, los servicios sociales, la investigación, las pensiones… ¿De verdad queremos ir por ahí? A la vista de este análisis, la estrategia de Mas, Cospedal, Rajoy y compañía es clarísima: hay que desviar el gasto público (que es lo que nos exigen los “mercados”, es decir, los bancos, agencias de calificación y otros) al sector privado. De esta forma el sector privado tendrá acceso a nuevo dinero, fresco y fácil (no hay que olvidar que todos necesitamos sanidad). Y señores de lo privado, les obsequiamos además con otro regalo: la sociedad gastará más dinero con vosotros de lo que gasta actualmente. Es cierto que la calidad empeorará, pero no os preocupéis, nosotros ya nos hemos encargado de convencer a la sociedad de lo contrario. Y en ello seguimos cada vez con más fuerza.
http://www.youtube.com/watch?v=-fr7ntS7SdU&feature=player_embedded
Recomiendo este vídeo de David Hall, Director de la Unidad de Investigación Internacional de los Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich, sobre la inversión pública y su efecto en la sociedad y en la economía. Él lo explica mucho mejor que nosotros:
* Quien tenga dudas del origen de los datos de la página web en la que nos basamos, debe saber que son datos de la Central Intelligence Agency (sí, la CIA), organismo poco sospechoso de maquillarlos en contra de Estados Unidos. Hay otra fuente también poco sospechosa, el Banco Mundial, que coincide con las estadísticas analizadas en este artículo.
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Publicado el diciembre 13, 2011 por amalia
Andrés González - ATTAC Acordem
Los argumentos más habituales para justificar los recortes en la sanidad pública son su poca eficiencia y su alto coste comparado con la sanidad privada. Esto es lo que ha calado en ciertos sectores de la sociedad y que no es difícil oír en boca de ciudadanos de a pie. Vamos a ver cómo estos argumentos son rotundamente falsos con unos pocos argumentos objetivos.
Acabo de encontrar esta página donde se pueden ver unos datos muy interesantes*. Por ejemplo, se puede ver el gasto en salud (en porcentaje de PIB) de todos los países del mundo
El caso de Estados Unidos es especialmente significativo. Es el paradigma de país desarrollado con un sistema de financiación privada único en el mundo. Más desarrollados que ellos en ese aspecto no hay nadie. Veamos cómo les va.
Estados Unidos es el segundo país del mundo que más porcentaje del PIB dedica a sanidad (el primero es Malta). Es lo que dice el mapa de arriba, por eso está tan oscuro. Mientras que Estados Unidos gasta el 16% de su PIB, España gasta el 9,7%. Eso quiere decir simplemente que del dinero total del país, los ciudadanos gastan un 60% más en el cuidado de su salud. Este modelo de sanidad privada es claramente ineficiente porque no usa los mínimos recursos para conseguir sus objetivos.
Uno puede pensar que sí, que se gastan más, pero que tienen la mejor sanidad del mundo. Veamos ahora la calidad de la sanidad de Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil es un buen indicador del nivel de salud de un país. Según los datos de la web, Estados Unidos se codea en este ámbito con países como Hungría, Bielorrusia y Nueva Caledonia. Su tasa es de 6 muertes por cada 1000 nacimientos normales. En España la tasa está en 3,4, casi la mitad e inferior incluso a las de Finlandia, Alemania, Francia y Noruega.
La imagen que tenemos de la sanidad de Estados Unidos está extremadamente mediatizada por las informaciones puntuales que nos llegan, las películas y las series. Sólo sabemos que el famoso de turno se ha ido a operar de una enfermedad incurable a las américas (de lo que no hablan es de la factura) y vemos en la tele grandes y modernísimos hospitales y ambulancias que parecen naves espaciales. La realidad es otra para el que no es millonario (el 99%).
Hay más datos interesantes. Estados Unidos está por debajo de España en número de camas de hospital por habitante y en densidad de médicos por habitante, pero está muy por encima en la tasa de mortalidad matera (la de Estados Unidos es 4 veces más alta, un escándalo) y en obesidad en adultos (el doble). En esperanza de vida, que es una medida general de la calidad de vida de un país, España está en el puesto 12 del mundo, mientras que Estados Unidos está en el 37, siguiéndole de cerca Taiwán y Panamá.
Todo un negocio. Se gastan más para obtener menos. El negocio real no está pensado para los ciudadanos sino para las grandes empresas sanitarias privadas. Ellos saben que todos los ciudadanos necesitamos servicios de salud. Todos sin excepción. Hay gente a la que no le gustan las bebidas con gas y no las compra. Coca-Cola nunca hará negocio con ellos por muchas campañas publicitarias estupendísimas que hagan. Pero todos los ciudadanos, absolutamente todos, necesitamos ir al médico. Si pudieran privatizar un bien tan fundamental como el agua que bebemos también lo harían. ¡Ay qué tonto, que ya lo han hecho!
Ni desde el punto de vista económico ni desde el de calidad, la sanidad privada supera a la pública. Desde el punto de vista de la justicia social tampoco. Si en España vamos por la senda de la privatización, la consecuencia directa es que tendremos una sanidad de peor calidad, aumentará su gasto y podremos invertir menos en otros sectores como la educación, los servicios sociales, la investigación, las pensiones… ¿De verdad queremos ir por ahí? A la vista de este análisis, la estrategia de Mas, Cospedal, Rajoy y compañía es clarísima: hay que desviar el gasto público (que es lo que nos exigen los “mercados”, es decir, los bancos, agencias de calificación y otros) al sector privado. De esta forma el sector privado tendrá acceso a nuevo dinero, fresco y fácil (no hay que olvidar que todos necesitamos sanidad). Y señores de lo privado, les obsequiamos además con otro regalo: la sociedad gastará más dinero con vosotros de lo que gasta actualmente. Es cierto que la calidad empeorará, pero no os preocupéis, nosotros ya nos hemos encargado de convencer a la sociedad de lo contrario. Y en ello seguimos cada vez con más fuerza.
http://www.youtube.com/watch?v=-fr7ntS7SdU&feature=player_embedded
Recomiendo este vídeo de David Hall, Director de la Unidad de Investigación Internacional de los Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich, sobre la inversión pública y su efecto en la sociedad y en la economía. Él lo explica mucho mejor que nosotros:
* Quien tenga dudas del origen de los datos de la página web en la que nos basamos, debe saber que son datos de la Central Intelligence Agency (sí, la CIA), organismo poco sospechoso de maquillarlos en contra de Estados Unidos. Hay otra fuente también poco sospechosa, el Banco Mundial, que coincide con las estadísticas analizadas en este artículo.
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lunes, 31 de octubre de 2011
EL ATAQUE A LA SALUD, EN LOS UMBRALES DEL DELITO
El ataque a la salud, en los umbrales del delito
Carlos Jiménez Villarejo · · · · ·
23/10/11
La durísima política contra la sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamos intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona, el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales sanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a la que se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna "asegurar a todos una digna calidad de vida" y vulnera de forma reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la "dignidad humana" y el "libre desarrollo de la personalidad". Por tanto, estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirla por otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ¿Dónde queda la ciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entre ellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el pleno reconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera ante políticas antisociales.
La crisis acentúa la desigualdad social y favorece toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza
Así lo proclamó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso".
Naturalmente, desde esta perspectiva se derivan automáticamente para todas las Administraciones unas estrictas obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar la prestación de los servicios correspondientes.
Si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales y efectivas" (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.
Es decir, los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuación, por acción u omisión, de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacción está afectando al derecho básico a la dignidad humana.
Consecuentemente, el incumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación en la sanidad puede entenderse como una forma de discriminación, conducta constitucionalmente prohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Cataluña.
La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que "impidan" a los ciudadanos "el ejercicio de derechos cívicos", en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección mas intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una política sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción.
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Carlos Jiménez Villarejo · · · · ·
23/10/11
La durísima política contra la sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamos intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona, el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales sanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a la que se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna "asegurar a todos una digna calidad de vida" y vulnera de forma reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la "dignidad humana" y el "libre desarrollo de la personalidad". Por tanto, estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirla por otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ¿Dónde queda la ciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entre ellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el pleno reconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera ante políticas antisociales.
La crisis acentúa la desigualdad social y favorece toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza
Así lo proclamó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso".
Naturalmente, desde esta perspectiva se derivan automáticamente para todas las Administraciones unas estrictas obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar la prestación de los servicios correspondientes.
Si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales y efectivas" (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.
Es decir, los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuación, por acción u omisión, de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacción está afectando al derecho básico a la dignidad humana.
Consecuentemente, el incumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación en la sanidad puede entenderse como una forma de discriminación, conducta constitucionalmente prohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Cataluña.
La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que "impidan" a los ciudadanos "el ejercicio de derechos cívicos", en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección mas intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una política sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción.
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sábado, 5 de febrero de 2011
EE.UU. DENUNCIA LA SANIDAD CUBANA. LA SUYA NO PARECE PREOCUPARLE
Estados Unidos denuncia el mal funcionamiento de la sanidad cubana. La suya no parece preocuparle.
Artículos de Opinión | Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa* | 05-02-2011 |
El periódico español El País, perteneciente al Grupo PRISA (que a su vez es propiedad en un más del 50% del fondo especulativo estadounidense Liberty, y vinculado también a Silvio Berlusconi), publicó el pasado 31 de enero un reportaje especial sobre la situación de la sanidad cubana basado en cables descubiertos por Wikileaks en los que Estados Unidos denunciaba su mal funcionamiento.
El diario español señala que la sanidad cubana refleja en la actualidad un “paisaje desolador”, a la vez que critica duramente las comparaciones que entre el sistema sanitario estadounidense y el sistema sanitario cubano hizo Michael Moore en su documental Sicko.
Una vez más, Estados Unidos vuelve a manifestarse sumamente crítico con los defectos de los demás sin manifestar al mismo tiempo igual rasero cuando se trata de evaluar su propio comportamiento.
Doble moral
Los dirigentes estadounidenses suelen clamar constantemente por los derechos humanos, pero callan cuando se violan por dictaduras amigas, que habitualmente suelen haber sido directamente impuestas por su gobierno o que cuentan con su complicidad y apoyo militar, político y económico. Le preocupa sobremanera que haya unas docenas de presos políticos en Cuba (que no debería haber) pero comercia sin problemas con China y otros países cuyos gobiernos llevan a cabo actuaciones mucho más lesivas para las libertades públicas; reclama a los demás respeto a los derechos humanos pero permite la tortura y actúa o legisla sin respetar principios elementales del habeas corpus en su propio país; llama a todos a defenderse del terrorismo pero luego acoge en su territorio a terroristas responsables de docenas de muertes, declara guerras contrarias al derecho internacional y sus propias agencias promueven el terrorismo cuando conviene a los intereses de sus grandes empresas; es extraordinariamente puntilloso con gobiernos legítimos y democráticos que abordan proyectos de progreso y mejor distribución de la renta pero al mismo tiempo da cobertura a regímenes sanguinarios y de ladrones como el de Arabia Saudí o el de Marruecos, por citar sólo a dos que no hagan la lista interminable; presiona, trata constantemente de derrocar y acaba, incluso a base de asesinarlos, con líderes libremente electos mientras que lleva al poder a docenas de gobiernos corruptos y responsables de cientos de miles de asesinatos en Chile, en Argentina, en Brasil, en Nicaragua, en El Salvador y en multitud de países más.
El poder que gobierna Estados Unidos y la política que lleva a cabo es la expresión paradigmática de la doble moral y del doble rasero. Con tal de que sus empresas ganen dinero se permite cualquier dictadura y la violación más sangrante y criminal de los derechos humanos. Pero si algún gobierno legítimo osa poner en peligro sus ganancias para repartir mejor la riqueza, aunque sea por medios estrictamente legales y respetuosos con la voluntad libremente expresada en las urnas de la ciudadanía, enseguida le estará acusando de violarlos. Y eso sí, todo eso sin mirar ni por un momento a lo que sucede en el propio interior de Estados Unidos.
Las declaraciones de dirigentes estadounidenses sobre la sanidad cubana y el intento de divulgar la idea de su mal funcionamiento es una prueba más de este comportamiento cínico de sus dirigentes y servidores.
No vamos a emitir ahora juicios de valor. Simplemente recurriremos a los datos de organismos internacionales para comprobar qué sistema sanitario funciona mejor o peor y cuál parece responder más satisfactoriamente a las demandas de la población.
Cuba es un país pobre. O quizá deberíamos decir que empobrecido, entre otras causas por el bloqueo ilegal e inmoral que Estados Unidos decretó hace años. Desde luego, es mucho más pobre que Estados Unidos, al menos, en recursos materiales.
Es por ello que puede dedicar muchos menos recursos al sistema sanitario, un conjunto de instituciones absolutamente necesarias para el bienestar de la población ya que al fin y al cabo de ellas depende la vida y el bienestar de las personas.
¿Quién puede usar el sistema sanitario?
Todos sabemos que Estados Unidos, la principal potencia económica del planeta, tiene inmejorables centros de salud que funcionan de manera ejemplar. Cuba también tiene algunos centros de salud que están en la vanguardia de la atención y la investigación médica mundial y dispone de un sistema general que compensa con profesionalidad e inventiva la escasez de recursos con que cuenta como consecuencia de tener un nivel mucho más bajo de renta y riqueza.
Pero la cuestión no radica en señalar quién tiene mejores centros hospitalarios o la mejor investigación sanitaria sino en saber quién puede usarlos, quién puede disponer de atención médica cuando está enfermo. Y ahí los datos son bastante elocuentes.
En Cuba cualquier ciudadano puede entrar a cualquier centro sanitario a recibir asistencia con independencia de su nivel de renta. Nada se le exige para entrar a cualquiera de ellos, sea más o menos bueno. Tiene derecho a ello simplemente por ser ciudadano o ciudadana cubanos. El nivel de cobertura es, por tanto, del 100%.
En Estados Unidos, por el contrario, los datos más recientes muestran que un 16,4% del total de la población no tiene atención sanitaria. Y esos porcentajes aún son mayores si se trata de grupos de población de menos renta, como se puede ver en el siguiente cuadro.
Como puede comprobarse, un 38,9% de los hispanos no tiene cobertura sanitaria, tampoco el 29,7% de las personas con ingresos inferiores a 36.000 dólares o el 20,2% de los negros no hispanos.
Lo cierto es, por lo tanto, que en Estados Unidos, a pesar de su extraordinaria riqueza, existe un mucho mayor porcentaje de la población que cuando se ponga enferma no va a tener asistencia de ningún tipo. No solo les están vedados los grandes de centros de vanguardia sino incluso la más primaria de las atenciones médicas.
El gasto en salud
Naturalmente, para que el sistema sanitario funcione mejor se necesitan muchos recursos.
Estados Unidos es muy rico y pudo gastar en salud en 2007 7.285 dólares per cápita, medida en paridad de poder de compra, es decir, teniendo en cuenta los respectivos niveles de precios. Cuba, que es mucho más pobre, sólo pudo gastar 917 dólares, es decir, casi 8 veces menos.
Cuba dedica aproximadamente un 7% de su PIB al gasto sanitario, un esfuerzo importante y casi igual al de los países más avanzados. Estados Unidos, sin embargo, dedica un porcentaje mucho más elevado, el 16% (que incluye el gasto público y el gasto privado).
Pero, lo que resulta sorprendente es que dedicando mucho más recursos que Cuba en términos relativos (respecto a su PIB respectivo) Estados Unidos dispone de muchos menos servicios para la población, además de menor acceso, como acabamos de decir. Basten dos datos.
El número de médicos por cada 10.000 habitantes es de 64 en Cuba y de 31 en Estados Unidos. Más del doble. Por otro lado, el número de camas de hospital por cada 10.000 habitantes en Cuba es de 60 y en Estados Unidos de 31, casi justo la mitad.
Eso es así porque una gran parte del gasto sanitario que realiza Estados Unidos no se traduce en servicios para la salud sino en rentas para el capital privado, y especialmente para las aseguradoras.
Los resultados sobre la salud y el bienestar
A la hora de determinar si un sistema sanitario funciona bien o mal, como aparentemente quería hacer El País, parece que lo lógico es preguntarse qué resultados produce sobre la vida de las personas. Es verdad que ésta última y el mayor o menor bienestar de la población no depende solamente del sistema de salud pero es indudable que una buena influencia sí debe tener y que no sería muy creíble decir que el sistema de salud es bueno si a la postre muere más gente por enfermedades, si hay más personas enfermas o mal cuidadas, etc.
Pues bien, en este aspecto también hay datos que vuelven a ser extraordinariamente elocuentes. Todos ellos se pueden observar en el cuadro que presentamos al final del texto en el que, además de los datos de Cuba y Estados Unidos hemos registrado los del resto de países de América Latina.
Veamos.
La esperanza de vida para ambos sexos según la organización Mundial de la Salud es de 78 años en Estados Unidos y de 77 en Cuba, y la de las mujeres de 70 y 69, respectivamente. Y la esperanza de vida saludable para ambos sexos es también de un solo año más en Estados Unidos (70) que en Cuba (69).
No parece, pues, que se pueda decir que el sistema de Estados Unidos proporcione una ventaja decisiva en este aspecto sobre el cubano, sobre todo, teniendo en cuenta las condiciones de mucha mayor penuria en que se obligada a desenvolverse la población, entre otras causas, por culpa del bloqueo.
Por el contrario, lo que sí parece que puede concluirse claramente es que el sistema cubano es mucho más eficaz que el estadounidense en este aspecto, pues con muchísimo menos gasto absoluto y relativo, como hemos visto, es capaz de proporcionar casi el doble de atención y lograr una esperanza de vida prácticamente igual.
También son elocuentes los datos de mortalidad infantil que tienen mucho que ver con la atención sanitaria que reciben las madres y los propios bebes. Pues bien, la mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos es de 7 en Estados Unidos y más baja en Cuba, de 5. También es más baja en Cuba la mortalidad de menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos: es de 6, frente a 8 en Estados Unidos.
También son inferiores en Cuba los porcentajes de niños no inmunizados contra la difteria, pertursis y tétanos, el 1% anual, frente al 4% en Estados Unidos; el de los niños no inmunizados contra el sarampión (1% en Cuba, frente al 8% en Estados Unidos) y bastante menor la incidencia de VIH tanto entre las mujeres jóvenes de entre 15-24 años (0,1% en Cuba, 0,3% en Estados Unidos), o entre adultos entre 15 y 49 años (0,1% y 0,6% respectivamente).
La mortalidad de adultos por cada 1.000 habitantes es algo mayor en Cuba (81) que en Estados Unidos (79) en el caso de las mujeres, pero no así en el de los hombres (135 en Estados Unidos frente a 122 en Cuba). Y es bastante más baja también la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles en Cuba (437) que en Estados Unidos (450).
En fin, las fuentes manipuladoras de la opinión tratan de lanzar desde Estados Unidos la idea de que el sistema sanitario de Cuba funciona deficientemente pero lo cierto es que éste último resulta ser capaz de proporcionar mejores condiciones de salud a un porcentaje mucho más alto de la población.
Tenemos la seguridad de que en un país sometido a bloqueo, de escasos recursos económicos y sumido, como toda la economía mundial, en una grave crisis, el sistema sanitario debe estar sufriendo problemas de financiación y que no funcionará como podría hacerlo si disfrutase de condiciones y un entorno más favorables. Si se están produciendo recortes de prestaciones en los países más ricos, ¿acaso sería raro que Cuba tenga también que hacerlos y que sus sistema sanitario se resienta?
Eso es lo que afirman los dirigentes estadounidenses, pero científicos como Pol de Vos y Patrick Van der Stuyft afirman lo contrario en una revista tan prestigiosa como The Lancet en donde afirman que ” el sistema de salud cubano garantiza servicios curativos accesibles, integrados y efectivos y hace énfasis en la prevención” (Pol de Vos y Patrick Van der Stuyft , “The right to health in times of economic crisis: Cuba’s way”. The Lancet, Volume 374, Issue 9701, 2009).
Mientras que medios al servicio de intereses que no tienen la dignidad de desvelar se dedican a airear lo mal que funciona la sanidad cubana, lo cierto es que en Cuba se atiende a cualquier persona que demande servicios sanitarios mientras que en estados Unidos, según los datos que recoge Vicenç Navarro, hay 47 millones de habitantes (censados) sin cobertura sanitaria, que mueren entre 45.000 y 100.000 personas al año por falta de aseguramiento, que 62 millones de personas tienen insuficiente cobertura sanitaria, que el 60% de las bancarrotas familiares se debe a personas que se han arruinado como consecuencia de no poder pagar sus facturas médicas y que el 42% de las personas con enfermedad terminal están preocupados por cómo pagará su familia la factura.
Pero esto, al parecer, no llama la atención de estos medios ni les parece que sea expresión de un mal funcionamiento de sus sistema de salud.
Y mientras que en el país más rico del mundo ocurre todo eso, un país pobre como Cuba no solo proporciona servicios sanitarios a toda su ciudadanía aino que incluso tiene el coraje y la generosidad de dedicar una parte de sus recursos en otros países más pobres, como Haití, o incluso a otros más ricos pero en donde las clases altas nunca quisieron generar un auténtico servicio nacional de salud y ahora padecen déficit tremendos, como Venezuela.
Incluso un diario que no creemos que pueda ser tachado de castrista, como The Independent, afirmó recientemente que la actuación de los médicos cubanos en Haití avergonzaba al mundo por su eficacia y solidaridad (Lakhan, N. (2010): “Los médicos cubanos en Haití hacen sonrojarse al mundo”, obtenido en http://www.paginadigital.com.ar/art...).
Y es que la misión de solidaridad cubana que incluía a 350 médicos y que estaba radicada en Haití desde 1998 multiplicó por tres el número de sus especialistas tras el terremoto de 2010. Y mientras que países mucho más ricos retiraban sus contingentes de ayuda sanitaria tan sólo dos meses después del terremoto, la misión cubana ha seguido en la isla junto con el contingente de Médicos sin Fronteras. En estos años, Cuba ha formado un total de 550 médicos haitianos y mantiene una escuela de medicina en la que permite que los haitianos aprendan medicina de forma gratuita.
Además, el sistema sanitario cubano que tan mal funciona según los medios al servicio de los capitales estadounidenses sostiene también la operación Milagro, otro de los programas de ayuda cubana que ha conseguido operar de cataratas con éxito y devolver así la vista a más de 1,8 millones de personas en treinta y cinco países, entre los cuales se encuentra, por cierto, Mario Terán, el sargento boliviano que mató al Che Guevara.
Conclusiones
Los datos son tozudos. Incluso en las peores circunstancias, Cuba ha conseguido mantener un sistema de salud que es más eficaz, eficiente y solidario que el sistema de salud estadounidense. Es lógico que eso suceda porque mientras que el sistema de salud cubano está orientado hacia la satisfacción de las necesidades sanitarias de su población (¡y de las de otros países!), el sistema estadounidense se orienta a proporcionar beneficio privado a las grandes corporaciones farmacéuticas, a las compañías de seguros y a otros grandes entramados empresariales del sector de la salud. Este hecho diferencial explica que el enorme gasto desembolsado por el país más poderoso del mundo no sea ni eficaz ni eficiente, y provoca que una parte muy de sus ciudadanos carezcan de la mínima atención sanitaria.
A pesar de esta evidencia los grandes medios de comunicación hacen oídos sordos y, como en el caso de El País, perseveran en su tarea de crear en la opinión pública una imagen falsa de la realidad. Probablemente lo hacen buscando que se termine por aceptar algún día la supuesta (y falsa) superioridad en todo el mundo del sistema privado frente al sistema público, y sea entonces más fácil lograr lo que la derecha y los grupos empresariales vienen buscando desde hace décadas: quedarse con el suculento mercado de los servicios de salud.
Y los datos hacen inevitable preguntarse qué pasaría si en lugar de tener que hacer frente al injusto e ilegal bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba, este país latinoamericano pudiese disfrutar de plena libertad para gestionar su economía. Quizás entonces pudiésemos ver en su plenitud el inmenso potencial del sistema sanitario cubano. Y no sólo eso, sino que así se podría extender aún más el ejemplar ejercicio de solidaridad que desde hace décadas lleva a cabo el pueblo de Cuba, lo cual sin duda beneficiaría también al resto de países pobres del mundo, siempre ignorados por los grandes países ricos entre los que se encuentra los propios Estados Unidos.
Pero estas realidades también deben llevar a preguntarse qué pasaría si los medios de comunicación hicieran su labor con todo el rigor que la profesión periodística exige, y dejaran de ser meros instrumentos ideológicos de los poderosos.
Anexo estadístico
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Artículos de Opinión | Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa* | 05-02-2011 |
El periódico español El País, perteneciente al Grupo PRISA (que a su vez es propiedad en un más del 50% del fondo especulativo estadounidense Liberty, y vinculado también a Silvio Berlusconi), publicó el pasado 31 de enero un reportaje especial sobre la situación de la sanidad cubana basado en cables descubiertos por Wikileaks en los que Estados Unidos denunciaba su mal funcionamiento.
El diario español señala que la sanidad cubana refleja en la actualidad un “paisaje desolador”, a la vez que critica duramente las comparaciones que entre el sistema sanitario estadounidense y el sistema sanitario cubano hizo Michael Moore en su documental Sicko.
Una vez más, Estados Unidos vuelve a manifestarse sumamente crítico con los defectos de los demás sin manifestar al mismo tiempo igual rasero cuando se trata de evaluar su propio comportamiento.
Doble moral
Los dirigentes estadounidenses suelen clamar constantemente por los derechos humanos, pero callan cuando se violan por dictaduras amigas, que habitualmente suelen haber sido directamente impuestas por su gobierno o que cuentan con su complicidad y apoyo militar, político y económico. Le preocupa sobremanera que haya unas docenas de presos políticos en Cuba (que no debería haber) pero comercia sin problemas con China y otros países cuyos gobiernos llevan a cabo actuaciones mucho más lesivas para las libertades públicas; reclama a los demás respeto a los derechos humanos pero permite la tortura y actúa o legisla sin respetar principios elementales del habeas corpus en su propio país; llama a todos a defenderse del terrorismo pero luego acoge en su territorio a terroristas responsables de docenas de muertes, declara guerras contrarias al derecho internacional y sus propias agencias promueven el terrorismo cuando conviene a los intereses de sus grandes empresas; es extraordinariamente puntilloso con gobiernos legítimos y democráticos que abordan proyectos de progreso y mejor distribución de la renta pero al mismo tiempo da cobertura a regímenes sanguinarios y de ladrones como el de Arabia Saudí o el de Marruecos, por citar sólo a dos que no hagan la lista interminable; presiona, trata constantemente de derrocar y acaba, incluso a base de asesinarlos, con líderes libremente electos mientras que lleva al poder a docenas de gobiernos corruptos y responsables de cientos de miles de asesinatos en Chile, en Argentina, en Brasil, en Nicaragua, en El Salvador y en multitud de países más.
El poder que gobierna Estados Unidos y la política que lleva a cabo es la expresión paradigmática de la doble moral y del doble rasero. Con tal de que sus empresas ganen dinero se permite cualquier dictadura y la violación más sangrante y criminal de los derechos humanos. Pero si algún gobierno legítimo osa poner en peligro sus ganancias para repartir mejor la riqueza, aunque sea por medios estrictamente legales y respetuosos con la voluntad libremente expresada en las urnas de la ciudadanía, enseguida le estará acusando de violarlos. Y eso sí, todo eso sin mirar ni por un momento a lo que sucede en el propio interior de Estados Unidos.
Las declaraciones de dirigentes estadounidenses sobre la sanidad cubana y el intento de divulgar la idea de su mal funcionamiento es una prueba más de este comportamiento cínico de sus dirigentes y servidores.
No vamos a emitir ahora juicios de valor. Simplemente recurriremos a los datos de organismos internacionales para comprobar qué sistema sanitario funciona mejor o peor y cuál parece responder más satisfactoriamente a las demandas de la población.
Cuba es un país pobre. O quizá deberíamos decir que empobrecido, entre otras causas por el bloqueo ilegal e inmoral que Estados Unidos decretó hace años. Desde luego, es mucho más pobre que Estados Unidos, al menos, en recursos materiales.
Es por ello que puede dedicar muchos menos recursos al sistema sanitario, un conjunto de instituciones absolutamente necesarias para el bienestar de la población ya que al fin y al cabo de ellas depende la vida y el bienestar de las personas.
¿Quién puede usar el sistema sanitario?
Todos sabemos que Estados Unidos, la principal potencia económica del planeta, tiene inmejorables centros de salud que funcionan de manera ejemplar. Cuba también tiene algunos centros de salud que están en la vanguardia de la atención y la investigación médica mundial y dispone de un sistema general que compensa con profesionalidad e inventiva la escasez de recursos con que cuenta como consecuencia de tener un nivel mucho más bajo de renta y riqueza.
Pero la cuestión no radica en señalar quién tiene mejores centros hospitalarios o la mejor investigación sanitaria sino en saber quién puede usarlos, quién puede disponer de atención médica cuando está enfermo. Y ahí los datos son bastante elocuentes.
En Cuba cualquier ciudadano puede entrar a cualquier centro sanitario a recibir asistencia con independencia de su nivel de renta. Nada se le exige para entrar a cualquiera de ellos, sea más o menos bueno. Tiene derecho a ello simplemente por ser ciudadano o ciudadana cubanos. El nivel de cobertura es, por tanto, del 100%.
En Estados Unidos, por el contrario, los datos más recientes muestran que un 16,4% del total de la población no tiene atención sanitaria. Y esos porcentajes aún son mayores si se trata de grupos de población de menos renta, como se puede ver en el siguiente cuadro.
Como puede comprobarse, un 38,9% de los hispanos no tiene cobertura sanitaria, tampoco el 29,7% de las personas con ingresos inferiores a 36.000 dólares o el 20,2% de los negros no hispanos.
Lo cierto es, por lo tanto, que en Estados Unidos, a pesar de su extraordinaria riqueza, existe un mucho mayor porcentaje de la población que cuando se ponga enferma no va a tener asistencia de ningún tipo. No solo les están vedados los grandes de centros de vanguardia sino incluso la más primaria de las atenciones médicas.
El gasto en salud
Naturalmente, para que el sistema sanitario funcione mejor se necesitan muchos recursos.
Estados Unidos es muy rico y pudo gastar en salud en 2007 7.285 dólares per cápita, medida en paridad de poder de compra, es decir, teniendo en cuenta los respectivos niveles de precios. Cuba, que es mucho más pobre, sólo pudo gastar 917 dólares, es decir, casi 8 veces menos.
Cuba dedica aproximadamente un 7% de su PIB al gasto sanitario, un esfuerzo importante y casi igual al de los países más avanzados. Estados Unidos, sin embargo, dedica un porcentaje mucho más elevado, el 16% (que incluye el gasto público y el gasto privado).
Pero, lo que resulta sorprendente es que dedicando mucho más recursos que Cuba en términos relativos (respecto a su PIB respectivo) Estados Unidos dispone de muchos menos servicios para la población, además de menor acceso, como acabamos de decir. Basten dos datos.
El número de médicos por cada 10.000 habitantes es de 64 en Cuba y de 31 en Estados Unidos. Más del doble. Por otro lado, el número de camas de hospital por cada 10.000 habitantes en Cuba es de 60 y en Estados Unidos de 31, casi justo la mitad.
Eso es así porque una gran parte del gasto sanitario que realiza Estados Unidos no se traduce en servicios para la salud sino en rentas para el capital privado, y especialmente para las aseguradoras.
Los resultados sobre la salud y el bienestar
A la hora de determinar si un sistema sanitario funciona bien o mal, como aparentemente quería hacer El País, parece que lo lógico es preguntarse qué resultados produce sobre la vida de las personas. Es verdad que ésta última y el mayor o menor bienestar de la población no depende solamente del sistema de salud pero es indudable que una buena influencia sí debe tener y que no sería muy creíble decir que el sistema de salud es bueno si a la postre muere más gente por enfermedades, si hay más personas enfermas o mal cuidadas, etc.
Pues bien, en este aspecto también hay datos que vuelven a ser extraordinariamente elocuentes. Todos ellos se pueden observar en el cuadro que presentamos al final del texto en el que, además de los datos de Cuba y Estados Unidos hemos registrado los del resto de países de América Latina.
Veamos.
La esperanza de vida para ambos sexos según la organización Mundial de la Salud es de 78 años en Estados Unidos y de 77 en Cuba, y la de las mujeres de 70 y 69, respectivamente. Y la esperanza de vida saludable para ambos sexos es también de un solo año más en Estados Unidos (70) que en Cuba (69).
No parece, pues, que se pueda decir que el sistema de Estados Unidos proporcione una ventaja decisiva en este aspecto sobre el cubano, sobre todo, teniendo en cuenta las condiciones de mucha mayor penuria en que se obligada a desenvolverse la población, entre otras causas, por culpa del bloqueo.
Por el contrario, lo que sí parece que puede concluirse claramente es que el sistema cubano es mucho más eficaz que el estadounidense en este aspecto, pues con muchísimo menos gasto absoluto y relativo, como hemos visto, es capaz de proporcionar casi el doble de atención y lograr una esperanza de vida prácticamente igual.
También son elocuentes los datos de mortalidad infantil que tienen mucho que ver con la atención sanitaria que reciben las madres y los propios bebes. Pues bien, la mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos es de 7 en Estados Unidos y más baja en Cuba, de 5. También es más baja en Cuba la mortalidad de menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos: es de 6, frente a 8 en Estados Unidos.
También son inferiores en Cuba los porcentajes de niños no inmunizados contra la difteria, pertursis y tétanos, el 1% anual, frente al 4% en Estados Unidos; el de los niños no inmunizados contra el sarampión (1% en Cuba, frente al 8% en Estados Unidos) y bastante menor la incidencia de VIH tanto entre las mujeres jóvenes de entre 15-24 años (0,1% en Cuba, 0,3% en Estados Unidos), o entre adultos entre 15 y 49 años (0,1% y 0,6% respectivamente).
La mortalidad de adultos por cada 1.000 habitantes es algo mayor en Cuba (81) que en Estados Unidos (79) en el caso de las mujeres, pero no así en el de los hombres (135 en Estados Unidos frente a 122 en Cuba). Y es bastante más baja también la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles en Cuba (437) que en Estados Unidos (450).
En fin, las fuentes manipuladoras de la opinión tratan de lanzar desde Estados Unidos la idea de que el sistema sanitario de Cuba funciona deficientemente pero lo cierto es que éste último resulta ser capaz de proporcionar mejores condiciones de salud a un porcentaje mucho más alto de la población.
Tenemos la seguridad de que en un país sometido a bloqueo, de escasos recursos económicos y sumido, como toda la economía mundial, en una grave crisis, el sistema sanitario debe estar sufriendo problemas de financiación y que no funcionará como podría hacerlo si disfrutase de condiciones y un entorno más favorables. Si se están produciendo recortes de prestaciones en los países más ricos, ¿acaso sería raro que Cuba tenga también que hacerlos y que sus sistema sanitario se resienta?
Eso es lo que afirman los dirigentes estadounidenses, pero científicos como Pol de Vos y Patrick Van der Stuyft afirman lo contrario en una revista tan prestigiosa como The Lancet en donde afirman que ” el sistema de salud cubano garantiza servicios curativos accesibles, integrados y efectivos y hace énfasis en la prevención” (Pol de Vos y Patrick Van der Stuyft , “The right to health in times of economic crisis: Cuba’s way”. The Lancet, Volume 374, Issue 9701, 2009).
Mientras que medios al servicio de intereses que no tienen la dignidad de desvelar se dedican a airear lo mal que funciona la sanidad cubana, lo cierto es que en Cuba se atiende a cualquier persona que demande servicios sanitarios mientras que en estados Unidos, según los datos que recoge Vicenç Navarro, hay 47 millones de habitantes (censados) sin cobertura sanitaria, que mueren entre 45.000 y 100.000 personas al año por falta de aseguramiento, que 62 millones de personas tienen insuficiente cobertura sanitaria, que el 60% de las bancarrotas familiares se debe a personas que se han arruinado como consecuencia de no poder pagar sus facturas médicas y que el 42% de las personas con enfermedad terminal están preocupados por cómo pagará su familia la factura.
Pero esto, al parecer, no llama la atención de estos medios ni les parece que sea expresión de un mal funcionamiento de sus sistema de salud.
Y mientras que en el país más rico del mundo ocurre todo eso, un país pobre como Cuba no solo proporciona servicios sanitarios a toda su ciudadanía aino que incluso tiene el coraje y la generosidad de dedicar una parte de sus recursos en otros países más pobres, como Haití, o incluso a otros más ricos pero en donde las clases altas nunca quisieron generar un auténtico servicio nacional de salud y ahora padecen déficit tremendos, como Venezuela.
Incluso un diario que no creemos que pueda ser tachado de castrista, como The Independent, afirmó recientemente que la actuación de los médicos cubanos en Haití avergonzaba al mundo por su eficacia y solidaridad (Lakhan, N. (2010): “Los médicos cubanos en Haití hacen sonrojarse al mundo”, obtenido en http://www.paginadigital.com.ar/art...).
Y es que la misión de solidaridad cubana que incluía a 350 médicos y que estaba radicada en Haití desde 1998 multiplicó por tres el número de sus especialistas tras el terremoto de 2010. Y mientras que países mucho más ricos retiraban sus contingentes de ayuda sanitaria tan sólo dos meses después del terremoto, la misión cubana ha seguido en la isla junto con el contingente de Médicos sin Fronteras. En estos años, Cuba ha formado un total de 550 médicos haitianos y mantiene una escuela de medicina en la que permite que los haitianos aprendan medicina de forma gratuita.
Además, el sistema sanitario cubano que tan mal funciona según los medios al servicio de los capitales estadounidenses sostiene también la operación Milagro, otro de los programas de ayuda cubana que ha conseguido operar de cataratas con éxito y devolver así la vista a más de 1,8 millones de personas en treinta y cinco países, entre los cuales se encuentra, por cierto, Mario Terán, el sargento boliviano que mató al Che Guevara.
Conclusiones
Los datos son tozudos. Incluso en las peores circunstancias, Cuba ha conseguido mantener un sistema de salud que es más eficaz, eficiente y solidario que el sistema de salud estadounidense. Es lógico que eso suceda porque mientras que el sistema de salud cubano está orientado hacia la satisfacción de las necesidades sanitarias de su población (¡y de las de otros países!), el sistema estadounidense se orienta a proporcionar beneficio privado a las grandes corporaciones farmacéuticas, a las compañías de seguros y a otros grandes entramados empresariales del sector de la salud. Este hecho diferencial explica que el enorme gasto desembolsado por el país más poderoso del mundo no sea ni eficaz ni eficiente, y provoca que una parte muy de sus ciudadanos carezcan de la mínima atención sanitaria.
A pesar de esta evidencia los grandes medios de comunicación hacen oídos sordos y, como en el caso de El País, perseveran en su tarea de crear en la opinión pública una imagen falsa de la realidad. Probablemente lo hacen buscando que se termine por aceptar algún día la supuesta (y falsa) superioridad en todo el mundo del sistema privado frente al sistema público, y sea entonces más fácil lograr lo que la derecha y los grupos empresariales vienen buscando desde hace décadas: quedarse con el suculento mercado de los servicios de salud.
Y los datos hacen inevitable preguntarse qué pasaría si en lugar de tener que hacer frente al injusto e ilegal bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba, este país latinoamericano pudiese disfrutar de plena libertad para gestionar su economía. Quizás entonces pudiésemos ver en su plenitud el inmenso potencial del sistema sanitario cubano. Y no sólo eso, sino que así se podría extender aún más el ejemplar ejercicio de solidaridad que desde hace décadas lleva a cabo el pueblo de Cuba, lo cual sin duda beneficiaría también al resto de países pobres del mundo, siempre ignorados por los grandes países ricos entre los que se encuentra los propios Estados Unidos.
Pero estas realidades también deben llevar a preguntarse qué pasaría si los medios de comunicación hicieran su labor con todo el rigor que la profesión periodística exige, y dejaran de ser meros instrumentos ideológicos de los poderosos.
Anexo estadístico
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