EL MANIFIESTO MADRID-DONOSTIA PAZ Y DEMOCRACIA EN EL PAÍS VASCO CONSIGUE APOYOS DE PERSONALIDADES DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES

Intelectuales madrileños exigen a Rajoy que asuma el plan de Donostia

Piden al Gobierno que actúe "sin demoras" para aprovechar el "momento histórico" que vive el País Vasco. Recuerdan que ETA "ha cumplido" con la hoja de ruta de Aiete

IÑIGO ADURIZ Madrid 19/04/2012

Montserrat Galcerán, José Manuel Naredo, Carmen Lamarca, Cristina Marestany y Carlos Taibo, en la rueda de prensa de esta mañana.



El pasado octubre se abrió en el País Vasco un proceso con "suficiente importancia" como para que no se afronte con la "pasividad" con la que lo está afrontando el Gobierno. Por esta razón, 500 intelectuales madrileños han suscrito un manifiesto en el que exigen al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy que actúe "sin demoras", para que "la ilusión y la esperanza generadas" por el "nuevo tiempo político" abierto en Euskadi no sean "defraudadas".

La hoja de ruta que proponen aplicar estas personalidades que, según han insistido en rueda de prensa, están "vinculadas a la ciudad de Madrid", es la que salió de la Conferencia Internacional de Paz de Donostia, que tuvo lugar en octubre del año pasado en el Palacio de Aiete de la capital guipuzcoana.

Exigen a Rajoy que dé "los pasos que le corresponden" en el camino abierto por el cese definitivo de las armas por parte de ETA. Reclaman el traslado de los presos de la banda "a las prisiones más cercanas a su lugar de residencia", cesando así la "injusta pena" que, según los intelectuales que firman el manifiesto "sufren sus familiares". Y piden a Instituciones Penitenciarias que aplique, asimismo, la legislación penal "ordinaria para todos ellos".

En el aspecto jurídico reclaman la legalización de Sortu y el "fin de la ilegalización de partidos políticos y organizaciones independentistas". Y, en el político, que se ponga en marcha una "política compartida tendente a la reconciliación", que permita el reconocimiento "a todas las víctimas, sin exclusión alguna". También exigen que se inicie el diálogo entre ETA y el Gobierno "para un cierre ordenado" de la banda "como organización armada, incluido un acuerdo de desarme verificable".

La abogada y profesora de la Universidad Carlos III, Carmen Lamarca, ha explicado que con el manifiesto, titulado "Paz y democracia para el País Vasco" lo único que reclaman es que "se vuelva a la normalidad en el ámbito jurídico, sobre todo después de que hayan cesado las actuaciones que "justifiquen esa excepcionalidad" que se ha aplicado en los últimos años a ETA y a su entorno por parte de los tribunales.

Que Rajoy "haga sus deberes"

"Por un lado se ha cumplido", ha insistido, por su parte, la escritora Cristina Maristany, en alusión al cese definitivo de las armas de ETA anunciado pocos días después de que se suscribiera la Conferencia de Donostia. Por eso aseguró que "es el momento de que Mariano Rajoy haga sus deberes".

Montserrat Galcerán, catedrática de la Universidad Complutense, ha puesto en valor que en el País Vasco se ha abierto una "oportunidad única para acabar con unos problemas que nos llevan atormentando desde hace años", y por ello emplazó al Ejecutivo a que actúe de inmediato.

En la rueda de prensa también han estado presentes el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Carlos Taibo o el economista José Manuel Naredo, entre otros. Todos ellos han anunciado que el próximo mes de mayo tendrá lugar un acto en Madrid en el que también se reclamará al Gobierno que dé pasos en el proceso de paz abierto en Euskadi. No han concretado en qué consistirá ese acontecimiento aunque han querido dejar claro que "es posible y necesaria" una manifestación que exija sus mismos objetivos en la capital española.

El manifiesto lo han suscrito, entre otros, por el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, escritores de la talla de José Luis Sampedro, Santiago Alba Rico o Jorge Riechmann; periodistas como Isaac Rosa, Antonio Álvarez Solís, Roberto Montoya o Carlos Tena; miembros de partidos políticos como Hugo Martínez Abarca (IU), Raúl Camargo (Izquierda Anticapitalista) o Ángeles Maestro (Red Roja); actores como Pilar Bardem Alberto Sanjuán, Amparo Climent, Willie Toledo o Unax Ugalde, así como economistas, sociológos, sindicalistas y personalidades de todos los sectores de la sociedad.





Manifiesto Madrid-Donostia Paz y Democracia en el País Vasco



Las personas que suscribimos este documento coincidimos en señalar como histórico el momento político que vive el País Vasco. La Declaración de Bruselas suscrita por varios premios Nobel de la Paz, el Acuerdo de Gernika, la apuesta de la izquierda abertzale por las vías única y exclusivamente políticas y democráticas y la decisión de ETA de poner fin a su actividad armada, dibujan un panorama que ha abierto sin lugar a dudas un nuevo tiempo político en el País Vasco, así como también en el conjunto del Estado.

En esta misma dirección consideramos que la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián-Donostia, el pasado 17 de octubre, auspiciada por diversas personalidades de talla internacional, ha sido de un valor enorme en el contexto de la búsqueda de las soluciones que tanto necesita el País Vasco. La resolución alcanzada en la misma, cuyo texto se adjunta, representa a nuestro entender una clara hoja de ruta, cuyo contenido marca cuáles debieran ser los pasos a dar.

Algunos de los agentes emplazados por esta Conferencia ya han respondido al requerimiento realizado. Así, el pasado mes de octubre, ETA hizo una declaración pública en la que anunció el cese definitivo de su actividad armada, hecho que valoramos positivamente y que nos parece crucial para entender el futuro de esta cuestión. En esa declaración ETA solicitó diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente de “las consecuencias del conflicto” (presos, víctimas y desarme), y afirmó que la agenda política corresponde exclusivamente a los representantes políticos de la sociedad vasca.

En este contexto, tras el acceso al Gobierno por el PP, consideramos necesario subrayar la vigencia de los contenidos de la Conferencia de San Sebastián-Donostia e instar a aquel a dar los pasos que le corresponden y que, a nuestro entender, son los siguientes:

■Traslado de todos los presos y presas vascas a las prisiones más cercanas a su lugar de residencia, cesando así esta injusta pena sufrida, sobre todo, por sus familiares; aplicación a los mismos de la legislación penitenciaria ordinaria: libertad presos preventivos, libertad condicional de quienes cuentan con ¾ partes de la condena cumplida, libertad inmediata en los casos de enfermedad grave.
■Legalización de SORTU. Fin de la política de ilegalización de partidos políticos y organizaciones independentistas.
■Diseño de una política compartida tendente a la reconciliación; reconocimiento de todas las víctimas, sin exclusión alguna.
■Diálogo ETA-Gobierno español para un cierre ordenado de ETA como organización armada, incluido un acuerdo de desarme verificable.
■Y finalmente, puesta en marcha del diálogo político sin exclusiones.
El nuevo tiempo político que ha surgido exige actuar sin demoras. La ilusión y esperanza generadas por el mismo no puede ser defraudadas. Ya no hay excusas ni obstáculos que puedan aducirse como insalvables. La consolidación de un nuevo escenario para el País Vasco es también tarea nuestra, porque nos afecta en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas amantes de la paz, la libertad y la democracia. Por ello, volvemos a emplazar al Gobierno español a que se implique en dicha labor y a dar pasos en la dirección señalada por la Declaración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián-Donostia de 17 de octubre del 2011.

Madrid, Marzo de 2012


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CONDENA A LA IZQUIERDA ABERTZALE POR EL CASO BATERAGUNE

La Audiencia Nacional condena a la izquierda independentista vasca: Bateragune y el Huracán Ángel
Ramón Zallo · · · · ·

18/09/11

La Sección 4ª de la Audiencia Nacional presidida por Ángela Murillo ha condenado con 10 y 8 años de prisión, que se dice pronto, a Otegi, Díez y otros, como supuestos dirigentes políticos de un supuesto organismo político (Bateragune) que no se prueba lo que era. Tanto el tablero político como el judicial quedan tocados.

El tablero político lo ha zarandeado el Huracán Ángela.

A medio plazo, la sentencia representa la respuesta negativa y vindicativa de la parte del sistema institucional más vinculada a la derecha, primero contra el derecho de asociación de los independentistas y, después, contra el proceso virtual y unilateral de paz ya iniciado. En el primer caso sostiene que, misteriosamente, hagan lo que hagan, la izquierda abertzale histórica está vinculada a ETA porque ETA es independentista -¡impecable razonamiento!-. En el segundo tema no solo rechaza cualquier negociación o gesto de distensión o pista de aterrizaje. Propugna sólo la pura represión.

Condenar por largos años a los líderes políticos partidarios de la paz inmediata -en juicio dijeron que "la estrategia militar de ETA sobra y estorba a la izquierda abertzale"- crea una alianza espuria de polos contrarios: la parte de ETA que quiere continuar -junto a una pequeña minoría irredenta de la propia izquierda abertzale- y toda la derecha postfranquista partidaria de la tensión. A ésta no le importa que Euskal Herria hierva; más se reafirmará España, más difícil tendrán los nacionalismos vascos para sus reivindicaciones con la funcional "amenaza de ETA" y más se fortalecerá el lado oculto del Estado.


A corto plazo, le deja a la izquierda abertzale histórica sin sus líderes más valiosos, dificultando construir un proyecto en positivo, para tener que insistir en lo reactivo. Pero, al mismo tiempo, un sector del electorado vasco en los comicios próximos reafirmará el voto solidario con Bildu+Aralar. Su compromiso con la paz se entenderá como un antídoto doble: frente a las amenazas de un Estado perverso y frente a una ETA en stand by aunque sea confuso. Y ello ya antes de la campaña.

Los dirigentes del PP y del PSE-EE se quejaban, hace no tanto, de que la amenaza de ETA les situaba en desventaja de contacto con su electorado en las campañas electorales, mientras saturaban todos los medios de comunicación con sus mensajes. Siempre me ha parecido cínico confundir el dolor de las personas con el aparataje partidario. ¡Qué habrá de decir la izquierda abertzale, con sus líderes proscritos e invisibles y, además, con un sistema de comunicación que muy mayoritariamente no le permite comunicar mientras que sí habla (mal) de ella! No es victimismo, son víctimas. Su importante voto será el milagro del tam tam social sin mediación.

Se dirá que todo eso son temas del campo político que no tienen que ver con la maquinaria del sistema judicial que tiene sus propios tiempos y valores, no coincidentes con los políticos. Aquel solo debe aplicar la ley, habiéndose de respetar siempre a la Justicia, gusten o no sus sentencias. ¡Crasos errores! Son Estado.

Las ideologías políticas y de filosofía del derecho forman parte de las sentencias con efectos políticos. La judicatura en general está bien informada sobre el contexto político. Y si no, ahí está la Fiscalía que en lo relativo a los casos sonados es instruida por la Fiscalía General del Estado -Conde-Pumpido no es partidario de legalizar a Sortu- que, a su vez, tiene hilo y vinculación con el Gobierno que lo nombró. O sea, las sentencias no son automáticas, son opciones. Y las contradicciones flagrantes del sistema judicial español -me ahorro señalar los casos de enfoques diametralmente opuestos- desprestigian a la Justicia cuando no imparten justicia y ofenden a la parte más sensata de la judicatura. Es el caso.

Murillo no ha ido sola. Ha fraguado una alianza implícita. Se ha agarrado a la instrucción increíble del doctor Jekill-Mister Hyde que es Garzón -me remito a "Bateragune: Garzón y Murillo en el otro banquillo"- y a una fiscalía que ha mantenido hasta el final la petición de 10 años de cárcel. O sea, el Gobierno socialista -o sea, Rubalcaba- prefiere la mano dura en Audiencia Nacional antes de las elecciones de noviembre y, si hay problemas, ya lo arreglará después el Tribunal Supremo. ¿Justicia o justicia política?

Todo lo dicho solo serían opiniones si la letra de la sentencia con sus 144 páginas no confirmara estas apreciaciones. Es un auténtico disparate de sentencia y que puede no andar lejos de la prevaricación, lo que seguramente no le importe mucho a esta juez kamikaze ya varias veces amonestada por sus superiores por parcialidad.

Está plagada de afirmaciones gratuitas y contradictorias, ajenas a los hechos de dominio público y a los que contiene la propia sentencia entre las páginas 84-134: hechos que simplemente describe, no tiene en cuenta y de los que se deduce lo contrario de lo que dice la sentencia. En cambio, da por buenos todos los fantasiosos informes policiales -el de la naturaleza de Bateragune (pág. 44) es inefable- elevados a la categoría de prueba pericial (pág. 51).

Dar por probado que Otegi y Díez son dirigentes de ETA a través del truco del "complejo ETA" o del "seguían instrucciones de ETA" es una pirueta mental. Se da de bruces con el hecho de que ya en Anoeta (2004), Otegi abanderó públicamente la línea de abandono de las armas, y que esa línea ya se llevó a debate de las bases desde 2007 para saldar la pugna de liderazgos (tras el fracaso de la tregua de 2006) por el choque en la corriente que significó el atentado de la T-4. Todo ello con sus sucesivas declaraciones, textos aprobados y manifiestos públicos (Altsasu, Zutik Euskal Herria, Declaración de Euskalduna, Acuerdo de Gernika…) que desmienten el "reparto de roles" (pág. 43) entre la Izquierda Abertzale y ETA, al menos desde "Anoeta".

Es público y notorio que Otegi y Díez representan no a ETA sino a la izquierda abertzale que propone la disolución por fases de ETA. Es radicalmente falso que el demarque de la estrategia político-militar es de hace dos días -por ejemplo, para sortear una condena- ocultando miles de páginas de información pública durante una década. El constante truco de traer a colación las declaraciones de ETA (págs. 11 a 28) para endosárselas a los dirigentes políticos de la izquierda abertzale y obviar la interpretación de las específicas de esos dirigentes en todos esos años, rompe con las reglas más elementales de un juicio justo.

El otro artefacto judicial insostenible es atribuirle a ETA la estrategia de la propia izquierda abertzale para liquidarla. No casa. O sea, una estrategia de autoliquidación que ETA encarga a la Izquierda Abertzale en contradicción con las propias confrontaciones de estrategia de unos frente a otros que aparecen en la propia sentencia. Lo real es que chocaron dos estrategias distintas (la una, político-armada; la otra, solo política), atribuibles a dos sujetos DISTINTOS -aunque disimularan públicamente el choque de trenes- y que es un choque aún no culminado, aunque sí canalizado con un balance crítico, una nueva línea, un nuevo liderazgo y un Grupo Internacional de Contacto.

Si además se le añade que ninguna de las pruebas y declaraciones en vista oral han sido tenidas en cuenta, nos dice que la sentencia estaba escrita de antemano y que el juicio ha sido una farsa en la que, esta vez sí, se les dejó explayarse a los procesados. El tablero de la justicia, una vez más, lo ha dejado Murillo hecho unos zorros.

Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU






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LA PAZ EN LIBIA, OBJETIVO DE LOS CANCILLERES DEL ALBA

Objetivo central “apoyar al pueblo libio en la búsqueda de la paz, la superación pacífica del conflicto armado, de la guerra civil que el mundo está observando”

Cancilleres del ALBA inician reunión para evaluar propuesta de paz venezolana sobre Libia





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19:33h. del Viernes, 4 de marzo
teleSUR

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, abrió este viernes la reunión de cancilleres de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) en la que evaluarán los procesos históricos que se llevan en el mundo árabe y africano, y la iniciativa de paz propuesta por el presidente Hugo Chávez sobre el conflicto que vive Libia.

Se debatirá en la reunión de cancilleres del ALBA, que se celebra en Caracas, “la iniciativa de paz que el presidente Hugo Chávez ha propuesto a diversos organismos internacionales, personalidades, jefes de Estados, jefes de Gobiernos, a nuestro mundo del sur, mundo árabe, nuestro hermano mundo africano”, dijo en su intervención desde la Casa Amarilla (sede de la Cancillería en Caracas).

Explicó que la propuesta del mandatario venezolano, denominada Comisión Internacional Humanitaria para la Paz de Libia, tiene como objetivo central “apoyar al pueblo libio en la búsqueda de la paz, la superación pacífica del conflicto armado, de la guerra civil que el mundo está observando”.

Maduro agregó que la iniciativa del jefe de Estado venezolano también intenta hallar “la preservación de la unidad del pueblo libio (…) la preservación del uso de sus recursos naturales, reconquistadas desde hace varias décadas, y la denuncia de las amenazas militares, el rechazo de cualquier intervención militar en contra del pueblo libio”.


Indicó que el motivo que llevó al presidente Chávez a tomar la medida es “el amor profundo que sentimos por el pueblo árabe”, acotó que en Venezuela viven casi un millón de personas descendientes de Libia, Palestina, entre otras naciones.

Otras de las razones, detalló el canciller venezolano, es que el Gobierno venezolano busca la paz y espera que “no se repita más la experiencia trágica de la invasión y destrucción de Irak, de que cesen el tipo ataque como el que vive el pueblo palestino de Gaza, de manera permanente, o el ataque que vivió el pueblo del líbano en Beirut en el año 2006”.

Señaló, en referencia al conflicto libio, que ha habido diversas respuestas entre ellas: “la visión del sur, la visión de la paz, la visión de la superación de los conflictos por la vía de una diplomacia (…) y la visión guerrerista que desde la OTAN, desde Estados Unidos pretenden imponerse ante el mundo nuevamente”.



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EUSKADI: UNA AGENDA PARA LA PAZ

Euskadi: una agenda para la paz
Gerardo Pisarello · Jaume Asens · · · ·

18/02/11

Muchos miles de personas, como hacía tiempo que no se veia en la Comunidad Autónoma Vasca, salieron a la calle el 19 de febrero para pedir la legalización de Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale. Este artículo que a continuación se reproduce fue escrito antes de esta impresionante movilización de la población vasca.


El rechazo explícito de la violencia, incluida la de ETA, por parte de la izquierda abertzale, ha abierto un escenario inédito en Euskadi y en el resto del Estado. La reacción del gobierno ha oscilado entre la satisfacción moderada y la parálisis. Siempre con el ojo puesto en una oposición más preocupada en mantener la baza electoral de la 'firmeza antiterrorista' que en allanar el camino a la paz. Lo cierto, en todo caso, es que la nueva toma de posición va mucho más allá de lo esperado. No sólo eso. Debería verse como un movimiento histórico, de mayor trascendencia que cualquier comunicado de ETA, que interpela al gobierno y a todos los que apuestan por asegurar el ejercicio democrático de los derechos de todos.


¿Se habría llegado antes a este punto de no existir la ley de partidos? ¿O sin la panoplia de instrumentos normativos y judiciales que, de manera más o menos arbitraria, han dejado fuera de juego a todo lo que se ha considerado "entorno de ETA"? Es difícil conjeturarlo. Pero hay algo seguro. Las políticas de excepción aplicadas contra la izquierda abertzale, sumadas a la errática deriva de la organización armada, habían generado una situación insoportable. Para sus bases, desde luego. Pero también para muchos actores externos crecientemente preocupados por el recorte de libertades emprendido en nombre de la lucha contra la violencia terrorista.

No se está, pues, ante un acceso súbito de virtuosismo político. El alto al fuego "permanente, general y verificable" anunciado por ETA no hubiera sido posible sin la Declaración de Bruselas impulsada por Brian Currin y por diferentes expertos internacionales en la resolución de conflictos. Tampoco la apuesta de la izquierda abertzale por vías exclusivamente políticas puede reducirse a un simple episodio coyuntural. Tiene su origen en Declaraciones y Acuerdos como los de Anoeta (2004), Alsasua (2009) o Guernica (2010). Y es el resultado de un proceso largo, que ha incluido un profundo debate interno así como la interacción con abanico amplio y plural de organizaciones vascas -de Eusko Alkartasuna a Lokarri, ELA o LAB- e incluso de territorios como Catalunya o Madrid.

Contemplados con esta perspectiva de mediano plazo, los estatutos de Sortu no deberían sorprender tanto. Reflejan, sí, una revisión importante de la propia cultura política. Pero se trata de una decisión meditada, hija también de la necesidad de dar a una política ad hoc, de excepción, una respuesta igualmente excepcional. Sólo así se explican algunos de los pasos dados. Desde el rechazo sin ambages de la violencia de ETA a la alusión al reconocimiento y reparación de todas las víctimas, en consonancia con los principios de Mitchell que inspiraron el proceso de paz irlandés, pasando por la incorporación de previsiones como la expulsión de los afiliados que incumplan la ley de partidos o participen en actos violentos.

Algunos, como el ex-fiscal José María Mena, han visto con claridad el salto adelante y han calificado los nuevos estatutos de más "impecables" que los de cualquier otro partido hoy legal. Otros, como el Partido Popular, han insistido mecánicamente en la falta de sinceridad y en la insuficiencia del gesto y han amenazado con romper el gobierno vasco si la nueva formación no se ilegaliza de manera fulminante. Esta actitud mueve a la perplejidad ¿Qué ocurriría, en efecto, si esta severa política de la sospecha se aplicara a su propio partido, que en un abrir y cerrar de ojos reconvirtió sin pudor a reputados miembros del aparato franquista en "demócratas de toda la vida"? ¿Cómo puede exigir condenas sin paliativos de todo tipo de violencia quien se niega a censurar al franquismo y a retirar sus símbolos, o quien la azuza sin miramientos contra la población inmigrante, como se vio en la reciente campaña catalana?

En su sentencia de 2007 sobre Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), el Tribunal Supremo estableció un criterio claro: para que un nuevo partido de la izquierda abertzale no fuera considerado "continuación de otros ilegales y disueltos" debía exhibir, a modo de contraindicio, "una actitud de condena o rechazo del terrorismo", y en concreto, "de una determinada manifestación de violencia, la llevada a cabo por la organización ETA". Jurídicamente, la exigencia es discutible. Lo que es innegable es que los estatutos de Sortu se ajustan escrupulosamente a ella. Desconocerlo, a estas alturas, supondría poner en entredicho el propio alcance que el marco constitucional español atribuye al principio democrático y al pluralismo político. Ciertamente, los promotores de la nueva organización podrían haber ido más allá en el reconocimiento específico de las víctimas de ETA. Pero el desarrollo de una política del perdón es una exigencia moral, no jurídica, cuya concreción también depende de la existencia de vías políticas que la faciliten.

En realidad, la iniciativa de la izquierda abertzale y de quienes la han acompañado en este proceso ha sido lo suficientemente valiente como para emplazar a los poderes públicos a dar sus propios pasos a favor de la paz. Estos pasos deberían apuntar en una dirección clara. En primer lugar, el reconocimiento de un papel específico a los veedores internacionales, permitiéndoles comprobar que efectivamente el alto el fuego es definitivo. En segundo lugar, el progresivo desmantelamiento de todo el entramado de medidas de excepcionalidad –muchas de ellas condenadas por la ONU y otras instancias internacionales- que han condicionado el ejercicio de los derechos civiles y políticos de miles de ciudadanas y ciudadanos vascos a lo largo de estos años.

Para ello sería imprescindible que se abandonaran interpretaciones judiciales alambicadas puestas al servicio de fines ajenos al paradigma garantista. Así, por ejemplo, la llamada 'doctrina Parot' del Tribunal Supremo, pergeñada con el propósito de evitar la resocialización de los presos y calificada como un "insólito e insostenible giro interpretativo de la ley" por un magistrado discrepante del propio Tribunal. O la aplicación extensiva de los conceptos de terrorismo o de apología del terrorismo, utilizados de manera retorcida en Sumario 18/98 o más recientemente, para impedir de manera arbitraria la libertad provisional de actores centrales en el nuevo proceso de paz como Arnaldo Otegi.

La apuesta por interpretaciones garantistas, ajustadas a derecho, no debería verse como ningún salto al vacío. Ya en procesos como los de Egunkaria o Uldalbitza, la Sección Primera de la Audiencia Nacional puso las cosas en su sitio absolviendo a los procesados y recordando, en un guiño volteriano, que en "un estado democrático deben quedar fuera del ámbito penal la acción política y las opiniones y manifestaciones ideológicas, gusten o no, sean compartidas o no […] incluso cuando repugnen a la inmensa mayoría, como ocurre con el silencio o la falta de condena de los atentados terroristas". También la reciente nulidad del juicio contra Otegi por falta de imparcialidad del Tribunal que lo condenó apunta en la misma dirección.

En el ámbito penitenciario, debería ponerse fin, asimismo, a una política de aislamiento y dispersión de presos que, además de ser discriminatoria, ha acabado por criminalizar a los propios familiares. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que el Relator Especial contra la Tortura de la ONU, Manfred Nowak, ha vuelto a insistir en su último informe que la actual legislación española en materia de lucha contra el terrorismo "vulnera las salvaguardas de un Estado de derecho contra los malos tratos y los actos de tortura". Otras medidas humanitarias, como la excarcelación de aquellos presos que sufren graves enfermedades o la concesión de la libertad provisional de los que han cumplido los requisitos legales para obtenerla, deberían asumirse como una exigencia garantista y no como un privilegio otorgado "a quienes no merecen nada". El objetivo final, en el fondo, debería ser la paulatina supresión del actual sistema dual de presos "políticos" y "comunes" y la articulación, sencillamente, de los mecanismos previstos en la ley para un trato más digno y sin agravios de todos.

En el ámbito legislativo, por fin, sería fundamental preparar una agenda para el diálogo que incluyera la recuperación de la legislación penal y administrativa ordinarias en materias como el derecho de asociación, la participación política o la libertad de expresión. Pero no solo eso. Deberían revisarse, como también exige la ONU, normas sustantivas y procesales que han generado una específico "derecho penal del enemigo" que ninguna sociedad pluralista debería admitir. Así, por ejemplo, las que contemplan delitos de contornos vaporosos, utilizados para cerrar periódicos o para dotar de relevancia penal a simples opiniones políticas. O las normas procesales que han prolongado el período de detención incomunicada o el límite máximo de cumplimiento de las penas de 30 a 40 años, lo que supone una encubierta introducción de la pena perpetua en el ordenamiento jurídico español.

Nada de esto, es verdad, puede conseguirse de la noche a la mañana. Sería imperdonable, empero, que los cálculos electorales de corto plazo o la falta de coraje político acabaran por frustrar la oportunidad de dejar atrás una situación de anomalía que se ha vuelto intolerable, no sólo para la izquierda abertzale, sino para muchos ciudadanos del resto del Estado. Y es que con ello no sólo se pondría en riesgo la consecución de una paz definitiva en Euskadi. También se daría carta de naturalidad a unas medidas de excepción que, a la larga, sólo pueden emponzoñar la vida política y social, socavando los fundamentos sobre los que asegura sostenerse el Estado de derecho.

Gerardo Pisarello es jurista y miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso. Jaume Asens es jurista y ambos forman parte del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.



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