LA IZQUIERDA CONTRA EL "PACTO POR EL EURO" (2)

IU exige un referéndum europeo contra el ‘Pacto por el Euro’
Por Raúl G. Hémonnet

En bloque y con un sólo mensaje, el Coordinador General de Izquierda Unida, Cayo Lara; el portavoz parlamentario de la coalición en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, y el portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Willy Meyer, señalaron en rueda de prensa que “es necesario dar la voz al pueblo europeo” para que opine sobre el llamado ‘Pacto por el euro’, considerado por la coalición como “un ataque a la Europa Social” y exigieron la celebración de un referéndum en los países europeos para que los pueblos del continente puedan dar su opinión sobre dicho acuerdo.


Para Cayo Lara, el llamado ‘Pacto por el Euro’, que, entre otras cosas pretende ligar salarios a la productividad, flexibilizar la negociación colectiva, y ampliar la edad de jubilación en la Eurozona, supone “una vuelta de tuerca más” contra los derechos de los trabajadores, ya que “pretende ligar los salarios a la productividad en vez de a la inflación”. Además, añadió Lara, la armonización de la fiscalidad en todos los países de la zona euro, especialmente en lo referente al impuesto de sociedades, de cara a aumentar la competitividad de las empresas europeas, supone una “armonización a la baja de ese impuesto” del que, dijo, “se aprovecharán las grandes empresas y los grandes capitales”. En este sentido, explicó que el Reino Unido ya ha comenzado la llamada armonización, reduciendo el impuesto de sociedades del 28 al 26 por ciento y, añadió “van camino del 23%”. Entrando ya en clave nacional, Lara señaló que José Luis Rodríguez Zapatero, tras su reunión del sábado con los 41 principales empresarios de España, “se ha convertido en representante de la gran empresa y de la Banca” y no, aseguró, “de los trabajadores que le votaron”. Indicó que los empresarios que acudieron a La Moncloa este fin de semana aplaudieron las reformas y le pidieron ir más allá, y citó la posible puesta en marcha en España de la liberalización total de servicios, conocida como ‘Directiva Bolkenstein’. Lara añadió que parece que los empresarios que, según él, ya marcaban la agenda económica también “deciden la agenda política” y preguntado sobre el debate sucesorio en el PSOE señaló que Izquierda Unida no quiere entrar en ese juego y que no ven “en ninguno de los candidatos” un punto de vista diferente en cuanto a las políticas económicas.


“Vivimos momentos de excepción”
Por su parte, el eurodiputado y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Willy Meyer, señaló que la Europa Social “ha sido volada por los aires” y que “se viven momentos de excepción” después de que las grandes fuerzas conservadoras y socialdemócratas de Europa hayan sellado un pacto contra el estado social europeo. Afirmó, en consonancia con sus otros dos interlocutores, que ante este “ataque” la respuesta adecuada es pedir la opinión al pueblo europeo, mediante referéndum, a lo que añadió que “si se consulta a los europeos, éstos dirán que no” al ‘Pacto por el Euro’, porque se trata, dijo de un acuerdo que requiere de reformas constitucionales en los estados y del Tratado de la Unión Europea y, por ello, consideró que la izquierda debe converger en la lucha contra este acuerdo con los sindicatos, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito europeo.

Política de ‘rigor mortis’
En el mismo sentido que sus antecesores se explicó el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares que señaló que el pacto alcanzado el pasado fin de semana en Bruselas no sólo supone un ataque contra la Europa Social, también “contra la Europa democrática” ya que el ‘Pacto por el Euro’ supone el establecimiento del ‘déficit cero’ en las constituciones de los Estados Miembros, lo que nos retrotrae, afirmó “a las medidas de Reagan, Thatcher y Aznar”, ya que, añadió Llamazares, vincular el incremento del gasto público con el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) implica “la negación de la política anticíclica” en la Unión Europea, políticas por las que el Estado intenta contrarrestar el ciclo económico negativo mediante inversión pública, y establece una política de ‘rigor mortis’ en nuestro país.