Publicado por Óscar Carrión
“Buenas tardes, señor Adelson, tenemos un proyecto que seguro le interesará. No se preocupe por las trabas legales, de eso llevamos ya un tiempo encargándonos nosotros junto a unos cuantos amigos del Partido Popular.”
Situémonos: 2007, la burbuja inmobiliaria en su cénit, proyectos de macrocasinos por toda España y una familia de empresarios de Alcorcón visitando EEUU. Tienen varios miles de metros cuadrados de suelo, la idea de construir una ciudad del juego y una recalificación que acredita sus terrenos como edificables. Todo encaja; y lo suyo les ha costado.
Esperanza Aguirre ha prácticamente confirmado hace unos días que Eurovegas se erigirá en Alcorcón, como al parecer desea Sheldon Adelson. Este anuncio no es más que la culminación de una batalla empresarial, política y legal por conseguir los mayores beneficios posibles que lleva años librándose.
La familia de empresarios antes mencionada son los González Rodríguez, propietarios del Grupo Urtinsa y herederos de una gran superficie de suelo que se remonta a José Sanchiz de Quesada, capitán de artillería que posteriormente se convertiría en Marqués de Valderas y que compró numerosas pequeñas parcelas para unificarlas y sobre ellas construir en 1917 el palacio del marquesado. En 1936 en estas mismas tierras se situaría el Cuartel General de primera línea del bando franquista. La familia González acabó comprando esta superficie a los marqueses y desde entonces fue una zona rural sin mayor interés económico.
La zona donde más probablemente se edificará “Europa Vegas”, marca que ya ha sido registrada en Europa por Las Vegas Sands, lleva desde 1999, año en que el PP llegó a la alcaldía con Pablo Zúñiga a la cabeza, envuelta en recalificaciones, proyectos fallidos y conflictos legales. En primera instancia se proyectó la construcción de 33.000 viviendas en el llamado Ensanche Norte de Alcorcón. Para la recalificación de los terrenos el ayuntamiento se sirvió de Leopoldo Arnáiz, arquitecto al que recurren la mayoría de municipios madrileños gobernados por el PP, y que no dudó en negociar de forma privada con pequeños propietarios para comprar suelo a precio de zona rural y venderlo como urbanizable. Negocio redondo que le costó a Arnáiz una querella en 2003 (que aún no se ha resuelto) y al alcalde su puesto en las elecciones de ese mismo año. Con el nuevo gobierno local de PSOE e IU se denuncian los hechos a la fiscalía y se paraliza el proyecto, pero los propietarios, de los que más adelante hablaremos, se agruparon y recurrieron la decisión. Finalmente, y tras algún desacuerdo con la Comunidad de Madrid, se aprobó una recalificación que incorporaba más viviendas protegidas y que en última instancia sirvió para que el suelo de propiedad municipal pasase a manos privadas antes del gran pelotazo inmobiliario que se les venía encima.
Según informó ATTAC, a parte de 30 familias que poseen pequeñas parcelas, el suelo que Sheldon Adelson codicia para su desproporcionado complejo está en manos de las inmobiliarias Tabuenca, Realia y Metrovacesa, que suman a la ya citada familia González, los dueños de la inmobiliaria Ros y Falcón y Juan Benigno Alonso Alarcón, imputado este último en el mismo caso de corrupción urbanística que el ex-alcalde popular Pablo Zúñiga y el arquitecto Leopoldo Arnáiz; al parecer, Arnáiz recibió unos 300.000€ de empresas y sociedades dirigidas por Juan Benigno Alonso. El mundo de la corrupción es un pañuelo y al final todo queda entre amigos.
Uno de los anteriores propietarios es especialmente destacable de cara a entender la gran estafa que supone Eurovegas antes incluso de que coloquen la primera piedra: Metrovacesa. Precisamente Metrovacesa compró a Leopoldo Arnáiz, el arquitecto del PP imputado, terrenos en la zona de Alcorcón candidata a albergar Eurovegas. La inmobiliaria, que llegó a situarse a la cabeza del sector y cuya propia burbuja le explotó en la cara, está desde 2009 controlada en un 95'6% por seis bancos acreedores: Santander, Banesto, BFA (Bankia), Sabadell y Popular. Esta situación se dió tras la imposibilidad de refinanciar la ingente deuda que acumuló durante los últimos años del boom inmobiliario, en los cuales tuvieron lugar fuertes luchas internas por el poder. En la primera de ellas, en 2003, varios empresarios italianos representados por Alejandro Agag, yerno de Aznar, intentaron hacerse con el poder de la compañía, pero el entonces presidente lo evitó con ayuda de su mano derecha Ignacio López del Hierro, actual marido de Mª Dolores de Cospedal. Después, en 2005 el ahora marido de Cospedal fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por falsear la demanda y el precio de las acciones de Metrovacesa. En 2007 tendría lugar otra lucha interna en la que el todavía presidente contó con el apoyo de Juan Bautista Soler (ex-presidente del Valencia C.F. durante la época dorada de Camps y Barberá, responsable de uno de los mayores pufos urbanísticos de la Comunidad Valenciana como es el nuevo estadio de Mestalla e investigado en el caso Nóos por los contratos que efectuó con la fundación de Urdangarín).
López del Hierro dejaría Metrovacesa en 2007, tras repartirse con otros dos directivos 5'25 millones de € en concepto de indemnización, para recaer en Caja Castilla-La Mancha donde Cospedal, por entonces su novia, no dudó en colocarle en el consejo de administración de la Corporación Industrial.
Actualmente Metrovacesa ha despedido a más de la mitad de su plantilla y está dirigida con mano de hierro por Vitalino Nafría, un histórico del BBVA a quien la austeridad no impide usar un Mercedes de un cuarto de millón de euros y que, al dictado de los bancos acreedores, se ha asegurado de fulminar toda voz discordante o incómoda. El consejero delegado que acompaña a Nafría, Eduardo Paraja, merece aún más atención ya que muchos son quienes le acusan de impulsar contratos fraudulentos entre la inmobiliaria y algunas de sus anteriores empresas. Prosegur, empresa en la que ha trabajado Paraja casi toda su vida, consiguió poco después de su marcha a Metrovacesa un contrato con esta que, además, iba acompañado de un 13% de descuento que la inmobiliaria nunca redujo a sus clientes, estafa de la que se han hecho eco varios medios y sindicatos. Quienes insinuaron disconformidad fueron despedidos de la empresa, al igual que ocurrió con quienes se quejaron por el despido, indemnización y posterior contratación en Dutilh (despacho de abogados del cual Paraja era accionista) de varios abogados de la empresa. Como apunta Nacho Cardero en El Confidencial, “Era de locos. Les echaban, les indemnizaban y después les volvían a contratar indirectamente con la fusión”. Dados los precedentes de sus directivos, sería buena idea permanecer atentos a las empresas con las que Metrovacesa suscriba contratos durante la construcción de Eurovegas. Muy curioso sería que la encargada de la seguridad fuese Prosegur, o que Vialegis y Dutilh llevase los asuntos legales, o que los asuntos logísticos fuesen asignados a Service Point, otra empresa donde participó Paraja.
Metrovacesa registró en el primer semestre de 2012 una pérdida neta de 151'3 millones de €, con un descenso en los ingresos del 18'7%. Sin embargo, con la especulación sobre la situación final de Eurovegas, las acciones de la compañía han subido en Bolsa un 266% desde junio. En los últimos días, confirmado su emplazamiento en Madrid y anunciada la “intuición” de Esperanza Aguirre de que Alcorcón sería el lugar elegido, la subida ha sido del 136% tan solo en cinco sesiones. Fruto de esta locura bursátil, los bancos acreedores han ganado 560 millones de euros en apenas 4 días.
Con esta subida en Bolsa, probablemente se lucrarán también Eduardo Paraja y los ocho ejecutivos que este designase cuando él mismo diseñó y aprobó un plan de retribución variable de 13 millones de euros pagadero precisamente en 2012. Pese a que más de la mitad de los trabajadores ya no están, este repunte de las acciones supondrá a los directivos unos cuantos millones en bonus.
Y todas estas ganancias se producen sin que de momento se haya empezado la construcción. Es más: se producen sin que siquiera esté permitido iniciar la construcción. Hace unos meses el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a Ecologistas en Acción, que había presentado un recurso al plan de urbanización. Quedaría así paralizado todo el proyecto, a la espera de que el terreno que ha quedado como suelo rural sea declarado de nuevo urbanizable. Sin embargo, escuchando a Esperanza Aguirre lanzar intuiciones, parece claro que se apelará al interés regional, amparándose así en las modificaciones de la Ley del Suelo 9/2001 de la Comunidad de Madrid que Aguirre lleva algunos años realizando. Así, bastaría con declarar el proyecto como de interés regional para saltarse la mayoría de los obstáculos legales. Todo queda en manos del gobierno de Aguirre; lo sabe Adelson y lo saben los propietarios.
Pocos parecen recordar ya que la situación en que nos encontramos es fruto principalmente de una burbuja inmobiliaria como la que de nuevo se afanan en inflar. O, de hecho, parecen recordarlo los menos indicados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario