LA OLIGARQUÍA DICTA LA POLÍTICA DEL PP

LA OLIGARQUÍA DICTA POLÍTICA DEL PP .

Alberto Herbera


El Círculo de Empresarios es un instrumento de la gran patronal española para intervenir en la sociedad y en la política mediante análisis y propuestas orientadas a defender los intereses de clase del gran capital. Un “think tank” (laboratorio de ideas) y “lobby” (grupo de presión) al mismo tiempo.


En él se concentran representantes de los principales bancos y de las mayores empresas españolas. En consecuencia, estamos hablando de la oligarquía financiera. El pasado 10 de noviembre, diez días antes de las elecciones generales, el Círculo de Empresarios hizo público un documento titulado “Un programa de ajuste y crecimiento para la próxima legislatura”[1], que fue presentado en rueda de prensa, sin tantos rodeos, como “un plan de choque integral”.

El Programa de la patronal destaca por la contundencia de sus propuestas, sin esconder su carácter de clase. Una parte de las propuestas buscan afianzar su hegemonía ideológica, como la de lanzar desde el gobierno “campañas de comunicación que ayuden a superar la desconfianza hacia los empresarios que tienen éxito y superar la estigmatización del fracaso”.


O el “impulso al espíritu empresarial y emprendedor incorporando a los currículos académicos los contenidos y habilidades emprendedoras”, dando a conocer en el ámbito educativo las “aportaciones que los empresarios hacen al bien común” algo que ya ha sido anunciado en Catalunya por la consejera de Enseñanza para su puesta en práctica en los diferentes niveles educativos a partir del próximo curso.


El documento acaba como sigue: “En la figura del empresario y de la persona emprendedora cristalizan las fuerzas más creadoras del mercado: competencia, innovación, creatividad, superación… Estas personas son esenciales en cualquier sociedad dinámica, y más en momentos de crisis, pues actúan como creadores de cambio, elemento de flexibilidad y, por ende, protagonistas imprescindibles para nuestra recuperación y progreso en el marco de una economía de mercado”.


Aquí no hay nada sorprendente vista la procedencia del documento, salvo la claridad de ideas y el orgullo de clase que se echa a faltar, por ejemplo, en los documentos de los principales sindicatos. Véanse, si no, las declaraciones contemporizadoras de Toxo a la salida de su reciente reunión con Rajoy o su último Informe al Consejo Confederal de CCOO, donde se repite hasta la saciedad la llamada al diálogo con la patronal y el futuro gobierno, se mantiene incólume la propuesta de pacto de rentas y no se menciona por su nombre ni una sola vez a la clase obrera ni a la crisis capitalista.

El Programa del Círculo de Empresarios se estructura en tres partes:

1-Un plan de choque integral de estabilización macroeconómica y de ajuste microeconómico de oferta. De aplicación urgente y en los siguientes ámbitos:

a) consolidación fiscal;

b) reforma laboral;

c) normalización del crédito.

2- Reformas estructurales básicas a medio plazo.

3- Otras grandes reformas estructurales pendientes.


Los oligarcas exigen que el Plan de choque sea puesto en práctica de manera inmediata, en cuanto el nuevo gobierno tome posesión, y que el resto de reformas sean ya anunciadas para su aplicación a lo largo de la legislatura. Ni una palabra sobre negociación con los sindicatos. Ya hemos oído estos días que si Rajoy no logra un acuerdo en breve plazo entre patronal y sindicatos sobre la reforma laboral, la impondrá unilateralmente el Gobierno, lo que equivale a invitar a la patronal a mantenerse en posiciones maximalistas y no negociar.

Se plantea la necesidad de lograr acuerdos con la oposición (entiéndase PSOE, CiU y PNV básicamente) para la aplicación del plan de choque, pero se descarta un gobierno de coalición.

El documento, que se pronuncia por evitar a cualquier coste la salida de España del euro, contiene las habituales declaraciones de principios neoliberales y muestra un alineamiento incondicional con las directrices que llegan de la oligarquía financiera europea.


Se inserta, por tanto, en la estrategia del capital para recomponer la tasa de ganancia mediante: a) el aumento brutal de la explotación del trabajo a base de una reducción general de salarios, que encubren bajo el concepto de “aumentar la competitividad” (ya sea por vía directa o mediante la intensificación de ritmos de trabajo, el alargamiento de jornadas y de la vida laboral, etc; y b) la transferencia masiva de recursos públicos –y señaladamente de las políticas sociales y los servicios públicos– al mercado capitalista, lo que David Harvey denomina “acumulación por desposesión”[2].

A juicio de la mayoría de economistas y especialistas marxistas, estas medidas no serán suficientes. No solo porque su carácter procíclico genere recesión al deprimir la demanda interna. Es importante no olvidar que el neoliberalismo no fue ninguna clase de “golpe de estado” contra el keynesianismo. Las políticas keynesianas empezaron a mostrar su agotamiento a fines de los años 60, cuando la tendencia al estancamiento dio paso a una abrupta caída de la rentabilidad del capital.


El neoliberalismo ha sido, además de una ideología que pronto se hizo hegemónica y todavía lo es, un intento del capital de recomponer, bajo nuevas formas, a menudo brutales, la tasa de ganancia cuando las políticas anteriores –keynesianas– ya no estaban en condiciones de hacerlo. La actual crisis de acumulación, que puede considerarse que forma parte de la “onda larga” iniciada hace cuarenta años, no podrá resolverse con recetas que ya mostraron su agotamiento histórico.

Al capital no le sirven para seguir creciendo. Y el capital sólo puede existir creciendo incesantemente. ¿Una nueva guerra? ¿O muchas pequeñas guerras? ¿Será el capital capaz de impedir la tendencia a la rivalidad entre sus fracciones nacionales, es decir, a las rivalidades interimperialistas y a una guerra comercial y de divisas generalizada?


El imperialismo está creando las condiciones de una conflagración a gran escala en Oriente Medio. Pero, como previno Fidel Castro, una gran guerra en esa zona puede desbordarse y convertirse en una nueva guerra mundial y la utilización de armamento nuclear sería altamente probable. No, Keynes no va a venir en nuestro auxilio. La disyuntiva es, cómo no, Socialismo o Barbarie.

El documento de la gran patronal española se vale de la explotación mediática de “la crisis de la deuda pública” y del miedo a la inevitable implosión del euro, para exigir la puesta en práctica de políticas de privatización de todo lo que todavía permanece en el sector público.


Pero, conscientes de que el auténtico problema lo constituye la deuda bancaria privada, proponen abiertamente que sea asumida por el Estado, es decir, por todos nosotros, mediante la creación del famoso “Banco malo”, en el que las entidades financieras puedan deshacerse de los “activos tóxicos”, es decir, la deuda incobrable como consecuencia de sus prácticas rapaces y por la que se han lucrado una y otra vez directivos y accionistas.

Las principales medidas contenidas en el documento del Círculo de Empresarios son las siguientes:

EL PLAN DE CHOQUE INTEGRAL

Consolidación Fiscal

- La principal responsabilidad del déficit es del exceso de gasto público, que ha crecido por encima del PIB, en el período 2004-2010. Esto es lo que hay que revertir.

-Hay que cumplir rigurosamente los plazos de reducción del déficit (4,4% del PIB en 2012 y 3% en 2013). La desviación del 2011 sobre lo previsto debe subsanarse en el 2012, por lo que el año que viene debe recortarse el gasto en al menos 30.000 millones de euros, y otros 15.000 millones en 2013.

-Sin el cumplimiento previo del programa de consolidación fiscal, los países centrales de Europa no avanzarán en la compra de deuda por el BCE, en la dotación del Fondo de Estabilidad Financiera ni en la emisión de eurobonos. No difiere mucho de lo que dice la banca alemana a través de Ángela Merkel.

-Reconversión de la estructura de la Administración mediante la reducción de Ayuntamientos.

-Supresión de empresas y entes públicos

-Reducción de la masa salarial de los empleados de la Administración pública, no reposición de bajas ni contratación de eventuales e interinos. En caso necesario, es preferible ampliar jornada y retrasar la edad de jubilación de los funcionarios antes que hacer nuevas contrataciones.

-No subir impuestos. En ningún caso los directos. En caso necesario se subirían preferentemente el IVA y las tasas y precios públicos.

-Disminuir las subvenciones a organizaciones políticas y sociales (léase sindicatos).

-La Ley Orgánica que antes del 30 de junio de 2012 debe desarrollar y concretar la reforma constitucional del pasado agosto, debe adelantar la entrada en vigor de los límites obligatorios de gasto, previstos en la reforma constitucional para 2020, y fijar límites absolutos de gasto público a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, a los que se debe prohibir gastar en aquello que no forma parte estricta de sus competencias (algo que destruiría la cobertura subsidiaria de infinidad de servicios sociales prestados por comunidades y ayuntamientos, por ejemplo la enseñanza infantil pública, frecuentemente ofertada solo por los municipios aunque no tengan competencias educativas).

-Los Presupuestos deben elaborarse a partir de las estimaciones de ingresos situadas en el extremo inferior de la previsión (forzando así a la baja el presupuesto de gastos y específicamente el gasto público). Si finalmente los ingresos superan la previsión, se dedicarán íntegramente a cubrir el déficit.

-Debe crearse una oficina “independiente” y “neutral” que supervise la elaboración y ejecución del Presupuesto. La financiación de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos estará condicionada al cumplimiento de los compromisos sobre déficit, deuda y gasto.

Reforma Laboral

Es la propuesta central del documento. Tanto la oligarquía financiera europea como española exigen su imposición como condición, dicen, para dejar atrás las “rigideces estructurales” del mercado laboral español y poder así remontar la crisis. En realidad, la reforma pretende la reducción drástica de los salarios y el retroceso en derechos y condiciones de trabajo.

El documento de los empresarios es claro al respecto cuando se refiere a los convenios colectivos, el principal objetivo de la ofensiva patronal:

“Las empresas deben tener libertad para asegurar sus metas individuales de competitividad microeconómica, lo que debe ser posible siempre que así se acuerde en una negociación colectiva de ámbito empresarial individual y, en el peor de los casos, con cláusula de descuelgue de aplicación automática en los supuestos de crisis empresarial (…) que podría ser una excelente válvula de escape de la presión que puede suponer para las empresas que atraviesan dificultades económicas su sometimiento a los convenios colectivos” (pág. 27).

Como se puede ver más abajo en las medidas que proponen, el ataque a la negociación colectiva incluye o se complementa con un ataque sin precedentes a derechos básicos como el de huelga y el de libertad sindical, al tratar de yugular la capacidad de intervención de los sindicatos aprovechando la corrupción real y su descrédito entre los trabajadores, ganado a pulso en años de burocratismo y entreguismo de los mayores sindicatos del país.

Según la patronal, la reforma laboral debe acelerar la vuelta al crecimiento y generar empleo de forma inmediata. Eso facilitaría, dicen, la aceptación social de la totalidad del plan de ajuste. La base de argumentación parte de que el crecimiento no puede venir de la demanda interna en el actual marco de restricción de la financiación exterior y de la consolidación fiscal. Sólo puede venir de las exportaciones, cuyo crecimiento depende del aumento de la competitividad. Y proponen también suplir también parte de las importaciones mediante la “competitividad interior”.


Todo esto anuncia el tipo de empleo y la liquidación de derechos que van a proponer con la reforma laboral, que es en realidad la profundización de la reforma del 2010 y la plasmación del programa tradicional de la patronal en materia de relaciones laborales. Estas son las principales medidas propuestas a nivel contractual, de negociación colectiva y de protección al desempleo:

-Creación de un único contrato indefinido con una indemnización de 20 días por año trabajado en caso de despido improcedente.

-Contrato para jóvenes con salario inferior al salario mínimo interprofesional y a los salarios mínimos fijados en los convenios.

-Permitir la realización de horas extras en los contratos a tiempo parcial.

-Control del absentismo por las mutuas patronales. Incluir el absentismo reiterado como causa de despido disciplinario.

-Aprobación de una Ley Orgánica que regule el derecho de huelga “ponderando los distintos intereses en juego”. Servicios mínimos “suficientes” en servicios públicos (es decir, prohibición en la práctica del derecho de huelga en los sectores público y de servicios), “ausencia de coacciones, incluso la mal llamada informativa” (es decir, prohibición de los piquetes) y responsabilidad civil y penal de los responsables de destrozos (es decir, criminalización de convocantes y huelguistas).

-Vincular salarios a la productividad y al resultado económico de las empresas (supresión de las cláusulas de revisión salarial referenciadas al IPC).

-Prevalencia incondicional de los convenios de empresa sobre los convenios territoriales y de ramo. Supresión en primer lugar de los convenios provinciales.

-Supresión de la ultra actividad.

-Reforma del Estatuto de los Trabajadores para establecer parámetros mínimos obligatorios de flexibilidad interna (distribución de jornada y movilidad geográfica y funcional a voluntad del empresario) que no puedan ser anulados en convenio.

-Si hay Pacto de Rentas de ámbito estatal, el aumento salarial acordado se considerará el máximo que puedan incorporar los convenios y acuerdos inferiores.

-Revisar (a la baja, claro) las prestaciones por desempleo “incentivando la búsqueda activa de trabajo” (es decir, suspendiendo la prestación a quien rechace cualquier puesto de trabajo ofertado o no participe de los cursos formativos). “Incentivar la salida temprana del desempleo” (es decir, ampliar los porcentajes de reducción según el tiempo que se permanece desempleado y recudir el tiempo máximo de percepción de la prestación contributiva).

-Redistribución del gasto en políticas activas, financiando con dinero público a empresas de trabajo temporal y agencias privadas de colocación.

Normalización del crédito

-Para la normalización del crédito, lo esencial no es ampliar los requerimientos de capital, sino sanear los balances, para lo que el Estado debe crear un “Banco malo” que permita a los bancos deshacerse sin pérdidas de la deuda incobrable (“activos tóxicos”). Se presenta el ejemplo del “modelo sueco”, haciendo creer que los activos que esos bancos no pueden vender sin enormes pérdidas, sí pueden ser vendidos en el futuro por el Banco malo con ganancias.

-La recapitalización de los bancos con fondos públicos debe implicar el compromiso de una futura y pronta privatización y llevar aparejado un plan de garantice su viabilidad, es decir, socializar rápidamente las pérdidas y privatizar en cuanto se empiecen a producir ganancias.

-Continuar la integración bancaria, con reducción general de plantillas y sucursales, y proseguir la “profesionalización y despolitización” de las Cajas de Ahorros, es decir, finalizar el proceso de privatización y bancarización de las Cajas.

OTRAS REFORMAS ESTRUCTURALES

-Sanidad: Co-pago sanitario y generalización de la gestión público/privada (sanidad privada sostenida con fondos públicos).

-Educación: Estrechar lazos con las empresas. Formar ”emprendedores” y difundir la cultura empresarial. Autonomía de los centros para elegir contenidos y métodos de enseñanza y aprendizaje. Competencia entre centros. Mayor profesionalización del gobierno y gestión de las Universidades.

-Suelo y Vivienda: Desregular el suelo español en base a los principios de la ley Rato de 1997 (la que disparó la burbuja inmobiliaria). Flexibilización del mercado de alquileres.

-Energía: Apoyo a la energía nuclear, con la renovación de los permisos de funcionamiento de aquellas “seguras” (?). Limitar las subvenciones a las tecnologías “inmaduras”. Interconexiones internacionales de electricidad y gas para fomentar un mercado europeo de la energía. Avanzar en la liberalización del sector eléctrico y subida de tarifas. Suprimir la producción de carbón en España.

-Comercio: Desregulación sobre ubicación, tamaño y fórmulas comerciales. Liberalización de horarios y días de apertura “como ya se ha iniciado en alguna Comunidad Autónoma” (Madrid, claro)

-Desregulación normativa: Lo más amplia posible pero asegurando que las instituciones apoyen a la empresa privada cuando haga falta, naturalmente. Lo pone clarito en la página 35: “Existe una clara relación entre la calidad institucional y el desempeño económico, especialmente cuando las instituciones configuran un marco adecuado de libertad económica y de eficaz defensa de los derechos propiedad a través del imperio de la ley”.


Así, se reclama la creación de un entorno favorable a la creación y desarrollo de empresas privadas, la disminución de impuestos a las empresas, una justicia “independiente” (es decir, dependiente del corporativismo conservador, y muy político, de los jueces y abierto a la enorme influencia de los grandes poderes económicos), la creación de organismos reguladores “independientes” que garanticen la libre competencia en los sectores regulados (o sea, literalmente desregular los sectores regulados) y la reclamación de la “unidad de mercado”, que significa que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos no podrán impedir ni poner condiciones a la entrada de empresas privadas para hacer negocios en sectores regulados en esas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, siendo suficiente que tales empresas tengan reconocida su actividad en cualquier otra Comunidad Autónoma.


Ya puestos, a la propuesta de suprimir Ayuntamientos, le podían añadir la supresión de las Comunidades Autónomas. Hay sectores del PP, y no sólo del PP, a los que esa música les sonaría celestial.

ES LUCHA DE CLASES

Nuestra oligarquía financiera, que por el momento se muestra sólidamente alineada con la oligarquía financiera europea, no tiene dudas. Como dijo el gran financiero y especulador Warren Buffett, “hay lucha de clases y es mi clase, la de los ricos, la que dirige esta lucha y la que la está ganando”. Sin embargo, no las tienen todas consigo. Temen la reacción popular y se preparan para reprimir sin contemplaciones las protestas.


La supervivencia del sistema capitalista no sólo es ya incompatible con condiciones de vida dignas para la inmensa mayoría de la población, sino que es incompatible con las formalidades democráticas.

La profundidad de la crisis, su carácter poliédrico, y la velocidad a la que se descompone el proyecto capitalista europeo, pueden empeorar a corto plazo las medidas contempladas en el documento del Círculo de Empresarios.


La liquidación completa de la soberanía que pretende la “refundación” de los tratados europeos y la depauperación general que producirá la puesta en práctica de las medidas que exige y exigirá el capital financiero, agrietará el “consentimiento” social que ha hecho posible la amplia hegemonía del neoliberalismo y que todavía explica el triunfo electoral de opciones como el PP y CiU.

Ignoro por cuánto tiempo le funcionará a las derechas (de la nación grande y de las otras naciones) el recurso al patrioterismo, que seguirán estimulando en todas sus variantes, incluidos fútbol y toros, no para abordar un problema que sólo tiene alguna posibilidad de abordarse en un proceso constituyente desde abajo, sino para canalizar pasiones y alejar la atención de la gente de sus problemas cotidianos.


Me temo que también nos echarán encima a la Iglesia católica, que subirá el tono de sus críticas al aborto, a los matrimonios entre homosexuales, a la asignatura de educación para la ciudadanía.

Más peligrosa es la perspectiva de crecimiento del discurso fascista y xenófobo, que ya se produce en los países europeos, incluido el nuestro. La salida capitalista de la crisis, que ya se muestra inseparable del vaciamiento completo de la democracia, es objetivamente compatible con la extensión del fascismo, bajo cualquiera de sus formas conocidas u otras nuevas, si sirve al objetivo de dividir y debilitar las luchas populares de resistencia e impedir la emergencia de sujetos sociales y políticos que amenacen la supervivencia del capitalismo.


La emergencia de estos sujetos sociales y políticos es posible y necesaria. No surgirán de ningún acuerdo por arriba, sino del pueblo que ya empieza a movilizarse, de su capacidad de deliberar y elaborar alternativas, de luchar y aprender de las luchas para crear y extender conciencia, de crecer hasta hacer participar a la mayoría del pueblo, y sobre todo a la mayoría de los trabajadores, de construir, con lo que ya hay y con lo que no hay todavía, sus propios instrumentos sociales y políticos para resistir y vencer.



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[1] http://www.circulodeempresarios.org/wp-content/uploads/2011/11/Un_programa_de_ajuste_y_crecimiento_para_la_proxima_legislatura.pdf

[2] Harvey, David. El nuevo imperialismo. Ed. Akal, 2007.