GOLPE DE ESTADO TAMBIÉN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GOLPE DE ESTADO TAMBIÉN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN .
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J.M. Martín Medem

"...En 1949, Einstein denunciaba "una oligarquía del capital privado cuyo inmenso poder controla, de forma directa o indirecta, las principales fuentes·de información, lo que hace tremendamente difícil para el ciudadano particular, y en muchos casos realmente imposible, llegar a conclusiones objetivas y usar inteligentemente sus derechos políticos". Así estamos ahora en España..."

La confusa tormenta en torno a RTVE por el control sobre sus servicios informativos no se hubiera producido si el gobierno de Zapatero hubiera cumplido su promesa de constituir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), incluido en la Ley General de la Comunicación Audiovisual.


Es competencia del CEMA "garantizar la independencia e imparcialidad del sectorpúblico estatal de radio y televisión". Y la ley de la radio y de la televisión de titularidad estatal obliga a los miembros del Consejo de Administración de RTVE a "cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la autoridad audiovisual".


Sin el CEMA, no hay supervisión de las decisiones del Consejo de Administración de RTVE como tampoco sobre las empresas comerciales de radio y de televisión porque también es competencia del CEMA "garantizar la transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual".

El gobierno de Zapatero anunció en junio que iba a iniciar los contactos con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para la elección inmediata del presidente, el vicepresidente y los siete consejeros del CEMA. El PSOE justifica la paralización de la formación del CEMA por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP que quiere cambiar la ley para eliminar la autoridad audiovisual independiente.


No es cierto. Para constituir el CEMA es necesaria una mayoría de tres quintos pero, para evitar el bloqueo, la ley establece que, pasados dos meses sin acuerdo, se puede formar por mayoría absoluta. El gobierno de Zapatero tenía esa mayoría en el Congreso. El CEMA no existe porque Zapatero no quiso enfrentarse ni al PP ni a los empresarios de la radio y de la televisión que tampoco quieren una autoridad audiovisual independiente que supervise sus negocios.

Con la mayoría parlamentaria que se supone que conseguirá el 20 de noviembre, un gobierno del PP eliminaría la posibilidad del CEMA, institución con la que cuentan los países más importantes de la UE. El CEMA es (¿era?) lo único positivo de la Ley General Audiovisual, tal y como se está aplicando.

Impunidad de los negocios, reducción del serviciopúblico y bloqueo de las iniciativas sociales
En 1949, Einstein denunciaba "una oligarquía del capital privado cuyo inmenso poder controla, de forma directa o indirecta, las principales fuentes de información, lo que hace tremendamente difícil para el ciudadano particular, y en muchos casos realmente imposible, llegar a conclusiones objetivas y usar inteligentemente sus derechos políticos". Así estamos ahora en España. La democratización de los medios de comunicación es el complemento imprescindible de la reforma de la legislación electoral para que cada voz y cada voto valgan lo mismo.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual no garantiza lo que anuncia y se convierte de hecho en un código comercial que ampara la impunidad empresarial e informativa del duopolio Tele 5 / Antena 3 que, bajo control financiero internacional, se está apropiando de las audiencias y de la publicidad.

La ley anuncia un reparto equitativo de las licencias entre los negocios audiovisuales, el servicio público y las iniciativas sociales, mal llamadas comunitarias. Pero impone una modificación fundamental: de la anterior definición de la radio y la televisión como "un servicio público esencial" pasa a su consideración como "un servicio de interés económico". Y su articulado favorece la ausencia de control sobre los negocios audiovisuales (¡impunidad absoluta si el PP elimina el CEMA!), la reducción del servicio público y el bloqueo de las iniciativas sociales.

La ley limita lo público a un 30%, entrega el 70% de las licencias a los negocios y recluye en la dimensión municipal a las radios y a las televisiones de iniciativa social, con tremendas limitaciones además para su alcance y financiación. Además de que el PP quiere reducir en un 25% el presupuesto de RTVE, hay en la ley dos trampas contra el servicio público y las iniciativas sociales. Dos disposiciones transitorias. Una que permite con su eliminación (lo que hará el PP con mayoría parlamentaria) que los gobiernos de las comunidades autónomas puedan cerrar, privatizar o entregar a la gestión comercial sus canales de radio y de televisión. Y la segunda que permitir imponer por decreto ley la regulación de las iniciativas comunitarias.

Si se vuelve a reducir el tamaño y la capacidad de producción de RTVE, se elimina el carácter de servicio público de las autonómicas y se impide la creación de radios y televisiones de iniciativa social, el sistema de medios audiovisuales quedará definitivamente dominado por los negocios de Antena 3 y Telecinco.
Derecho de acceso
La eliminación del CEMA significa también el bloqueo definitivo del derecho de acceso que establece la Constitución y que obliga a todas las radios y televisiones de servicio público a repartir espacios de libre disposición entre los partidos más pequeños, los sindicatos y las organizaciones sociales.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual encarga precisamente al CEMA que garantice la aplicación del derecho de acceso, bloqueado por el PSOE y el PP. Como ahora no hay CEMA, no se puede reclamar su amparo para conseguir ese derecho. Si el PP modifica la ley para eliminar el CEMA, nunca habrá derecho de acceso.

Sin derecho de acceso, con un servicio público de tamaño bonsái y bloqueadas las iniciativas sociales audiovisuales, la información quedará dominada por los negocios en complicidad con el bipartidismo. Una estrategia que forma parte del golpe de Estado contra la democracia para someter la voluntad popular y la soberanía nacional bajo los intereses de los bancos y de las grandes empresas.