LAS VERSIONES ESPAÑOLAS DE MURDOCH

Las versiones españolas de Murdoch
Pascual Serrano
Rebelión
28 de julio de 2011
Andan los ambientes periodísticos y políticos de todo el mundo, y de
España en especial, muy alterados por el escándalo Murdoch, su
espionaje telefónico, sus connivencias con políticos y sus chanchullos
financieros. Todos los medios españoles presentan lo sucedido en el
Reino Unido como métodos y hábitos ajenos a nuestro país. A
ninguno se le ha ocurrido recordar que prácticamente todas las
tropelías del magnate australiano tiene su correspondiente formato
en España. Repasemos. En 1995 la justicia procesó a Javier Godó,
presidente y propietario mayoritario del Grupo Godó editor, entre
otros medios, del diario La Vanguardia, por crear una red de escuchas
ilegales con el objetivo de seguir y vigilar a numerosas
personalidades de la vida política y económica española. Fueron
espiados el alcalde de Barcelona, el fiscal general del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, diferentes ministros y hasta el juez
de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Aquí no se pagó a las
fuerzas de seguridad por su silencio, se les encargó a ellos realizar los
pinchazos telefónicos. Fue un ex agente del CESID quien terminó
condenado por crear la red de escuchas. Además, en la sede del
grupo Godó un ex coronel tenía un despacho en el que aparecieron
quince documentos de los servicios de inteligencia clasificados como
secretos y confidenciales. Al final nunca se supo quién hizo el encargo
de espionaje.
En el Consejo de Administración del grupo Vocento (ABC) se
encontraba Emilio Ybarra, quien también fue presidente del BBVA.
Dimitió de sus cargos al ser procesado por apropiación indebida de
fondos ocultos en Jersey en 1990. Inicialmente la Audiencia Nacional
le condenó pero el Tribunal Supremo le absolvió.

En 1992 el grupo Prisa compró Antena 3 Radio, la cadena líder de
audiencia aquellos años y principal competidora de la Ser. Contaron
con la autorización del gobierno socialista y ocho años después la
Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo declararon la compra y
autorización gubernamental anulables e improcedentes por incumplir
las leyes antimonopolio contra la concentración de medios de
comunicación. Como Prisa se encargó de cerrar Antena 3 Radio,
nunca se pudo revertir la operación.
Sobre el grupo Zeta cuenta el periodista de Interviú Santiago Miró
que, con la mediación de siete millones de pesetas, Mario Conde
logró parar las rotativas de un número de la revista de 1991 que
contenía una información sobre Banesto que no era de su gusto
cuando llevaban impresos 70.000 ejemplares.
En 1998 Baltasar Garzón procesó al presidente y vicepresidente de
Telecinco acusados de diversos actos fraudulentos, dos años después
imputa a su principal accionista Silvio Berluconi por delitos de fraude
fiscal y violación de la legislación española anticoncentración de
medios. La impunidad parlamentaria de Berlusconi impidió que fuera
juzgado, al igual que su mano derecha Marcello Dell'Utri, que fue
presidente de Publiespaña, la empresa encargada de la publicidad de
Telecinco. Dell'Utri ha sido condenado en Italia a varios años de
prisión por colaboración externa con la mafia.
El diario El Mundo pertenece a Unidad Editorial. Aquí los directivos del
periódico, sabedores de que el grupo italiano Rizzoli estaba
interesado en hacerse con la mayoría de las acciones de la compañía,
compran a sus compañeros de redacción sus participaciones para
revenderlas a los italianos y embolsarse, en el caso de Pedro J.
Ramírez, alrededor de dos mil millones de pesetas entre 1999 y
2003.
Son sólo pequeños ejemplos para recordar que aquí nuestros
propietarios de medios no tienen nada que aprender de Robert
Murdoch. La diferencia es que aquí ni dan explicaciones en el
Congreso ni terminan condenados por la justicia.
Pascual Serrano es periodista. Todos los datos de este textos proceden de
su libro “Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de
comunicación españoles” (Akal, 2010)