Cuestionando la sabiduría convencional sobre las pensiones

Cuestionando la sabiduría convencional sobre las pensiones

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

En la discusión actual sobre la supuesta inviabilidad del sistema de pensiones públicas se está haciendo toda una serie de aseveraciones, reproducidas algunas de ellas por la llamada Comisión de Expertos sobre las Pensiones, que requieren una reconsideración a la luz de la evidencia existente. En tal discusión se asumen erróneamente varias suposiciones, presentándolas como hechos y realidades, cuando en realidad la evidencia científica existente las cuestiona. Entre ellas están las siguientes declaraciones:

1. El hecho de que la esperanza de vida de los españoles haya crecido seis años en los últimos treinta años quiere decir que las personas ancianas viven seis años más. Esto no es así. Hay que saber cómo se calcula la esperanza de vida. Si España, por ejemplo, tuviera solo dos ciudadanos, uno la Sra. García, que vive hasta que tiene 80 años, y otro, el pequeño Juanito, que muere al poco de nacer, entonces la esperanza de vida promedio de España sería (80+0)/2=40 años. Suponga el lector que treinta años más tarde España continuara teniendo solo dos ciudadanos. Uno la Sra. Pérez que, como la Sra. García, muere a los 80 años, y el otro ciudadano, Manuel, que vive hasta los 20 años. La esperanza de vida de esta España reciente sería de (80+20)/2=50 años, es decir, diez años más que la España de ayer. Pero esto no quiere decir, como constantemente se malinterpreta, que la Sra. Pérez viva diez años más. En realidad, continúa muriendo a los 80 años. Lo que ocurre es que el bebé que moría antes, ahora ya no muere y vive 20 años más.

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La deuda y la supuestamente anticuada lucha de clases

 La deuda y la supuestamente anticuada lucha de clases




Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 28 de marzo de 2013



Este artículo señala que la deuda privada es mucho mayor que la deuda pública y que se debe, en parte, al descenso de la capacidad adquisitiva de la población como resultado del descenso de las rentas del trabajo a costa del aumento de las rentas del capital.



Juan Torres, en un excelente artículo publicado en Público (24.03.13), titulado La guerra mundial de la deuda señalaba que el mayor problema existente hoy en el mundo referente al crecimiento de la deuda no es la deuda pública, como constantemente subrayan la mayoría de medios de información, sino la deuda privada, la cual ha alcanzado unos niveles inasumibles en la práctica totalidad de países a los dos lados del Atlántico Norte. Según el Banco Internacional de Pagos (BIP), la deuda total privada de los países de la Eurozona es de 15,7 billones de euros, una cantidad que es casi el doble de la riqueza de los países de tal zona monetaria, medida por su PIB (8,7 billones de euros). Un tanto semejante ocurre en EEUU, cuya deuda privada es de 24,98 billones de dólares, que es muy superior a su PIB, que es de 16 billones de euros.



Y lo que es también alarmante, como subraya Juan Torres, es su elevado crecimiento. Según el BIP, la deuda privada en la Eurozona se ha duplicado en los últimos nueve años, una situación que se ha producido también con la deuda privada de EEUU, que se ha doblado en nueve años.



Otro dato de gran importancia es que la deuda de los hogares, que históricamente era mucho más baja que la deuda empresarial, se ha incrementado mucho más rápidamente que esta última. La explicación de todo este proceso es fácil de encontrar, aunque raramente la verá en los medios de mayor difusión, altamente influenciados por los grupos financieros y empresariales que dominan la vida económica del país y que están entrelazados con tales medios (un ejemplo de ello: el dueño de La Vanguardia, el conde de Godó, es el vicepresidente de CaixaBank, el mayor grupo financiero de Catalunya).

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La demonización de Chávez

La demonización de Chávez



A raíz de la muerte del presidente Chávez de Venezuela, el blog del profesor Navarro presenta de nuevo el artículo, escrito por el profesor Navarro el 15 de enero último, titulado “La demonización de Chávez”.



Este artículo señala que uno de los indicadores de la falta de democracia en los medios de mayor difusión es la cobertura tan sesgada y tendenciosa de las políticas llevadas a cabo por el gobierno Chávez. La sobreabundancia de voces críticas y la práctica inexistencia de voces favorables a tales políticas prueban la falta de equilibrio y vocación democrática en los mayores medios de difusión de España.



Uno de los indicadores de la escasa calidad de la democracia española es la limitadísima diversidad ideológica en los medios de mayor difusión en España. El sesgo conservador de tales medios –incluso de aquellos que se consideran de centro o centroizquierda- es muy acentuado en España. Ni que decir tiene que tal sesgo es también característico de gran número de países llamados democráticos. Pero el caso de España es extremo. Un ejemplo de ello es la cobertura de la política venezolana por los cinco rotativos de mayor difusión en el país.



En EEUU, por ejemplo, donde el dominio conservador de los medios es también muy acentuado, la cobertura de la presidencia Chávez ha sido desequilibrada, dando gran prominencia a las voces críticas a tal gobierno. Pero voces menos críticas, e incluso favorables a tal gobierno, han aparecido en esos mismos medios. Tal como señala Mark Weisbrot (en su reciente artículo en The Guardian) en EEUULos Angeles Times, el Boston Globe, el Miami Herald, e incluso el conservador The Washington Post, han publicado también artículos favorables al gobierno Chávez, aunque la gran mayoría han sido críticos. Y en el último fin de semana, The New York Times, en su sección Summary of the Week, publicó la visión conservadora neoliberal, representada por Moises Naím, junto a la del propio Mark Weisbrot, Director del Center for Economic and Policy Research, de Washington, que rebatió los datos presentados por Naím, presentando una realidad menos catastrofista que la descrita por tal autor.


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LA SUPEDITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS A LA BANCA: EL CASO DE LAS AGENCIAS DE RATINGS

La supeditación de las instituciones representativas a la banca: el caso de las agencias de ratings
Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
nuevatribuna.es | Actualizado 05 Agosto 2011 - 13:06 h. .

Suponga usted que existiera una agencia internacional que se encargara de evaluar la calidad de los fármacos, y que esta agencia, financiada por los mayores laboratorios farmacéuticos del mundo, hubiera asegurado a toda la población mundial que el uso y consumo de un fármaco específico, producido por los laboratorios que la pagaban, era totalmente eficaz, curaba la mayoría de enfermedades, y no conllevaba ningún efecto negativo. Suponga también que, más tarde, se comprobara que todo ello era una gran mentira, mostrando que el famoso fármaco no sólo era ineficaz, sino que era muy tóxico: todos los pacientes que lo habían consumido habían fallecido, ocasionando millones de muertos en todo el mundo como consecuencia de ello. Si todo esto hubiera ocurrido, hubiera habido un escándalo inmenso. Y es más que probable que se exigieran medidas sancionadoras en contra de las agencias de evaluación, y en contra de la propia industria farmacéutica, que habría estado financiándolas.

Pues bien, por mucho que le cueste creérselo, esto es lo que ha ocurrido y, lo que es incluso peor, continúa ocurriendo, sin que haya habido ninguna sanción. Lo único diferente es que no son fármacos, sino productos financieros (como bonos, hipotecas, entre otros); que no era la industria farmacéutica, sino los grandes bancos; y que no eran una sino varias las agencias evaluadoras, de las cuales las más importantes se llaman Standard & Poors, Moody’s y Fitch, que están, en realidad, financiadas por la gran banca, Wall Street en EEUU.

Tales agencias daban Matrículas de Honor (lo que se llama categoría AAA) a los productos financieros de los grandes bancos, los cuales sacaban enormes beneficios de vender productos catalogados como excelentes cuando, en realidad, eran basura. Al ver la falsedad de sus evaluaciones, los bancos que vendieron tales productos se colapsaron casi al día siguiente de que las agencias les dijeran que estaban en una condición excelente. Y todo, repito, todo el sistema financiero mundial se hubiera colapsado si no hubiera sido por el apoyo que recibió de los Estados, transfiriendo la mayor cantidad de dinero que nunca se haya realizado del sector público al sector privado.


Pues bien, lo que es más indignante es que tales agencias continúen siendo las evaluadoras de los productos financieros que los bancos y los Estados venden y compran. En realidad, han sido agentes claves en la creación del llamado “problema de la deuda pública”. Cuando catalogan un bono de un Estado como de alto riesgo, inmediatamente encarece los intereses que los Estados tienen que pagar para vender sus bonos. El precio de la deuda pública queda así muy determinado por la evaluación que le hacen tales agencias. Y naturalmente, su objetivo (que es el objetivo de la banca) es que los intereses sean lo más altos posible pues así incrementan los ingresos a la banca, que es la que recibe tales intereses.

Las decisiones de las agencias de rating afectan a la ciudadanía normal y corriente. Sus decisiones influencian desde los intereses del crédito en un país al precio de las hipotecas. Todas estas actividades financieras están determinadas por lo que indiquen tales agencias, agencias que ya han mostrado su incompetencia en múltiples ocasiones y que continúan, a pesar de ello, siendo las voces que dirigen, desde la sombra, las actividades financieras de millones y millones de personas.

Que sus conclusiones no se basan en criterios objetivos y que sus evaluaciones carecen de credibilidad científica está ampliamente demostrado. El criterio que guía sus evaluaciones es fácil de detectar. Todo lo que las agencias perciben que le va bien a la banca, merece un sobresaliente. Todo lo que cuestiona los intereses de la banca recibe un suspenso. Ejemplos de ello hay miles. Cuando se implementaron los recortes de impuestos (que favorecieron primordialmente a las rentas superiores) llevados a cabo por el Presidente Bush Jr. (medida favorecida por Wall Street), que causaron que el presupuesto del estado federal de EEUU pasara de tener un superávit (de nada menos que 5.000 billones de dólares) cuando terminó la administración Clinton, a un enorme déficit, tales agencias aplaudieron los recortes, aunque crearan un déficit enorme, que ahora tales agencias denuncian, criticando a la Administración Obama por ello. Las agencias favorecen, en general, más a las Administraciones Republicanas que a las Demócratas.

Y ahora, tal como denuncia el que fue Ministro de Trabajo en la Administración Clinton, el Sr. Robert Reich, profesor de Public Policy de la Universidad de California en Berkeley, en un artículo reciente “The Biggest Driver in the Deficit Battle” (28.07.11), tales agencias han indicado que, a no ser que se recorten los gastos públicos (incluyendo las pensiones y los servicios sanitarios a la gente anciana) para reducir el déficit (en una cantidad de 4.000 billones de dólares), las agencias rebajaran la evaluación de los bonos del Estado federal, y ello aunque el Estado decidiera reducir el déficit a través de otros medios, tales como subir los impuestos. No es, pues, el tamaño del déficit público, sino lo que hay detrás, es decir, si la banca lo apoya o no, lo que decide el valor de la deuda pública.

Pero lo que es incluso más que indignante es que el Banco Central Europeo utiliza las evaluaciones de tales agencias para catalogar el valor de la deuda pública de los Estados de la Eurozona. Y lo mismo ocurre con el Banco Central de EEUU (The Federal Reserve Board), aunque hay presiones (¡por fin!) para que este último deje de hacerlo. Mientras, el lector debería estar hastiado de la enorme tolerancia, cuando no apoyo, que las instituciones financiadas públicamente tienen hacia estas agencias. Es el caso más claro de la supeditación de las llamadas instituciones representativas al poder de la banca.

Ahora bien, la indignación no debería limitarse a las Agencias. Debería también extenderse a los bancos centrales de cada país y al Banco Central Europeo, que podrían haber ignorado tales agencias de rating sustituyéndolas por otras más efectivas y desligadas del mundo financiero. Pero las instituciones más responsables de ello son las políticas, pues son los llamados representantes políticos los que nombran a los directores de los bancos centrales nacionales y a los gobernadores del Banco Central Europeo. Uno de los gobernadores más ultraliberales que haya tenido el Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, fue nombrado por el Sr. Zapatero, y el Sr. Trichet, director del Banco Central Europeo, fue nombrado por el Consejo Europeo (los máximos responsables de la clase gobernante de la UE), y así un largo etcétera.

Lo cual me lleva a la última pregunta, la más importante. ¿Por qué los llamados representantes de la población nombraron a ultraliberales en tales puestos de responsabilidad? Y la respuesta es fácil de entender (aunque nunca la verá en los mayores medios de información y persuasión). Todos estos personajes ultraliberales están muy próximos a la banca. Y su nombramiento era un signo (le llaman guiño) a la banca para asegurarle que serían muy sensibles a sus necesidades. En realidad, no sólo los gobernadores del Banco de España y del BCE son muy próximos a la banca, sino la gran mayoría de Ministros de Economía y economistas de la Moncloa han sido muy próximos a la banca. Y ahí está el problema. De tanto guiño, las instituciones representativas se han quedado ciegas a las implicaciones de sus actos. La enorme influencia de la banca sobre el estado ha sido una de las características del Estado español, que ha reducido dramáticamente la calidad democrática de nuestro país. Así de claro.

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LA CRISIS DE LA DEUDA PÚBLICA: ¿QUÉ CRISIS?

La crisis de la deuda pública: ¿qué crisis?

Economia política, Europa, Neoliberalismo y Globalización

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 25 de julio de 2011

Este artículo señala que el mal llamado “problema de la deuda pública” no se debe a causas económicas, fiscales o financieras sino a causas políticas, es decir, al intento neoliberal de crear una moneda única –el euro- en ausencia de un Estado que lo respalde. El artículo compara la estabilidad del dólar (detrás del cual existe el gobierno federal) con la inestabilidad del euro (resultado de la inexistencia de un Estado europeo que lo sustente).
Es importante no perder la perspectiva de lo que ocurre en la Eurozona, pues la avalancha neoliberal reproducida a través de los medios de mayor difusión es tal que a veces es difícil ver la realidad tal como es a través de tanta desinformación. Veamos los datos. Y el primero que aparece con toda claridad es que ni la Unión Europea (UE), ni la Eurozona tienen ningún problema de deuda pública. En realidad, la deuda pública promedio de la UE y de la Eurozona es más baja que la existente en EEUU. Es más, dentro de EEUU, el déficit y la deuda pública de California es mayor que el déficit y la deuda pública de Grecia, dentro de la Eurozona. Es importante que estos datos se conozcan porque el nivel de alarma sobre el nivel de la deuda pública en la Unión Europea ha alcanzado niveles totalmente desproporcionados.
¿Cuál es, pues, el problema? La respuesta es fácil de ver, aunque usted, lector, no la verá en los medios de mayor difusión, y es que el mal llamado “problema de la deuda” reside en causas políticas, más que económicas o financieras.
De nuevo, veamos los datos. Los intereses de la deuda de algunos países europeos en la periferia de la Eurozona (los mal llamados PIGS) son muy elevados, forzando a los estados de estos países a pagar cantidades exuberantes y claramente desorbitadas, que consumen muchos recursos públicos que se podrían utilizar en otras actividades como, por ejemplo, en sanidad o educación públicas (que están muy poco financiadas en estos países).
Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo puede ser que Grecia tenga que pagar intereses tan altos y California no? Pues la respuesta es que EEUU tiene un gobierno federal que ayuda a California a través de una serie de medidas realizadas por un conjunto de instituciones (incluido el Banco Central Estadounidense, llamado en inglés The Federal Reserve Board) que no existen en la Eurozona, ni tampoco en la Unión Europea. Ahí está la raíz del problema. Y no existen porque la banca (que tiene nombres y apellidos concretos) en los países de la UE y sobre todo en el establishment europeo (el Consejo de Europa, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) tiene un enorme poder sobre las instituciones políticas y no permite que se establezcan. Así de claro. Lo que está ocurriendo en la UE es algo similar a lo que ocurriría en EEUU en caso de que, a pesar de que los cincuenta estados que componen EEUU tienen la misma moneda (el dólar), no hubiera un gobierno federal que se responsabilizara de ello. Por muy extraño que ello parezca, esto es precisamente lo que está ocurriendo en la Unión Europea y en la Eurozona. Es el sueño del pensamiento neoliberal (que es la ideología sobre todo del capital financiero), que consiste en eliminar el estado o disminuir sus responsabilidades al mínimo (excepto cuando se trata de ayudas para salvar a la banca).


El Banco Central Europeo no es un Banco Central
El lector podrá indicar que la UE tiene ya un Banco Central, el Banco Central Europeo, BCE. Pero, por extraño que parezca, tal entidad no es un Banco Central. En realidad, es un lobby de la banca y, muy en particular, de la banca alemana. Llega a tal extremo, que el BCE presta (en realidad, casi regala, dinero, pues los intereses son bajísimos, un 1%) a los bancos privados, pero no a los estados con dificultades, como son los estados periféricos de la Eurozona. Es cierto que recientemente ha comprado a regañadientes bonos de los estados con dificultades, pero no los puede comprar directamente a los estados, sino que tiene que hacerlo comprando tales bonos públicos a los bancos, algo que beneficia a los bancos que se engullen un buen bocado. ¿Le parece injusto? Sí, lo es, y es mucho más que suficiente para indignarse. Pero lo mismo ocurre en España, donde una entidad pública, ICO, ha estado prestando 20.000 millones de euros, no directamente, sino a través de bancos como el Santander y el BBVA, que se han ido enriqueciendo todavía más con las consiguientes comisiones. ¿Por qué el estado necesita de la banca privada? En realidad, no la necesita. Podría, y debería, establecer un sistema bancario público, como solía tener, que funcionaba mejor, por cierto, que el sistema privado actual
En realidad, si los gobiernos quisieran, el problema de la deuda pública se resolvería rápida y fácilmente. La UE podría establecer unos bonos propios, llamados eurobonos, que se venderían muy bien pues, recuerde que la UE no tiene un problema de deuda pública. Son sólo los países periféricos que tienen tal problema. Y la UE podría permitir que la deuda nacional de estos países periféricos se convirtiera en eurobonos. Los especuladores dejarían de amenazar a aquellos países, de la misma manera que no se especula en contra del dólar, en contra de EEUU o en contra de California. La UE podría establecer una Autoridad Pública Financiera que crease los bonos que serían comprados y gestionados por el BCE que, por cierto, debería transformarse en un Banco Público, responsable a las autoridades electas y representativas de la Unión Europea, incluido el Parlamento Europeo, que debería tener mucho más poder del que tiene ahora.
Y los Bancos Centrales de cada país (hoy también lobbies de los bancos de aquellos países) deberían regular, supervisar e intervenir el sistema financiero nacional (que en teoría aparece en su narrativa, pero no en la práctica), estimulando y facilitando, como he dicho en el párrafo anterior, el establecimiento de bancos públicos que tuvieran como objetivo principal ofrecer créditos a personas y a empresas, en lugar de aumentar los beneficios de los accionistas. La banca privada ya ha mostrado que este último objetivo entra frecuentemente en conflicto con la provisión de crédito. La irresponsabilidad e incompetencia de la banca privada no la hace acreedora del espacio económico que ocupa en España.

Es más que suficiente para indignarse
Hace falta una movilización general, que rompa con la enorme influencia de la banca en las instituciones políticas del país. De ahí la enorme valía del movimiento 15-M, en su exigencia de democratizar al estado español, un estado escasamente democrático, que parece representar más a los intereses financieros y a los intereses de la gran patronal que los intereses de la población, y muy en particular de las clases populares. Y la evidencia accesible documenta ampliamente ese hecho. La representatividad, eje de un sistema democrático, está muy limitada en España, resultado de un sistema electoral muy sesgado a favor de las fuerzas conservadoras y los intereses económicos, financieros y mediáticos que éstas representan. De ahí que lleven razón aquellos del movimiento 15-M al indicar que la clase política “no les representa”. Aún cuando tal dicho es una simplificación, en parte lingüista, pues incluye en la clase política a partidos políticos que están siendo marginados y discriminados por los establishments políticos y mediáticos, el mensaje que aquel eslogan subraya es que la clase política dominante no les representa. Es difícil poner en duda esta afirmación, tal como hizo recientemente el predecible Fernando Savater, quien con el estilo vulgar, grosero y ofensivo que le caracteriza, acusó al movimiento 15-M (a los que definió como un “hatajo de mastuerzos”) de no entender la democracia española, subrayando que sí que les representa. Me temo que tal autor conoce la realidad española peor que los indignados del 15-M. El hecho de que grandes sectores de la población no estén ni se sientan representados por los que toman o tomarán decisiones altamente impopulares, es un problema grave para la democracia incompleta que tenemos.


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ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DEL PARTIDO POPULAR

Análisis de las propuestas del Partido Popular para salir de la crisis
Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
nuevatribuna.es | Actualizado 19 Julio 2011 - 13:52 h. .El Partido Popular, liderado por el Sr. Rajoy, se presenta como el partido más capaz de sacar a España de la crisis, ignorando que fue primordialmente el gobierno Aznar el que jugó un papel clave en la generación de la crisis en España. De ahí la importancia de analizar las políticas económicas, fiscales y laborales del gobierno Aznar, puesto que el Sr. Rajoy ha subrayado en varias ocasiones que repetirá las mismas políticas llevadas a cabo por el gobierno PP durante el periodo 1996-2004 y que presenta, erróneamente, como exitosas.

Lo primero que hay que subrayar en este análisis es que las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno PP no fueron las que caracterizaban a los partidos conservadores europeos como, por ejemplo, al gobierno alemán de la Sra. Angela Merkel, sino las que defendían el partido republicano estadounidense bajo la presidencia de Bush hijo. Es decir, fueron políticas neoliberales en su estado más puro, muy favorables al capital financiero y a su especulación. Su desregulación del suelo en 1998 fue la base sobre la cual se montó la burbuja inmobiliaria, dando como resultado el establecimiento del complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción. Esta industria de la construcción pasó a sustituir la industria como uno de los motores de la economía española. En realidad, el gobierno Aznar –como el gobierno Bush-careció de una política industrial, de lo cual parecía estar orgulloso. El contraste con el gobierno conservador alemán no podría ser más acentuado. En Alemania, la industria continuó siendo uno de los motores de la economía, apoyada por el Estado. He criticado extensamente el modelo alemán basado en la exportación y en la acumulación de euros, que fue utilizada por la banca para prestarlos a los países periféricos, incluyendo España. Así, se financió el boom inmobiliario español, que dejó a los empresarios y a las familias españolas profundamente endeudados. Pero el modelo español del PP fue incluso peor, pues se basó en la especulación (los precios de la vivienda no respondieron a la dinámica del mercado, siendo un 30% superiores a los que las condiciones del mercado hubieran determinado). El problema es que no había mercado de la vivienda. Había una especulación desatendida, cuando no ignorada, por la entidad reguladora que se conoce como Banco de España. En realidad, tal banco actuaba (y continúa actuando ahora) más como lobby de la banca que como la agencia pública reguladora de la banca.


Otro problema grave de las políticas del gobierno Aznar es que, conforme a su actitud de favorecer la propiedad, en lugar del alquiler, dio ventajas fiscales para estimular la compra, facilitando así el endeudamiento. Esto es lo que Rajoy quiere estimular de nuevo, ignorando los costes que ello supuso para la economía del país. La economía del ladrillo fue la gran contribución del gobierno PP a construir una economía de baja productividad y bajos salarios. Es extraordinario que un gobierno con tal record se presente como la solución.

De ahí que encuentro sorprendente la crítica que se hace al PP por falta de claridad en su programa económico. Rajoy, sin embargo, lo ha dicho claramente. Seguirá el modelo del gobierno Aznar, lo cual resultará en un mayor endeudamiento público (que intentará resolver con recortes draconianos del gasto público, como ha hecho David Cameron en Gran Bretaña, o Artur Mas en Catalunya), y una economía basada en bajos salarios, inestabilidad y precariedad laboral. Estas son las características del modelo Aznar, y éstas serán las características del modelo Rajoy con un agravante. El gobierno Aznar se benefició de las cuatro devaluaciones de la peseta durante el periodo socialista que le precedió, siendo la última el 6 de marzo de 1995. El gobierno Rajoy no tendrá esta ventaja. Lo cual significa que intentará todavía más la llamada devaluación doméstica, que es la manera amable de definir la reducción de los salarios de una manera radical. No hay duda de que el gobierno PP será incluso de mayor dureza que el gobierno Zapatero, con lo cual, España vivirá un periodo de gran confrontación con un interrogante en cuanto a su futuro.

Las políticas continuistas del gobierno Zapatero

El gobierno Zapatero no inició la crisis. La comenzó el gobierno Aznar. Pero su política fue continuista, sus recortes de impuestos, que siguieron los que habían tenido lugar en la época Aznar, contribuyeron a crear el déficit estructural del estado que apareció con toda su crudeza cuando la economía española se paralizó como resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria. El gobierno Zapatero tuvo mayor sensibilidad social, invirtiendo mucho más en el estado del bienestar español que el gobierno Aznar. Pero este incremento de los ingresos al estado se basó en el aumento de los ingresos al estado resultado del elevado crecimiento económico estimulado por la burbuja inmobiliaria, en lugar de –tal como debiera haber ocurrido- un aumento de la progresividad fiscal y otras reformas del sistema fiscal que el estado español (y sus CCAA) necesitan con toda urgencia para salir de la crisis.

El mayor problema que tiene la economía española no es el déficit público, sino el bajo crecimiento económico y el elevado desempleo. La reducción del gasto público está contribuyendo a retrasar la recuperación económica. La evidencia que apoya esta tesis es robusta y abundante. Véase lo que esta ocurriendo en Grecia ¿Es ésta la vía que los dos partidos mayoritario están proponiendo? Debería ser obvio que lo que debiera hacerse es aumentar la creación de empleo –en las líneas sugeridas en otros de mis artículos- (ver sección Política Económica en mi blog www.vnavarro.org) mediante un incremento del gasto público procedente en su mayoría de los impuestos a las rentas superiores y grupos financieros y económicos que vieron sus impuestos disminuidos en los últimos quince años. El que no se esté haciendo muestra la enorme influencia que la banca, la gran patronal y las rentas superiores tienen sobre el estado (y sobre los medios de mayor difusión). Como he señalado en varias ocasiones, si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que recibe, con los cuales podría, además de reducir el déficit público del estado, crear 5.000.000 de puestos de trabajo más, eliminando el desempleo. Estos cinco millones de nuevos puestos de trabajo se conseguirían a base de incrementar el porcentaje de adultos empleados en los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para personas con dependencia, servicios sociales, entre otros (todos ellos muy poco financiados en España), pasando de ser el 10% actual al 24% de Suecia.

Una última observación. Por fin, el candidato Rubalcaba, del PSOE, ha abierto la puerta a que se considere como una medida necesaria para salir de la crisis el aumento de la carga fiscal de los banqueros, entre otros, y con tales fondos crear empleo, propuestas que han estado haciendo los partidos a la izquierda del PSOE y que han sido ignoradas sistemáticamente por los mayores medios de información. Por muy bienvenida que sea esta propuesta del Sr. Rubalcaba, así como la de recuperar el impuesto sobre el patrimonio, lo cierto es que se tenía que haber hecho mucho antes. Su observación de que no se podía hacer antes, traduce una falta de comprensión de la naturaleza y causa de la crisis. Ésta se debe, no al excesivo déficit público, sino al estancamiento económico, resultado de la escasa demanda, consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional (que ha forzado un profundo endeudamiento). Los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social, han estado empeorando la situación económica del país, tal como muestra claramente el caso de la economía griega. De ahí que las propuestas de Rubalcaba, aunque vayan en buen camino, se convierten en insuficientes para resolver el gran estancamiento de la economía española. El estado debiera invertir y crear empleo masivamente cubriendo, además, los enormes déficits sociales que tiene el estado español.


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LAS CAUSAS POLÍTICAS DE LA CRISIS

Las causas políticas de la crisis

14 jul 2011



VICENÇ NAVARRO

Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

Detrás de la crisis de la deuda pública de los países periféricos de la eurozona (Grecia, Portugal, España e Irlanda) está un hecho político: todos estos países fueron gobernados por dictaduras y/o gobiernos autoritarios de ultraderecha en la mayoría del periodo que va desde los años cuarenta hasta los años ochenta del siglo pasado. Ello determinó que, a pesar de los avances ocurridos desde entonces, tales países tengan todavía hoy estados pobres, con escasos recursos (como lo atestigua que los ingresos al Estado como porcentaje de su PIB estén muy por debajo del promedio de la Europa de los Quince, UE-15). En 2009, tal porcentaje fue del 34% para España, del 34% para Irlanda, del 37% para Grecia y del 34% para Portugal, porcentajes más bajos que el promedio de la UE-15 –el 44%– y mucho más bajos que Suecia (el país donde las izquierdas gobernaron por más tiempo durante el periodo citado), con un 54%.
Pero, además de pobres, estos estados eran altamente represivos, con una escasa sensibilidad social y muy poco redistributivos. Son los países que tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor de la UE-15 y el menor porcentaje de población adulta trabajando en su Estado del bienestar. En España, sólo un adulto de cada diez trabaja en sanidad, educación, servicios de ayuda domiciliaria a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales y otros servicios públicos del escasamente financiado Estado del bienestar. En Suecia, un adulto de cada cuatro trabaja en tales servicios. El gasto público social por habitante es en España el más bajo de la UE-15.
Es cierto que el enorme déficit de gasto público, incluido el social, que el Estado español heredó de la dictadura, se corrigió en parte durante los años ochenta y principios de los noventa hasta que llegó 1993, fecha en la que se tomaron las medidas encaminadas a integrar España en la eurozona. Entre ellas, la más importante fue la de reducir el déficit público del Estado (entonces un 6% del PIB), lo cual se consiguió mediante la reducción del gasto público (incluyendo el social), tal como está ocurriendo ahora.
En España, las reducciones del déficit del Estado siempre se han conseguido a base de disminuir el gasto público social en lugar de las subidas de impuestos. Y ello es consecuencia del enorme poder de lo que se llamaba antes burguesía, pequeña burguesía y rentas superiores de la clase media alta (que dominan la vida política y mediática del país). Su ideología, que se promueve en los medios de mayor difusión del país, es el neoliberalismo, que predica la bajada de impuestos y el aumento de la regresividad fiscal, así como la reducción del gasto público (incluido el social), como las medidas más eficaces para estimular el crecimiento económico. Estas políticas son responsables de la enorme polarización de las rentas con el consiguiente empobrecimiento y endeudamiento de las clases populares (las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas nacionales han ido descendiendo) y una obscena concentración de las rentas y de la riqueza que se invirtió en los sectores que producían mayores beneficios, que eran las actividades altamente especulativas del sector inmobiliario, liderado por la banca.




Esta situación fue incluso más acentuada con las bajadas de impuestos en los últimos 15 años que beneficiaron primordialmente a las rentas superiores, que depositaron sus nuevos ingresos en la banca, la cual prestó al Estado el dinero que necesitaba para cubrir el déficit resultado de la bajada de impuestos. Un círculo virtuoso para los
superricos y los ricos. Existe una alianza de las clases adineradas con la banca, la cual se beneficia del endeudamiento del Estado. Esta alianza está detrás de la crisis de la deuda pública. Los ricos en España, Grecia, Portugal e Irlanda no pagan los impuestos que pagan sus homólogos en la mayoría del centro y norte de la eurozona, forzando al Estado a endeudarse para el beneficio de la banca, tanto nacional como extranjera. El predecible estallido de la burbuja inmobiliaria creó una crisis de enormes proporciones. La excesiva dependencia de los ingresos del Estado español de las rentas del trabajo y del consumo, en lugar de las rentas del capital, explica que el déficit público del Estado se disparara, pasando de superávit a un 11% del PIB de déficit en tres años. Y, una vez más, la crisis y el déficit público se atribuyó (erróneamente) al excesivo gasto público (incluyendo el social), con los consecuentes recortes. Con ello se ha ido empeorando la situación económica, pues el estancamiento económico se debe a la escasa demanda, resultado del endeudamiento y la baja capacidad adquisitiva y no al excesivo gasto público. Con estas políticas de recortes, España está yendo hacia Grecia.
Lo que se requiere es una reforma fiscal que aumente los ingresos al Estado para crear empleo, puesto que el mayor problema que tiene España no es el déficit público, sino el elevado desempleo y el escaso crecimiento económico, consecuencia de la escasa demanda. Y el país tiene los recursos para ello. Lo que pasa es que el Estado no los recoge. Así, el PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, su gasto público social es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94%, el Estado tendría 66.000 millones de euros más para cubrir el déficit del Estado y el enorme déficit de gasto y empleo público social de España. Lo que ocurre es que el Estado en España (y en Grecia, Portugal e Irlanda) está excesivamente influenciado por la banca, la gran patronal y las rentas superiores, los mayores responsables, por cierto, del fraude fiscal, que en España alcanza la cifra de 88.000 millones de euros. El hecho de que el Estado prefiera recortar el Estado del bienestar en lugar de hacer la reforma fiscal que el país necesita se debe a lo que se llamaba antes “poder de clase” y ahora se llama (erróneamente) “poder de los mercados”.

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