| El ataque del gobierno del Partido Popular al sistema sanitario público. Dossier |
| Joan Benach · Lorenzo Fernández Fau · Javier Ledesma Bartret · · · |
| 17/02/13 |
La contrarreforma sanitaria es un golpe de Estado contra la sanidad pública
¿Qué consecuencias tienen los recortes en la sanidad pública?
La ingente reducción presupuestaria que se está realizando en la atención sanitaria conlleva cerrar centros de atención primaria, cerrar urgencias y quirófanos, aumentar listas de espera, hacer expedientes de regulación de empleo en hospitales, reducir el número de profesionales sanitarios y empeorar las condiciones de trabajo de quienes se quedan, todo lo cual deteriora los servicios y prestaciones y aumenta el riesgo de enfermar y morir prematuramente.
¿Estos ajustes ahondan en la desigualdad?
Muchos estudios muestran como la atención sanitaria pública se asocia a un riesgo menor de morir y a menores desigualdades en salud según la clase social, el género, la etnia y la situación migratoria. La sanidad mercantilizada es por tanto injusta, rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social y abre paso al clasismo, la discriminación y la desigualdad. Los llamados “ajustes”, que mejor cabría llamar “estrategias político-legales-ideológicas” de mercantilización y privatización de la sanidad, quieren llevarnos a una sanidad de tres niveles, que profundizará enormemente las desigualdades en los servicios sanitarios y la salud: una sanidad de pago para los ricos que puedan pagarla, una sanidad para la clase trabajadora y una clase media empobrecida con servicios mínimos y de baja calidad, y una sanidad de beneficencia para las personas en situación de pobreza y marginación.
¿Qué grupos sociales son los más afectados?
Aquí llueve sobre mojado. Los colectivos que sufren más son aquellos que ya de por sí padecen las peores condiciones sociales, laborales, y económicas. Las personas pobres, los desempleados, las mujeres obreras en situación de precariedad, los inmigrantes, las mujeres de la limpieza, los enfermos crónicos, y también las personas discapacitadas que deben desplazarse a los centros sanitarios. Claro está, la peor de las situaciones la sufren quienes padecen al mismo tiempo estas múltiples situaciones de desigualdad social. Pero, además, gran parte de una clase media cada vez más empobrecida va a verse también afectada por la reducción y calidad de las prestaciones y servicios.
¿Más allá del hecho en sí del ahorro, los recortes persiguen un cambio de modelo?
La actual contrarreforma sanitaria es un verdadero golpe de estado contra la sanidad pública. La sanidad pública y la privada son vasos comunicantes. Si se deteriora la primera, se refuerza la segunda y al revés. Los recortes, junto con las estrategias de parasitismo del sistema público y los cambios político-legales que ayudan a implantar servicios privados, quieren conducirnos a una situación insostenible que nos lleva tres décadas atrás. Con ello se pretende conseguir un doble objetivo. Por un lado, deteriorar la sanidad pública y abrir el mayor campo posible para una atención sanitaria mercantil basada en el beneficio de enormes conglomerados y grupos empresariales privados, que hacen negocio vendiendo servicios y productos sanitarios a los “clientes” que tienen el suficiente dinero para pagarlos.
El segundo objetivo es aún más malicioso si cabe. Se trata de destruir la imagen positiva que para muchos aún tiene “lo público”. Es un arma ideológica que quiere erosionar la imagen de la atención sanitaria pública y los derechos colectivos conseguidos a través de las luchas sociales. Se quiere ganar esa batalla ideológica y se nos quiere hacer creer que lo “privado”, lo mercantil, es intrínsecamente mejor, más eficiente y con más calidad e incluso, a veces, en el colmo de la perversión, se insinúa que es “más equitativo”. Afortunadamente, buena parte de la población se está dando cuenta de esas estratagemas y mentiras, y está reaccionando pasando del estado de shock a uno de mayor conciencia, y de ésta a la movilización y la lucha para defender sus derechos.
¿La sanidad pública tal como está configurada, o como lo estaba antes de que comenzaran los recortes, es sostenible?
La sanidad pública del conjunto del Estado español es bastante eficiente y barata. Aún gastando menos que la media de la Unión Europea, la calidad general es buena. Eso no quita que el sistema sanitario público deba mejorar. Por ejemplo, tiene que haber cobertura para toda la población, hay que ampliar y mejorar los servicios socio-sanitarios relacionados con la salud mental, la salud laboral o la salud ambiental, que son muy incompletas y limitadas. También debemos gastar mucho más en atención primaria y bastante menos en gasto farmacéutico, así como controlar mucho mejor el gasto tecnológico, y reducir la excesiva biomedicalización de la salud y la iatrogenia [los actos médicos que perjudican en lugar de aliviar] que producen daños a la salud evitables. Pero que se deba mejorar no puede servir de excusa para destruir la sanidad pública y venderla a quienes se quieren lucrar con la salud y la vida de la gente. Tener una sanidad de calidad y accesible para toda la población es una prioridad ciudadana que la mayoría de la población desea. La sanidad es sostenible pero hay que dedicarle muchos más recursos, y eso conlleva aumentar la baja fiscalidad de las grandes fortunas y empresas y controlar el enorme fraude fiscal existente.
¿Es más eficiente una gestión privada de la sanidad?
Los indicadores sanitarios de la atención privada son peores en comparación con los de la atención pública. De hecho, los únicos aspectos donde el sector privado muestra ser mejor que el público radica en el confort y, como parece lógico por su predisposición mercantil, en el tiempo de espera. En todo lo demás, la diferencia de calidad entre ambos tipos de atención es muy clara en favor de lo público, tanto en su eficiencia como en su equidad. La supuesta mayor “eficiencia” del sector privado y de su gestión se fundamenta en gran medida en ahorrar en personal y ofrecer bajos salarios y malas condiciones de empleo, todo lo cual afecta la salud de los propios trabajadores de la salud y daña la calidad de la atención médica. Además, por no extenderme más, los hospitales privados seleccionan a los pacientes, dan altas prematuras a los pacientes, cobran por acto médico y realizan pruebas e intervenciones innecesarias.
¿Qué influencia tienen en la gestión del sistema de salud los posibles conflictos de intereses y vínculos entre los gestores públicos y privados?
Hacer negocio con la sanidad pública es uno de los principales objetivos del capital privado en la situación actual de una crisis, que ha sido la excusa perfecta para aplicar unas políticas de privatización que vienen diseñándose y planificándose desde hace décadas. Los servicios públicos están en el punto de mira del poder económico y político y son un enorme pastel a repartir. La connivencia de las élites económicas privadas con los gestores y el poder público son manifiestas, lo cual se refleja en valores e intereses compartidos y en las prácticas de clientelismo y de “puertas giratorias” a través de favores políticos, pagos y salarios millonarios irregulares y adjudicaciones sin concurso.
Todo eso se ve bien en el caso de Cataluña, tal y como han mostrado con claridad y valentía las denuncias de los injustamente condenados periodistas Marta Sibina y Albano Dante de la revista Cafèambllet, a quienes desde aquí envío mi solidaridad y apoyo, de David Vidal, concejal de la CUP en Reus, de Ramón Serna, del sindicato CATC-CTS, o los periodistas Oriol Güell y Antía Castedo de El País Catalunya, con los casos Bagó, Prat, Sant Pau, Manté o Crespo, entre otros. La atención sanitaria pública, universal, equitativa, de calidad, y con un elevado nivel de prestaciones es un derecho ciudadano de enorme importancia que ha costado enormes esfuerzos y luchas sociales. Debemos luchar sin desfallecer para evitar que la sanidad deje de ser un derecho y se convierta en el privilegio de unos pocos que puedan pagarla.
Joan Benach es profesor de salud pública y director del grupo de investigación sobre desigualdades en salud GREDS-EMCONET de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Este especialista en la relación entre las condiciones de trabajo y la salud pública alerta de la precarización de la sanidad pública derivada de los recortes, que define como “estrategias político-legales-ideológicas”. Su último libro publicado es La sanidad está en venta (Barcelona: Icaria, 2012).
Responsabilidad asociada al conflicto sanitario madrileño
La toma de decisiones políticas en la gestión pública exige que estas sean aplicadas una vez que hayan sido rigurosamente evaluados los riesgos y beneficios que su implementación puede entrañar; sobre todo, cuando afectan a la ciudadanía en su conjunto y a cuestiones tan relevantes como la salud de la población.
Como consecuencia de recientes acontecimientos que han causado hondo impacto socioeconómico, con repercusión internacional global, se viene asociando en el pensamiento intelectual, científico y jurídico, la responsabilidad judicial en que pueden incurrir los sujetos, o entidades, que llevan a cabo actuaciones que repercuten peyorativamente en el bien común, sean estas tanto de dominio exclusivamente privado como las que se efectúan en el ámbito, y con el erario, de lo público.
En ese sentido, el término anglosajón “accountability” viene a expresar, entre otras cosas, la responsabilidad en la que incurren aquellos que tienen poder sobre las vidas de las personas. Se trata, en definitiva, de rendir cuentas por las decisiones y acciones de la gestión pública. Existe amplia bibliografía tanto internacional como nacional acerca de este asunto. Al mismo tiempo, en la literatura médica se ha asociado el principio de accountability al de primun non nocere.
Tal como hemos expresado en publicaciones previas, el principio de primun non nocere -no hacer mal, no hacer daño- está vinculado al de No maleficencia. De los cuatro principios de obligado cumplimiento que establece la moderna bioética es éste, la No maleficencia, el único del que se pueden derivar responsabilidades judiciales.
Pues bien, la Asamblea de Madrid ha aprobado un cambio del modelo de salud público, en el que está previsto privatizar una parte sustancial del mismo, con el propósito de mejorar su eficiencia y, al mismo tiempo, disminuir el coste sanitario. Y lo han hecho sin que los responsables de tal decisión hayan aportado datos convincentes de que con ello mejoren las prestaciones sanitarias al conjunto de la sociedad y de que se consiga un ahorro económico con tal medida. Incluso aún más arbitrario, preguntado el Consejero de Sanidad en un medio de difusión acerca de esa cuestión reconoció que no podía aportar pruebas de que así fuese y que se vería una vez puesto en marcha el proyecto. Y lo han aprobado, en medio de una contestación y repulsa de considerables dimensiones de los usuarios sanitarios, así como de los organismos profesionales, científicos, corporativos y de la sociedad en su conjunto. Y lo han hecho, mientras que alguno de los diputados que han aprobado un cambio de tal envergadura y riesgo, estaban enfrascados, con absoluta frivolidad, en juegos de ocio a través de sus correspondientes ordenadores.
Sin embargo, existen datos contrastados en nuestro país de que la gestión privada de la sanidad pública no sólo no es más barata que la pública sino que ha sido necesario inyectar sumas considerables de dinero del erario público, del contribuyente, para conseguir mantener, o aumentar, los beneficios de los accionistas de las empresas privadas del sector.
De igual modo, existen datos contrastados de que la sanidad pública española está situada desde hace años entre la tercera y séptima mejor del mundo. Aún más, que es una de las más eficientes del planeta porque la eficiencia productiva de un sistema es aquella en la que se obtiene el máximo producto utilizando los mínimos recursos posibles; tal como ocurre en la sanidad pública de España. Así mismo, existen datos contrastados de que al disminuir el presupuesto sanitario empeora la calidad asistencial y aumenta la mortalidad.
Ahora bien, cuando se habla de datos contrastados es preciso hacer hincapié en que existen parámetros e indicadores sanitarios internacionalmente aceptados que permiten evaluar la rentabilidad, eficiencia y calidad de un sistema.
Estamos, pues, ante una situación comprometida porque si lo anteriormente expuesto puede ser verificable sería obligado preguntarse por qué cambiar algo que ha probado su eficiencia, calidad y equidad por un Plan de, al menos, dudoso rigor conceptual, en el que se pretende privatizar una parte considerable de la sanidad madrileña.
Una situación, además, en la que en el caso de que una vez puesto en marcha el Plan de medidas aprobado por la Asamblea de Madrid los citados indicadores sanitarios demostrasen un empeoramiento de los mismos, incluido el índice de mortalidad, estaríamos ante una conculcación del principio de No maleficencia y, por asociación, sería preciso exigir responsabilidades y rendición de cuentas a aquellos que lo han implementado.
Y esa rendición de cuentas no debería sustanciarse con una evanescente responsabilidad política, sino que debería explorarse la responsabilidad judicial. El Código Penal sanciona las conductas de aquellas autoridades que, con ánimo de lucro personal o ajeno, y con grave perjuicio para la causa pública, dieran una aplicación privada a bienes pertenecientes a cualquier administración, máxime si faltan a la verdad en la narración de los hechos que motivan su decisión (delitos de malversación y falsificación de documentos públicos).
Circunstancias, en su conjunto, nada deseables porque, ante todo, deben prevalecer la cordura y el objetivo del bien común. Hemos ya señalado en otras publicaciones, que es preciso evolucionar desde una ética que persigue los medios, ética estratégica, a una ética de los fines, ética de la responsabilidad. Y la responsabilidad obliga a establecer un consenso sobre la sanidad a través de una deliberación entre los representantes de los trabajadores sanitarios, las fuerzas políticas, los sindicatos, las sociedades científicas y en la que no puede faltar la propia ciudadanía; los entes sociales. Una negociación ponderada que pueda permitir la sostenibilidad de un modelo que ha demostrado con creces su bondad, equidad y eficacia.
Lorenzo Fernández Fau fue Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de la Princesa. Javier Ledesma Bartret es Presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)
www.nuevatribuna.es, 29 de enero de 2013
Varias
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