Albert Corominas · · · · ·
09/12/12
La ofensiva neoliberal contra la universidad pública, en su versión española, se despliega según estaba previsto [1] y, tras el bombardeo mediático desde las plataformas ideológicas y mediáticas de la derecha y de la patronal, ha llegado ya, pero no ha terminado, a la fase ejecutiva, por la vertiginosa vía de los decretos-ley, devenida posible por la mayoría absoluta del PP y por la pasividad política y jurídica del grueso de lo que se supone que es la oposición.
Los objetivos de dicha ofensiva han sido expuestos paladinamente desde las diversas tribunas con que cuenta la ideología neoliberal para propagar su credo. Se trata, en primer lugar, de desprestigiar la universidad pública, como una forma de preparar el terreno para lo que se pretende: reducir la financiación pública del sistema y aumentar la aportación privada, no mediante la contribución de desinteresados mecenas, sino con el aumento de los precios de matrícula y de las tasas; reducir, gracias al aumento de precios y al discurso de la sobrecualificación, que acaba siendo cierto en la medida que se configura un sistema económico y social regresivo, la dimensión del sistema; poner la docencia y la investigación de las universidades públicas al servicio de los intereses cortoplacistas de la fracción hegemónica del empresariado y de la clase política; finalmente, para facilitar el logro de todos estos objetivos en el menor tiempo posible, cambiar la regulación del gobierno de las universidades públicas, implantando un sistema jerárquico piramidal, cuya cúspide sea elegida y removida por el partido que disponga de mayoría parlamentaria suficiente. Todo ello, de paso, repercute muy favorablemente en nuestras, generalmente poco gloriosas, universidades privadas.
Un elemento muy importante de este despliegue estratégico es el aumento de precios de matrícula [2] hecho posible por el real decreto-ley 14/2012, el cual establece que el estudiante deberá sufragar entre un 15 y un 25 por ciento del coste del servicio, un coste que el mismo decreto-ley reconoce que no está cuantificado. Ello no obstante, las administraciones han partido generalmente del supuesto indemostrado de que el estudiante estaba pagando un 15% y que, por consiguiente, los precios de matrícula podían aumentar hasta no menos de un 66,67 %. Y así lo han hecho algunas comunidades autónomas, con un aumento, sin parangón con los experimentados por cualquier otro bien o servicio, especialmente sensible en una etapa de franco retroceso de las rentas salariales y de aumento del paro.
Pese a las consecuencias que cabe prever de este aumento de precios, la reacción ha sido casi imperceptible, como ocurre ante tantos otros atropellos de los que están siendo objeto la clase trabajadora, lo que augura nuevos brutales aumentos de los precios en cursos sucesivos tal como prevé el repetido decreto-ley, cuyo preámbulo explica que “se fijan umbrales en los precios públicos para aproximar gradualmente su cuantía a los costes de prestación del servicio” (la negrita es nuestra).
Es cierto, como dice Guerra Palmero [3], que una casi segura consecuencia de este aumento de precios va a ser el refuerzo de la (auto)consideración del estudiante como cliente (que espera una recompensa por lo que paga) y la consiguiente consideración del profesorado como proveedor.
Pero no será esta la única ni la más grave secuela del levantamiento de la veda al aumento de precios.
En los últimos años se ha elaborado y difundido un discurso favorable al aumento del precio de la matrícula universitaria sustentado en dos pilares. Uno, que no es justo que paguen lo mismo ricos y pobres y que los ricos paguen tan poco. Dos, que, puesto que el estudiante saca un provecho privado de sus estudios universitarios, es lógico que contribuya a sufragarlos. Finalmente, se concluye, el aumento de precios ha de ir acompañado por un aumento de las becas, con el fin de que nadie quede excluido por razones económicas del acceso a la universidad. Lateralmente, se añade, lo que frena el acceso a la universidad no son los precios de matrícula, sino los costes de oportunidad de substituir trabajo por estudio durante el tiempo que dura la carrera universitaria; es decir, los precios de matrícula tampoco son tan importantes.
Aun sin dudar de la buena fe de algunos los promotores del incremento simultáneo de precios y becas, está claro que su discurso, en una fase de asalto al llamado estado del bienestar, solo podía culminar como está culminando: con un aumento de precios y una reducción de las becas.
De los dos pilares mencionados, el primero tiene la virtud de que puede parecer un argumento de izquierdas. ¡Que paguen los ricos! La ilusión se desvanece al advertir que lo que se propone es que ricos y pobres paguen íntegramente el supuesto coste del servicio (cosa que para los ricos no supone una gran proporción de su renta) y que a los pobres ya se les compensará con unas becas, inciertas y finalmente casi inexistentes. ¿Es justo que los ricos paguen el mismo precio que los pobres por el pan, el arroz y las patatas? Sí, y es mucho más práctico que un sistema de precios que dependa de la renta del consumidor, de casi imposible implantación, siempre y cuando funcione un sistema de impuestos directos justo y eficiente. Lamentablemente, por añadidura, no goza de tales cualidades el sistema fiscal español, en el que, entre fraudes y deducciones, acaban pagando más los asalariados que los empresarios y los rentistas de alto nivel [4].
El segundo pilar, curiosamente invocado con menor frecuencia, es más peliagudo. Es cierto que la persona que obtiene un título universitario tiene mayores expectativas de renta y también, en general, unas mayores posibilidades de realización personal, digámoslo así. Según las teorías ligadas al concepto de capital humano, el estudio es una inversión, es decir, un sacrificio de rentas hoy a cambio de mayores rentas mañana. De acuerdo con esta visión, el estudiante ha de estar dispuesto incluso a endeudarse fuertemente, ya que, gracias a su formación universitaria, podrá devolver el crédito sin dificultades. En los Estados Unidos, donde estas doctrinas son dominantes y operativas, el endeudamiento de una buena parte de la juventud universitaria, durante sus estudios y después de terminarlos, alcanza, globalmente, cifras de gran magnitud y lastra durante muchos años el desarrollo personal y profesional de los licenciados (por ejemplo, los famosos emprendedores han de tener mucha más suerte, mucha más confianza en el futuro y mucha menos aversión al riesgo para iniciar un negocio si parten de una situación de endeudamiento personal).
Pero también es cierto que no solo los estudiantes, sino el conjunto de la sociedad se benefician de la formación universitaria. Esto está muy claro en el caso de profesiones como la medicina; en otros, los beneficios sociales pueden ser menos directos. En la práctica, no hay estudios concluyentes sobre cómo se reparten, entre el individuo y el conjunto de la sociedad, los beneficios de la educación universitaria ni de qué parte del beneficio individual se resarce la sociedad a través del sistema de impuestos. Por lo cual, la decisión sobre quién paga la universidad es una decisión política, condicionada por la historia y la cultura de cada país. En Europa, en el Reino Unido, salvo en Escocia, y en Irlanda, el estudiante paga un precio muy alto; en los países escandinavos y en Alemania, con excepciones, no paga nada; en Francia, muy poco. En pocos países europeos (tales como el Reino Unido, Irlanda y Holanda) el estudiante pagaba más que en España, ya antes de la última subida [2]. Y, además, las becas y los servicios universitarios (residencias, comedores, etc.) en España se encuentran en los puestos inferiores del rango. Es decir, la mayoría de países europeos han optado por un sistema en el que predomina la subvención pública y en que el estudiante aporta, por la vía de los precios de matrícula solo una pequeña parte del presupuesto universitario o incluso absolutamente nada; es una opción que favorece el acceso a la universidad, una apuesta por elevar el nivel profesional y cultural del país.
Así pues, pese a la difundida creencia de que el estudiante universitario español pagaba poco, resulta que es uno de los que más pagaban por la matrícula y, más aún, uno de los que más caros le salían los estudios (por la endeblez del sistema de becas y de los servicios). Y, en esta situación, el decreto-ley 14/2012 supuso un salto cualitativo de consecuencias múltiples y, en algún caso, de gran importancia, como la posible diversificación de los precios según la calidad de las universidades.
Pero lo más importante es que esta política de precios quiebra un proceso de creciente, aunque todavía insuficiente, apertura del acceso a la universidad. No solo los altos precios, sino la incertidumbre de cómo van a evolucionar en el futuro, son disuasorios con una intensidad inversamente proporcional a los niveles de renta y de patrimonio. Desde ahora, les será mucho más difícil a las hijas y los hijos de la clase trabajadora tener estudios universitarios.
Hay que impedir nuevos aumentos y crear las condiciones para recuperar el terreno perdido.
NOTAS: [1]Albert Corominas y Vera Sacristán “Una campaña pro mercantilización de la universidad pública?” http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1763
[2] http://www.observatoriuniversitari.org/
[3] María-José Guerra Palmero “Crisis y desmantelamiento de la universidad española” http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5058
[4] Vicenç Navarro “El ‘expolio’ social del que no se habla”
Albert Corominas es profesor de ingeniería de organización de la Universitat Politècnica de Catalunya.
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