EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO RAJOY NO ES BUENO PARA ESPAÑA

El presupuesto del Gobierno Rajoy no es bueno para España

Economia política, Europa, Neoliberalismo y Globalización, Política Catalana, Política Española

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 16 de abril de 2012

Este artículo analiza los supuestos erróneos que guían el diseño del presupuesto propuesto por el gobierno Rajoy, y que dañarán extensamente tanto la eficiencia de la economía española como la calidad de vida de las clases populares de España.
Juan Torres, entre muchos otros economistas, ha señalado las enormes contradicciones existentes entre las promesas hechas por el Partido Popular, claramente descritas en su programa electoral y en los discursos del candidato Rajoy durante la campaña electoral, y las políticas llevadas a cabo por tal partido una vez en el gobierno. Tales contradicciones no pueden atribuirse a un error de cálculo, sino a una estrategia bien definida de realizar lo que estaban ya preparados para imponer a la ciudadanía española, ocultándolo con promesas que se han convertido en enormes falsedades. Nunca antes durante el periodo democrático, un gobierno había roto con mayor cinismo (y no hay otra manera de definirlo) las promesas realizadas durante la campaña electoral.

Este comportamiento ha alcanzado cotas hasta ahora desconocidas en la vida política de España durante el periodo democrático. La supeditación de la vida pública del país para satisfacer las necesidades partidistas del partido gobernante, ha llegado a niveles desproporcionados, que ha tenido un impacto opuesto al deseado. Retrasar, por ejemplo, la presentación del presupuesto para el día después de las elecciones andaluzas y asturianas, con el fin de ocultar las políticas sumamente impopulares, subestimó dramáticamente la inteligencia de la población española, y muy en especial de las clases populares, hecho que, aún siendo generalizado entre las élites políticas y mediáticas del país, alcanzó niveles democráticamente intolerables para un gobierno. Este retraso en facilitar la información tuvo predeciblemente el impacto opuesto al deseado por el manipulador gobierno Rajoy. La población andaluza y la asturiana se alarmaron al querer ocultárseles el presupuesto, pues muchos concluyeron que sería un presupuesto malo para sus intereses y eso afectó al comportamiento electoral de manera opuesta al deseado.



Tal retraso afectó también muy negativamente a la imagen del gobierno, perdiendo credibilidad internacional, causa, en gran parte, de que la prima de riesgo se disparara ocasionando un problema grave en el pago de la deuda pública española. Este periodo de silencio intentaba compensarlo Rajoy con declaraciones (que suponía, erróneamente, que podrían mantenerse confidenciales) a las élites de la Comisión Europea y del BCE, en las que afirmaba que el programa de reformas sería muy “agresivo” (término utilizado por el Ministro de Economía, el Sr. Luis de Guindos) en contra de los trabajadores, y que le “costaría una huelga general” (como indicó el presidente Rajoy). Estas declaraciones querían tranquilizar a sus superiores, diciéndoles que tuvieran confianza en él, que sería duro con las clases populares. Era el caso extremo de lo que Noam Chomsky llama la guerra de clases unilateral que se convirtió en bilateral a partir de la huelga general (ver su prólogo en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, de Navarro V., Torres, J. y Garzón A.). El gobierno Rajoy es, sin duda, el más agresivo contra la España Social que haya existido en el periodo democrático y sus propuestas presupuestarias tendrán un impacto enormemente negativo para la gran mayoría de la población española.


Veamos los datos. El mensaje que el presupuesto del gobierno transmite es que el gobierno Rajoy quiere dar la imagen de que el mayor problema que tiene España es el elevado déficit público, y que para resolverlo hay que recortar dramáticamente el gasto público, incluyendo el gasto público social (que ya es el más bajo de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de la UE con un nivel de desarrollo económico semejante al de España). Estos recortes, además de desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso componentes del gasto esenciales tanto para estimular la economía como para resolver el enorme problema del desempleo, que es el mayor problema económico y social que tiene España. Recortar el gasto en infraestructura, I+D y educación, junto con el gasto en formación profesional, es suicida. Y empleo este término con todo rigor, pues tales medidas empeorarán dramáticamente las posibilidades de que la economía se recupere y con ello baje el déficit. La experiencia griega es el caso más claro del error de tales políticas. También muestra una enorme insensibilidad social, recortando gastos en sectores esenciales de ayuda a las familias españolas, como la sanidad y los servicios de dependencia, sobrecargando con ello a las familias (y en España, decir familia quiere decir mujer). Son unos presupuestos antisociales, anti-familias y anti-mujer. Sus medidas antisociales contribuirán al desempleo, pues destruyen empleo en los escasamente desarrollados servicios públicos del Estado del Bienestar (España tiene el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar más bajo de la UE-15). Es un presupuesto hostil al subdesarrollado Estado del Bienestar español, forzando a las Comunidades Autónomas (que gestionan la mayoría de los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar) a unos recortes que no podrán absorber.


Pero la mayor incoherencia del presupuesto aparece en el capítulo de ingresos. Es bien conocido que hay tres maneras de reducir el déficit público. Una es estimulando la economía, creciendo económicamente, lo cual este presupuesto no conseguirá. Antes al contrario, este presupuesto aumentará más la recesión. La otra manera es reduciendo el gasto público, que es la vía escogida por este gobierno, medida que será contraproducente, pues al eliminar elementos estimuladores de la economía (consecuencia de la manera indiscriminada en que se han hecho tales recortes), la reducción del déficit será muy limitada (sin excluir su empeoramiento), como muestra claramente el caso griego. Y la tercera manera es aumentando los ingresos al Estado mediante aumento de los impuestos. Pues bien, en contra de lo que se ha publicado, este presupuesto recorta los impuestos en lugar de aumentarlos. Veamos. Las medidas impositivas del gobierno Rajoy se dividen en medidas estructurales, es decir, medidas que durarán muchos años, y medidas coyunturales, es decir, sólo por un par de años o poco más. Ni que decir tiene que las intervenciones más importantes para definir el déficit estructural son las intervenciones estructurales, no las coyunturales. Pues bien, el gobierno Rajoy ha disminuido los impuestos para las rentas superiores y medias, desgravando la compra de la vivienda, y ha bajado las deducciones fiscales por gastos financieros que favorece a las rentas superiores. Querer reducir el déficit estructural y a la vez bajar los impuestos estructurales es una contradicción y un enorme error.


La subida de impuestos del IRPF (que grava sobre todo a las rentas del trabajo) acentúa todavía más la dependencia de los ingresos del Estado de las rentas derivadas del trabajo, con el agravante de que el nivel formal de gravación para las rentas superiores es ficticio, resultado del impacto regresivo de las múltiples deducciones y artimañas legales que quedan permanentes. Y lo que alcanza niveles escandalosos es la política de corrección del fraude fiscal, pues favorece su permanencia y extensión, penalizando a los que no defraudaron a Hacienda y exigiendo tributaciones a los que defraudan muy por debajo de las exigidas al tributante promedio.


Es más, la mayoría del fraude fiscal (72%) en España, según los técnicos de Hacienda, procede de las grandes familias, así como de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y de la banca. A partir de estas medidas de “supuesta corrección del fraude fiscal”, tales grupos serán favorecidos para pagar menos impuestos de lo que pagan la mayoría de contribuyentes al fisco.


La evidencia acumulada es que el presupuesto del gobierno Rajoy es un medio para conseguir los objetivos políticos deseados, que consisten en debilitar al Estado del Bienestar y diluir la protección social. Los objetivos fiscales –la reducción del déficit- son imposibles de alcanzar con este presupuesto, pues la única manera de reducirlo es creciendo económicamente y creando empleo, incluso a base de hacer inversiones destinadas explícitamente a crear empleo, lo cual ni siquiera se considera en este presupuesto.


Una última observación. Soy consciente de que algunos lectores pueden considerar exagerada mi definición del presupuesto Rajoy como el más antisocial que haya existido en España durante la democracia. Invito a tales lectores a que miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en su análisis “El disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy intenta reducir el déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos recortes, el gobierno central sólo contribuye en la mitad. La otra mitad la tienen que realizar las CCAA (que como he indicado, son las que gestionan los servicios y gran parte de las transferencias del Estado del Bienestar), cuyo gasto es mayoritariamente social (un 60%). Sus exigencias a las CCAA sólo pueden atenderse con recortes sustanciales de tal gasto que, sin ninguna duda, originarán el debilitamiento del sector público, con el enriquecimiento del sector privado, y muy en particular de los bancos y de las compañías de seguros que han deseado el desmantelamiento del Estado del Bienestar desde años. Lo dijo con toda claridad el Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Mario Draghi, en una entrevista al Wall Street Journal (24.02.12) cuando indicó que el Estado del Bienestar europeo no era viable. Y puso como condición para comprar deuda pública española que se privatizara el Estado del Bienestar, lo cual el gobierno Rajoy está haciendo a pies juntillas. Así de claro.



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CONTRA LOS PRESUPUESTOS DE LA INJUSTICIA

Contra los presupuestos de la injusticia....

CONTRA LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO, MÁS JUSTICIA Y NUEVAS FORMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar el Gobierno del Partido Popular han sido calificados por el Ministro de Asuntos Exteriores como “de guerra”, aunque se le olvidó señalar que son, efectivamente, de guerra pero contra las clases trabajadoras, contra los pensionistas y jóvenes, contra la inmensa mayoría de las familias, contra las pequeñas y medianas empresas que crean empleo, contra los trabajadores autónomos y contra la propia economía española en su conjunto, que una vez más queda sometida a los intereses de los grandes poderes empresariales y financieros.

Se trata de unos Presupuestos que recortan los gastos destinados a financiar el bienestar social y también los que necesitan las empresas y los trabajadores para generar actividad económica y empleo, de manera que con toda seguridad van a llevar a la economía española a una recesión aún más fuerte y a una pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

El Gobierno los justifica como necesarios afirmando que con ellos se podrá saldar en mejores condiciones el déficit público y de esa manera recobrar la senda de crecimiento económico pero lo cierto es que esto último será imposible con los recortes de gasto que contemplan y que las previsiones de ingresos que plantea van a ser insuficientes para generar recursos suficientes que alivien la carga de la deuda.

Los Presupuestos conllevan recortes de gasto brutales en partidas esenciales no solo para el bienestar sino para que la economía funcione. Sin necesidad de reproducir aquí el análisis exhaustivo que han hecho diversos analistas y organizaciones sociales y políticas, podemos simplemente señalar que se reducen casi al completo partidas como las de las políticas activas de empleo, los servicios de dependencia o los planes de creación de escuelas infantiles y que otras tan decisivas para nuestra economía y sociedad como las de impulso de la investigación, la educación, la salud, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, o la lucha contra la violencia de género sufren recortes de incluso más del 30% en algunos casos, que van a hacer prácticamente imposible que se puedan mantener los niveles esenciales de provisión de esos servicios.


El Gobierno ha renunciando de nuevo, como ya sucedió con el anterior del Partido Socialista, a llevar a cabo una reforma fiscal que mejor el sistema impositivo en la línea de la equidad y la eficiencia recaudatoria, a pesar de que nuestro nivel de ingresos fiscales en relación con el PIB está muy por debajo de la media de las naciones de nuestro entorno a las que dicen que hemos de parecernos. En cuanto a política impositiva, además del aumento en el IRPF que aprobó en diciembre pasado y que en un 75% recaerá sobre las rentas del trabajo, el Gobierno prácticamente se ha limitado a realizar algunas modificaciones de segundo orden en el Impuesto de Sociedades que de ninguna manera evitan su problema principal: ser un gravamen que recae principalmente sobre las pequeñas y medianas empresas que crean empleo mientras que las grandes se benefician de deducciones que les permiten tener una carga mucho menor. Y, sobre todo, ha aprobado una vergonzosa regularización que es en realidad una amnistía fiscal para los defraudadores que no solo viola los principios más elementales de la igualdad de trato y de la justicia sino que, para colmo, ni siquiera va a suponer un incremento efectivo de la recaudación.

Además, las previsiones del Gobierno están claramente sobrevaloradas, de modo que se puede afirmar que con toda seguridad no se van a cumplir las estimaciones de ingresos previstas, precisamente porque las medidas de recorte del gasto van a producir una caída del PIB y, por tanto, una disminución de la recaudación mucho mayor de la estimada.
El hecho evidente de que ni siquiera sean unos Presupuestos que vayan a poder conseguir mejores condiciones para reducir el déficit, porque a la postre y a medio y largo plazo van a a hundir a la economía española en la depresión, nos lleva a denunciar lo que verdaderamente representan: la cesión vergonzosa de un gobierno ante la gran patronal y los poderes financieros que simplemente desean disponer de nuevos negocios privados donde antes había provisión de servicios públicos y, además, dejar aún más de contribuir a las finanzas públicas.

La prueba evidente de que estos Presupuestos no responden a un análisis serio de lo que necesita la economía española sino a la cobarde sumisión del gobierno ante los grandes poderes económicos es que una semana después de haberlos presentado y de manera improvisada se anunció un hachazo adicional de 10.000 millones de euros al gasto en sanidad y educación.

La promotora Estatal de las Mesas de Convergencia y Acción denuncian una vez más y ahora con motivo de la presentación de los Presupuestos las mentiras reiteradas que se lanzan a la población para ocultar los motivos reales de las políticas que se vienen llevando a cabo. No es verdad que se orienten a salir de la crisis sino a utilizarla como excusa para satisfacer aún más los intereses de los grupos oligárquicos que han adquirido un poder político decisivo y que están utilizando al Gobierno no solo para aplicar estas medidas de política económica tan lesivas para la inmensa mayoría de la sociedad sino para acabar lo más rápidamente posible con los ya de por sí escasos resortes democráticos existentes para canalizar la protesta y la rebeldía social.

Precisamente por ello llamamos a rechazar con urgencia estas medidas y concretamente los Presupuestos Generales del Estado. Reclamamos la voz de todas las personas “de abajo” de nuestra sociedad para generar una oleada de convergencia y acción en las calles, en los puestos de trabajo, en los centros de enseñanza, en los barrios y en todas las instituciones en donde puedan oírse para manifestar el rechazo a la injusticia y la inutilidad que suponen estos Presupuestos. Y también para difundir entre la ciudadanía las alternativas existentes: la reforma fiscal que haga pagar a las grandes empresas y patrimonios, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, el repudio de la deuda ilegítima, la nacionalización de la banca que garantice la financiación de la actividad empresarial y la creación de empleo, la actuación del Banco Central Europeo como un auténtico banco central que nos evite ser esclavos de los mercados, la inmediata puesta en marcha de programas de estímulo de la actividad económica basados en la promoción del desarrollo sostenible y en el equilibrio con la naturaleza, o la promoción de nuevos tipos de actividades y fórmulas empresariales que signifiquen un auténtico cambio en nuestro modelo productivo, entre otras.

Comunicado de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción Abril de 2012



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PARO: TRESCIENTAS MIL PUÑALADAS MÁS

Paro: trescientas mil puñaladas más


nuevatribuna.es | Pedro L. Angosto |

Actualizado 10 Marzo 2012.

Entre enero y febrero trescientas mil personas han engrosado las filas del paro y de la exclusión social. Trescientas mil puñaladas en el cuerpo de este país que parece haber nacido para que todos los desaprensivos aniden en él; trescientas mil puñaladas en el corazón de cualquier persona decente, de cualquier persona que se tenga por tal. Porque aunque no se lo crean, todavía quedan aquí personas decentes y perspicaces, personas que no se explican que han hecho los ricos con los inmensos beneficios especulativos obtenidos durante años, que no entienden por qué no guardaron una parte de ellos en fondos de reserva para tiempos peores, que no saben por qué empresas con beneficios y ayudas públicas anuncian cierres y despidos, que no comprenden como se consiente que se aprovechen del huracán por ellos aventado para limpiar la casa de “indeseables”, es decir, trabajadores silentes que no han hecho otra cosa que dejarse los riñones para llevar unos euros a sus hogares y acrecer exponencialmente las ganancias de sus patrones.



Hablan de esta tragedia tertulianos, economistas, empresarios, sabelotodo y gente que pasaba por allí. Algunos hacen notar lo duro que tiene que ser la nueva situación para esos ejecutivos y empleados de alto rango que llevaban años ganando cantidades impronunciables, del contraste de su escenografía vital: A mí esos tipos me dan exactamente igual, que hubiesen ahorrado cuando pudieron, que no se hubiesen metido en gastos inasumibles, que no hubiesen sido tan estúpidos, tan soberbios, tan ridículos, que se hubiesen mantenido fieles a la clase a la que pertenecían, que no era otra que la de los asalariados. Pero hasta tal punto me es indiferente su situación, que me gustaría ver a muchos de ellos no sólo en el paro, sino en ese lugar donde se entra a la fuerza, por un mandato judicial, y se sale también a la fuerza, cuanto te echan una vez pagada, siquiera parcialmente, la deuda contraída con la sociedad, porque muchos de ellos llevan décadas ingresando nóminas que servirían para que cien familias llevasen una vida holgada, porque, incapaces de toda idea generosa, no han dejado de hablar de excelencia y eficacia, porque cuando las cosas han venido un poco torcidas, las únicas recetas que han sabido utilizar han sido las del despido, la regulación de empleo o las jubilaciones anticipadas con cargo al Estado: Para ese viaje no hacían falta alforjas ni de Harvard ni del barrio de al lado.

Hablan otros, como Fernando Fernández, rector que ha sido de varias universidades privadas, colaborador de Abc y Tele-Cinco, asesor del grupo Vocento, excomentarista de la SER en representación de los círculos más próximos al neoconservadurismo, con todo el cinismo del mundo, de la necesidad de avanzar en la desregularización del mercado laboral porque el paro se está cebando mucho más en quienes tienen, o tenían, un empleo fijo que en quienes viven en precario, que en los emigrantes: Por supuesto, Sr. Fernández, Sr. Wert, Sr. Botín, Sr. Rato, Sr. De Guindos, Sr. Gallardón, Sr. Montoro, quienes tienen una situación laboral en extremo precaria sólo pueden empeorar un poquito más, quienes tienen empleos basura y carecen de la mínima cobertura sindical, no tienen más remedio que trabajar en lo que sea a cambio del salario que decida ese personaje al que ustedes llaman, eufemísticamente, empleador. Su receta, extraída del libro sin letras de la explotación pura y dura, es tan clara como sencilla, tan diáfana como salvaje: Dejen a los “empleadores” hacer su trabajo, no pongan límite a la jornada laboral, hagan el despido más libre de lo que ya es –si eso es posible-, supriman las cuotas de la seguridad social, incentiven a los “empleados” para que contraten con un banco o una aseguradora su salud y su jubilación –si pasa algo, ya vendrá el Estado, o sea todos, a proveer fondos-, bajen los impuestos directos proporcionales y progresivos y, lo antes posible, suprímanlos. Dejen ustedes, sin remilgos de ningún tipo, que regresemos a la Inglaterra de Dickens, a la Rusia de las almas muertas, a la Europa de los siervos de la gleba, del derecho de pernada, del vasallaje, el diezmo, los portazgos, las tercias y las alcabalas, sólo así, pero nada más que así, será posible salir de la crisis que nosotros –que somos unos grandísimos cabrones, justo es reconocerlo-, con nuestras recomendaciones y acciones, hemos provocado.

Sin embargo, las recetas del Sr. Fernández y compinches, como la de tantos otros que no es preciso enumerar, debieran ser aplicadas, en primer y único lugar, a ellos mismos, a sus hijos, a sus padres, a sus primos, a su tía Antonia, esa que de niños les hacía unas deliciosas natillas, y a sus amigos selenitas, para que –sin la protección que da el privilegio- supieran en carne propia del escozor, la desazón, del amargor tan profundo que provocan, de sus efectos secundarios, colaterales y directos. Tal vez un baño en la realidad les haría, al menos, callarse para siempre.

Durante los últimos quince años, se produjo en España la mayor acumulación de capitales de la historia, los bancos batieron todas las marcas de beneficios conocidas, al igual que las eléctricas, las telefónicas, las petroleras, las constructoras, la atuomovilísticas, las gasistas: Insaciables, querían más, mucho más, lo querían todo. Empero, durante el mismo periodo de tiempo, pese a los fuegos fatuos, aumentaron las desigualdades sociales, las diferencias entre ricos y pobres, la huida del dinero hacia los paraísos fiscales. Fueron José María Aznar y Rodrigo Rato quienes por estos lares llevaron al paroxismo la economía especulativa, haciendo leyes que permitían construir en cualquier lugar del país, incitando a la gente a hacerse millonaria en la ruleta de la bolsa, permitiendo que se cerraran miles y miles de pequeñas y medianas empresas para que sus dueños se dedicasen al gran negocio del siglo: Comprar duros a cuatro pesetas y venderlos por cien. De modo que el tejido industrial español quedó desmantelado, la perspectiva del negocio rápido y cuantioso hizo despreciar el valor del trabajo y el beneficio justo, llevándonos a la situación en que en la actualidad nos encontramos.

Ahora, nos quedan las multinacionales, esas que vinieron cuando éramos pobres al calor de los salarios miserables, esas que chantajean constantemente al Estado amenazando con la deslocalización; nos quedan los especuladores con el dinero retirado del flujo financiero y a buen recaudo; nos quedan los canallas que despiden obreros aun teniendo beneficios sustanciosos y nos quedan, como no, los bancos, esos que declaran beneficios multimillonarios en plena crisis, esos que reciben montañas de euros del Estado para que agilicen los créditos a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, esos que no sueltan una peseta porque, pese a su aparente salud, también están infectados por el virus que vino de Norteamérica y por la vorágine especuladora nacional, esos qué, deslumbrados, concedieron créditos a quien no podría devolverlos, no por altruismo, sino porque sus magníficamente pagados ejecutivos les habían dicho que los inmuebles seguirían aumentando de valor eternamente y, por tanto, multiplicarían su inversión crediticia.

Pues bien, que nadie se olvide, esto es el capitalismo, así funciona la economía libre de mercado cuando el Estado es un convidado de piedra, cuando los trabajadores piensan del mismo modo que los “empleadores”. El capitalismo es un sistema cruel, enormemente cruel, para él no existen las personas, existen los productores, los generadores de plusvalías, los números, nada le importan los seres humanos, ni los blancos, ni los negros ni los que no tienen color, para ellos el hombre está al servicio de la economía, es decir a su servicio, nunca, en ningún caso, la economía al servicio del hombre. Por eso, cuando los bancos –y hablo de un sistema en el que no creo, que ansío cambiar por otro más justo- no cumplen con la función que les justifica dentro del propio sistema, cuando se han llenado los bolsillos de oro y los pies de mierda, salpicándonos a todos, se deben dar los pasos necesarios para que la cumplan, incluida su nacionalización; cuando una empresa con beneficios despide obreros o se traslada a otro lugar donde el “margen de explotación” es mayor, debe ser sancionada por el Gobierno y castigada por los ciudadanos con el boicot a sus productos.

Nadie puede afirmar con seriedad que haya existido en el mundo otro sistema económico distinto al capitalista. Ha existido el modo de producción esclavista, el feudal, el industrial, el financiero-especulativo, el capitalismo de Estado, ahora nos quieren llevar de nuevo al primero de ellos, al esclavista. Nadie puede permanecer ajeno al fondo de la cuestión, a lo que fluye por las aguas subálveas de la crisis, que no es otra cosa que otra vuelta de tuerca al garrote que atenaza nuestros cuellos individualistas: Las trescientas mil puñaladas de estos dos meses, no son más que una muestra de cómo las gasta un sistema que ha sabido sobrevivir a todos los cambios por su crueldad infinita y por la indolencia complaciente de quienes lo sufrimos, por nuestra pereza incomprensible y masoquista. Ha llegado la hora de mandar parar.



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LA IMPORTANCIA DE MOVILIZARSE EN CONTRA DE LAS MEDIDAS NEOLIBERALES

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Economia política, Europa, Neoliberalismo y Globalización, Política Catalana, Política Española

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 17 de febrero de 2012

Este artículo señala que las reducciones de los salarios y de la protección social que están realizando los gobiernos conservadores en España bajo el mandato del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, están respondiendo a los intereses del capital financiero y de la gran patronal que está utilizando la crisis para poder conseguir lo que han siempre deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo. Tales medidas empeorarán la situación económica de una manera muy notable, no descartando la posibilidad de generar una Gran Depresión. Se exigen unas movilizaciones, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, tanto a nivel sindical como político, para responder a esta guerra de clases unilateral.
Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.


El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.


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DE LA NOBLEZA BATURRA A LA OLIGARQUÍA NEOCON

De la nobleza baturra a la oligarquía neocon


Pedro L. Angosto
Rebelión




Es sabido de todos que la mayoría de los títulos nobiliarios europeos provienen del uso de la fuerza por parte de los más desaprensivos contra aquellos que no concebían el asesinato dentro de sus parámetros de conducta ni de sus métodos de ascenso social. Partiendo del ejemplo más cercano, pero que en buena medida es aplicable a todos los países del “viejo continente”, la mayoría de los aristócratas peninsulares lograron tal condición matando campesinos que no podían pagar los impuestos por ellos determinados, matando moros por razones económicas, políticas y religiosas, judíos, indios, negros, holandeses, protestantes o cualquier cosa que se moviera y no llevase el sello de los monarcas más católicos que en el mundo han sido. Eso, antes y después de la unión de reinos que tuvo lugar tras el matrimonio de Isabel y Fernando el espíritu impera.

La mal llamada reconquista, que no fue otra cosa que una sucesión secular de guerras y paces entre los hombres más poderosos de la Península para ampliar su poder sin hacer asco a ningún tipo de alianzas de conveniencia, sirvió para seleccionar a los señores de la guerra, quienes agradecidos a sus vasallos más fieles, encontraron en la concesión de títulos nobiliarios una fórmula para fidelizar apoyos. En el siglo XIV, cuando las monarquías portuguesa, castellana y aragonesa comenzaron a tomar cuerpo al calor de la consolidación de sus conquistas, tal concesión se fue haciendo más selectiva recayendo en muchas ocasiones en miembros de la propia familia real, hijos, hermanos, sobrinos y amigos supuestamente libres de toda sospecha. Así fueron surgiendo los condados de Ribagorza, Ampurias, Prades, Urgel, Girona, Cervera, Denia, Trastámara, Alburquerque, Vizcaya, Benavente, Niebla, Carrión o Medinaceli. Era el primer paso hacia la monarquía absoluta en la que todo el poder residiría en un solo hombre apoyado en sus fieles servidores y en la protección de Dios Todopoderoso. Reyes, nobles y monjes armados establecieron un sistema impositivo tan injusto como cruel, pues todas las cargas recaían sobre quienes trabajaban, de tal modo que, gracias a la fuerza bruta, unos y otros fueron enriqueciéndose a través de los años gracias al dinero que los campesinos les entregaban por miedo, o al que les era incautado a sangre y fuego cuando se resistían o alegaban ruina.


Los guerreros de toda laya nunca se hartaban de matar y acumular riquezas en nombre de Dios, sin embargo, en las ciudades fue surgiendo una nueva clase social que intentaba escapar a la tiranía de los nobles y a los corsés que imponían a su actividad económica. Fue en las ciudades del norte de Italia y de los Países Bajos dónde apareció de forma incipiente una nueva clase social que fundaba su riqueza en la artesanía, el préstamo y el comercio. Se trataba de una clase mucho más dinámica y activa que pugnaba con la anterior por ocupar el vértice de la pirámide. Mientras que en España, los duques de Alba, la familia más noble del mundo a tenor de los títulos que detenta, apenas fue capaz de acumular otra cosa que miles de hectáreas de tierra, dinero y unas cuantas docenas de lienzos, en Italia, los Medici, los Pitti, los Visconti, los Strozzi, dedicados a la usura, al comercio de ventaja y a la explotación, construyeron fastuosos palacios que asombraron al mundo, reunieron colecciones de pintura que ridiculizan la de cualquier noble español y, a su modo, impulsaron el renacer de las artes y de otras formas de pensar y de vivir. No sería hasta la revolución francesa cuando esa burguesía urbana, enarbolando las banderas de la libertad y la igualdad, logró movilizar al pueblo, en su mayoría dedicado a labores agrícolas, para desplazar a los hombres del antiguo régimen y poner los cimientos del nuevo, en el que ellos, los burgueses, que no tardarían de unir sus fortunas a los blasones, diseñarían un nuevo modelo de Estado a su imagen y semejanza en el que la explotación, el privilegio y la ventaja estaban garantizados por el monopolio de la fuerza bruta.

El Estado burgués, con sus idas y venidas, no acabaría de consolidarse hasta bien avanzado el siglo XIX y no de forma uniforme en toda Europa. Se puede afirmar que el burgués supuso un avance respecto al régimen feudal pero en ningún caso que sirviese para superar las desigualdades ni los abusos de los más poderosos sobre quienes no lo eran. Empero, de sus entrañas salió la pequeña burguesía, una “subclase” social formada por profesionales, pequeños artesanos y comerciantes que además de ambición dineraria, tenía otras preocupaciones como la educación de los hijos, la lectura, el amor a la naturaleza o cierta preocupación por la justicia social. De ella surgieron los ideólogos de la emancipación de la clase trabajadora. Hijos de pequeño-burgueses fueron la mayoría de los socialistas utópicos, de los pensadores marxistas y anarquistas. Las luchas de los obreros por conseguir la mejora de sus condiciones laborales, por escapar a la explotación, acceder a la cultura y conseguir un mundo más justo para todos, cubren la historia del mundo occidental desde 1848 hasta 1973, y si no lograron todo lo que se propuiseron pese a la mucha sangre derramada en la batalla, no se puede negar que el mundo descrito por Charles Dickens no se parece en nada al que se organizó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial: Un obrero concienzudo de finales del XIX jamás pudo pensar en tener un salario medianamente digno, escuela y sanidad gratuitas, una pensión en caso de accidente o jubilación, vacaciones pagadas o una jornada laboral de cuarenta horas.

Tras las catástrofes de las dos guerras mundiales, en la última de las cuales se incluye la guerra civil española, todo parecía encarrilado. Vencida o apartada la nobleza baturra, la burguesía codiciosa e insaciable vio asomar las orejas del lobo soviético y pareció comprender que la única manera de evitar la expansión del comunismo era acceder a las peticiones de los trabajadores de sus países con la intención de crear una amplia clase media que se apartase de las veleidades revolucionarias anticapitalistas: Un sistema que accede paulatinamente a todas nuestras demandas y que nos permite vivir mejor no es tan malo como lo que había antes y además es susceptible de ser mejorado. Con el tiempo, esas clases medias fueron acomodándose, es decir dejaron de saber en qué lado de la barricada estaban, incluso pensaron que ya no había barricadas, perdieron el espíritu crítico y de su interior dejó de salir cualquier idea progresiva diferente a la de su interés personal o familiar. Fue ese el caldo de cultivo, en el contexto de la crisis del petróleo de 1973, que marca el nacimiento de una nueva era que llega a su cenit con la caída del imperio soviético, hecho que propició la vuelta al poder absoluto de alta burguesía, una clase en la que se amalgamaba la vieja nobleza baturra con los descendientes de los primeros burgueses y los defensores a ultranza del neoliberalismo, una clase que muchos creyeron desaparecida dadas las conquistas obtenidas por los trabajadores pero que estaba al acecho, durmiente, esperando la ocasión para recuperar el tiempo perdido, cancelando todos aquellos logros sociales que le fueron arrancados a la fuerza por “desarrapados” que nunca tuvieron la delicadeza de respetar las normas sacro-santas en inmarcesibles que rigen el libre mercado y ordena le ley de Dios.

Hoy, quien parece dormida es la difuminada clase trabajadora. Dividida en cien mil castas, en tantas como individuos hay, temerosa de perder lo que ya ha perdido, incapaz de cualquier gesto solidario masivo, de dar una respuesta contundente a quienes han apretado el acelerador de la explotación y no están dispuestos a soltar la presa de sus fauces, los trabajadores de todas las clases yacen narcotizados por una droga de efectos destructores: El individualismo soberbio, inculto y cretino. No se pueden esperar muchas cosas, mas no estén tan seguros quienes ahora cantan de nuevo victoria al contemplar que en el campo de batalla no hay enemigo alguno: Quizá, en su codicia enfermiza y destructora, no se hayan parado a pensar cuantas patadas en el hocico aguanta un perro, quizá esos cabrones que disponen las leyes del abuso y la injusticia no sospechen que del abuso y la injusticia nacen las revoluciones que dan la vuelta a la sartén. Es cuestión de tiempo, puede que de poco tiempo: No hay dinero ni armas suficientes para detener a un pueblo oprimido que despierta del letargo y, al contemplarse y contemplar a los que le rodean, decide asaltar los palacios de invierno, y de verano.
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SALARIO MÍNIMO, SALARIO MÁXIMO

Salario mínimo, salario máximo

VICENÇ NAVARRO

Como consecuencia del desarrollo de las políticas públicas liberales realizadas desde comienzos de la década de los años ochenta (iniciadas por los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña y por el presidente Ronald Reagan en EEUU, y extendidas más tarde a la mayoría de países de la OCDE) hemos visto una espectacular concentración de las rentas en los sectores más pudientes de cada sociedad, produciéndose una enorme polarización entre los ricos y todos los demás. Así, en EEUU, en el año 1974, el 1% más rico de la población (que ingresaba como promedio 380.000 dólares al año), pasó a ingresar 1,4 millones de dólares en el año 2007 (después de descontar la inflación). Para el 90% de la población, el crecimiento de la renta individual, sin embargo, fue minúsculo. La diferencia entre lo que ingresaba en 1974 y en 2007 fue sólo de 47 dólares al año. Es más, mientras la renta del 1% de la población (top income) era 12 veces el promedio del 90% de la población en 1974, en 2007 pasó a ser 42 veces mayor (datos del informe “Reversing The Great Tax Shift” del Institute for Policy Studies, abril de 2009). Este 1% de la población que goza de mayor renta son los miembros de lo que en EEUU se llama la Corporate Class, término que se utiliza en lugar de la expresión más europea de “burguesía”. Pero lo que es todavía más llamativo es que el 10% con mayores ingresos de este 1% (es decir, los super ricos) han visto crecer sus ingresos a niveles astronómicos, llegando a ser sus rentas 500 veces superiores al promedio de renta del 90% de la población.

Una causa que ha contribuido a esta situación han sido las políticas fiscales llevadas a cabo en la mayoría de aquellos países. La enorme disminución de la progresividad fiscal, que ha beneficiado principalmente a las rentas superiores, ha sido uno de los factores que han facilitado más tal concentración de las rentas. El presidente Obama está intentando subir la tasa de impuestos de los más ricos, recuperando el 39,6% que tenían antes de que Bush lo bajara. Pero, aun cuando consiguiera que el Congreso aprobara este aumento, hay que darse cuenta de que este porcentaje es la mitad (sí, repito, la mitad) de lo que tales ricos pagaban durante la Administración Eisenhower en los años cincuenta.


Esta situación ha creado un gran malestar entre la población, que considera en su mayoría que las desigualdades sociales hoy son excesivas (alrededor de un 72% de los ciudadanos de los países de la OCDE). Porcentajes semejantes de la población añaden que tales desigualdades no están basadas en el mérito. La mayoría de las poblaciones de tales países no cree que nuestras sociedades sean meritocráticas. Consideran que los ricos consiguen su opulencia (en parte heredada) a base de contactos políticos y sociales que facilitan la acumulación de sus rentas y bienes. De ahí que consideren injustas tales desigualdades. Como consecuencia de esta percepción, han aparecido en muchos países movimientos de protesta en contra de los ricos y de la ostentación de la riqueza. En un editorial, el Financial Times aconsejaba a los banqueros dejarse la corbata y el traje a rayas en casa, medidas que sugería para su protección (02-06-09).

Estos movimientos están teniendo un impacto. Así, el Congreso de EEUU está explorando la posibilidad de que se apruebe una ley que prohíba al Gobierno federal establecer contratos o conciertos con empresas cuyos directivos ingresen más de 100 veces el salario promedio de los trabajadores de la empresa. La mayoría de los directivos de la industria militar cobran salarios muy superiores a esta cifra. Así, el presidente de la Lookheed Martin, una empresa militar cuyo cliente más importante es el Departamento de Defensa de EEUU, cobra 26,5 millones de dólares, que es 700 veces más que el salario de un trabajador de tal empresa.

Es poco probable que la mayoría del Congreso apruebe esta Ley. Pero la enorme simpatía hacia tal propuesta entre la población estadounidense (un 78% la aprobaría) tiene preocupados a los ricos del país. Los sindicatos estadounidenses están pidiendo que el límite de las rentas superiores sea incluso menor: los dirigentes de una empresa no debieran ingresar más de 25 veces lo que ingresa el promedio de los trabajadores de la misma empresa, principio que proponen sea aplicable a todas las empresas, y no sólo a las concertadas con el Estado.

En Gran Bretaña, el secretario general de los sindicatos británicos, Brendan Barber, ha pedido al Gobierno que establezca una comisión del Parlamento que estudie las causas de esta exuberante polarización de las rentas y establezca un máximo de ingresos para cualquier persona en Gran Bretaña. Y lo mismo está ocurriendo en otros países (excepto España, donde la falta de diversidad ideológica en los medios de mayor difusión es muy acentuada), en los cuales se está planteando que, de la misma manera que hay un salario mínimo, debiera haber un salario máximo que evitara la enorme concentración basada en el poder económico y político que tal concentración determina. Uno de los argumentos para aprobar el salario máximo es, precisamente, enriquecer a la democracia, hoy sumamente limitada por el excesivo poder de los grupos y clases sociales con mayor renta. La evidencia existente muestra que los países donde hay más corrupción del poder político son aquellas sociedades con mayores desigualdades de renta. EEUU es un ejemplo de ello. Los miembros de la Corporate Class son los que principalmente financian las campañas electorales. Incluso en el caso del candidato Obama, las aportaciones del mundo empresarial y financiero supusieron la gran mayoría de los fondos utilizados en su campaña. Las aportaciones individuales –la mayoría, por cierto, provenientes del 30% de renta superior del país– significaron sólo un 26% de todas las aportaciones). Todo este poder económico quiere decir poder político. Y ahí está la necesidad de reducir el primero para democratizar al segundo.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

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¿QUIÉNES SON LOS MERCADOS?


dic 22¿Quiénes son los mercados?
Economia política, Estado del Bienestar, Europa, Neoliberalismo y Globalización, Política Catalana, Política Española Añada comentariosArtículo publicado en PÚBLICO por Vicenç Navarro. 22 de diciembre de 2011.

Este artículo critica el argumento ampliamente reproducido en los fórums políticos y mediáticos de mayor difusión del país que explican los recortes de derechos sociales y laborales como consecuencia de la presión de los mercados financieros. El artículo señala que no son los mercados financieros sino las alianzas establecidas tanto en España como en Europa entre las burguesías financieras y su complicidad con los estados. El artículo concluye que si los estados quisieran podrían controlar los mercados financieros y el que no lo hagan se debe a la excesiva influencia que aquellas burguesías financieras tienen sobre los estados.
Cuando el Gobierno Zapatero afirmaba que tenía que llevar a cabo las políticas de reducción de derechos laborales (como debilitar los convenios colectivos) y sociales (como alargar la edad de jubilación, congelar las pensiones o recortar el gasto público social) como consecuencia de la presión de los mercados financieros, estaba, en realidad, intentando externalizar la responsabilidad de desarrollar unas políticas altamente impopulares. Algo semejante ocurrirá ahora con el Gobierno Rajoy. En ambos casos, los ejecutivos nos dicen que no son ellos sino los de fuera, es decir, los mercados, los que mandan mientras que los gobiernos no tienen otra alternativa que desarrollar tales políticas.
Con la ayuda de los mayores medios de información y persuasión del país, los gobiernos intentan presentar tales políticas como determinadas por fuerzas exteriores sobre las cuales tienen poquísima capacidad de influencia. El gran argumento, que justifica tales políticas, es que son necesarias para “dar confianza a tales agentes externos: los mercados financieros”. En otras palabras, hay que reducir el déficit y la deuda pública, y hay que reducir los salarios y debilitar a los sindicatos a fin de calmar a los mercados para que estos presten su dinero al Estado español, permitiéndole con ello poder pagar sus gastos. El problema con este esquema político-intelectual es que cada uno de los postulados sobre los que se basa es erróneo, es decir, los datos empíricos no lo sustentan. Veámoslos.
En primer lugar, no son los mercados financieros, sino principalmente los bancos, las compañías de seguros y los fondos especulativos españoles (el eje de lo que se llamaba antes la burguesía financiera, término abandonado en el lenguaje político-mediático actual por considerarlo “anticuado”) los que poseen casi la mitad de la deuda pública española. La mayoría de la otra mitad la poseen bancos, compañías de seguros y fondos especulativos europeos, gran número de ellos relacionados con los mismos fondos españoles. Sólo una mínima parte la poseen entidades financieras extranjeras (es decir, de fuera de la Unión Europea).


Los “mercados financieros” son, pues, básicamente nuestras instituciones financieras (españolas y europeas). Utilizo el término “nuestras” para indicar su identificación político territorial, pues de nuestros –en el sentido de posesión por parte de la mayoría de la población– tienen poco. Están controlados por un número pequeñísimo de personas (los gerentes, gobernadores y accionistas), menos del 0,1% de la población, que se benefician enormemente de que el Estado español tenga que pagar hasta un 7% de interés para conseguir dinero prestado de los bancos a los cuales el Estado debe pagar, dinero que procede de los recortes de gasto público en pensiones, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, entre otros. Las clases populares de España, que son las más afectadas por estos recortes, tienen que apretarse el cinturón para que el Estado pueda pagar a nuestra burguesía financiera, a la cual, por cierto, nuestro Estado ha ido reduciendo sus impuestos y ayudándola, prestándoles millones y millones de euros para que no colapsaran el sistema financiero como resultado de sus prácticas especulativas (y muy en particular en el sector inmobiliario) al estallar la burbuja del ladrillo que ellos crearon.
Pero, por si no fuera poco, tal burguesía financiera, tanto española como europea, ha recibido una enorme cantidad de dinero del Banco Central Europeo (BCE), que es una institución pública (sus dirigentes son nombrados por los estados de la Eurozona, incluido el Gobierno español), que está en la práctica controlado por nuestras (españolas y europeas) instituciones financieras. El BCE imprime millones y millones de euros y los da (bueno, dar, dar, es un decir, aunque los intereses son ridículamente bajos) a los bancos, los cuales, con este dinero, especulan y compran deuda pública a unos intereses desorbitados.
El segundo supuesto erróneo es asumir que no hay otra alternativa a la dependencia que los estados tienen de la banca privada. Ello no es cierto. El Estado puede generar recursos a base de, por ejemplo, incrementar, en lugar de bajar, los impuestos a la banca, a las rentas del capital y a las rentas superiores. Y el BCE, en lugar de dar dinero a la banca, se lo podría dar a los estados para comprar su deuda pública a los mismos intereses que se los da a la banca. Pero no lo hace, con lo cual el Estado tiene que pedir prestado a la banca. Un círculo virtuoso para la banca y desastroso para los estados. Pero las cosas han empeorado todavía más porque cuando por fin el BCE ha comenzado a enviar dinero a los estados comprando su deuda pública, el BCE (que es el lobby de la banca) ha impuesto unas condiciones draconianas, que se resumen en un ataque frontal a las clases populares y a su Estado del bienestar.
No son, pues, los mercados financieros, sino nuestra burguesía financiera, aliada con la burguesía financiera europea, quien está controlando nuestras instituciones públicas, las mismas que nos dicen que no hay alternativas. Y para el máximo abuso, nuestros representantes políticos en su última reunión en Bruselas, quieren ahora asegurar a los bancos (para darles, incluso, más confianza) que estos nunca, repito, nunca, perderán dinero. Es decir, que los estados les deberán pagar siempre el dinero que supuestamente les deben. Y todo ello se presenta con el argumento de que no hay alternativas.
Pero sí que hay alternativas. Los estados pueden controlar a los bancos, en lugar de ser al revés, estableciendo, por ejemplo, bancos públicos. Y pueden cambiar al BCE poniéndolo al servicio de la población y de la economía productiva, y no al servicio de la banca. Que no lo hagan se debe, no al poder de los mercados, sino a la excesiva influencia política y mediática de nuestras burguesías financieras.


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LA OLIGARQUÍA FINANCIERA CONTRA LA DEMOCRACIA SOCIAL EUROPEA

La oligarquía financiera contra la democracia social europea
Michael Hudson · · · · ·

19/12/11





La mejor manera de entender la crisis financiera de Europa consiste en observar las distintas propuestas de soluciones. Éstas parecen el sueño de cualquier banquero, una bolsa de regalos que pocos votantes estarían dispuestos a aprobar en un referéndum democrático. Los estrategas bancarios han aprendido a no arriesgarse a someter sus planes a voto democrático, después de que los islandeses rechazaran dos veces en 2010-11 aprobar la capitulación de su gobierno a pagar al Reino Unido y a Holanda a causa de las pérdidas propiciadas por los bancos islandeses deficientemente regulados que operaban en el extranjero. A falta de tal referéndum, las manifestaciones masivas se convirtieron en la única forma que los votantes griegos encontraron para hacer constar su oposición a los 50.000 millones de euros en privatizaciones demandadas por el Banco Central Europeo (BCE) en agosto de 2011.



El problema radica en que Grecia no dispone de líquido para cancelar sus deudas y pagar los cargos por interés. El BCE exige que se vendan los activos públicos (la tierra, el agua y los sistemas de alcantarillado, los puertos y otros activos de dominio público), y también que se realicen recortes en las pensiones y en otros pagos a la población. Es comprensible que el “99% más pobre” esté furioso al ser informado de que el estrato más rico de la población es el gran responsable de los recortes de presupuesto por su ambición acumulativa (sólo en fondos atesorados en bancos suizos se han registrado 45.000 millones de euros). La sola idea de que un asalariado común tenga que financiar las pensiones para compensar las evasiones de impuestos de los ricos (y la ausencia general de impuestos a la riqueza desde el régimen de la junta de coroneles) enfurece comprensiblemente a la población. Que la “troika” del BCE, UE y FMI dicte que no importa cuánto acumulen roben o evadan los ricos, el pago ha de cubrirlo la población en conjunto, no es un posicionamiento político neutro.



Llevar a cabo una política de impuestos democrática restablecería un sistema progresista de impuestos sobre ingresos y propiedades y fomentaría su recaudación, estableciendo penas para los evasores. Desde el siglo XIX, los reformistas demócratas han buscado liberar las economías del derroche, la corrupción y los “ingresos por rentas”. Pero la “troika” del BCE está imponiendo un impuesto regresivo (que sólo puede imponerse cediendo las decisiones políticas del gobierno a un grupo de “tecnócratas” no electos).



Llamar a los gestores de una política tan anti-democrática “tecnócratas” parece un eufemismo cínico con aires científicos con el que designar a los grupos de presión financieros o a los burócratas, a quienes se considera que poseen una visión lo suficientemente estrecha para actuar como necios útiles en nombre de sus espónsores. Su ideología es la misma filosofía de austeridad que impuso el FMI a los deudores del Tercer Mundo desde los años sesenta hasta los ochenta. Reivindicaban la estabilización del balance de pagos mientras introducían mercados libres; estos directivos vendieron sectores de exportación e infraestructuras básicas a los acreedores de crédito nacional. El efecto fue conducir economías regidas por la austeridad a cotas mayores de deuda (de la que se beneficiarían los banqueros y sus oligarquías nacionales).



Ésta es la rutina la que se somete en estos momentos las democracias sociales de la Eurozona. Bajo el pretexto político de la emergencia financiera, los salarios y estándares de vida se pretenden reducir considerablemente y el poder político transvasarse de gobiernos electos a tecnócratas que gobernarán en nombre de grandes bancos e instituciones financieras. Se pretende también privatizar el trabajo en el sector público (y eliminar los sindicatos, mientras la seguridad social, los planes de pensiones y la sanidad pública sufren graves detrimentos).



Este es el guión básico que siguen los ladrones empresarios cuando saquean los planes de pensiones de las empresas para pagar a sus patrocinadores financieros con compra apalancada con financiación ajena. También es la manera en que se privatizó la economía de la antigua Unión Soviética tras 1991, poniendo los activos públicos en manos de cleptócratas, los cuales trabajaron con los banqueros de inversión de occidente para convertir a Rusia y a otros valores de bolsa las queridas de los mercados financieros internacionales. Los impuestos sobre la propiedad disminuyeron cuantiosamente al tiempo que los impuestos fijos se gravaron sobre los salarios (un acumulativo del 59 por ciento en Letonia). La industria fue desmantelada al tiempo que el derecho sobre la tierra y los minerales fue transferido a extranjeros, las economías conducidas a la deuda mientras los trabajadores cualificados y no cualificados se veían obligados a emigrar para encontrar trabajo.



Mientras hacían creer que estaban comprometidos con la estabilidad de los precios y los mercados libres, los banqueros inflaron la burbuja inmobiliaria con créditos. Los ingresos por alquileres fueron capitalizados en préstamos bancarios y rentabilizados con intereses. Esto resultó enormemente beneficioso para los banqueros, pero dejó a los Balcanes y gran parte de Europa Central con una grandísima deuda y un capital social con números negativos en el 2008. Los neoliberales aplaudieron la caída vertiginosa de sus niveles salariales y la mengua de de su PIB como si de la historia de un éxito se tratase, puesto que estos países traspasaron la carga de los impuestos al empleo en vez de a la propiedad o las finanzas. Los gobiernos rescataron a los bancos a expensas del contribuidor.



Es un axioma que la solución a cualquier problema social serio tiende a crear problemas incluso mayores (¡no siempre intencionados!). Vista desde el posicionamiento estratégico del sector financiero, la “solución” a la crisis de la Eurozona consiste en revertir los objetivos de la Era Progresista de hace un siglo (lo que John Maynard Keynes generosamente acuñó como “eutanasia del rentista” en 1936). La idea era subordinar el sistema bancario al servicio de la economía y no al revés. En vez de ello, las finanzas se han convertido en la nueva forma bélica (menos ostensiblemente sangrienta, pero con los mismos objetivos que las invasiones vikingas hace miles de años y que las subsiguientes conquistas coloniales de Europa: apropiación de las tierras y sus recursos naturales, infraestructuras y cualquier otro activo que pueda proporcionar una vía de ingresos. Había que capitalizar y apreciar tales valores, por ejemplo, los que Guillermo I de Inglaterra recogió en su libro Domesday tras 1066, un modelo actual de cálculos al estilo BCE y FMI.



Esta apropiación del superávit económico para pagar a los banqueros se está poniendo los valores tradicionales de los europeos patas arriba. La imposición de austeridad económica, el desmantelamiento de los gastos sociales, la venta de activos públicos, la extinción de los sindicatos, la caída de los niveles de los salarios, los planes de pensiones y sanidad pública en detrimento en países sujetos a reglas democráticas, requiere convencer a los votantes de que no hay otra alternativa. Se reivindica que sin un sector bancario próspero (da igual cuán predador) la economía quebrará mientras las pérdidas bancarias por malos préstamos y especulaciones deterioran el sistema de pagos. Ninguna agencia reguladora puede ayudar, ninguna política de impuestos mejorada, nada excepto la cesión del control a los grupos de presión para que rescaten a los bancos que han perdido las demandas financieras que ellos mismos construyeron.



Lo que quieren los bancos es que se pague el superávit económico en forma de intereses, no que se emplee en la mejora de los estándares de vida, en gastos sociales o incluso en una inversión nueva del capital. La investigación y el desarrollo requieren demasiado tiempo. Las finanzas viven al día. Esta tendencia al corto plazo es contraproducente, y aun así se presenta como una ciencia. La alternativa, se dice a los votantes, es el camino a la servidumbre: interferir en el “mercado libre” mediante la regulación financiera e incluso unos impuestos progresistas



Hay una alternativa, por supuesto. Es lo que buscaron los escolásticos de la civilización europea del siglo XIII a través de la Ilustración y del florecimiento de la economía política clásica: una economía libre de ingresos por rentas, libre de intereses creados empleando privilegios especiales para la “extracción de renta”. En manos de los neoliberales, al contrario, un mercado libre es libre para que una clase rentista favorecida por los impuestos pueda extraer interés, renta económica y precios de monopolio.







Los intereses rentistas presentan su actividad como una “creación de riqueza” eficiente. Las escuelas de negocios enseñan a los privatizadores cómo disponer los préstamos bancarios y la financiación por bonos, prometiendo todo lo que puedan para que los servicios de infraestructura pública sean vendidos por los gobiernos. La idea es pagar estas rentas a los nacos y proveedores de bonos con interés, y después obtener una ganancia capital subiendo las cuotas de acceso a las carreteras o puertos, al agua y al uso del alcantarillado y a otros servicios básicos. Se dice a los gobiernos que las economías pueden dirigirse de forma más eficiente si se desmantelan los programas públicos y se venden los activos.



La diferencia entre el objetivo pretendido y los resultados reales nunca se ha escondido de forma tan hipócrita. Hacer pagos con interés libres de impuestos priva a los gobiernos de los ingresos por las cuotas de acceso a los usuarios, incrementando sus déficits presupuestarios. Además, en vez de promover la estabilidad de los precios (la ostensible prioridad del BCE), la privatización aumenta los precios por infraestructura, vivienda y otros costes vitales, y hacen así negocio creando pagos de intereses y otras inversiones financieras (y sueldos mucho mayores para los gestores). Por tanto no es más que una demanda ideológica refleja el que esta política sea más eficiente simplemente porque los privatizadores son los que otorgan los préstamos y no el gobierno.



No hay ninguna necesidad económica o tecnológica para que los gestores financieros de Europa impongan la depresión sobre la mayor parte de su población. Pero hay una gran oportunidad de ganancia para los bancos que han tomado el control de la política económica del BCE. Desde los años sesenta, la crisis de balance de pagos ha proporcionado oportunidades a los banqueros e inversores para tomar el control de las políticas fiscales (para traspasar la carga de los impuestos al sector laboral y desmantelar los gastos sociales en favor de la subvención a inversores extranjeros y del sector financiero. Obtienen ganancias de las políticas de austeridad que disminuyen los estándares de vida y constriñen los gastos sociales. Una crisis de deudas permite a la élite financiera nacional y a los bancos extranjeros endeudar al resto de la sociedad, utilizando su privilegio de crédito (o ahorros creados como resultado de políticas de impuestos menos progresistas) como palanca para hacerse con los activos y obligar a los ciudadanos a un estado de dependencia por sus deudas.



El tipo de guerra que está engullendo Europa va por tanto más allá de lo meramente económico. Está amenazando con convertirse en una línea divisoria histórica entre la época de esperanza y potencial tecnológico del pasado medio siglo y la nueva era de polarización al tiempo que una oligarquía financiera reemplaza a los gobiernos democráticos y convierte a los ciudadanos en esclavos de la deuda.



Para que una baza tan atrevida y una toma de poder tal tengan éxito, se necesita una crisis que suprima los procesos legislativos democráticos y políticos que normalmente se opondrían. El pánico político y el caos crean un vacío en el que los ladrones se mueven con soltura, utilizando la retórica del engaño financiero y de las economías basura que racionan soluciones interesadas mediante una falsa visión de la historia de la economía (y en el caso del BCE, de la historia alemana en particular).



Con un banco central bloqueado por su éxito, los gobiernos no necesitan pedir préstamos a banqueros comerciales u otro tipo de prestamistas. Desde que el Banco de Inglaterra fuera fundado en 1694, los bancos centrales han estado imprimiendo billetes para financiar los gastos públicos. Los banqueros también crean crédito de forma libre (como cuando hacen un préstamo a crédito de las cuentas de sus clientes, a cambio de un interés prometedor).

Hoy, estos banqueros pueden tomar préstamos de las reservas del banco central gubernamental a intereses anuales verdaderamente bajos (0.25% en los E.E.U.U.) y prestarlo con intereses mucho más altos. Así los bancos se congratulan de ver que los bancos centrales gubernamentales crean crédito para prestarles. Pero cuando les toca el turno a los gobiernos a la hora de crear dinero para financiar sus propios déficits presupuestarios y emplearlo en el resto de la economía, los bancos prefieren que se reserve tal mercado y sus intereses para ellos mismos.



Los bancos comerciales europeos son inflexibles en cuanto a que el Banco Central Europeo no debería financiar los déficits presupuestarios de los gobiernos. Pero la creación de crédito privado no es necesariamente menos inflacionaria que el hecho de que los gobiernos conviertan sus déficits en moneda (simplemente imprimiendo el dinero que necesitan). La mayoría de los créditos de los bancos comerciales se hacen en contra de los bienes inmuebles, las reservas y los bonos (proporcionando crédito que se emplea en subir los precios de las casas, y los precios de las seguridades financieras, como en los créditos para las compras apalancadas con financiación ajena).



Principalmente es el gobierno quien gasta crédito en la economía “real”, hasta el punto que los déficits presupuestarios públicos se destinan al empleo o a bienes y servicios. Si los gobiernos evitan pagar intereses haciendo que sus bancos centrales impriman dinero con sus propios ordenadores en vez de pedir prestado a los bancos que hacen exactamente lo mismo con sus ordenadores (Abraham Lincoln simplemente imprimió dinero cuando financió la Guerra Civil estadounidense con “billetes verdes”).



A los bancos les gustaría emplear su privilegio de crear crédito para obtener interés de sus préstamos a los gobiernos para que financien sus déficits presupuestarios públicos. Por tanto les interesa limitar la “opción pública” de los gobiernos de monetizar sus déficits presupuestarios. Para asegurarse un monopolio con este privilegio, han organizado una amplia difamación de los gastos gubernamentales y, de hecho, de la autoridad gubernamental en general (la cual resulta que es la única autoridad con poder suficiente para controlar su poder o proporcionar una opción financiera pública alternativa, como hacen las oficinas de correos en Japón, Rusia y otros países). Esta competición entre bancos y gobiernos explica las falsas acusaciones acerca de que la creación de crédito gubernamental es más inflacionaria que si la asumen los bancos comerciales.



La realidad es clara si se comparan las formas en que los E.E.U.U., el reino Unido y Europa manejan sus finanzas públicas. La tesorería de los Estados Unidos es de lejos el mayor deudor del mundo y sus bancos más importantes parece que están en números rojos, sujeto a sus inversores y a otras instituciones financieras por sumas mayores de lo que puede cubrir su carpeta de préstamos, inversiones y sus distintos juegos financieros. Así, mientras la confusión financiera aumenta, los inversores institucionales depositan su dinero en los bonos del tesoro estadounidense (tanto que estos bonos ahora rinden menos del 1%). Por otro lado, un cuarto de los bienes inmobiliarios de los E.E.U.U. sufren un balance negativo, y los estados norteamericanos y sus ciudades se enfrentan a la insolvencia, obligados a reducir sus gastos. Las grandes empresas están dirigiéndose a la bancarrota, los planes de pensiones están cayendo cada vez más en impagos, y aun así la economía estadounidense sigue siendo un imán para los ahorros de todo el mundo.



La economía del reino Unido también parece asombrosa y su gobierno paga tan solo un 2% de interés. Los gobiernos europeos están pagando más de un 7%. El motivo de esta disparidad es que no disponen de una “opción pública” a la hora de crear dinero. Lo que hace a los Estados Unidos y al Reino Unido diferentes de Europa es que tienen un Banco de Reserva Federal o un Banco de Inglaterra que pueden imprimir dinero para pagar los intereses o reinvertir las deudas existentes. Nadie espera de estas dos naciones que se vean forzadas a vender sus terrenos públicos y otros activos para incrementar el dinero con que pagar (aunque lo puedan hacer como opción política). Dado que la Tesorería de los E.E.U.U. y la Reserva Federal pueden crear dinero, se sigue que mientras que las deudas de los gobiernos se designan en dólares, pueden imprimir los suficientes pagarés en sus ordenadores para que el único riesgo que asuman los poseedores de bonos del tesoro sea la tasa de cambio de dólar con otras modernas.



Al contrario, la Eurozona tiene un banco central, pero el artículo 123 del tratado de Lisboa prohíbe que el BCE haga aquello para lo que los bancos centrales fueron creados: crear dinero para financiar los déficits presupuestarios o satisfacer sus deudas venciéndolas. Los historiadores del futuro sin duda alguna encontrarán notable el hecho de que verdaderamente tras esta política hay algo de razón (o por lo menos la pretensión de un tema de primera plana). Es tan endeble que cualquier estudiante de historia podría adivinar la distorsión que sufre. La reivindicación consiste en que si un banco central crea crédito, amenaza la estabilidad de los precios. Sólo el gasto gubernamental se juzga inflacionario, ¡no el crédito privado!



La administración Clinton equilibró el presupuesto estadounidense a finales de los años noventa, cuando la economía de burbuja estaba aún explotando. Por otro lado, la Reserva Federal y la Tesorería anegaron la economía con 13 billones de dólares en crédito para el crédito del sistema bancario después de septiembre de 2008, y 0,8 billones más el pasado verano bajo el programa Flexibilización Cuantitativa de la Reserva Federal (QE2). Aun así los precios al consumidor y de las materias primas no han subido. Ni siquiera los precios del sector inmobiliario y del mercado bursátil están pujando más alto. Por tanto la idea de que inyectar más dinero incrementará los precios (MV=PT) no es operativa hoy en día.



Los bancos comerciales crean la deuda. Ése es su producto. Este apalancamiento de deuda fue utilizado durante más de una década para incrementar los precios (haciendo de los inmuebles y el consumo una pensión de jubilación más cara para los norteamericanos), pero la economía de hoy está sufriendo una deflación de la deuda en forma de ingresos personales, el comercio y las rentas de los impuestos se desvían para pagar la deuda de los servicios en vez de gastarlos en bienes o en puestos de trabajo o incluso invertirlos.



Mucho más impactante es la farsa sobre la historia de Alemania que se repite una y otra vez, como si la repetición evitara que los ciudadanos recordaran lo que realmente pasó en el siglo XX. Escuchar a los directivos del BCE contar la historia, sería muy irresponsable por parte de un banco central prestar al gobierno, a causa del peligro de hiperinflación. La memoria evoca la inflación de Weimar en la Alemania de los años veinte. Pero si uno se detiene a examinarlo, ocurre lo que los psiquiatras denominan un recuerdo implantado (condición en que el paciente está convencido de que ha sufrido un trauma, pero éste no ha ocurrido en la realidad).



Lo que ocurrió en 1921 no fue un caso de gobiernos que reciben préstamos de los bancos centrales para financiar gastos domésticos tales como programas sociales, pensiones o sanidad pública, como ocurre hoy. Más bien, la obligación de Alemania de pagar las indemnizaciones condujo al Reichsbank a inundar los mercados bursátiles extranjeros con marcos alemanes para obtener líquido con que comprar libras esterlinas, marcos franceses y otras monedas para pagar a los aliados (quienes utilizaron el dinero para pagar las deudas por compra de armas a sus inter-aliados de los Estados Unidos). La hiperinflación nacional contuvo su obligación de pagar indemnizaciones con moneda extranjera. Ninguna cantidad fijada en impuestos domésticos habría sido capaz de cubrir la cantidad en moneda extranjera que debían pagar.



En los años 30 esto era un fenómeno que se entendía bien, explicado por Keynes y otros economistas que analizaban los límites estructurales de la capacidad de pagar la deuda extranjera impuesta sin tener en cuenta la capacidad de pagar los presupuestos en moneda nacional. Desde el estudio de Salomon Flink El Reichsbank y la Economía en Alemania (1931) hasta otros estudios sobre las hiperinflaciones chilena y de otras partes del Tercer Mundo, los economistas han encontrado una causalidad común operante, basada en el balance de pagos. Primero aparece una caída en el tipo de cambio. Esto incrementa el precio de las importaciones, y consecuentemente el nivel de los precios nacionales. La secuencia estadística y la línea de causalidades llevan de los déficits en balance de pagos hasta la amortización de los costes de importaciones cada vez más altos, y de estos incrementos en los precios hasta la inyección de dinero, y no al revés.



Los partidarios del mercado libre que escriben en la tradición monetarista de Chicago (básicamente, la de David Ricardo) deja las dimensiones de las deudas nacionales y extranjeras fuera de cuenta. Parece como si el “dinero” y el “crédito” fueran activos a trocar por bienes. Pero poseer una cuenta bancaria o cualquier otra forma de crédito significa deuda al otro lado del balance general. La deuda de unos es el ahorro de otros (y la mayoría de los ahorros de hoy se prestan con intereses, absorbiendo el dinero de los sectores no financieros de la economía). La discusión se reduce de forma simplista a una relación entre el suministro de dinero y el nivel de precios (y de hecho, sólo los precios a los consumidores, no los precios de los activos). En su codicia por oponerse al gasto gubernamental (y por desmantelar los gobiernos y reemplazarlos con estrategas financieros) los monetaristas neoliberales ignoran la deuda impuesta desde Letonia e Islandia hasta Irlanda y Grecia, Italia, España y Portugal.



Si el euro quiebra, será a causa de la obligación de los gobiernos de pagar a los banqueros con un dinero que deben pedir prestado primero, en vez de crear el suyo propio a través de sus bancos centrales. A diferencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes pueden crear crédito del banco central con sus propios ordenadores para evitar que la economía se agoste o se vuelva insolvente, la constitución alemana y el tratado de Lisboa no se lo permiten a su banco central.





El efecto consiste en obligar a los gobiernos a tomar dinero prestado de los bancos comerciales con intereses. Esto proporciona a los banqueros la capacidad de crear crisis (amenazando con llevar las economías fuera de la Eurozona si no se someten a sus “condiciones”, impuestas en lo que se está volviendo una nueva guerra de clases entre las finanzas y el trabajo.



Incapacitar al Banco Central de Europa para privar a los Estados del poder de crear dinero



Una de las tres características definitorias de un estado-nación es su capacidad para crear dinero. Una segunda característica es el poder de recaudar impuestos. Ambos poderes están siendo transferidos fuera del alcance de los representantes electos del sector financiero, como resultado de esta inmovilización del gobierno.



La tercera característica de un estado-nación es el poder de declarar la guerra. Lo que está ocurriendo hoy es el equivalente de la guerra (¡pero contra el poder del gobierno!). Está por encima de cualquier forma de guerra financiera (y los objetivos de esta apropiación financiera son los mismos que los de las conquistas militares): primero, las riquezas de la tierra y el subsuelo sobre las que recaudar rentas como tributo; segundo, infraestructura pública para extraer rentas en forma de cuotas de acceso; y tercero, cualquier otra empresa o activo en el dominio público.



En esta nueva guerra financiera, los gobiernos están siendo llevados a actuar como agentes del orden que actúan en nombre de los conquistadores financieros en contra de sus propios ciudadanos. Esto no es nada nuevo. Ya hemos visto cómo el FMI y el Banco Mundial imponían austeridad en las dictaduras latinoamericanas, en los cacicazgos militares africanos y en otras oligarquías desde los años sesenta hasta los ochenta. Irlanda y Grecia, España y Portugal están siendo llevados a las mismas políticas públicas de liquidación de activos, y todo en manos de agencias financieras supra-gubernamentales que actúan en nombre de los banqueros (y por tanto en nombre del 1% de la población).



Cuando no se puede pagar o vencer las deudas, llega el tiempo de ejecución hipotecaria. Para los gobiernos esto implica la privatización de las ventas para pagar a los acreedores. Además de ser una apropiación de la propiedad, la privatización tiene por objetivo reemplazar el trabajo en el sector público por una fuerza de trabajo sin sindicatos que la respalde con menos derechos de pensión, sanidad pública o voz sobre las condiciones de trabajo. La antigua guerra de clases vuelve a la carga (con un rizo financiero). Al agostar la economía, la deflación de la deuda ayuda a amputar el poder de resistencia de los trabajadores.



También otorga a los acreedores el control sobre la política fiscal. En ausencia de un Parlamento paneuropeo con poder para imponer las reglas del sistema de impuestos, la política fiscal pasa a manos del BCE. Al actuar en nombre de los bancos, el BCE parece favorecer la regresión del camino que llevaba el siglo XX hacia los impuestos progresistas. Además, como han dejado claro los grupos de presión financieros de los E.E.U.U., las demandas de los acreedores se dirigen a que los gobiernos re-clasifiquen las obligaciones públicas como “cuotas de usuario”, que se financien mediante retenciones sobre los salarios destinadas a ser administradas por los bancos. Traspasar la carga de impuestos de los bienes inmuebles y las finanzas al trabajo y la economía “real” significa una amenaza de volverse una apropiación fiscal por encima de la apropiación de la privatización.



Esta es una política de corto plazo autodestructiva. La ironía radica en que las déficits presupuestarios de los PIIGS provienen de las propiedades sin impuestos, y un cambio mayor en el sistema de impuestos puede empeorar la situación en vez de estabilizar los presupuestos gubernamentales. Aun así los banqueros buscan sólo aquello que pueden ganar a corto plazo. Saben que toda renta por recaudación de impuestos que se desvíe de los bienes inmuebles y los negocios es una promesa de interés para los bancos. Así a la economía griega, como a otras economías oligárquicas, se les aconseja pagar sus deudas recortando los gastos gubernamentales (pero no el gasto militar en armas provenientes de Alemania y Francia) y traspasando los impuestos al sector laboral y la industria, y a los consumidores en forma de mayores cuotas de acceso a los servicios públicos que aún no se han privatizado.



En Gran Bretaña, el primer ministro Cameron afirma que achicar aún más el gobierno bajo las directrices Thatcher-Blair otorgará más trabajo y recursos al servicio de las empresas privadas para crear puestos de trabajo. Los recortes fiscales aumentarán de hecho el desempleo, o por lo menos obligarán a aceptar trabajos peor pagados con menos derechos. Por otro lado, recortar los gastos sociales menguará el sector empresarial y agudizará por tanto los problemas fiscales y de deuda al empujar a las economías hacia la recesión.



Si los gobiernos recortan su gasto para reducir el tamaño de sus déficits presupuestarios (o si aumentan los impuestos, llevando a un superávit), entonces estos superávits absorberán el dinero de la economía, dejando menos para gastar en bienes y servicios. El resultado no puede ser otro que el desempleo, mayores deudas y bancarrotas. Debemos observar a Islandia y a Letonia como si fueran los canarios de esta mina financiera. Su reciente experiencia muestra que la deflación de la deuda lleva a la emigración, acortando las esperanzas de vida, tasas de nacimiento menores y menos matrimonios (pero proporciona grandes oportunidades para que los buitres de los fondos engullan el tuétano de la riqueza hasta los confines de la pirámide financiera).



La crisis económica de hoy es una cuestión de elección política, no una necesidad. Como dijo el jefe del equipo de la administración Obama Rahm Emanuel: “Una crisis es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar”. En tales casos la explicación más lógica es que alguien debe estar beneficiándose. Las depresiones aumentan el desempleo, ayudando a quebrar el poder de los empleos con o sin sindicatos que los respalden. Los E.E.U.U. se ven como un presupuesto estatal y local a exprimir (pues ya se anuncian las bancarrotas), y los primeros recortes serán en la esfera de las pensiones. Las altas finanzas sacan sus beneficios (al no beneficiar a la población trabajadora con los ahorros y las promesas hechas).



El pez grande se come al chico



Esta parece ser la idea que tiene el sector financiero de una buena planificación económica. En verdad es peor que un plan de suma-cero, en el que la ganancia de una parte es la pérdida de la otra. Las economías en conjunto menguarán (y cambiarán su forma, polarizándose entre acreedores y deudores). La democracia económica allanará el camino a las oligarquías financieras, revirtiendo la tendencia de los últimos siglos.



¿Está Europa preparada para dar este paso? ¿Reconocen sus votantes que privar a los gobiernos de su opción pública de crear dinero otorgará tal privilegio a los bancos en forma de monopolio? ¿Cuántos observadores han previsto el inevitable resultado: traspasar la planificación de la economía y la localización de los créditos a los bancos?

Aunque los gobiernos proporcionen una “opción pública”, la de crear su propio dinero para financiar sus déficits presupuestarios y proveer a la economía de crédito productivo para reconstruir las infraestructuras, sigue existiendo un problema: deshacerse de la inversión en deuda existente supone un lastre en la economía. Los banqueros y los políticos que respaldan se niegan a reducir las deudas y mostrar así la capacidad de pago. Los legisladores no han dispuesto una sociedad con un proceso legal para reducir las deudas (excepto la ley de acción pauliana de Nueva York, la cual permite anular las deudas si los prestamistas otorgan préstamos sin asegurarse primero que el deudor podrá pagarles).



Los banqueros no quieren asumir la responsabilidad de los malos préstamos. Esto plantea el problema financiero de qué deben hacer los que diseñan las políticas cuando los bancos han sido tan irresponsables al localizar sus créditos. Sin embargo alguien tiene que asumir la pérdida. ¿Debe ser la sociedad en su conjunto o los banqueros?



No es un problema que los banqueros puedan resolver. Ellos quieren pasar el problema a los gobiernos. Lo que llaman “solución” al problema de la mala deuda consiste en que los gobiernos les den bonos buenos para malos préstamos (“dinero por basura”), y que lo paguen los contribuyentes. Han diseñado un aumento desproporcionado de bienes para ellos mismos, y ahora quieren llevarse el dinero y salir corriendo. La deuda que los deudores no pueden pagar será esparcida por toda la economía en conjunto.



¿Por qué deben ellos resarcirse de los daños a costa de agostar el resto de la economía? Su respuesta es que las deudas se deben a los fondos de pensiones de los trabajadores, a los consumidores con depósitos en bancos, y que todo el sistema se vendrá abajo si los gobiernos no pagan sus bonos. Si se les presiona, los banqueros admiten que han sacado los seguros de riesgo (obligaciones de deuda colateralizadas y otras coberturas de riesgos). Sin embargo los aseguradores son bancos estadounidenses y el gobierno norteamericano está presionando a Europa para que no hiera su sistema bancario. Así que el embrollo de la deuda se ha politizado a nivel internacional



Para los banqueros, la línea de menor resistencia consiste en fomentar la ilusión de que no tienen la necesidad de aceptar moras para las deudas demasiado altas que ellos han propiciado. Los acreedores siempre insistirán en que puede mantenerse la inversión de deuda.



El motivo de que esto no funcione radica en que tratar de recaudar una deuda de la magnitud actual dañaría gravemente la economía “real” subyacente, haciendo incluso menos accesible su pago. Lo que empezó como un problema financiero (malas deudas) se convertirá ahora en un problema fiscal (malos impuestos). Los impuestos son el coste de hacer negocio, así como pagar el servicio de la deuda es también un coste. Ambos costes deben reflejarse en los precios de los productos. Cuando los contribuyentes están sobrecargados con impuestos y deudas, tienen menos capital disponible para gastar en consumo. Así los mercados menguan, poniendo más presión en la rentabilidad de las empresas nacionales. La combinación hace que cualquier país que siga tal política se convierta en un productor de coste y por tanto menos competitivo en el mercado global.



Este tipo de planificación financiera (y su traspaso paralelo de impuestos fiscales) conduce hacia la industrialización. La creación de dinero de curso legal intergubernamental por el BCE o el FMI deja las deudas listas, al tiempo que preserva el control de la riqueza y la economía de las manos del sector financiero. Los bancos pueden recibir pagos de deudas a través de las propiedades con hipotecas excesivas, sólo si reducen las obligaciones de las pensiones, de la sanidad y los salarios de sus empleados (o pagos de impuestos a los gobiernos). En la práctica, las “deudas honoríficas” significan nada más que deflación de deuda y mengua general de la economía.



Este el plan de mercado de los financieros. Sin embargo, dejar la política de impuestos en manos de los banqueros acaba siendo lo opuesto a la temática general de la economía de mercado libre de los últimos siglos. El objetivo clásico era minimizar la inversión de deuda, cobrar impuestos de las rentas por los recursos naturales y mantener los precios de monopolio en línea con los costes actuales de producción (“valor”). Los banqueros han prestado cada vez más en contra de los mismos ingresos que los economistas del mercado libre creían que debía ser la base impositiva natural.



Así que algo hay que ceder. ¿Será la filosofía de la economía liberal de mercado libre de los últimos siglos, renunciando a planificar el superávit económico para los banqueros? ¿O reafirmará la sociedad la filosofía económica clásica y los valores de la Era Progresista, y reafirmará el diseño social de los mercados financieros para fomentar un crecimiento a largo plazo reduciendo al mínimo los costes de vida?



Por lo menos en los países más endeudados, los votantes europeos están despertando al golpe de estado oligárquico en el que los impuestos y la planificación presupuestaria de los gobiernos y el control están siendo transferidos a las manos de ejecutivos designados por el cartel de los banqueros internacionales. Este resultado es el contrario de lo que han perseguido las economías de libre mercado de los últimos siglos.



Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.



Traducción para www.sinpermiso.info: Vicente Abella



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LA OLIGARQUÍA DICTA LA POLÍTICA DEL PP

LA OLIGARQUÍA DICTA POLÍTICA DEL PP .

Alberto Herbera


El Círculo de Empresarios es un instrumento de la gran patronal española para intervenir en la sociedad y en la política mediante análisis y propuestas orientadas a defender los intereses de clase del gran capital. Un “think tank” (laboratorio de ideas) y “lobby” (grupo de presión) al mismo tiempo.


En él se concentran representantes de los principales bancos y de las mayores empresas españolas. En consecuencia, estamos hablando de la oligarquía financiera. El pasado 10 de noviembre, diez días antes de las elecciones generales, el Círculo de Empresarios hizo público un documento titulado “Un programa de ajuste y crecimiento para la próxima legislatura”[1], que fue presentado en rueda de prensa, sin tantos rodeos, como “un plan de choque integral”.

El Programa de la patronal destaca por la contundencia de sus propuestas, sin esconder su carácter de clase. Una parte de las propuestas buscan afianzar su hegemonía ideológica, como la de lanzar desde el gobierno “campañas de comunicación que ayuden a superar la desconfianza hacia los empresarios que tienen éxito y superar la estigmatización del fracaso”.


O el “impulso al espíritu empresarial y emprendedor incorporando a los currículos académicos los contenidos y habilidades emprendedoras”, dando a conocer en el ámbito educativo las “aportaciones que los empresarios hacen al bien común” algo que ya ha sido anunciado en Catalunya por la consejera de Enseñanza para su puesta en práctica en los diferentes niveles educativos a partir del próximo curso.


El documento acaba como sigue: “En la figura del empresario y de la persona emprendedora cristalizan las fuerzas más creadoras del mercado: competencia, innovación, creatividad, superación… Estas personas son esenciales en cualquier sociedad dinámica, y más en momentos de crisis, pues actúan como creadores de cambio, elemento de flexibilidad y, por ende, protagonistas imprescindibles para nuestra recuperación y progreso en el marco de una economía de mercado”.


Aquí no hay nada sorprendente vista la procedencia del documento, salvo la claridad de ideas y el orgullo de clase que se echa a faltar, por ejemplo, en los documentos de los principales sindicatos. Véanse, si no, las declaraciones contemporizadoras de Toxo a la salida de su reciente reunión con Rajoy o su último Informe al Consejo Confederal de CCOO, donde se repite hasta la saciedad la llamada al diálogo con la patronal y el futuro gobierno, se mantiene incólume la propuesta de pacto de rentas y no se menciona por su nombre ni una sola vez a la clase obrera ni a la crisis capitalista.

El Programa del Círculo de Empresarios se estructura en tres partes:

1-Un plan de choque integral de estabilización macroeconómica y de ajuste microeconómico de oferta. De aplicación urgente y en los siguientes ámbitos:

a) consolidación fiscal;

b) reforma laboral;

c) normalización del crédito.

2- Reformas estructurales básicas a medio plazo.

3- Otras grandes reformas estructurales pendientes.


Los oligarcas exigen que el Plan de choque sea puesto en práctica de manera inmediata, en cuanto el nuevo gobierno tome posesión, y que el resto de reformas sean ya anunciadas para su aplicación a lo largo de la legislatura. Ni una palabra sobre negociación con los sindicatos. Ya hemos oído estos días que si Rajoy no logra un acuerdo en breve plazo entre patronal y sindicatos sobre la reforma laboral, la impondrá unilateralmente el Gobierno, lo que equivale a invitar a la patronal a mantenerse en posiciones maximalistas y no negociar.

Se plantea la necesidad de lograr acuerdos con la oposición (entiéndase PSOE, CiU y PNV básicamente) para la aplicación del plan de choque, pero se descarta un gobierno de coalición.

El documento, que se pronuncia por evitar a cualquier coste la salida de España del euro, contiene las habituales declaraciones de principios neoliberales y muestra un alineamiento incondicional con las directrices que llegan de la oligarquía financiera europea.


Se inserta, por tanto, en la estrategia del capital para recomponer la tasa de ganancia mediante: a) el aumento brutal de la explotación del trabajo a base de una reducción general de salarios, que encubren bajo el concepto de “aumentar la competitividad” (ya sea por vía directa o mediante la intensificación de ritmos de trabajo, el alargamiento de jornadas y de la vida laboral, etc; y b) la transferencia masiva de recursos públicos –y señaladamente de las políticas sociales y los servicios públicos– al mercado capitalista, lo que David Harvey denomina “acumulación por desposesión”[2].

A juicio de la mayoría de economistas y especialistas marxistas, estas medidas no serán suficientes. No solo porque su carácter procíclico genere recesión al deprimir la demanda interna. Es importante no olvidar que el neoliberalismo no fue ninguna clase de “golpe de estado” contra el keynesianismo. Las políticas keynesianas empezaron a mostrar su agotamiento a fines de los años 60, cuando la tendencia al estancamiento dio paso a una abrupta caída de la rentabilidad del capital.


El neoliberalismo ha sido, además de una ideología que pronto se hizo hegemónica y todavía lo es, un intento del capital de recomponer, bajo nuevas formas, a menudo brutales, la tasa de ganancia cuando las políticas anteriores –keynesianas– ya no estaban en condiciones de hacerlo. La actual crisis de acumulación, que puede considerarse que forma parte de la “onda larga” iniciada hace cuarenta años, no podrá resolverse con recetas que ya mostraron su agotamiento histórico.

Al capital no le sirven para seguir creciendo. Y el capital sólo puede existir creciendo incesantemente. ¿Una nueva guerra? ¿O muchas pequeñas guerras? ¿Será el capital capaz de impedir la tendencia a la rivalidad entre sus fracciones nacionales, es decir, a las rivalidades interimperialistas y a una guerra comercial y de divisas generalizada?


El imperialismo está creando las condiciones de una conflagración a gran escala en Oriente Medio. Pero, como previno Fidel Castro, una gran guerra en esa zona puede desbordarse y convertirse en una nueva guerra mundial y la utilización de armamento nuclear sería altamente probable. No, Keynes no va a venir en nuestro auxilio. La disyuntiva es, cómo no, Socialismo o Barbarie.

El documento de la gran patronal española se vale de la explotación mediática de “la crisis de la deuda pública” y del miedo a la inevitable implosión del euro, para exigir la puesta en práctica de políticas de privatización de todo lo que todavía permanece en el sector público.


Pero, conscientes de que el auténtico problema lo constituye la deuda bancaria privada, proponen abiertamente que sea asumida por el Estado, es decir, por todos nosotros, mediante la creación del famoso “Banco malo”, en el que las entidades financieras puedan deshacerse de los “activos tóxicos”, es decir, la deuda incobrable como consecuencia de sus prácticas rapaces y por la que se han lucrado una y otra vez directivos y accionistas.

Las principales medidas contenidas en el documento del Círculo de Empresarios son las siguientes:

EL PLAN DE CHOQUE INTEGRAL

Consolidación Fiscal

- La principal responsabilidad del déficit es del exceso de gasto público, que ha crecido por encima del PIB, en el período 2004-2010. Esto es lo que hay que revertir.

-Hay que cumplir rigurosamente los plazos de reducción del déficit (4,4% del PIB en 2012 y 3% en 2013). La desviación del 2011 sobre lo previsto debe subsanarse en el 2012, por lo que el año que viene debe recortarse el gasto en al menos 30.000 millones de euros, y otros 15.000 millones en 2013.

-Sin el cumplimiento previo del programa de consolidación fiscal, los países centrales de Europa no avanzarán en la compra de deuda por el BCE, en la dotación del Fondo de Estabilidad Financiera ni en la emisión de eurobonos. No difiere mucho de lo que dice la banca alemana a través de Ángela Merkel.

-Reconversión de la estructura de la Administración mediante la reducción de Ayuntamientos.

-Supresión de empresas y entes públicos

-Reducción de la masa salarial de los empleados de la Administración pública, no reposición de bajas ni contratación de eventuales e interinos. En caso necesario, es preferible ampliar jornada y retrasar la edad de jubilación de los funcionarios antes que hacer nuevas contrataciones.

-No subir impuestos. En ningún caso los directos. En caso necesario se subirían preferentemente el IVA y las tasas y precios públicos.

-Disminuir las subvenciones a organizaciones políticas y sociales (léase sindicatos).

-La Ley Orgánica que antes del 30 de junio de 2012 debe desarrollar y concretar la reforma constitucional del pasado agosto, debe adelantar la entrada en vigor de los límites obligatorios de gasto, previstos en la reforma constitucional para 2020, y fijar límites absolutos de gasto público a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, a los que se debe prohibir gastar en aquello que no forma parte estricta de sus competencias (algo que destruiría la cobertura subsidiaria de infinidad de servicios sociales prestados por comunidades y ayuntamientos, por ejemplo la enseñanza infantil pública, frecuentemente ofertada solo por los municipios aunque no tengan competencias educativas).

-Los Presupuestos deben elaborarse a partir de las estimaciones de ingresos situadas en el extremo inferior de la previsión (forzando así a la baja el presupuesto de gastos y específicamente el gasto público). Si finalmente los ingresos superan la previsión, se dedicarán íntegramente a cubrir el déficit.

-Debe crearse una oficina “independiente” y “neutral” que supervise la elaboración y ejecución del Presupuesto. La financiación de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos estará condicionada al cumplimiento de los compromisos sobre déficit, deuda y gasto.

Reforma Laboral

Es la propuesta central del documento. Tanto la oligarquía financiera europea como española exigen su imposición como condición, dicen, para dejar atrás las “rigideces estructurales” del mercado laboral español y poder así remontar la crisis. En realidad, la reforma pretende la reducción drástica de los salarios y el retroceso en derechos y condiciones de trabajo.

El documento de los empresarios es claro al respecto cuando se refiere a los convenios colectivos, el principal objetivo de la ofensiva patronal:

“Las empresas deben tener libertad para asegurar sus metas individuales de competitividad microeconómica, lo que debe ser posible siempre que así se acuerde en una negociación colectiva de ámbito empresarial individual y, en el peor de los casos, con cláusula de descuelgue de aplicación automática en los supuestos de crisis empresarial (…) que podría ser una excelente válvula de escape de la presión que puede suponer para las empresas que atraviesan dificultades económicas su sometimiento a los convenios colectivos” (pág. 27).

Como se puede ver más abajo en las medidas que proponen, el ataque a la negociación colectiva incluye o se complementa con un ataque sin precedentes a derechos básicos como el de huelga y el de libertad sindical, al tratar de yugular la capacidad de intervención de los sindicatos aprovechando la corrupción real y su descrédito entre los trabajadores, ganado a pulso en años de burocratismo y entreguismo de los mayores sindicatos del país.

Según la patronal, la reforma laboral debe acelerar la vuelta al crecimiento y generar empleo de forma inmediata. Eso facilitaría, dicen, la aceptación social de la totalidad del plan de ajuste. La base de argumentación parte de que el crecimiento no puede venir de la demanda interna en el actual marco de restricción de la financiación exterior y de la consolidación fiscal. Sólo puede venir de las exportaciones, cuyo crecimiento depende del aumento de la competitividad. Y proponen también suplir también parte de las importaciones mediante la “competitividad interior”.


Todo esto anuncia el tipo de empleo y la liquidación de derechos que van a proponer con la reforma laboral, que es en realidad la profundización de la reforma del 2010 y la plasmación del programa tradicional de la patronal en materia de relaciones laborales. Estas son las principales medidas propuestas a nivel contractual, de negociación colectiva y de protección al desempleo:

-Creación de un único contrato indefinido con una indemnización de 20 días por año trabajado en caso de despido improcedente.

-Contrato para jóvenes con salario inferior al salario mínimo interprofesional y a los salarios mínimos fijados en los convenios.

-Permitir la realización de horas extras en los contratos a tiempo parcial.

-Control del absentismo por las mutuas patronales. Incluir el absentismo reiterado como causa de despido disciplinario.

-Aprobación de una Ley Orgánica que regule el derecho de huelga “ponderando los distintos intereses en juego”. Servicios mínimos “suficientes” en servicios públicos (es decir, prohibición en la práctica del derecho de huelga en los sectores público y de servicios), “ausencia de coacciones, incluso la mal llamada informativa” (es decir, prohibición de los piquetes) y responsabilidad civil y penal de los responsables de destrozos (es decir, criminalización de convocantes y huelguistas).

-Vincular salarios a la productividad y al resultado económico de las empresas (supresión de las cláusulas de revisión salarial referenciadas al IPC).

-Prevalencia incondicional de los convenios de empresa sobre los convenios territoriales y de ramo. Supresión en primer lugar de los convenios provinciales.

-Supresión de la ultra actividad.

-Reforma del Estatuto de los Trabajadores para establecer parámetros mínimos obligatorios de flexibilidad interna (distribución de jornada y movilidad geográfica y funcional a voluntad del empresario) que no puedan ser anulados en convenio.

-Si hay Pacto de Rentas de ámbito estatal, el aumento salarial acordado se considerará el máximo que puedan incorporar los convenios y acuerdos inferiores.

-Revisar (a la baja, claro) las prestaciones por desempleo “incentivando la búsqueda activa de trabajo” (es decir, suspendiendo la prestación a quien rechace cualquier puesto de trabajo ofertado o no participe de los cursos formativos). “Incentivar la salida temprana del desempleo” (es decir, ampliar los porcentajes de reducción según el tiempo que se permanece desempleado y recudir el tiempo máximo de percepción de la prestación contributiva).

-Redistribución del gasto en políticas activas, financiando con dinero público a empresas de trabajo temporal y agencias privadas de colocación.

Normalización del crédito

-Para la normalización del crédito, lo esencial no es ampliar los requerimientos de capital, sino sanear los balances, para lo que el Estado debe crear un “Banco malo” que permita a los bancos deshacerse sin pérdidas de la deuda incobrable (“activos tóxicos”). Se presenta el ejemplo del “modelo sueco”, haciendo creer que los activos que esos bancos no pueden vender sin enormes pérdidas, sí pueden ser vendidos en el futuro por el Banco malo con ganancias.

-La recapitalización de los bancos con fondos públicos debe implicar el compromiso de una futura y pronta privatización y llevar aparejado un plan de garantice su viabilidad, es decir, socializar rápidamente las pérdidas y privatizar en cuanto se empiecen a producir ganancias.

-Continuar la integración bancaria, con reducción general de plantillas y sucursales, y proseguir la “profesionalización y despolitización” de las Cajas de Ahorros, es decir, finalizar el proceso de privatización y bancarización de las Cajas.

OTRAS REFORMAS ESTRUCTURALES

-Sanidad: Co-pago sanitario y generalización de la gestión público/privada (sanidad privada sostenida con fondos públicos).

-Educación: Estrechar lazos con las empresas. Formar ”emprendedores” y difundir la cultura empresarial. Autonomía de los centros para elegir contenidos y métodos de enseñanza y aprendizaje. Competencia entre centros. Mayor profesionalización del gobierno y gestión de las Universidades.

-Suelo y Vivienda: Desregular el suelo español en base a los principios de la ley Rato de 1997 (la que disparó la burbuja inmobiliaria). Flexibilización del mercado de alquileres.

-Energía: Apoyo a la energía nuclear, con la renovación de los permisos de funcionamiento de aquellas “seguras” (?). Limitar las subvenciones a las tecnologías “inmaduras”. Interconexiones internacionales de electricidad y gas para fomentar un mercado europeo de la energía. Avanzar en la liberalización del sector eléctrico y subida de tarifas. Suprimir la producción de carbón en España.

-Comercio: Desregulación sobre ubicación, tamaño y fórmulas comerciales. Liberalización de horarios y días de apertura “como ya se ha iniciado en alguna Comunidad Autónoma” (Madrid, claro)

-Desregulación normativa: Lo más amplia posible pero asegurando que las instituciones apoyen a la empresa privada cuando haga falta, naturalmente. Lo pone clarito en la página 35: “Existe una clara relación entre la calidad institucional y el desempeño económico, especialmente cuando las instituciones configuran un marco adecuado de libertad económica y de eficaz defensa de los derechos propiedad a través del imperio de la ley”.


Así, se reclama la creación de un entorno favorable a la creación y desarrollo de empresas privadas, la disminución de impuestos a las empresas, una justicia “independiente” (es decir, dependiente del corporativismo conservador, y muy político, de los jueces y abierto a la enorme influencia de los grandes poderes económicos), la creación de organismos reguladores “independientes” que garanticen la libre competencia en los sectores regulados (o sea, literalmente desregular los sectores regulados) y la reclamación de la “unidad de mercado”, que significa que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos no podrán impedir ni poner condiciones a la entrada de empresas privadas para hacer negocios en sectores regulados en esas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, siendo suficiente que tales empresas tengan reconocida su actividad en cualquier otra Comunidad Autónoma.


Ya puestos, a la propuesta de suprimir Ayuntamientos, le podían añadir la supresión de las Comunidades Autónomas. Hay sectores del PP, y no sólo del PP, a los que esa música les sonaría celestial.

ES LUCHA DE CLASES

Nuestra oligarquía financiera, que por el momento se muestra sólidamente alineada con la oligarquía financiera europea, no tiene dudas. Como dijo el gran financiero y especulador Warren Buffett, “hay lucha de clases y es mi clase, la de los ricos, la que dirige esta lucha y la que la está ganando”. Sin embargo, no las tienen todas consigo. Temen la reacción popular y se preparan para reprimir sin contemplaciones las protestas.


La supervivencia del sistema capitalista no sólo es ya incompatible con condiciones de vida dignas para la inmensa mayoría de la población, sino que es incompatible con las formalidades democráticas.

La profundidad de la crisis, su carácter poliédrico, y la velocidad a la que se descompone el proyecto capitalista europeo, pueden empeorar a corto plazo las medidas contempladas en el documento del Círculo de Empresarios.


La liquidación completa de la soberanía que pretende la “refundación” de los tratados europeos y la depauperación general que producirá la puesta en práctica de las medidas que exige y exigirá el capital financiero, agrietará el “consentimiento” social que ha hecho posible la amplia hegemonía del neoliberalismo y que todavía explica el triunfo electoral de opciones como el PP y CiU.

Ignoro por cuánto tiempo le funcionará a las derechas (de la nación grande y de las otras naciones) el recurso al patrioterismo, que seguirán estimulando en todas sus variantes, incluidos fútbol y toros, no para abordar un problema que sólo tiene alguna posibilidad de abordarse en un proceso constituyente desde abajo, sino para canalizar pasiones y alejar la atención de la gente de sus problemas cotidianos.


Me temo que también nos echarán encima a la Iglesia católica, que subirá el tono de sus críticas al aborto, a los matrimonios entre homosexuales, a la asignatura de educación para la ciudadanía.

Más peligrosa es la perspectiva de crecimiento del discurso fascista y xenófobo, que ya se produce en los países europeos, incluido el nuestro. La salida capitalista de la crisis, que ya se muestra inseparable del vaciamiento completo de la democracia, es objetivamente compatible con la extensión del fascismo, bajo cualquiera de sus formas conocidas u otras nuevas, si sirve al objetivo de dividir y debilitar las luchas populares de resistencia e impedir la emergencia de sujetos sociales y políticos que amenacen la supervivencia del capitalismo.


La emergencia de estos sujetos sociales y políticos es posible y necesaria. No surgirán de ningún acuerdo por arriba, sino del pueblo que ya empieza a movilizarse, de su capacidad de deliberar y elaborar alternativas, de luchar y aprender de las luchas para crear y extender conciencia, de crecer hasta hacer participar a la mayoría del pueblo, y sobre todo a la mayoría de los trabajadores, de construir, con lo que ya hay y con lo que no hay todavía, sus propios instrumentos sociales y políticos para resistir y vencer.



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[1] http://www.circulodeempresarios.org/wp-content/uploads/2011/11/Un_programa_de_ajuste_y_crecimiento_para_la_proxima_legislatura.pdf

[2] Harvey, David. El nuevo imperialismo. Ed. Akal, 2007.


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