Tras un periodo de negociaciones ocultas en que se ha hurtado el debate a la población, se han ofrecido 11 municipios para albergar el ATC. Entre ellos hay municipios nucleares cuyos alcaldes están en nómina de la industria nuclear e, incluso, imputados por delitos urbanísticos. Pero la mayoría de los candidatos son pueblos muy deprimidos.
Todos los candidatos para acoger el Almacén Transitorio Centralizado (ATC) donde se instalarán todos los residuos de alta actividad procedentes de las centrales nucleares españolas han aparecido en la última fase del proceso, muchos de ellos a última hora, evitando así que los vecinos pudieran siquiera emitir sus opiniones. ENRESA, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA, se dedicó a tentar a los alcaldes con los millones de euros que lloverán sobre sus pueblos, como en una nueva edición de “Bienvenido Míster Marshall”, sin explicarles los riesgos que estaban asumiendo y, desde luego, sin alentar dar información alguna a los ciudadanos. Lo sucedido es exactamente lo opuesto a un proceso democrático y abierto. Ésta no es precisamente la mejor forma de buscar el consenso.
Para Ecologistas en Acción el resultado final es que hay dos municipios en zonas nucleares, Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona), que según el propio Decreto Ley tendrán prioridad para acoger el cementerio nuclear. Esta prioridad procede de las negociaciones de la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares) con el Gobierno y ambos alcaldes están en nómina de la industria nuclear. El de Yebra es trabajador de ENRESA y el de Ascó es trabajador de ANAV (Asocicación Nuclear Ascó-Vandellós). Además tenemos el municipio de Zarra en el País Valenciano cuyo alcalde está imputado por delitos urbanísticos. A estos tres municipios hay que sumar otros 9 distribuidos entre Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura que corresponden a municipios deprimidos con muy poca población y cuyos alcaldes se han ofrecido sin conocer los inconvenientes de la instalación y sin contar con la opinión de la ciudadanía. Todos estos alcaldes deberían, al menos, haberse interrogado sobre las garantías de seguridad y, sobre todo, por el futuro de sus pueblos después de que el ATC se clausure. Hemos asistido, por tanto a un proceso oscurantista y antidemocrático.
La comparación del cementerio nuclear con el de Habog holandés es, según Ecologistas en Acción, más que abusiva por varios motivos. El más llamativo a estas alturas es la enorme diferencia entre los procesos. En Holanda se ha producido un debate de 20 años, frente al de 10 días, en el mejor de los casos, que se ha dado en España. En Holanda hay una única central nuclear en funcionamiento, frente a las ocho que tenemos en España y sin un futuro claro sobre esta fuente de energía. Técnicamente también son instalaciones distintas tanto por el volumen (el español acogerá diez veces más residuos) como por el tipo de residuos a recibir. Y en el caso español se ha hecho imprescindible comprar las voluntades de los alcaldes mediante compensaciones multimillonarias, mientras que en el caso holandés no se ha ofrecido compensación alguna.
Para Ecologistas en Acción se ha producido, por tanto, un espectáculo bochornoso escenificado por el Ministerio de Industria, ENRESA y algunos alcaldes que se atreven a hipotecar por al menos 60 años el futuro de sus municipios.
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