“¿A qué tenemos que esperar?”
Negligencias sin castigo, enfermedades ocultas y la crisis como un azote para la salud de los trabajadores. Así está el panorama en la lucha por extender la salud y la seguridad en el mundo del trabajo.
nuevatribuna.es |
“¿A qué tenemos que esperar?”, se pregunta Pilar Moreno. Indignada, esta sindicalista recuerda un caso que ilustra como se vive la falta de seguridad en el trabajo en época de crisis. Es el de una empresa sevillana. En un solo año, tres accidente mortales han diezmado su plantilla de siete trabajadores. Tres muertos –dos de ellos por la misma causa, descargas eléctricas- que han llevado el caso hasta la Fiscalía. “¿A qué tenemos que esperar para que, en una pequeña empresa de siete trabajadores y donde ya han fallecido tres por accidente laboral, en un solo año, se tomen medidas ejemplares contra ese empresario?”, se pregunta la responsable de salud laboral del sindicato Comisiones Obreras en Sevilla.
El problema es que la crisis ha recortado allí donde nunca se debe recortar. “Las empresas ahorran a costa de la salud y de la vida de sus empleados”, explica el líder del sindicato en Sevilla, Alfonso Vidán. El desempleo ha mermado el número de trabajadores afiliados. Pero, aun así, los accidentes laborales no remiten. Al menos en la misma proporción. “Sufrimos una grave crisis laboral y la seguridad de los trabajadores se resiente”, señala.
“El problema es que un menor número de trabajadores hacen el mismo volumen de trabajo”, matiza Moreno, que culpa a la “mala organización” de las empresas las consecuencias sobre la salud de los trabajadores.
Los sindicatos, que celebran este jueves el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, denuncian que los controles son “menos exigentes” y que las autoridades son “más laxas” al reclamar el pago de sanciones a los empresarios que incumplen la normativa.
No en vano un 99 por ciento de los casos que acaban en un juzgado se saldan con un simple acuerdo económico, lamenta Moreno. La consecuencia es que el empresario no va a la cárcel. “Tenemos que trabajar por cambiar esto”, afirma.
Dos trabajadores fallecen al día en España por su actividad laboral. Trece sufren accidentes graves. Más de 1.500, accidentes leves. En cuanto a las enfermedades, cada día 46 personas sufren una dolencia relacionada con sus condiciones de trabajo, según afirman CCOO y UGT.
“La enfermedad profesional existe”
En el caso de las enfermedades profesionales, la burocracia juega un papel destacado a la hora de velar las consecuencias del trabajo sobre la salud. “Los trabajadores tienen miedo a perder su puesto de trabajo en la situación actual”, explica María José Latasa, responsable de salud laboral de UGT en Navarra, tras recordar que este año ha bajado en España casi un 9,5 por ciento el número de enfermedades profesionales con baja declarada. Además, “se están derivando al sistema nacional de salud patologías que se padecen en el ámbito laboral”, añade. Por eso, enfermedades profesionales son tratadas como contingencias comunes, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores”, sentencia.
Para los sindicatos, las Mutuas son las principales responsables de este ocultamiento. “Millones de enfermedades profesionales permanecen ocultas”, afirma CCOO de Euskadi. Con esta derivación, las Mutuas y los servicios de prevención eluden su responsabilidad moral y económica, denuncia.
El peligro del amianto
Buena parte de las enfermedades profesionales –un 83 por ciento- son provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, según los datos del Observatorio de Enfermedades Profesionales del Ministerio de Trabajo. En segundo lugar, y a mucha distancia, figuran enfermedades de la piel, apenas un 5 por ciento de los casos.
Entre las enfermedades más graves destacan las que provoca el amianto, un material que fue utilizado con profusión durante años. Sus fibras –muy usadas en la construcción y la industria- son las causantes, solo en la Comunidad de Madrid, de la muerte de 2.300 personas al año, según denuncian UGT y CCOO.
Los sindicatos han pedido a las administraciones que elaboren un registro de instalaciones susceptibles de contener amianto en sus entrañas. “Hay mucho amianto instalado; su uso ha estado muy generalizado durante años”, confirma Pedro Linares, responsable de salud laboral de CCOO.
El goteo de sentencias favorable a los trabajadores no oculta las dificultades para lograr que las enfermedades asociadas al amianto sean reconocidas como enfermedades profesionales. Recientemente, un juzgado de Bilbao ha condenado a Altos Hornos de Vizcaya a pagar una indemnización por la muerte de Javier de Castro, un histórico dirigente sindical. Aunque no es firme, la sentencia obliga a la empresa a indemnizar con 123.000 euros a la viuda e hijos del sindicalista, muerto 2007 por un mesotelioma, una enfermedad en los pulmones.
Altos Hornos no informó a los trabajadores del riesgo, ni realizó mediciones ambientales, ni adoptó medidas de prevención o planes de vigilancia sanitaria, denuncia CCOO. Una actuación que se sitúa en las antípodas del objetivo marcado por los servicios sindicales expertos en seguridad y salud. Garantizar que todo aquel que va a trabajar vuelva en las mismas condiciones, físicas y psíquicas, en las que se fue.
No hay comentarios:
Publicar un comentario